La alcaldía de Alicante se hubiera comprado por un sueldo de 3.375 euros brutos al mes

MADRID.- Se llama Luis Barcala, es abogado de profesión y hasta hace un par de días era concejal portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Estaba percibiendo un sueldo público de 50.624 euros brutos anuales y a partir de ahora, ya como alcalde, tendrá una retribución asignada de 64.704 euros. Son 14 pagas de unos 4.620 euros. Si se mantiene en el cargo hasta el final del mandato, podrá cobrarlo hasta julio del año que viene, un mes depués, aproximadamente, de los comicios municipales previstos para el 9 de junio, según http://www.sueldospublicos.com.

El protagonista de la semana debería ser Barcala, que estrena cargo y el PP recupera un feudo que obtuvo en 1995 y que conservó sin fisuras hasta 2015. No en vano, la atención mediática se centró en una concejal no adscrita, Nerea Belmonte. Con todo, lo que ha pasado en Alicante es un clásico de la política española. Venderse o comprar al alguien con un sueldo público y doblegar voluntades por un puñado de dólares, como la famosa película. Por un plato de lentejas, para los más castizos.

La corporación municipal en la ciudad está formada por 29 concejales. Son ocho del PP, que ganó por mayoría simple en 2015, pero no pudo formar gobierno: seis del PSPV-PSOE, cinco de Guanyar Alacant (en la órbita de Podemos), cinco de Ciudadanos y tres de Compromís. Además, hay dos en el grupo de los no adscritos. Un concejal, que estaba en Ciudadanos y la mencionada Nerea Belmonte, que estaba en Guanyar Alacant.

Hacemos memoria. Esta semana se ha votado al nuevo alcalde porque el anterior, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, dimitió el pasado 9 de abril tras las presiones de la oposición, de su propio partido y de sus socios de gobierno, Compromís, por un asunto de presunto delito administrativo relacionados con el fraccionamiento de contratos. 

La idea de los socialistas era conservar la la alcaldía poniendo al frente del consistorio a Eva Montesionos, también socialista. Pero todo ha saltado por los aires. Con calculadora en mano, el voto en blanco de Belmonte y el nulo del concejal no adscrito que estaba en Ciudadanos, Fernando Sepulcre -se votó a sí mismo- dejó las aspiraciones de Montesinos en el aire y la fuerza más votada hace casi tres años, el PP, recuperó la vara de mando.

¿Qué ha pasado para que Belmonte fuera apartada de su grupo y se haya 'vengado' de su anterior compañero de filas y líder de Guanyar Alcante, Miguel Ángel Pavón? Ella lo tiene claro sobre su postura y le echa la culpa a su antiguo compañero: “era mi derecho restituirme en mi honor y en mis derechos políticos y económicos, no ha querido dar su brazo a torcer, ha preferido no respetar mi dignidad y mi honor y que se produjese esa situación”. 

Sus “derechos económicos” es el sueldo público que dejó de cobrar. 

En 2016, Belmonte se aferró a su acta de concejal a pesar de que Podemos contrastó que dio contratos a compañeros de su candidatura. Exactamente, había adjudicado dos de carácter menor: uno de 7.260 euros y otro de 4.000 euros a la empresa TechData. Esta firma estaba vinculada con personas que habían formado parte de su lista para intentar liderar Podemos Alicante.

Estas mismas personas son las que le invitaron y acompañaron al desfile del diseñador de moda Iron Fiz en la Mercedes Benz Fashion Week de septiembre de 2015 en Madrid. Los detalles del viaje salieron en los medios de comunicación y la presión sobre Belmonte se hizo insostenible. 

Su grupo municipal decidió apartarla de sus funciones, dejó de llevar el Área de Acción Social y Vivienda y se quedó sin sueldo público. La diferencia es evidente. Así, Belmonte pasó de cobrar 3.375 euros brutos al mes (47.249 euros anuales como concejal con cartera) a 195 euros por cada asistencia a los plenos, según los datos publicados en el acta del pleno municipal de 29 de octubre de 2015.

Licenciada y con máster

En la página web del Ayuntamiento de Alicante leemos que Belmonte es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Ha cursado estudios en las Universidades de Essex en Reino Unido y Ottawa, en Canadá. Además, tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con especialidad en relaciones económicas por la Universidad de Essex. También posee un diploma de Especialización Profesional Universitario en Infracciones Urbanísticas por la Universidad de Valencia.

Belmonte es abogada, especializada en derechos sociales y derecho de consumo bancario. Ha ejercido la abogacía defendiendo los intereses de la Plataforma Stop Desahucios Alicante, de la Asociación de Consumidores Adicae y también ha trabajado en el bufete Martínez-Martínez Abogados & Asociados.

Es coautora del libro “España y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos”. Ha hecho prácticas en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Camboya y en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.