MADRID.- Eduardo Zaplana había pactado ya su salida de Telefónica antes de su
detención el pasado martes por el presunto cobro de comisiones ilícitas a
cambio de la adjudicación de contratos públicos a empresas afines
durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana. La
desvinculación efectiva se iba a producir a principios de junio
coincidiendo con la celebración de la junta general de accionistas,
fijada para el día 8 en Madrid, pero la Operación Erial precipitó los acontecimientos.
Según ha podido conocer El Independiente, el ex
presidente valenciano negoció a principios de año con la dirección de la
multinacional su salida, fijando ambas partes el mes que viene como
fecha para formalizar la marcha. Se iba a poner así fin a una relación
de una década, si bien en los últimos tres años Zaplana estaba
principalmente centrado en el tratamiento de la leucemia que le fue
diagnosticada a principios de 2015 y por la que tuvo que someterse a un
trasplante de médula ósea.
El pasado martes, tan sólo unas horas después de que agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvieran en
Valencia por el presunto cobro y blanqueo de comisiones ilegales,
Telefónica comunicó la suspensión inmediata de la relación laboral que
mantenía con el ex dirigente del PP, que estaba adscrito en la
actualidad al área de Asuntos Públicos.
Su peso en el organigrama
directivo había disminuido desde que José María Álvarez-Pallete tomó las
riendas de la compañía en marzo de 2016 en sustitución de César
Alierta, el ejecutivo que lo fichó.
El 30 de abril de 2008, Zaplana causó baja en el Congreso como
diputado del grupo popular. Hacía menos de dos meses que el socialista
José Luis Rodríguez Zapatero había vuelto a ganar las elecciones
generales -celebradas el 9 de marzo y a las que el hoy encarcelado
concurrió de número cuatro por la circunscripción de Madrid- y
el dirigente del PP daba por terminada su carrera política -iniciada en
1991, cuando alcanzó la Alcaldía de Benidorm (Alicante)- para emprender
la aventura en el sector privado.
Teléfonica le había hecho una oferta para que se convirtiera en el
delegado de la compañía para Europa, aprovechando sus contactos a nivel
internacional. Era una propuesta irrechazable: más de medio millón de
euros de sueldo al año, coche oficial, tarjeta para gastos de
representación, despacho…
Su incorporación se producía en el ecuador de
la etapa de César Alierta (2000-2017) como presidente ejecutivo de la
multinacional española de las telecomunicaciones, que a finales de
diciembre de 2007 había cubierto ya el cupo socialista nombrando consejero a Javier de Paz.
“El fichaje se produce tras la consolidación de la presencia de
Telefónica en Europa, después de la adquisición de O2 y la antigua Cesky
Telecom y la entrada en el capital de Telecom Italia, con el 10 % de
las acciones con derecho a voto. Zaplana será también miembro de los
Consejos de Administración de Telefónica O2 Europe y de Telefónica O2
República Checa”, justificó entonces la compañía.
Ocurría hace 10 años,
después de que Zaplana hubiera ocupado la cartera de Trabajo y Asuntos
Sociales en el último gobierno de José María Aznar (2002-2004) y hubiera
ejercido como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados
(2004-2008).
Años antes de que Zaplana se incorporara a la compañía presidida
entonces por César Alierta ocultaba ya presuntamente en paraísos
fiscales los fondos procedentes de las comisiones ilícitas que el grupo
empresarial Sedesa -dirigido por Vicente Cotino Escribá, sobrino del ex
presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino e imputado también en
la Operación Erial– le habría pagado fuera de España a cambio de adjudicaciones tanto de estaciones de ITV como de autorizaciones para instalar parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Ambos proyectos se aprobaron cuando Eduardo Zaplana presidía aún el Ejecutivo autonómico.
En el auto por el que la juez envió a prisión este jueves al ex dirigente del PP, la juez detalla que las mordidas
se abonaron en Luxemburgo para dificultar su rastro y que parte de los
fondos “fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006”.
Según
expone la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia en la
resolución, adelantada por El Mundo, se habría intentado
repatriar el dinero mediante sociedades en las que figurarían como
titulares personas vinculadas al ex ministro a modo de testaferros.
En esa operativa, la investigación otorga un papel estelar a Joaquín
Barceló, ex director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de
Benidorm y antiguo responsable de Relaciones Institucionales en el
parque temático Terra Mítica.
Él figura como administrador único en dos
de las sociedades -Medlevante SL y Gesdesarrollos Integrales SL- que,
según la instructora, se habrían utilizado para canalizar el retorno de
fondos. Detenido el martes, Barceló también ha sido enviado a prisión
sin fianza junto a Zaplana y al asesor fiscal de éste, Francisco Grau.
La incógnita no despejada hasta el momento es por qué el ex
presidente valenciano levantó las sospechas de la UCO intentando mover
los fondos desde hace un año, después de que su nombre hubiera salido a
relucir en las escuchas captadas por la Guardia Civil en el teléfono del
ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González durante la
investigación del caso Lezo.
En los pinchazos,
los agentes descubrieron que González le había propuesto “montar una
estructura financiera” a través de Fernando Belhot -abogado uruguayo que
facilitaba a sus clientes “estructuras societarias” opacas en países
como Holanda, Estados Unidos o Uruguay- “para canalizar algún tipo de
operación a medio, o largo plazo”. El ex ministro negó entonces tener
relaciones mercantiles con el ex presidente madrileño: “Nunca he
participado ni he auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo
alguno”.
Cambio de piso en Madrid
A sus 62 años y enfermo de cáncer (su esposa también se encuentra
enferma), ¿quería disponer Zaplana de fondos ante su próxima salida de
Telefónica, lo que hará que deje de ingresar un sueldo superior a los
600.000 euros al año y de disfrutar de otras ventajas asociadas al
cargo? De momento, es sólo una hipótesis. Los investigadores no han
interceptado ninguna conversación en la que el investigado aluda al
motivo que le habría llevado a mover el dinero, según las fuentes
consultadas. Éstas, con todo, consideran que esa explicación tiene
lógica.
La inminencia de su desvinculación de Telefónica y la merma de los
ingresos es lo que supuestamente llevó también al matrimonio a vender
recientemente la casa que tenían en el Paseo de la Castellana -a solo
unos metros del estadio Santiago Bernabéu- y comprar una vivienda más
económica en el barrio madrileño de Chamberí.
Está ubicada concretamente
en el edificio en el que vivió y murió el escritor y dramaturgo
alicantino Carlos Arniches, como acredita la lápida conmemorativa que
luce en la fachada y que fue colocada en 1966 coincidiendo con el primer
centenario de su nacimiento.
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