Barones del PSOE se suman a la rebelión del PP contra Hacienda por el IVA

MADRID.- Comunidades gobernadas por el PSOE se suman a las amenazas e, incluso, denuncias que ya están presentando contra el Ministerio de Hacienda regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia por el impago de un total de 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017, según publica El Mundo. 

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había advertido de que si no recibía los 130 millones que demanda acudiría a la vía judicial, y dio de plazo hasta la reunión que su consejo de Gobierno llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Y en las últimas horas, el Ejecutivo del Principado de Asturias, liderado por el sanchistaAdrián Barbón, ha hecho lo propio.

"Esos recursos pertenecen a nuestra región y no renunciamos a ellos. Buscamos una salida mediante el diálogo o el formato que el ministerio considere oportunidad, pero que implique que vamos a recibir esos recursos. Y si no es así, no descartamos la vía administrativa o la judicial", explicó este martes la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba. Lo hizo sin ser preguntada por ello y en un acto en el que este punto no estaba previsto en el orden del día, lo que evidencia el nivel de preocupación existente por parte de su gobierno.

"Ese mismo día, por la mañana, enviamos la segunda carta al Ministerio de Hacienda por esta cuestión. La primera fue en diciembre, y ahora le hemos remitido una segunda profundizando en aspectos técnicos y reiterando que se trata de la segunda carta", explican fuentes de esta Consejería, que también abren la puerta a compensar los fondos a través de una flexibilización del déficit. "Pero sí, si no recibimos de alguna forma esos fondos [alrededor de 75 millones], nos planteamos todas las opciones, incluida la de acudir a los tribunales", añaden. 

De hacerlo, Asturias seguiría los pasos de Cataluña y Madrid, que fueron las primeras comunidades en denunciar, así como los de Andalucía, que concretará la amenaza que ya la pasada semana hacía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. "Son 537 millones de euros, mucho dinero para Sanidad, Educación o Dependencia. Está claro que ese dinero se lo ha quedado el Gobierno y que son 2.500 millones más que tiene para hacer sus políticas", explicaba recientemente a este periódico el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo.

"Hacienda arrebata el dinero a las comunidades y lo hace para mejorar sus cuentas. Nosotros ya lo vimos claro en octubre del pasado año y denunciamos", incidía el responsable de la Hacienda madrileña, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos, Lasquetty y Bravo, se reunieron precisamente esta semana en Madrid para, entre otras cosas, perfilar la línea de actuación conjunta contra Hacienda.

En la Xunta de Galicia el hartazgo e indignación van incluso más allá porque, según explican, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a Alberto Núñez Feijóo, ya en 2018, que recibiría los 200 millones que reclama.

Se sienten traicionados y privados de unos fondos que, en muchos casos, están ya presupuestados y gastados. "Le prometió que lo solucionaría y lo hizo", replican desde el ministerio. "Pero el PP lo impidió cuando votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019".

2017, el origen

Y es que el origen de esta situación, afirman en Hacienda, se encuentra en una decisión del ex ministro Cristóbal Montoro, y la falta de solución es responsabilidad también del Partido Popular. En ningún caso de la gestión del Gobierno socialista ni de la actual responsable del ministerio y también portavoz del Ejecutivo. 

"Montoro introdujo un cambio normativo por el que se hizo patente que, en 2017, las comunidades solo ingresaron 11 meses de IVA. Para solucionarlo, se introdujo un cambio normativo en las cuentas de 2019", explican.

Pero al decaer las cuentas decayó también la medida, "y lo que no es posible es cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio que ya ha sido liquidado". Esto es, que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de abonar los 2.500 millones a los que asciende la reclamación total.

Y tanto es así que Montero explicó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que es un dinero "que no existe" y no dudó en pedir una reflexión a los presidentes autonómicos para que no fomenten con sus denuncias "el España nos roba o el Gobierno nos roba".