La disputa entre Compromís y el PSPV bloquea el requisito lingüístico para la función pública

VALENCIA.- La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció el martes en una conferencia la remisión «inmediata» a las Cortes Valencianas de la Ley de Función Pública, tras dos años olvidada en un cajón. Una declaración nada improvisada, pues la Conselleria tenía previsto aprobar el proyecto de ley este mismo viernes en el pleno del Consell. 

No obstante, la tramitación de la norma fue bloqueada ayer en el llamado Consellet, la reunión previa al encuentro solemne de los consellers del viernes, en el que los secretarios autonómicos y los subsecretarios filtran y ordenan los temas a debatir en el plenario. La razón: las discrepancias entre los representantes del PSPV y de Compromís por la aplicación efectiva del requisito lingüístico.

Fuentes de la órbita socialista aseguraban a El Mundo que existía un acuerdo cerrado con los responsables de la Conselleria de Educación para aprobar esta semana el Proyecto de la Ley de Función Pública, un escenario que desmienten cargos de Compromís. Desde el PSPV se apunta que, hasta ayer por la mañana, había un pacto con el fin de retocar, tras escuchar los argumentos del Consell Jurídic Consultiu, las disposiciones previstas en la norma para aplicar el requisito lingüístico. Las mismas fuentes explican que, después del tirón de orejas del CJC, se apostó por eliminar el texto que establecía la aplicación directa del requisito en el acceso a la función pública en caso de no llegar a un consenso.

El anteproyecto que sí que se pactó en 2017 establecía que, en un plazo de seis meses, se aprobaría un reglamento para regular la exigencia de un determinado nivel de valenciano para acceder a un empleo público. No obstante, Compromís forzó la máquina y añadió otra disposición para que, «si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente ley no se hubiere aprobado por el Consell el referido reglamento», la exigencia del valenciano se implantaría de forma automática. El Jurídic entendía que esto era incoherente por lo que Justicia optó por eliminarlo. A cambio, planteó a Educación crear una comisión interdepartamental para, paralelamente a la tramitación de la ley en las Cortes, elaborar un reglamento que permitiera la aplicación del requisito. Convencidos del acuerdo, el equipo de Bravo llevó su propuesta al Consellet.

La sorpresa vino cuando, durante esta reunión, el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez, tomó la palabra para explicar que, en este momento, no existía un acuerdo sobre la regulación del requisito. El hecho de que interviniera un representante de la Vicepresidencia primera que dirige Mónica Oltra y no de Educación -estaba presente la subsecretaria Eva Coscollà que fue directora general de Función Pública durante el periodo de negociación de la norma- llamó bastante la atención. Es por ello que algunas fuentes entienden que, detrás de la paralización de la norma, podría haber algún tipo de pulso entre Mónica Oltra y la emergente figura de Gabriela Bravo. Es conocido que su relación no es especialmente fluida.

Con todo, fuentes de la Vicepresidencia insistieron que Ibáñez explicó la postura de una parte del Consell que considera que con la redacción final propuesta por Bravo «queda en el aire el desarrollo del requisito». Reiteraron que no había nada cerrado y que Educación entendía que se podría haber mejorado el texto definitivo con una serie de propuestas que concretaban la aplicación de la norma y que, según las mismas fuentes, Justicia no veía claras. «Estamos a favor del requisito pero desde la proporcionalidad; no admitimos posiciones totalitarias», explicaron desde la facción socialista. 

Así las cosas, la aprobación de la normativa vuelve a quedarse bloqueada y a expensas de que alguna de las dos partes dé su brazo a torcer en las próximas semanas. De lo contrario, el calendario seguirá avanzando para una norma que se debería haber aprobado la pasada legislatura.