La ley se implementó en respuesta a las protestas y bloqueos de los camioneros que se manifestaron en Ottawa y en los cruces fronterizos en las últimas semanas en contra del pase sanitario que deja a decenas de miles de conductores sin trabajo por no estar vacunados.
Con las facultades otorgadas por esta ley que convirtió al país momentáneamente en una dictadura, el Gobierno congeló y cerró las cuentas bancarias de miles de manifestantes, movilizó a la Policía Militarizada para reprimir brutalmente a quienes marchaban en la capital, e incautó los camiones de los protestantes.
Además, el Gobierno arrestó a Chris Barber y Tamara Lich, principales organizadores del Freedom Convoy, a pesar de que no cometieron ningún delito, bajo la premisa de que son “líderes de una organización terrorista”, algo solamente posible bajo esta ley.
“La situación ya no es una emergencia”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa. “Confiamos en que las leyes y los estatutos existentes ahora son suficientes para mantener a las personas seguras“.
El Primer Ministro firmó la revocación este mismo miércoles, por lo que el estado de emergencia no se encuentra más vigente en Canadá.
Los parlamentarios de la Cámara de los Comunes votaron para aprobar el uso de la Ley este lunes. Sin embargo, el Senado estaba debatiendo la ley hoy, miércoles, y parecía que Trudeau no iba a poder pasarla por la Cámara de los Lores.
Para evitar una fuerte derrota legislativa, y ya habiendo desmovilizado a los camioneros, el mandatario socialista decidió revocarla formalmente y cerrar este episodio como una victoria, al menos desde el punto de vista ejecutivo.
La realidad es que la derecha en Canadá, que estaba totalmente adormecida, volvió con toda la fuerza y con la mayor movilización de la historia del país. Si bien no todos los que participaron de esta masiva protesta pueden considerarse de derecha, sin lugar a dudas la respuesta dictatorial de Trudeau hizo que muchos entendieran a lo que se están enfrentando, y muchos otros que tal vez no estaban muy metidos en la política de su país, se politizaran completamente.
La decisión del gobierno de invocar la ley el lunes 14 de febrero se convirtió en una fuente considerable de controversia y críticas. La ley nunca se había utilizado desde que fue aprobada por el Parlamento en 1988, y en aquél entonces se había intencionado para ser firmada cuando el país entrara en guerra, teniendo en mente las provincias con intenciones de independencia como Québec.
Dentro de 60 días comenzará una investigación sobre la decisión del gobierno de invocar la ley y las acciones policiales posteriores. El Parlamento establecerá un comité para supervisar esa revisión la próxima semana, pero lamentablemente estará dominada por diputados del partido de Trudeau y probablemente será una escribanía.
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