Desde esa cúpula veían, no obstante, más ventajas que inconvenientes en mantenerlo como candidato porque ganaba siempre las elecciones consecutivas, una tras otra y, en última instancia, se le podría blindar enviándolo a la lista del Parlamento Europeo, muy lejos del alcance de la Justicia ordinaria española, cuya Audiencia Provincial de Murcia será quien lo juzgue en breve, en base a la pena pedida por las acusaciones, como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.
Ahora, ya lejos de los burladeros parlamentarios de Bruselas, la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Murcia, Concepción Monerri Guillén, acaba de ordenar la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras a una empresa filial de Sacyr. Frente a este auto judicial no cabe recurso alguno.
Desde octubre de 2013, altos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia ya comentaban en privado con determinados periodistas independientes respecto a la sede de Gobierno en el Palacio de San Esteban, que "Valcárcel había cometido un error de párvulo político con la desaladora de Escombreras" y se mostraban seguros de que terminaría procesado.
En su día, el fiscal Anticorrupción presentó escrito de acusación por la “adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39 por ciento de acciones de la filial Desa en junio de 2010, por otro, desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniéndolo pero derivando la carga financiera a la Comunidad Autónoma de Murcia”.
En ese escrito, el fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los presuntos delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
También la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, solicitó la apertura de juicio oral y exigió la responsabilidad pecuniaria derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.
Explica el auto, que se fija dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”.
Luego aclara que, dicha cantidad es la total a exigir.
Además, Valcárcel está pendiente de ser juzgado por el denominado caso Novo Carthago, relacionado con el proyecto para construir una macrourbanización de lujo en el entorno protegido del maltrecho Mar Menor. Estaba previsto que el juicio arrancara el pasado 27 de febrero, pero fue suspendido debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia.
Por otra parte, el valido y sucesor de Valcárcel en la presidencia de la Comunidad Autónoma (2015-2017), Pedro Antonio Sánchez (PP), ha sido recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, tras una demanda del PSOE local. El auditorio sigue cerrado al público, 13 años después de iniciarse el proyecto.
Para el partido de extrema derecha, Valores, la actual alcaldesa y sucesora ha tomado la misma deriva que el gobierno de Fernando López Miras (valido de Pedro Antonio Sánchez, a su vez, al frente de la Región), que ha aumentado la contratación directa, a dedo, un 250% en los últimos años, y alega que el Ayuntamiento lumbrerense, no sólo está envuelto en los casos judiciales que atañen a su predecesor, sino que han quedado las mismas prácticas nepotistas de antaño.
El entonces regidor Sánchez, devenido en presidente para poder salvarlo de la quema judicial, convocó, para conseguir una subvención pública, un concurso de construcción de un auditorio que, en realidad, estaba amañado y previamente adjudicado a dedo a un arquitecto.
Su imputación en esta causa, agravada por los indicios de su implicación en una ramificación del caso Púnica, terminó costando posteriormente a Pedro Antonio Sánchez la presidencia de la Región en abril de 2017, cuando tuvo que presentar su dimisión.
Poco después, por consejo del PP, se afincó en Miami en compañía de su mujer y sus hijas. Según el diario El Español allí el ahora condenado está actuando como intermediario con empresas e inversores. Su esposa, natural de Antequera, es profesora y da clases, mientras en Murcia se dice en ocasiones que “este tema hay que hablarlo en Miami” respecto a determinadas cuestiones de cierto trato con el poder político regional.
El sucesor de Pedro Antonio Sánchez en el cargo fue el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, de quien Sánchez era amigo y a quien designó él personalmente en una suerte de sucesión que recuerda mucho a la del PRI en Méjico.
Pero también el ex secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, era un valido de Pedro Antonio Sánchez, quien lo eligió como número nueve para la lista de diputados para el Congreso en las elecciones de 2011. En enero de 2012 García Egea accedió de nuevo al escaño en sustitución de Jaime García-Legaz y fue reelegido en 2015 y 2016.
Ahora se dedica a los negocios en su tierra, según confesión propia, aprovechando sin duda su cercanía a López Miras, a juicio de un importante político del PP murciano defenestrado en su dia por el gran capo Valcárcel del muy remunerado cargo que venía ostentando desde hacía muchos años sin dar muchas explicaciones.
Francisco Poveda
Felicitaciones por tus logros.
ResponderEliminarMònica Raquèl Viale Esmòriz.
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