VALENCIA.- El PP y Vox presentarán enmiendas parciales a la Ley de Libertad Educativa que tendrán, entre otros, el objetivo de «promocionar» y «no imponer» el valenciano en zonas castellanoparlantes y, a horas de que cierre el plazo, no prevén enmendar la Ley de Concordia, que el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha calificado de «impecable».
Por parte de la oposición, Compromís ha anunciado que presentará dos textos alternativos a las leyes de Libertad Educativa y À Punt como parte de sus enmiendas a la totalidad --en el resto simplemente pedirá que se mantenga la legislación actual-- y el PSPV, que fue el primer partido en anunciar sus enmiendas la pasada semana, ha registrado más de 300 propuestas parciales (además de las de totalidad).
El día se prevé movido en los pasillos del edificio de grupos parlamentarios de Les Corts, ya que los cuatro partidos representados trabajan para presentar las enmiendas a las cinco proposiciones de Ley del PP y Vox. El plazo termina a medianoche, y algunos grupos --como los 'populares' y Compromís-- mantendrán reuniones a lo largo del día.
En el caso del PP, las conversaciones se extienden a sus socios de gobierno, Vox, aunque el síndic 'popular', Miguel Barrachina, ha considerado que es «irrelevante» que las enmiendas se presenten en conjunto o en solitario. «Los textos son consensuados todos, lógicamente, y las enmiendas también lo van a ser», ha explicado.
En cuanto a las temáticas, Barrachina ha incidido en dos de las normativas: la de Libertad Educativa y la de la nueva À Punt, sobre la que ha destacado la complejidad del proceso que conlleva --unificar en una sola empresa la Corporación y la Sociedad Anónima--, y ha destacado que las enmiendas buscan «simplificar» y arreglar cuestiones técnicas.
Sobre las enmiendas a la ley de Libertad Educativa, Barrachina ha señalado que «van fundamentalmente a buscar fórmulas para potenciar el uso del valenciano en las zonas castellano hablantes de manera voluntaria».
«Se habla de promoción y no de imposición como hasta ahora, que tan nefastos resultados ha dado para para su uso, y blindar el derecho de los padres a la elección libre del uso del valenciano o del castellano pueda perdurar y sea efectivo cuanto antes», ha añadido.
Vox, por su parte, ha presentado 10 enmiendas parciales a las leyes, y tres de ellas van a la de Antifraude, la única normativa que presentó el PP en solitario. En este caso, el grupo que dirige José María Llanos propone que la agencia pase a depender de la Sindicatura de Cuentas y que se reduzca la masa salarial en un 30%.
Entre las otras enmiendas que ha presentado el síndic de Vox se encuentran varias a la ley de Libertad Educativa, que buscan que Matemáticas y Conocimiento del Medio sean asignaturas que se estudian en la lengua base elegida por los padres del alumno y que se permita también elegir el idioma para hacer el examen en primaria.
Por parte de la oposición, el PSPV-PSOE ya presentó el viernes sus enmiendas --que se han concretado en más de 300 parciales-- y hoy Compromís ha anunciado que propondrá textos alternativos a dos de las leyes, la de Libertad Educativa y la de À Punt.
Baldoví ha considerado que estas leyes «en algunos casos son auténticos despropósitos legislativos» y leyes que «no han contado en ningún caso» con los sectores a los que afectan.
Por ejemplo, han señalado que la «ley de confrontación educativa» va «contra el valenciano y contra el sistema educativo público» y es «una vulneración flagrante de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales».
Junto a Baldoví ha comparecido el portavoz adjunto y candidato a las elecciones europeas, Vicent Marzà, que ha señalado que --en caso de que consiga el acta-- lo primero que hará será «llevar al Comité de Expertos en la Aplicación de la Carta de Lenguas Minoritarias y Regionales la »futura ley de confrontación educativa« que va contra esta Carta y que »va en contra de los derechos lingüísticos de los valencianos y de las valencianas y de la educación pública".
Marzà también ha anunciado quejas a organismos europeos sobre el resto de leyes una vez se aprueben. En esto coincide con el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, que ha señalado igualmente que los socialistas acudirán a los tribunales, a la Unión Europea e incluso a la Organización de las Naciones Unidas una vez estén aprobadas las normativas, aunque primero las enmendarán en Corts.
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