VALENCIA.- Alfred Costa ha anunciado su dimisión como director general de À Punt de forma "irrevocable" después de casi cinco años al frente de la radiotelevisión pública valenciana.
En un escrito que se ha hecho llegar a la plantilla este miércoles, Costa asegura que la decisión es "fruto de una profunda reflexión personal y profesional" y confía en que la renuncia "permita acelerar el proceso de transformación de los medios públicos de comunicación que prevé la nueva ley".
Dicha norma fue impulsada por el PP y Vox --antes de la salida de este segundo partido del gobierno valenciano-- y aprobada en Les Corts con los votos de ambas formaciones.
Alfred Costa asumió la dirección general de la SAMC (Sociedad Anónima de mediados de Comunicación) en febrero del 2020, después de superar un proceso de selección.
Su dimisión coincide con la cobertura de la dana, con la que la radiotelevisión pública valenciana ha conseguido sus mejores datos de audiencia.
El presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans
de Comunicació (CVMC), Miquel Francés, asumirá provisionalmente las
funciones de Alfred Costa tras su dimisión como director general de À
Punt después de casi cinco años al frente de la radiotelevisión pública
valenciana.
De esta manera lo recoge la ley 6/2016, de 15 de
julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito
Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, en su artículo 22,
relativo a la naturaleza y elección de la dirección general de À Punt.
Concretamente, señala que, en caso de que no se haya nombrado el
cargo de director general o quedase vacante, el presidente del consejo
rector asumirá, de manera provisional, sus funciones, "hasta que se
realice el nombramiento de un nuevo director general cumpliendo con las
mayorías y procedimientos establecidos en la presente ley".
Sin embargo, esta norma --que fue la que permitió recuperar el servicio
público en 2016 tras el cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) en
2013-- fue derogada el 27 de junio de 2024 con la aprobación de la nueva
ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA)
por parte de Les Corts Valencianes, gracias a los votos del PP y Vox.
La nueva ley que dirigirá el servicio de radiotelevisión valenciana
establece la creación de una nueva empresa pública denominada CAVSA, que
será "moderna y mucho más profesional, ágil, adaptada a los tiempos que
corren y muy similar al resto de televisiones autonómicas".
Y propone
fusionar los dos entes actuales (CVMC y SAMC) en uno único, garantizando
la subrogación de todos los trabajadores.
En las disposiciones transitorias, establece que tanto la actual
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació como la Societat Anònima
de Mitjans de Comunicació (SAMC) "continuarán con su actividad,
manteniendo al efecto la vigencia" de la antigua ley, durante "el tiempo
imprescindible hasta la constitución de la nueva sociedad y el inicio
efectivo de su actividad", algo que hasta el momento todavía no se ha
producido.
De hecho, según esta misma norma, Les Corts
Valencianes "deben iniciar la elección de los miembros del Consejo de
Administración en el plazo de un mes tras la aprobación de la ley", cosa
que tampoco se ha producido, por lo que los miembros del actual consejo
rector de la CVMC continúan en funciones hasta la constitución del
nuevo órgano.
Este nuevo Consejo de Administración contará con
ocho miembros, de los que siete serán elegidos por Les Corts y el
octavo, por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Será el encargado de proponer al director general, que podrá ser elegido
en primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo
contrario, por mayoría absoluta.
La ley estipula que la
dirección general "deberá ser nombrada en el plazo de un mes desde la
constitución del Consejo de Administración". A partir de ahí, se
establecerá "el nuevo organigrama y los procesos de nombramientos del
personal directivo".
Respecto a la naturaleza del director general, la nueva ley recoge
que esta función es el órgano ejecutivo de la CACVSA y será "nombrado
por el Consell, a propuesta del Consejo de Administración". La duración
de su mandato será de cinco años y, en su caso, podrá "continuar en sus
funciones hasta la toma de posesión del nuevo director general".
Además, la ley establece que la condición de director general es
"incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo público" y estará
sujeto al régimen de incompatibilidades fijado para los miembros del
Consejo de Administración.
Entre las funciones, la norma
establece que dependan de esta figura "cumplir y hacer cumplir las
disposiciones que rigen la CACVSA y los acuerdos del Consejo de
Administración"; proponer la aprobación del plan de actuación, la
memoria anual, la propuesta de presupuestos de explotación y de capital y
elaborar la propuesta de contrato-programa, además de orientar,
impulsar, coordinar e inspeccionar los servicios y adoptar las
disposiciones y medidas internas de funcionamiento y organización.
También es el responsable de la contratación; de autorizar los pagos y
gastos; de proponer al Consejo la plantilla de personal y el
organigrama y nombrar y cesar a su personal directivo; de establecer la
programación de los servicios adscritos a la CACVSA; de atender las
recomendaciones, informes y solicitudes del Consejo Asesor, Consejo de
Informativos y de la Oficina de Participación Pública, y de comparecer
ante la comisión parlamentaria de Les Corts para dar cuenta de su
gestión, la organización y desarrollo de sus competencias.
Respecto a los casos de cese, dimisión, renuncia o incompatibilidad
sobrevenida, la ley estipula que se procederá "inmediatamente" a la
designación del nuevo director general por el procedimiento establecido
en la ley.
También recoge la posibilidad de que el Consell
pueda cesar al director general, "oído o a propuesta del Consejo de
Administración", ante imposibilidad física o enfermedad, incompetencia
manifiesta o actuación "contraria a los criterios, principios u
objetivos" de la ley, condena en sentencia firme por delito doloso e
incompatibilidad.
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