La AVPT priorizará expedientes de posibles irregularidades de ordenación urbanística en parcelas con riesgo de inundación

 VALENCIA.- La Generalitat, a través de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), priorizará los expedientes de posibles irregularidades de ordenación urbanística en parcelas con riesgo de inundación gracias a la modificación del criterio que determina el orden de gestión.

Así se ha decidido en la reunión del tercer Consejo de dirección del año 2024 de este organismo, en el que han participado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, y el director gerente de la AVPT, Santiago Gambín, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

De esta forma, la AVPT y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, han introducido como factor que incrementa la celeridad en la tramitación de estos expedientes el riesgo de inundación de la parcela en que se ubiquen las obras objeto de la actuación, graduada conforme a los distintos niveles de riesgo recogidos en la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, (Patricova).

Gracias al trabajo de la AVPT, a estas alturas de año se han tramitado un 50 por ciento más de expedientes que en todo 2023. También ha incrementado el número de multas coercitivas impuestas, que triplican las del ejercicio pasado, unas sanciones cuya finalidad es "regularizar la situación ante anomalías urbanísticas".

Por otra parte, en la reunión también se ha aprobado el Programa Anual de Actuación para el año 2025, que incluye el Plan Anual de Inspección Urbanística, donde figuran las líneas principales de actuación del organismo.

La AVPT es un instrumento que facilita a los ayuntamientos el cumplimiento de sus obligaciones y pretende fomentar los valores de la protección y respeto a los recursos para "hacerlos compatibles con un desarrollo sostenible".

Con sede en Elche, cuenta actualmente con una plantilla formada por 36 personas. Este organismo tiene la competencia en materia de protección de la legalidad urbanística sobre el suelo no urbanizable en los 324 municipios adheridos voluntariamente.