La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigar a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 por la presunta participación de su marido en la causa, en la toma de unas declaraciones. El fiscal se ha pronunciado así en un informe remitido el pasado viernes al tribunal valenciano en el que manifestaba su postura al respecto, según ha informado el ministerio público en un comunicado. En concreto, el TSJCV requirió el lunes a Fiscalía que se pronunciara respecto a la querella interpuesta por parte de un abogado que representa a varias víctimas en la causa de la dana contra la magistrada instructora y contra su marido, también magistrado. En la querella se denunciaba que el marido había podido participar en unas testificales. Según el ministerio fiscal, el análisis detallado de los hechos objeto de querella, así como el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula esta --delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión el deber de perseguir determinados delitos-- «arroja criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal». El informe concluye que no concurren los elementos configuradores de los delitos mencionados en la querella, por lo que la Fiscalía solicita la inadmisión y archivo de la misma.

 ALICANTE.- La Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), reunida este lunes, ha mostrado su respaldo «incondicional y unánime» a su presidente, Carlos Baño, al tiempo que ha expresado «respeto absoluto a la justicia con la plena disposición a colaborar con los órganos que están actuando, como así se ha hecho hasta la fecha, y defensa firme de la presunción de inocencia».

Baño quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de Bonos Consumo de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

En este sentido, la junta muestra su "apoyo unánime e incondicional con Baño ante la investigación en curso, con diligencias declaradas secretas, en la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad.

La junta de Facpyme manifiesta, en un comunicado, que «se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta».

Los miembros han declarado su «compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad, por lo que se solicitará, si fuera preciso, la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes».

La entidad recalca que «estamos hablando de una entidad con una larga trayectoria de servicio al comercio de proximidad, de colaboración con las administraciones y de trabajo diario en favor del tejido comercial de la provincia».

Por todo ello, dice, «lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitirán aclarar lo que deba aclararse».

«Y pedimos responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ellas de buena fe», concluyen.