ALICANTE.- Compromís ha asegurado que el presidente de la Cámara de Comercio de
Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme),
Carlos Baño, pudo contar con "información privilegiada" sobre los bonos
comercio.
El representante empresarial quedó el pasado
viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el
marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía
Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de
estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una
veintena de municipios de la provincia.
Baño negó haber
cometido irregularidades y se mostró a "disposición de la justicia para
aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir".
"Soy el más
interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible",
apuntó.
Ante este escenario, el portavoz de Compromís en la
Diputación de Alicante, Ximo Perles, y el diputado autonómico de la
coalición Gerard Fullana han abundado este lunes, en declaraciones a los
medios de comunicación, en la petición de comisión de investigación
sobre los bonos comercio en la institución provincial.
Así,
Compromís ha avanzado que va a presentar una moción en esta
administración para crear una comisión de investigación "sobre las
relaciones administrativas de la Diputación de Alicante con la Cámara de
Comercio de Alicante, Facpyme y las entidades vinculadas a Carlos
Baño".
Sobre esta petición, que el pasado viernes dieron a
conocer tanto PSPV como Compromís, Perles ha recordado que solo puede
salir adelante si el PP, que cuenta con mayoría en la institución
provincial, respalda esa propuesta.
"Desde Compromís ya hace
mucho tiempo que estamos sospechando de que la Cámara de Comercio de
Alicante se ha convertido en una especie de cueva de Alí Babá. Hay
muchas cosas que no funcionan o que entendemos que no funcionan de
manera correcta", ha aseverado Perles.
También ha indicado que
"es un hecho" que "se creó una mercantil" cuyo "administrador único es
Carlos Baño" y "el único socio es una entidad totalmente privada que no
tiene nada que ver con la Cámara de Comercio".
"Se adjudicaban
contratos de manera totalmente arbitraria, digamos, a esta entidad,
como es Facpyme. Eso también es un hecho. Eso no se está discutiendo. Lo
que se está discutiendo son las valoraciones jurídicas posteriores,
pero es un escándalo", ha apostillado.
Según Perles, esto "es
un escándalo porque ya estaban advertidos, porque en Torrevieja ya pasó
que adjudicó la gestión de estos bonos comercio a su asociación local y
la Agencia Antifraude ya dijo que eso no se podía hacer, que las
asociaciones privadas tenían que presentarse a las licitaciones y lo que
correspondía era hacer una licitación como tocaba para poder gestionar,
en definitiva, un contrato externo".
En palabras del portavoz
de Compromís en la Diputación, en este caso "alegremente" había
adjudicaciones "sin trámites" a "una empresa cien por cien privada".
"No
hay ninguna participación pública ni en Facpyme ni mucho menos en Nexo
Retail, que es la mercantil que crearon", ha indicado.
Sobre
esta empresa, Perles se ha preguntado por qué se creó: "Facpyme no tiene
ánimo de lucro y, por tanto, no pueden repartir dividendos. ¿Es por eso
que la crearon 'ad hoc' para repartir esos dividendos?".
El diputado provincial ha hecho hincapié en que desde la Diputación
"se ha dado mucho dinero a la Cámara de Comercio" y ha abogado por
fiscalizar "hasta el último céntimo" destinado a la entidad cameral.
Preguntado por si la institución provincial podría tener alguna
responsabilidad en los bonos comercio, ha manifestado que "en principio
se plantea difícil" y ha añadido que en las ayudas a Alicante
Gastronómica hay "mucho que desear".
"La Diputación tiene que
revisar la justificación de las subvenciones", ha remarcado, al tiempo
que ha afirmado que habría que ver "hasta qué punto la justificación de
las subvenciones de los municipios incluye la prestación de un servicio
que no se ha licitado".
Por su parte, Fullana, que fue portavoz en la Diputación cuando Carlos
Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, era presidente de la
institución provincial en los años en los que se impulsaron esos bonos,
también ha abogado por que se investigue "cualquier euro de los últimos
diez años otorgado a la Cámara de Comercio y a sus satélites".
"Aquí crecían las mercantiles de forma previa a las subvenciones como
champiñones. No solo en la cuestión del bono comercio, sino en el
reparto de publicidad", ha aseverado el actual diputado autonómico de
Compromís, quien posteriormente ha dicho que tuvo una "discusión muy
fuerte" con Baño antes de que se aprobara la subvención.
A
juicio de Fullana, "es imposible, es muy difícil que Carlos Mazón no
informara previamente a Baño de la aprobación de estas ayudas cuando
antes de aprobarse", según ha sostenido, "estaba maquinándose una
mercantil para repartirlas".
"Por tanto, es fácil pensar que
el señor Baño podría contar con información privilegiada. Es evidente.
Si no, de qué manera se crea una mercantil de forma previa a aprobar
estas ayudas", se ha preguntado.
Igualmente, Fullana ha criticado al equipo de gobierno del PP de la
Diputación, presidida por Toni Pérez, por "de forma infame" salir a
"culpar a los ayuntamientos" tras conocerse la detención de Baño en el
marco de esta investigación.
Según el representante de
Compromís, hubo municipios que advirtieron de que "la aprobación de
urgencia de estas ayudas y la arquitectura administrativa hacían muy
difícil ejecutarlas si no contratabas con una empresa puente".
"Mágicamente, esta empresa llamó uno por uno a muchos ayuntamientos. Es
decir, eso estaba orquestado. Hay muchos ayuntamientos que perdieron la
ayuda precisamente por este diseño", ha indicado, para posteriormente
señalar que "desde la Diputación se recomendaba contar con estas
empresas filtro".
Según Fullana, el 88% del presupuesto de la
Camara de Comercio procede de "dinero público", por lo que se ha
referido a la presentación, por parte de Compromís en Les Corts
Valencianes, de una proposición no de ley para "aumentar" la
fiscalización sobre las entidades camerales.
A su juicio, la
Cámara de Comercio se ha convertido "en la puerta rotatoria del PP de la
provincia de Alicante" y ha criticado que "esté consumiendo los
recursos públicos de los pueblos de esta manera" y "con total
impunidad".
El PSPV pide a Barcala "documentación justificativa" de fondos dados a la Cámara
Por otra parte, la concejala del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante Trini Amorós ha
pedido al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), que "aporte toda la
documentación justificativa" de los fondos "aportados" a la Cámara de
Comercio de Alicante para "la gestión de las campañas de los bonos
comercio" en la capital alicantina.
Así, ha abundado en que el
consistorio "encargó" a la entidad cameral "que asumiera la gestión de
los bonos en el municipio de Alicante a cambio de un pago de 55.000
euros para llevar a cabo acciones como una campaña publicitaria y la
contratación de personal".
"La misma operación y con cantidades
similares se repitió durante los ejercicios de 2022, 2023 y 2024", ha
señalado el grupo socialista en un comunicado.
Desde el PSPV
han realizado esta petición después de que el pasado viernes el
presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación
Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, fuera detenido
en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía
Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los
bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en
una veintena de municipios de la provincia.
El representante
empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos,
negó haber cometido irregularidades y se mostró a "disposición de la
justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir".
"Soy
el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad
posible", apuntó.
En este
contexto, Amorós ha resaltado que "la investigación que está llevando a
cabo la Fiscalía Anticorrupción y la detención del presidente de Facpyme
es un hecho tan grave que Barcala debe despejar cualquier duda y
aportar toda la documentación justificativa para aclarar quién ha
gestionado exactamente el dinero de todos los alicantinos y
alicantinas".
La concejala del PSPV ha reclamado, asimismo,
conocer "qué controles ejerció el gobierno de Barcala sobre el convenio
firmado con la entidad cameral" y ha aseverado que "en el convenio
firmado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio se
establecen cláusulas para justificar mediante informes los fondos
recibidos por la compra de bonos por los consumidores y la subvención
concedida así como los gastos de funcionamiento".
"De igual
forma se establecía la obligatoriedad de constituir una comisión de
seguimiento y evaluación, integrada por representantes de la Cámara de
Comercio y del Ayuntamiento de Alicante, para realizar funciones de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio", han
apostillado los socialistas.
"Queremos saber si esa comisión
se constituyó, cuántas veces se reunió, quién formó parte de ella y qué
informes emitió. Cuando hablamos de dinero público no puede haber
ninguna sombra de duda", ha subrayado Amorós, quien ha incidido en que
"Barcala tiene la obligación de garantizar la máxima transparencia y
explicar con claridad cómo se han gestionado estos fondos municipales".
Por su parte, el equipo de gobierno del consistorio alicantino, tras
el arresto de Baño, sostuvo que los bonos comercio de la ciudad de
Alicante "nunca se gestionaron con Facpyme ni los investiga la
Fiscalía".
La edil de Comercio, Lidia López (PP), incidió en
que el Ayuntamiento "gestionó directamente" la primera edición de estos
bonos en 2021 y que "las siguientes se desarrollaron a través de la
Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los
órganos municipales", pero "nunca" con Facpyme.
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