El litoral de Denia hasta Mojácar es uno de los objetivos estratégicos de la mafia napolitana para blanquear su dinero de procedencia ilícita, casi exclusivamente en el sector inmobiliario, según se ha puesto de manifiesto estos días en el seminario organizado en Alicante por la Fiscalía General del Estado.
alicanteconfidencial@gmail.com / "Sin el debate, sin la crítica, ninguna Administración y ningún país pueden triunfar y ninguna república puede sobrevivir" (John F. Kennedy) * Newsletter de opinión e influencia, sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en 1982 por Francisco Poveda, periodista licenciado por la UCM desde 1976
miércoles, 29 de noviembre de 2006
De Nápoles a Alicante
lunes, 20 de noviembre de 2006
La corrupción puede acabar con la democracia
jueves, 16 de noviembre de 2006
Ahora le toca a la Región de Murcia y Alicante
Los efectos de la llamada “Operación Malaya” no tardarán de sentirse en la Región de Murcia y sur de Alicante de forma inmediata, según fuentes policiales solventes. Al igual que en Marbella, aquí se dice habrá detenciones preventivas, mucho más sonadas, de políticos, empresarios, altos funcionarios, profesionales, intermediarios y hasta puede que algún que otro financiero local muy comprometido, al parecer, con ciertos sospechosos muy relevantes. Miembros del CNI, con base en Cartagena, Valencia, Alicante y Madrid, pueden haber aportado información previa a las investigaciones más complejas.
lunes, 13 de noviembre de 2006
La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"
Otorgar créditos más que multimillonarios a empresas promotoras relativamente jóvenes, muy por encima del capital social desembolsado por éstas, parece algo más que una temeridad de los máximos gestores de “Cajamurcia” ante las insuficientes garantías de devolución, por muchos millones de metros cuadrados de suelo recalificado que se ofrezcan como aval, en virtud de legalmente dudosos convenios urbanísticos firmados con ayuntamientos ahora sospechosos de corrupción por presunto cohecho y supuesta prevaricación. Este tema ya se trabaja en alguna redacción madrileña desde enero.
No gusta tampoco nada su enorme implicación como inversor de referencia en negocios dudosamente rentables y, por el contrario, su renuencia a financiar políticas sociales prioritarias por derecho constitucional. Ni la competencia de “Cajamurcia”, posiblemente desleal, a tradicionales pequeñas/medianas empresas de determinados sectores de la economía murciana, por abuso de posición de dominio institucional en un contexto más general del mercado no financiero. El cliente clásico no está muy a gusto.
Un cualificado sector de la sociedad civil regional y de la comunidad universitaria está muy alarmado, precisamente por eso, con la gestión del casi sexagenario director general de “Cajamurcia”, Carlos Egea Krauel en la última década sobre dos más en el cargo, y así se lo han puesto abiertamente de manifiesto en persona algunos de sus más significativos exponentes, al Gobierno de la Nación y a otras altas instancias del Estado para su conocimiento y efectos, ante el cariz de la derrota tomada por la citada entidad de ahorro de fundación pública. El proceso de su rescate se acaba de poner en marcha.
La unidad de vigilancia financiera de la Guardia Civil (en su calidad de policía administrativa), con sede en el propio Banco de España (institución con capacidad legal suficiente para solicitar el cese del máximo ejecutivo de cualquier entidad), en Madrid, sabe bien de las actividades, parece que un tanto heterodoxas, de “Cajamurcia” en las comarcas prelitorales y litorales de la geografía regional, y en el paraíso fiscal de las islas Caimán (prestigioso y acreditado lavadero caribeño de capitales opacos a cualquier fisco). Es ya más que un rumor que se avecinan serios problemas para alguien concreto.
La extendida convicción de que “Cajamurcia” no cumple plenamente tampoco su función social pese al eufemismo contemplado en estatutos y la opacidad galopante de algunos de sus departamentos clave, refractarios a cualquier tipo de auditoria, preocupa seriamente en círculos muy cualificados de la sociedad civil regional, que se apresta a intervenir, con premura y sin más dilación, con todos los medios legales a su alcance ante la sensación del práctico secuestro de la entidad por determinadas personas de nuestra vida pública, que no han sido elegidas nunca por los ciudadanos. Especulen.
Se quiere pues que sea pronto la Asamblea Regional el verdadero y primer órgano de control democrático de una entidad fundada en el seno de la extinta Diputación Provincial y ahora asumida como parte de la Comunidad Autónoma. Su actual utilización extrema arbitraria por determinados miembros del Ejecutivo conservador y bajo sospecha, con la total connivencia de la dirección general proveniente del tardofranquismo, aconseja un profundo replanteamiento de la misión suprema de “Cajamurcia” de cara a la próxima legislatura autonómica. La transparencia en su gestión se considera fundamental en esa nueva etapa para conjurar posibles actuaciones ventajistas, y hasta caprichosas, en atención a peticiones interesadas desde la política.
La democratización inaplazable, efectiva y real en “Cajamurcia” de sus órganos de representación y gobierno también debiera alejar de una vez por todas las suspicacias en cuanto a lo auténtico del proceso electoral y sus resultados para evitar las actuales profundas dudas sobre su eventual contaminación por el control ejercido desde la estructura directiva sobre candidaturas únicas y previsibles, elección tras elección, repetidas con gentes que hacen profesión por ocupar tanto las bien remuneradas poltronas. A partir de ahí, “ormetá” a cambio de sustanciosas dietas de asistencia y legitimación unánime de todo lo que se presenta para aprobar a gente muy controlada.
El director general debiera responder a varias preguntas formuladas públicamente ya por esa sociedad civil al rescate, en órganos independientes de prensa y en aras de la debida transparencia inherente al sistema democrático, para demostrar que no estamos ante una enfermiza actitud patrimonialista respecto de la entidad, clara propiedad de todos los murcianos sean o no impositores de “Cajamurcia”. Si no lo hace y subestima a una sociedad civil en marcha, más pronto que tarde parece tendrá nuevas complicaciones insolubles a tenor de las exigencias puestas en circulación sin más contemplaciones. En 2007 comienza un nuevo ciclo de vida para una Caja de todos.
No es, sin embargo, ningún secreto que “Cajamurcia” atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia debido a demasiado abandono de su negocio financiero tradicional y prudente por acorde con su modesta dimensión comparada. Su tradicional opacidad ha disparado toda suerte de rumores sobre una base verosímil de dificultades previsibles como consecuencia de varias inversiones industriales fallidas aparte de créditos otorgados con cierta ligereza a amigos o recomendados del poder político regional actual o nacional anterior. Los amables certificados de solvencia adquiridos ya no parecen colar, como tampoco una cuenta de resultados de ingeniería y no sometida a contrastes públicos. Pertinente contemplar a la sufrida Fundación dentro de un conjunto.
Su excesiva intervención directa, de un tiempo a esta parte, en todo lo que afecta al mundo económico murciano más osado, no gusta del todo a amplios sectores de la sociedad al desvirtuar su papel original de simple coadyuvante. La perturbación que origina del mercado regional no debe gustar tampoco mucho a las autoridades de la Competencia, en Bruselas, ni a la gran banca privada española en Madrid. Esa ansiedad de sus gestores por estar repicando y en la procesión es casi seguro, según observadores locales muy cualificados, que ha llevado a “Cajamurcia” a meterse en más de un charco y a protagonismos excesivos, que ahora supuestamente la tienen con el agua al cuello.
Las profundas dudas que suscita “Cajamurcia” al jugar de lleno en la política regional en busca de ventajas por estar en todas las salsas locales, la sitúan a un tiempo en un plano de notoriedad y desgaste, que está ahuyentando a mucha gente porque no desea que con su dinero se participe en tramas peligrosas, de privilegios socialmente rechazados u órganos de propaganda partidista para anestesiar ideológicamente a su propia y plural clientela. La entidad debe volver a ser, simplemente, una caja de ahorros al servicio del pueblo llano y olvidarse de disparar a todo lo que se mueve en el universo murciano con la vana pretensión de no dejar escapar ni un solo euro a ganar desde una histórica renta de situación y favorecida posición por mor de la política.
17 medidas contra la corrupción y especulación urbanística
Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del GobiernoCentral y de algunas organizaciones políticas no aportan solucionesconcretas y se convierten en "pura filosofía".
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valoracomo "muy tibias las medidas propuestas por los partidos y consideranecesario que estos se dejen de tirar la pelota unos a otros y comiencen adar ejemplo ante al ciudadanía".
Dávila afirmó que "es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas ala opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio ydebate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticasque consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos decorrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente ynuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible yequilibrado".
Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social einstitucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar asíque la especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de formairreversible en nuestro archipiélago.
Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:
1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son purascompraventas de recalificaciones urbanísticas.
2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de losAyuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientospúblicos o viviendas protegidas.
3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objetoreclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelosterciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usosresidenciales.
4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácterprevio a los desarrollos inmobiliarios.
5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de sureclasificación como suelo urbanizable, y más en las condiciones delimitación de nuestro territorio insular.
6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener unlímite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y deequipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificacionesy/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas ysuelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de lasnecesidades de vivienda protegida.
7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación delos actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía alrespecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo lasurbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.
8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público MarítimoTerrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros,para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, esteaumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.
9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no seaurbano a los Ayuntamientos.
10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antesde aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir elblanqueo de dinero.
11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de loscargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es queexisten, y de sus familiares directos, con acceso público.
12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya ladestitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, queesté imputado, procesado o condenado por la justicia.
13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a loscargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos quelas informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa alos cargos públicos que sean condenados, al margén de sus responsabilidadespenales.
14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitosmedioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgadosinsulares o provinciales especializados en este tipo de delitos.
15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociacionesentre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorioy/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a losmiembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de lasfunciones encomendadas.
16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientosadministrativos, facilitando el acceso a la información de las normas,planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así comode los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando laposibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popularsobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.
17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestroterritorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano asuelo rústico o de protección ambiental.
El ladrillo
En este segundo salto, es donde ha desempeñado un gran papel la especulación inmobiliaria: Si damos un paseo por cualquier calle, veremos que donde antes había una panadería ahora hay una agencia inmobiliaria. Sólo en España se ha construido más en los últimos años que en varios países de la Unión Europea juntos; creo que cada español tocaría a dos casas si se repartieran todas. La urbanización desenfrenada arrasa muchos espacios naturales, multiplica el consumo de agua y parece como si nuestros campos fueran a convertirse, primero, en un mar de grúas y luego en filas de adosados. El precio de la vivienda se ha cuadruplicado en muy poco tiempo, lo que ha provocado una precarización en el acceso a la misma, es decir, hipotecas que, a este paso, acabarán institucionalizando la esclavitud por deudas, descenso de la calidad, infraviviendas, etc. Hasta las conversaciones de mucha gente parecen estar centradas casi exclusivamente en estos temas. No obstante, ningún ciclo de expansión, como nada, es eterno; mucho menos aquellos basados en la creación artificial de riqueza, es decir, en la especulación.
El caso paradigmático es el “crack” de Estados Unidos en 1929, que no fue tan fortuito como pudiera parecer sino que tuvo signos premonitorios. De hecho, las grandes fortunas, los magnates de aquellos años, se vieron tocados, claro, pero no perdieron ni fortuna ni poder. Las riquezas deshechas fueron, más bien, las de “medio pelo”. Si alguien –que tiene acceso a mucha información- ve signos de que el río va a venir crecido, trata de llevarse lo que tiene en la orilla a otro sitio. Otros, que no saben de dónde les viene el viento, cuando ven esto, primero fingen impasibilidad, luego se desconciertan y, más tarde aún, viene el pánico. Y al final de la cascada, los que más acaban sufriendo siempre son los que tenían muy poco o nada.
Eso que oímos tan frecuentemente de que “la burbuja inmobiliaria se va a desinflar” nos parece algo tan lejano, una mezcla de redención y catástrofe, algo que no sabemos si desear o temer, siempre en la esfera de lo nebuloso, como las catástrofes o los amaneceres de gloria. Sin embargo, quizá sea algo más cotidiano y hasta anodino, que ya está pasando. Puede que lo que vemos sean signos, puede que no sea nada, es absurdo jugar a profeta. Están los movimientos de capital de que hablábamos más arriba. Está el aumento continuado de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios –cuando los precios están más bajos, los intereses suelen ser altos, cuando los precios suben mucho el precio del dinero baja, lo que no suele coexistir durante mucho tiempo sin convulsiones es precios altos y “dinero caro”-. Están, claro, todas las viviendas que han sido construidas en los últimos años; todas las que están en venta, que no se venden tan rápidamente como algunos pretenden hacernos creer. Y ahora, si jugamos un poco a la ciencia ficción podemos suponer lo que pasaría si esto sigue así, digamos, dos años más.
Se sigue construyendo mucho, la oferta está saturada. Pero, al mismo tiempo, la subida de los intereses hace que el pago de una hipoteca sea cada vez más oneroso. Por consiguiente, los bancos se cuidan mucho de conceder estos préstamos a quienes no ofrecen garantías de poder hacerles frente. Como consecuencia, sumado a la saturación del mercado, la venta de viviendas comienza a ralentizarse, cada vez más. Mientras tanto, muchos promotores, que han continuado construyendo, han de hacer frente a sus pagos. Alguno, incluso, puede llegar a estar en una situación apurada. Frente a la disyuntiva de quebrar o bajar el precio de las viviendas, y perder algo pero continuar en pie, la elección es clara. En cuanto uno baje, otros, empujados por la competencia, lo harán también.
Durante todo este proceso, es posible que los grandes intereses económicos hayan dejado de invertir en un sector que ya no proporciona ganancias tan rápidas. Sin embargo, no habrá desplome aún, porque muchos pequeños y medianos inversores aprovecharán para comprar mucho de lo que ha bajado o, al menos, no ha subido. Después de todo, la vivienda todavía conservará parte de su prestigio como inversión segura. Esto reactivaría el sector sólo momentáneamente; antes o después la caída continuaría.
Esto no es ningún apocalipsis, la construcción y venta de viviendas continuaría, a una escala mucho menor. Los primeros interesados en ello son los intermediarios, las inmobiliarias: ellos cobran su porcentaje tanto de una transacción alta como de una más baja, lo que no quieren es que le mercado se paralice. Naturalmente, muchas constructoras e inmobiliarias de las que han proliferado en estos últimos años quedarán por el camino. Al descender grandemente el ritmo de construcción y venta, muchas empresas que dependen de ello cerrarán; habrá despidos, el paro crecerá y el crecimiento económico español se parará, o bajará mucho. Esto es lo que se denomina una crisis.
El que pierda su empleo o su poder adquisitivo, no podrá hacer frente al pago de sus deudas, es decir al recibo de la hipoteca. Como es técnicamente imposible que los bancos ejecuten miles o millones de viviendas impagadas –coste económico, opinión pública-, el Estado se vería obligado a intervenir de alguna forma que estaría por ver, puede que de alguna parecida al “corralito” argentino. Y puede que incluso se recortasen o suprimiesen las competencias urbanísticas de los municipios: algunos han actuado como sociedades mafiosas para intereses turbios, y muchos han recalificado terrenos, cuando menos, irresponsablemente. En cualquier caso, nada de esto es tan descabellado, y en algo así podría consistir el fin de la “burbuja inmobiliaria”.