En el recurso se pide la nulidad de los acuerdos en base a que "la desestimación de varias de las alegaciones que EU presentó a los proyectos es infundada, al obviarse y dejarse de contestar distintas cuestiones planteadas en dichas alegaciones, vulnerándose el derecho de los comparecientes en el trámite de información pública a obtener de las administraciones una respuesta razonada", tal y como se establece en la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Entre esas alegaciones se encuentran la que cuestiona que las plantas de ensacado previstas en tres de los proyectos "cumplan el régimen de usos establecido en la concesión a Terminales Marítimas del Sureste", o la alegación en la que se propone el traslado de los silos a la plataforma logística y su conexión con el Puerto mediante una instalación neumática o mediante transporte ferroviario de mercancías.
Pavón denunció que el Puerto "ha obviado por completo esa propuesta" y exige a la entidad "una contestación razonada y detallada sobre su viabilidad".
La Autoridad Portuaria desestimó esas alegaciones y Pavón mantiene que los acuerdos del Puerto ahora recurridos por EU "aprueban proyectos que incumplen esas normas legales".
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