VALENCIA.- La Plataforma de Unidad Sindical de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que agrupa a Sicam, UGT, Alta, CCOO, Csica y el Sindicato Vietnamita, denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción las ‘jubilaciones de oro’ vitalicias que se aseguraron en 2007 los directivos de la entidad, y que ascienden, en algunos casos, hasta los 370.000 euros anuales.
Según han señalado fuentes sindicales a EL BOLETÍN, los representantes de los trabajadores ya se han reunido con el fiscal y en breve se tramitará la demanda, aunque no se espera que hasta dentro de un año o dos llegue el caso a los juzgados.
El origen de la denuncia estriba en la contratación, en septiembre de 2007, de una póliza de seguros dotada con 30 millones de euros, con el fin de garantizar a los miembros del comité de dirección de la CAM una pensión de por vida equivalente al 60% de sus ingresos habituales, una vez jubilados a los 65 años.
Aunque se trata de una práctica habitual en el sector, los sindicatos señalan que la contratación de la póliza no pasó ni por el consejo de administración ni por la comisión de control de la entidad alicantina, sino que fue una decisión tomada por la dirección de la caja que encabezaba el entonces director general, Roberto López Abad, que en noviembre de 2010 fue sustituido por María Dolores Amorós
Los beneficiarios de la póliza, además de los dos ya citados, serían los hasta el año pasado directores generales de área, José Pina, Vicente Soriano, Joaquín Meseguer, Francisco Martínez, Teófilo Sogorb y Daniel Gil; y los directores territoriales, Agustín Llorca (luego director general adjunto), Ildefonso Riquelme, Bernardo Chuliá, Gabriel Sagristá y Petro Torres.
La denuncia de los sindicatos será la sexta que se presenta contra la anterior cúpula directiva de la CAM, y se une también a la investigación que la Fiscalía Anticorrupción lleva a acabo de oficio contra Amorós ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.
Amorós fue despedida de forma fulminante y sin derecho a indemnización el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja. La ex directora general fue acusada de falsear las cuentas, actuar en beneficio propio y llevar una gestión deficiente de la CAM.
La entidad, bajo el mando de Amorós, había presentado un beneficio hasta marzo de 40 millones de euros. Sin embargo, estos beneficios, tras la intervención del Banco de España el pasado 22 de julio, se convirtieron en unas pérdidas hasta junio de 1.136 millones de euros, con una morosidad del 19%, que casi triplica a la media del sector.
Amorós, que tenía un sueldo pactado con el entonces presidente Modesto Crespo de 593.000 euros anuales, se había asegurado una renta vitalicia de 370.000 euros anuales, pero el despido disciplinario conllevó la retirada de estas compensaciones.
Los sindicatos también mantienen un enfrentamiento con los actuales gestores de la entidad, colocados por el Banco de España, hasta el punto de que han decidido denunciar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la Inspección de Trabajo que los nuevos administradores “hayan sugerido” al personal de la red comercial que trabaje dos horas más todas las tardes, de 17.00 a 19.00 horas, además de su horario habitual, con el fin de evitar la fuga de depósitos de la CAM antes de su subasta. Los sindicatos consideran que esta medida podría suponer incluso “un fraude fiscal en el caso de que no se declaren esas horas trabajadas”.
Según han señalado fuentes sindicales a EL BOLETÍN, los representantes de los trabajadores ya se han reunido con el fiscal y en breve se tramitará la demanda, aunque no se espera que hasta dentro de un año o dos llegue el caso a los juzgados.
El origen de la denuncia estriba en la contratación, en septiembre de 2007, de una póliza de seguros dotada con 30 millones de euros, con el fin de garantizar a los miembros del comité de dirección de la CAM una pensión de por vida equivalente al 60% de sus ingresos habituales, una vez jubilados a los 65 años.
Aunque se trata de una práctica habitual en el sector, los sindicatos señalan que la contratación de la póliza no pasó ni por el consejo de administración ni por la comisión de control de la entidad alicantina, sino que fue una decisión tomada por la dirección de la caja que encabezaba el entonces director general, Roberto López Abad, que en noviembre de 2010 fue sustituido por María Dolores Amorós
Los beneficiarios de la póliza, además de los dos ya citados, serían los hasta el año pasado directores generales de área, José Pina, Vicente Soriano, Joaquín Meseguer, Francisco Martínez, Teófilo Sogorb y Daniel Gil; y los directores territoriales, Agustín Llorca (luego director general adjunto), Ildefonso Riquelme, Bernardo Chuliá, Gabriel Sagristá y Petro Torres.
La denuncia de los sindicatos será la sexta que se presenta contra la anterior cúpula directiva de la CAM, y se une también a la investigación que la Fiscalía Anticorrupción lleva a acabo de oficio contra Amorós ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.
Amorós fue despedida de forma fulminante y sin derecho a indemnización el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja. La ex directora general fue acusada de falsear las cuentas, actuar en beneficio propio y llevar una gestión deficiente de la CAM.
La entidad, bajo el mando de Amorós, había presentado un beneficio hasta marzo de 40 millones de euros. Sin embargo, estos beneficios, tras la intervención del Banco de España el pasado 22 de julio, se convirtieron en unas pérdidas hasta junio de 1.136 millones de euros, con una morosidad del 19%, que casi triplica a la media del sector.
Amorós, que tenía un sueldo pactado con el entonces presidente Modesto Crespo de 593.000 euros anuales, se había asegurado una renta vitalicia de 370.000 euros anuales, pero el despido disciplinario conllevó la retirada de estas compensaciones.
Los sindicatos también mantienen un enfrentamiento con los actuales gestores de la entidad, colocados por el Banco de España, hasta el punto de que han decidido denunciar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la Inspección de Trabajo que los nuevos administradores “hayan sugerido” al personal de la red comercial que trabaje dos horas más todas las tardes, de 17.00 a 19.00 horas, además de su horario habitual, con el fin de evitar la fuga de depósitos de la CAM antes de su subasta. Los sindicatos consideran que esta medida podría suponer incluso “un fraude fiscal en el caso de que no se declaren esas horas trabajadas”.
8-11-2011
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