CASTELLÓN.- La Guardia Civil ha detenido en Oropesa a un hombre de 33 años
acusado de crear y gestionar varias páginas web fraudulentas que
suplantaban a las estaciones oficiales de Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), que causó un importante perjuicio económico y personal a numerosos ciudadanos.
La investigación, coordinada por el Área de Investigación de la Guardia
Civil de Oropesa junto con el Puesto de Atzeneta del Maestrat, permitió
identificar al sospechoso que había desarrollado una sofisticada
estructura digital para engañar a los usuarios.
Según informa la Guardia Civil, el detenido clonaba páginas casi idénticas a las oficiales de las ITV,
utilizando dominios muy similares y alojándolas en servidores ubicados
en Irlanda y Delaware (EE. UU.), dificultando así su localización.
Gracias a un posicionamiento eficaz en los buscadores, las víctimas
accedían a estas webs falsas, reservaban citas para la ITV y abonaban
pagos que acababan en cuentas controladas por el estafador. Muchas
personas se dieron cuenta del fraude al acudir a las estaciones
oficiales y comprobar que no existía ninguna reserva a su nombre.
Además del perjuicio económico, algunos usuarios facilitaron datos
personales y de sus vehículos, que el detenido manipulaba para
extorsionar en algunos casos, exigiendo dinero adicional a cambio de
recuperar supuestos servicios bloqueados.
El acusado operaba desde la clandestinidad, evitando residir en las
direcciones y teléfonos que proporcionaba, dificultando aún más su
detección. Se le imputan 64 delitos, entre ellos estafa
informática, usurpación de identidad, blanqueo de capitales, daños
informáticos, extorsión y revelación de secretos.
Los afectados provienen de numerosos municipios, entre ellos Oropesa,
Atzeneta del Maestrat, Benicàssim, Alcora, Cabanes, Burriana,
Castellón, Valencia, Gandia, Dénia, Elche, Alicante, Alcoy, Mislata,
Santa Pola, Xirivella, Sagunto, Petrel, Elda, Sant Joan d’Alacant,
Callosa de Segura y Teruel, entre otros.
Las estaciones ITV también sufrieron daños reputacionales, ya que muchos
usuarios culparon erróneamente a las oficinas oficiales por no
reconocer las citas fraudulentas. Las diligencias han sido entregadas
al Juzgado de Instrucción nº 4 de Castellón, que coordina el
procedimiento judicial.
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