Desciende el ritmo de creación de empresas y aumentan los parados y despedidos

El ritmo de creación de empresas ha perdido ligeramente velocidad en 2006 y constata la pérdida de importancia relativa de la economía alicantina para superar la recesión que sufre desde el año 2000. La aportación de nuevas sociedades mercantiles a la estructura productiva provincial disminuyó un 0,2% durante el primer semestre, interrumpiendo así su tradicional tendencia al alza, según el último informe de coyuntura económica de la patronal territorial COEPA.

Aunque todavía Alicante ocupa el cuarto puesto nacional en cuanto al PIB, a continuación de Madrid, Barcelona y Valencia, COEPA precisa que la constitución de sociedades mercantiles se ralentiza pese a que su variación mensual sigue siendo considerable. A partir de septiembre el repunte interanual se situó en el 2,4%, mucho más bajo del 5% de media de los últimos años.

Esta desaceleración parece provocada por los efectos de la crisis en los sectores tradicionales de la industria manufacturera (calzado, textil y juguete) al crearse sólo 5.146 nuevas mercantiles de otros sectores productivos en paralelo a las 448 disoluciones societarias registradas, un 25,5% más interanual y que agudiza la crisis de dinamismo empresarial, que dura sostenida ya más de un quinquenio.

Además, el capital social inicial que suscriben las nuevas empresas en comparación con otras regiones españolas que han sufrido, igualmente, la recesión de sus manufacturas, también suele ser menor ahora. Eso es así hasta el punto de que la cuota participativa de Valencia (13,7%) en el conjunto nacional es superior en más de diez puntos a la cuota de Alicante (3,3%) a partir del pasado mes de agosto.

El mercado laboral alicantino también muestra ya una mayor dependencia de las arcas del Estado. Miles de trabajadores necesitan las ayudas oficiales para poder sobrevivir. Alicante lidera el aumento del paro en toda España y ocupa los puestos de cabeza en despidos colectivos, cierres por quiebras de empresas y suspensiones de pagos por crisis industrial, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Esta mala coyuntura del empleo y de la actividad productiva tiene su traslación directa en la nómina del Estado. Entre enero y noviembre pasados, se ha visto obligado a incrementar en 54 millones de euros netos las ayudas para las familias que se quedan sin ingresos.

Ese dinero corresponde a la prestación por desempleo de tipo contributivo y asistencial (en este caso el aumento mensual del Inem es de 4,5 millones de euros al haber 8.000 nuevos beneficiarios al finalizar el año) y a las indemnizaciones y salarios de tramitación que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por quiebras empresariales, insolvencias, concurso de acreedores y despidos colectivos de las plantillas.

El Estado ha incrementado una media mensual de 4,5 millones de euros la partida de prestación contributiva y subsidio por desempleo en Alicante. La nómina de parados que dependen de la ayuda del Estado pasa de 39.521 personas a 44.094 a finales del pasado año. Es decir, y pese a que el el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, dijo en su mensaje de final de año que «vive el mejor momento de su historia», en Alicante existen a día de hoy 7.960 nuevos parados que perciben la prestación por desempleo y que no lo hacían al empezar 2006. En total, 49 millones de euros más que el año anterior (8.134 millones de las antiguas pesetas).

La bolsa de parados alicantinos (85.000, según el último dato ofrecido por el Inem) le cuesta a las arcas del Estado (sólo el 45% cobran la prestación o el subsidio) la nada desdeñable cifra de 530 millones de euros (87.900 millones de las antiguas pesetas, tanto como toda la facturación anual del sector de la piedra natural y el mármol alicantino).

Por lo que se refiere al aumento del dinero enviado por el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), este organismo del Ministerio de Trabajo que, por ley, hace frente al gasto de indemnizaciones y salarios de tramitación de empresas en quiebra, insolvencias justificadas, suspensiones de pagos o despidos colectivos, ha aumentado el dinero en casi 5 millones de euros (850 millones de pesetas). En total, el Fogasa envió a Alicante (hasta noviembre) 23,1 millones de euros.

El aumento de casi 5 millones de euros (840 millones de pesetas) es consecuencia directa del incremento de empresas afectadas concretamente por insolvencias. El Fogasa atiende las quiebras, los concursos de acreedores o suspensiones de pagos y los despidos colectivos de plantillas, pero lo que más crece en Alicante y en la Comunidad Valenciana son las insolvencias justificadas por falta de pedidos y descenso en picado del mercado interior y exterior, caso del calzado. A falta de computar el mes de diciembre, en la Comunidad Valenciana se han declarado, ante la autoridad laboral, como insolventes a efectos legales, 427 empresas más que el año 2005. En total lo han hecho 2.678 sociedades, de las que cerca de 2.000 tienen su sede social en Alicante.

Según los últimos datos del Fogasa del Ministerio de Trabajo, de enero a noviembre se vieron afectadas por regulación de empleo para empresas con más de 100 trabajadores, a través de la fórmula de despido colectivo, un total de 1.245 mercantiles, frente a las 1.384 con problemas en el período enero-noviembre.

Los datos sobre prestaciones por desempleo y sobre dinero del Fogasa por insolvencias, quiebras y suspensiones de pagos de industrias alicantinas transcienden después de conocerse la evolución del mercado laboral. Según el Inem, Alicante es la provincia española con mayor aumento del paro en el año 2006, y también en el mes de diciembre. Sobre todo por la desaceleración del sector de la construcción y del sector servicios, y por el incremento notable de inmigrantes que van al paro.

El proceso de ajuste de la industria textil alicantina, por ejemplo, continuará durante el presente ejercicio 2007. Las empresas asumen que la posible recuperación del sector se retrasará hasta 2008 pese a que se detecta una evolución hacia un entorno algo más estable, a tenor del informe de balance del año del Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC), que advierte de que continuará bajando la producción y el empleo.

El año 2006 se cierra con más de otro millar de empleos pérdidos en el sector manufacturero de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente, del ámbito norte de la provincia alicantina. En el global nacional la caída alcanzó los 18.000, lo que deja una plantilla final de 205.000 trabajadores. La comparativa entre los años 2000 y 2006 señala que la producción ha descendido en un 32% y el empleo en un 28%.

El sector del textil y de la confección autonómico ofrece ocupación en este momento a unos 33.000 trabajadores pertenecientes a unas 3.200 empresas. En concreto, el área alicantina de L´Alcoià y El Comtat es una de las principales afectadas por la crisis, ya que dentro de las denominadas comarcas centrales acogen a medio millar de empresas y alrededor de 18.000 de esos trabajadores, es decir, el 14,4% del sector nacional, sólo superada por el 36,4% de Cataluña.

El estudio de Cityc hace hincapié en el nuevo retroceso de la actividad en 2006, aunque fue inferior a la del año anterior, y a pesar de acontecer una recuperación de las exportaciones, que crecieron un 12%. De hecho, la situación coyuntural del sector, después del impacto de la liberalización de los intercambios comerciales internacionales en 2005, ha evolucionado hacia niveles de mayor equilibrio dentro de una tónica que se prevé mantener a partir de ahora.

En el caso concreto alicantino, destaca la ventaja del predominio de la industria del textil-hogar, que ha mostrado signos de comenzar a despegar, pese al contexto difícil del mercado. La mejora del consumo europeo y una cierta recomposición de las corrientes de aprovisionamiento tradicionales, explican en parte la recuperación de las exportaciones –en torno a un 10%–, que se han centrado, especialmente, en los tejidos, los textiles especiales y la ropa de hogar. Esta evolución ha permitido contener en 2006 el crecimiento del déficit comercial en el sector, aunque se sitúa por encima de los diez puntos con respecto al año anterior.

El Centro de Información Textil y de la Confección concluye en su análisis que "el deterioro general de las condiciones económico-financieras del sector no afecta a todos por igual, puesto que se han acrecentado las diferencias entre unas empresas y otras". Es decir, aquellas firmas que han innovado, han adaptado su estructura y organización a las demandas del mercado, y han apostado por nuevos materiales –textiles técnicos–, han conseguido posiciomarse en una situación inmejorable de cara al futuro.

Escisión en ETA

Andrés Montero Gómez
Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia

El atentado de ETA en Madrid ha sorprendido a todos, menos a quienes lo cometieron. Cierto es que, unos en forma de desiderata y otros a la manera de una premonición, un número de voces venía advirtiendo sobre la eventual ruptura del proceso por parte de ETA. Los más, desde el Gobierno, desde la izquierda abertzale, desde los involucrados o desde quienes lo analizamos e incluso desde un sector de la propia ETA, estábamos en la convicción de que, aunque con sus momentos críticos, todavía era demasiado pronto para que esto se frustrara. El aparato que controla las armas en ETA se ha encargado de ponerlo más difícil si cabe, de sembrar la frustración además del terror.

Si algún fracaso podemos apuntar en el momento en que ETA quiebra sus años de atentados sin víctimas mortales es el de Arnaldo Otegi. La bomba de ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos, ha producido daños cuantiosos en un aeropuerto internacional, ha dinamitado el proceso de negociación para la desactivación terrorista y, desde luego, ha desautorizado a Batasuna y a la opción política que presuntamente quiere representar. El atentado de ETA es la ruina de Otegi. Al primero que se le quedaría expresión de estupefacción ante la noticia del atentado sería a Otegi. Estoy seguro de que no creería que ETA iba a llegar tan lejos. Probablemente, o bien estaba sobreestimando su propio liderazgo al frente del proceso o bien ignorando completamente la historia de ETA. En la banda terrorista siempre ha predominado el componente armado sobre el político, los txerokis sobre los terneras. Continúa siendo así.

La racionalización estratégica del atentado por parte de ETA es absolutamente equivocada. La matriz del argumento etarra es que Zapatero depende de obtener algo sustancial en el proceso de disolución de ETA para revalidar su escaño en La Moncloa. De entrada, es una premisa del todo cuestionable. Es evidente que, a estas alturas, varios serán los maitines que estarán dándole vueltas al paralelismo de que el PP perdiera las elecciones tras un atentado y el PSOE pueda sucumbir tras otro, aunque más en diferido. Ambos escenarios no resisten la comparación, desde luego, pero seguro que en muchos análisis ya habrán manejado la metáfora. Con todo, queda aún recorrido para que el proceso derive en resultados incluso sorprendentes. De momento, Otegi podría convertir su fracaso en un triunfo, pero para ello tendría que ser muy, muy valiente. Y me caben dudas de que sea tan inteligente.

Tras la reunión entre representantes de Zapatero y de ETA, el aparato armado terrorista debía estar calculando que todavía podía ejercer más presión en el espacio de negociación. Los terroristas ejercen presión con la violencia. Kepa Aulestia describe brillantemente, en ese sentido, cómo la identidad de ETA está fraguada en una constante inercial hacia la expresión de la violencia. Así se han socializado como organización y su instinto de supervivencia, en los momentos de toma de decisiones, es decantarse por lo violento. De manera que ETA ha debido de sopesar, erróneamente como tendrán ocasión de comprobar, que un atentado obligaría al Gobierno a hacer alguna concesión antes de que Zapatero se metiera en campaña para las elecciones generales, siempre que el atentado no cruzara la línea roja de las víctimas mortales. ETA se ha equivocado, porque ni el retorno a la violencia va a generar más concesiones, pues Zapatero está limitado por su compromiso con el Congreso en ese sentido, ni ellos mismos pueden garantizar que su violencia en lugares públicos no ocasione muertes, pues han asesinado a dos ciudadanos.

Además de ser un instrumento absurdo de presión a Zapatero, el atentado tiene una lectura en la clave interna de ETA, como siempre. Es imprescindible no olvidar estas claves si se quiere leer apropiadamente el proceso, aunque a veces nos equivoquemos en las interpretaciones o en los pronósticos. Escribiendo en el lenguaje interno de la banda, la facción armada de ETA está haciendo un ejercicio de autoafirmación por encima de Otegi y de Ternera. ETA ha bombardeado el puente hacia su propio final, aunque Otegi y Ternera pueden reconducirlo. Afortunadamente, Zapatero no ha hecho ninguna concesión durante todo este tiempo, actuando con un olfato e inteligencia que puede que ni él mismo se esperara. Esta dosificación en los movimientos del Gobierno le otorga ahora una ventaja estratégica que no es desdeñable pero que, desgraciadamente, depende para materializarse de lo que ahora estén dispuestos a hacer Otegi y compañía.

El proceso puede reorientarse si Otegi, ahora ninguneado por el aparato armado de ETA, se desmarca definitivamente de la violencia y se presenta a las elecciones municipales. La jugada tendría el mismo valor posicional, en clave interna de ETA, que el atentado. La banda terrorista no se lo esperaría y quedaría momentáneamente fuera de juego, lo que recuperaría para Batasuna el centro del espacio negociador. Claro que esto supondría que Otegi es independiente de ETA, que tiene peso específico, que puede creerse eso de ser el Gerry Adams de Euskadi. Hace falta ser muy optimista para tener esperanza en esta alternativa.

La única opción de recobrarse ahora es una escisión, una lo suficientemente potente como para que sea creíble. Otegi puede convocar una rueda de prensa declarando que Batasuna descarta la violencia como medio para conseguir la autodeterminación y la independencia de Euskadi. La guinda sería que Josu Ternera apoyara desde ETA esa maniobra. Lo máximo que le puede ocurrir es que Txeroki le tenga a pan y agua durante un mes. No vamos a pedir el cielo. Sin embargo, si alguno de los dos estaba buscando el escenario ideal para pasar a la historia, éste es sin duda su momento. Ellos saben que las bases de la izquierda abertzale apoyarían esa aventura en las urnas. También son conscientes de que ETA anunció el cese de atentados hace nueve meses porque ya no tiene más recorrido. En ausencia de negociación, ETA puede ser reducida a escombros con acción jurídica, policial y judicial en dos legislaturas si se recupera el consenso contraterrorista.

Zapatero no ha fracasado. El presidente del Gobierno ha cumplido escrupulosamente lo que el Congreso le autorizó, sin trasladar a un solo preso. Menos mal. Ahora le queda desarticular comandos y continuar asfixiando legalmente a Batasuna, incluso abrir investigaciones alrededor del PCTV, a la espera de que se fracture la izquierda abertzale.

www.laverdad.es

Menor crecimiento demográfico en Alicante respecto de Valencia y Castellón durante 2006

Las capitales de las ocho provincias del arco mediterráneo español, desde Gerona hasta Almería, lideran el crecimiento demográfico en nuestro país, según se desprende de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006 aprobada en el último Consejo de Ministros del año.

Estas últimas cifras oficiales de población sitúan a Valencia como la segunda capital que más habitantes ha ganado por detrás de Barcelona, Murcia es la tercera, y Castellón la cuarta entre las 50 capitales provinciales que más han crecido, siempre en términos absolutos. Alicante se sitúa en séptimo lugar mientras Elche y Cartagena, sin ser capitales de provincia, siguen creciendo igualmente, hasta alcanzar ambas una población muy similar en torno a los 230.000 habitantes cada una. .

Las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2006, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúan a las ocho capitales de ese eje mediterráneo como las ciudades que más crecen entre las 50 españolas. La revisión del Padrón Municipal aprobada en el último Consejo de Ministros del año revela que Valencia fue la segunda capital con un mayor crecimiento absoluto de población, al ganar 8.755 vecinos entre el 1 de enero de 2005 y el primer día de 2006. Castellón, con 4.665 habitantes nuevos, es la cuarta que más aumentó su censo. Alicante es la séptima que más ganó, con 3.051 nuevos empadronados. La tabla la lidera Barcelona, con un aumento de 12.527 habitantes. El tercer lugar es para Murcia, con 7.186 vecinos más, y el quinto para Almería con un crecimiento de 3.607 empadronados. Gerona (3.218 habitantes más) ocupa la sexta posición y Tarragona la octava, con una ganancia de 3.051 vecinos.

En términos relativos, la segunda capital española que más creció fue Castellón que, en doce meses, vio como su población aumentó un 2,8% al pasar de 167.455 vecinos a 172.110. El porcentaje de variación demográfico de la capital de la Plana duplica el crecimiento medio interanual español, que fue del 1,4%. La capital que relativamente más creció fue Gerona, cuyo padrón aumentó un 3,7%.

El Real Decreto publicado el pasado sábado en el BOE con las cifras de población a 1 de enero de 2006 en España, que ascienden a 44.708.964 personas empadronadas, supone una revisión al alza de 310.000 más que los 44,39 millones que figuraban en los datos provisionales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de julio.

Según fuentes del INE, en el avance no se contabilizaban casi 493.000 extranjeros en situación ilegal en España debido a que no renovaron su inscripción en el Padrón Municipal. Sin embargo, en las cifras oficiales se ha incluido por primera vez el resultado de la aplicación del procedimiento de caducidad de las inscripciones de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia, que no sean renovadas cada dos años.

El volumen de inscripciones afectadas - todas las existentes en diciembre de 2003 que no fueron renovadas - hicieron necesario ampliar los plazos de obtención de las cifras de población para garantizar que fueran lo más ajustadas posible a la realidad, según fuentes autorizadas del INE. Esas cifras oficiales aumentan el censo de la Comunidad Valenciana en 34.500 vecinos extranjeros más con respecto al avance de julio, con lo que sus tres provincias sumaban a 1 de enero de 2006 una población total de 4.806.908 habitantes. Así pues, la Comunidad Valenciana ganó 114.459 habitantes con respecto al primer día de 2005, lo que en cifras relativas supone un aumento del 2,4%.

Este porcentaje sitúa a la valenciana como la segunda autonomía que más creció en España, por detrás de la Región de Murcia (2,6%) y un punto por encima del crecimiento medio español, que fue del 1,4%. Tal y como avanzó el INE en julio de 2006, la inmigración extranjera es el motor de la bonanza demográfica valenciana y murciana. Ya entonces, la Comunidad Valenciana era la séptima autonomía donde más había aumentado el número de extranjeros empadronados, con un 10,14% en un año.(NEM)

Retórico discurso de Camps en fin de año, repleto de lugares comunes, silencios, tópicos y futuribles

El Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps Ortíz, instó en su mensaje de fin de año a trabajar todos juntos por la solidaridad y a seguir en el camino de la prosperidad para el bienestar de todos los ciudadanos.

Camps, que se dirigió a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en la última noche del año 2006 desde el Puerto de Alicante, que acogerá la salida de la "Volvo Ocean Race" en 2008, mostró su satisfacción porque la Comunidad Valenciana está viviendo “el mejor momento de su historia”.

En este sentido, el jefe del Consell recordó la celebración de la 32ª edición de la "America’s Cup" en la ciudad de Valencia este año 2007 o la salida de la "Vuelta al Mundo de Vela" desde el Puerto de Alicante en 2008. “La Comunidad Valenciana quiere vivir el pulso a la modernidad y también decirle a todo mundo que aquí están ocurriendo cosas muy interesantes”, apuntó.

El máximo responsable político valenciano también hizo referencia a la "Ciudad de la Luz", de Alicante, que está acogiendo superproducciones internacionales, así como a las ferias que hacen de la Comunidad Valenciana un lugar de referencia mundial.

Asimismo, Francisco Camps incidió en la apuesta del Consell por crear una sociedad de bienestar y cohesión con oportunidades para todos. Por ello, recordó que en la presente legislatura se han creado 100.000 puestos de trabajo al año y se ha incrementando el esfuerzo inversor en educación, sanidad y en políticas al servicio de las personas, que han hecho que la Comunidad Valenciana crezca en casi un millón de habitantes en los últimos seis años.

Por tanto, el Jefe del Consell explicó que la Comunidad Valenciana afronta preparada los desafíos de la Europa de la Ampliación “porque llevamos preparándonos muchísimos años”.

En este aspecto, el Presidente Camps hizo mención a la decidida apuesta por las infraestructuras realizada por el Consell, tanto en puertos, aeropuertos, como en redes de comunicación.

Asimismo, Camps aludió al esfuerzo inversor de la Generalidad Valenciana en los apartados de investigación, desarrollo e innovación para seguir dotando de competitividad a los sectores productivos valencianos que generan empleo, riqueza y prosperidad y permiten a la Comunidad Valenciana ser una sociedad de oportunidades.

Por ello, el Presidente mostró su confianza en que la Comunidad Valenciana logrará en 2010 el pleno empleo. Un horizonte en el que también se habrán duplicado la oferta de políticas sociales, uno de cada dos centros educativos será nuevo o renovado y en el que todos los valencianos tendrán, como máximo, a treinta minutos un hospital o a veinte un centro de salud. El Presidente también se ha fijado como prioritario que la mayoría de las habitaciones de los hospitales valencianos sean individuales.

En su discurso, el Presidente recalcó que el Consell seguirá con su defensa del territorio y del desarrollo sostenible. De hecho, en 2010 más de la tercera parte del territorio valenciano estará protegida. Además, para esa fecha la Comunidad Valenciana será autosuficiente en materia energética y no solamente tendrá el cien por cien de su superficie de regadío modernizada sino que reutilizará, reciclará y depurará la misma cantidad de agua que exige del trasvase del Ebro.

El Presidente de la Generalidad concluyó su mensaje explicando que el próximo 11 de enero reivindicará al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las necesidades fundamentales de la Comunidad Valenciana: el agua, la seguridad ciudadana, las inversiones en infraestructuras y el reconocimiento de casi un millón de personas de más que vive en la Comunidad Valenciana.

Así, Camps subrayó que exigirá una transferencia financiera que se corresponda con la realidad demográfica del territorio valenciano para el bienestar, la salud, la educación y la calidad de vida de todos los valencianos.

El Presidente recordó que la llegada del nuevo año traerá consigo la desaparición del impuesto de sucesiones y de donaciones entre padres e hijos y que permitirá un mayor ahorro a las familias valencianas así como un mayor dinamismo a la sociedad.

Además, Francisco Camps explicó que con iniciativas como ésta la Comunidad Valenciana se convertirá en la autonomía de menor presión fiscal y la que deposita mayor confianza en las posibilidades y el potencial humano de sus ciudadanos.

Por último, recordar que el Presidente ha querido invitar, una vez más, a toda la sociedad valenciana, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los agentes sociales, a todos los ciudadanos de cualquier edad, a hacer posible que continuemos con un camino de prosperidad, ilusión y de futuro todos juntos, pensando siempre que con el acuerdo, con la confianza mutua y con el consenso está siempre lo mejor para todos.

Siempre habrá "proceso"

Francisco M. Martínez

El “proceso” nunca se podrá romper, porque siempre “se está” en proceso. Siempre ha habido y siempre habrá proceso. Quienes acusan al presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, de instalarse en la “banalidad” política y en una “inconsistencia” intelectual que pone en “gravísimo” riesgo al Estado de Derecho español (como ha dicho el director del diario Abc, J.A. Zarzalejos) porque sigue repitiendo –también tras el atentado del 30-D en la Terminal 4 de Barajas- que no se “rompe” el proceso, pretenden que el sentido común e histórico desaparezca en la mente del actual presidente del gobierno y en el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos, cuando nunca lo han pretendido antes, es decir, en los prácticamente treinta años de Democracia española, y cuando, es más, han participado activamente en dicho “proceso” cuando han asumido responsabilidades de poder o han asumido intelectualmente desde la tribuna esas responsabilidades.

El “proceso” es intrínseco a la existencia del nacionalismo extremista vasco que utiliza la amenaza, la violencia, la extorsión, el asesinato y, en suma, el terrorismo. Y el proceso es “político” porque el terrorismo de ETA y el activismo de HB es “político”. La política “criminal” de la banda terrorista y la negación política de “condenar” los crímenes son una realidad que sería de necios negar. Es un error negar que las pretensiones de ETA y HB son “políticas”.

Pongamos un ejemplo histórico y cercano: Sería de una fatuidad consistente negar que Franco no fue un general que hizo “política” y que su dictadura militar no fue “política” además de criminal. Y lo sería igualmente negar que el “proceso” abierto, incluso antes de su muerte, sigue abierto y lo seguirá estando por mucho tiempo.

Quienes niegan al actual gobierno español su “potestad” de seguir actuando en el “proceso” le acusan también de “jactancia” al haber dicho, un día antes de que la tregua fuera “rota” por el atentado de Barajas, de que “se estaba mejor que hace uno año” y que “se estará mejor un año después”. ¿Quién es el necio que puede negar que el 29 de diciembre de 2006 los ciudadanos estábamos mejor porque se habían sumado otras 24 horas sin haberse producido ningún atentado de la banda terrorista? ¿Quién es el irresponsable “agorero” que pretende que estemos peor dentro de un año? ¿Quién se obstina en negarle a priori la eficacia a quienes han sido facultados, llamados y obligados a dirigir la lucha antiterrorista?

La obstinación del director de El Mundo, P.J. Ramírez, es acusar de “ignorancia” al Ministerio del Interior que dirige Pérez Rubalcaba, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no “supieron” detener previamente a los autores del atentado de Barajas. Qué soberano disparate la de este famoso periodista al exigir inexcusablemente a Rubalcaba conocer cuanto plan asesino pergeñe la serpiente asesina de ETA. Sólo los intereses también “políticos” del director de El Mundo pueden sostener tal exigencia el mismo día de la comisión del atentado de Barajas sin que se hayan dilucidado antes las circunstancias de tipo pericial que pudieran dar cobijo a alguna sospecha de negligencia operativa.

Por la misma regla de tres, el director de El Mundo debería culpar a los responsables gubernamentales de toda política preventiva de cuanto acto criminal se haya cometido y, lo que es peor, se siga cometiendo. Por ejemplo, el que costó dos centenares de víctimas mortales en Madrid el 11-M de 2004.

P.J. Ramírez y cuantos dinamitan intelectual y políticamente, por vez primera en la Democracia española, la política de un gobierno en la lucha contra el terrorismo siguen tozudamente inmersos en su regresión antidemocrática de negar a HB la posibilidad de expresar sus deseos de autodeterminación. Pretenden lo improcedente en democracia. Como improcedente es pretender la autodeterminación a través de la amenaza, la extorsión, la violencia y el asesinato, y en definitiva el dolor y la sangre, como ha expuesto en su editorial El País. Sólo el peor de los nacionalismos puede ofrecer y enaltecer como moralmente aceptable el martirio como objeto ideológico. Sólo los dioses y los nacionalismos sanguinarios aceptan estas ofrendas de sus creyentes. Qué patria vale la vida de un inocente. Qué idea vale la vida de una persona.

Cómo se puede calificar de “falso” un proceso, como titula su editorial el diario Abc. El proceso es y seguirá siendo un “proceso de paz”, es decir, un proceso para alcanzar la “paz” que lleva implícito la desaparición de los actos criminales y de la banda que los perpetra para conseguir objetivos políticos, y, por tanto, seguirá siendo un proceso “real”, al que cualquiera que pretenda calificarlo de “falso” o “verdadero” estará aspirando a moldearlo a sus propios intereses políticos e ideológicos. A no ser que a todo lo “real” lo califiquemos de “falso”.

El proceso no puede “morir” y nunca podrá suponer ningún “fracaso” para ningún gobierno. Quien diga que la única opción de derrota posible del terrorismo etarra es la policial pretende lo imposible y niega que la autodeterminación es un aspiración política tan digna como cualquier otra aspiración ideológica siempre y cuando se exprese a través de los cauces establecidos en un Estado de Derecho. La dignidad se mide por aceptar las reglas del juego, la dignidad de cualquiera, del que no ha matado y del que ha matado y cumpliendo su pena se arrepiente de ello.

El proceso de paz será largo y difícil y su terrible dureza no se la puede desear. Quienes tachan a Zapatero de cara de palo, califican su discurso antiterrorista de jactancioso, rimbombante o grandilocuente, los que califican a quienes entienden que alcanzar la paz forma parte de su realidad y de su dignidad política, de incautos o necios, tienen sus miras demasiado cortas en este a veces penoso proceso hacia la paz. Un proceso al que se pretende hurtarle ese bien preciado quienes a la vez acusan con romo pudor al gobierno de “rendirse” al “enemigo” en una “guerra” inexistente. Atrincherarse en estos eufemismos y ambigüedades sirve para calentar sólo orejas y cabezas ya predispuestas a estas calenturas políticas e ideologicas.

www.vegamediapress.com

Zapatero exhibe el éxito de su política socialdemócrata durante el año 2006

Lo primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos dan una gran confianza y una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Además, ha sido un año de conquistas sociales, especialmente, con la aprobación de la Ley de la Autonomía Personal, de la Ley de la Dependencia, y con la Ley de Igualdad.

Permítanme que haga, desde esta perspectiva, una consideración de carácter general: España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del Estado del Bienestar, fortaleciendo nuestro Estado de Bienestar y nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país y para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la Legislatura tienen y presentan un balance de hechos y de datos objetivamente muy satisfactorio.

Crecer por encima de la media europea o de países como Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos; crear el 60 por 100 de los empleos de la Unión Europea; fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el Estado del Bienestar, es, sin duda alguna, un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país, y, sin duda alguna, es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del Gobierno.

Algunos datos son muy llamativos: un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4 por 100, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3’8 o el 3’9 por 100; 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo.

Quiero aportarles un dato: desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre se han registrado 1.200.000 contratos fijos; la cifra, con mucho, más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado y un crecimiento nada menos que del 61 por 100 del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54 por 100 son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica.

En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo, y al final del cuatro trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de veinte millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa ésa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad de cualquier política social para un Gobierno.

Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la Historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio con 1’5 por 100 de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto en un año, quiero recordar, que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

Además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo, del Estado del Bienestar. Más de un millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles, se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas, a los discapacitados, y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga, sin ninguna ayuda pública, de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado.

Ese cuarto pilar del Estado del Bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social. Con la Ley para la Autonomía personal, la Ley de la Dependencia, los españoles van a estar más seguros y más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas.

Quiero decirles que, desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia y también afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la Legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror.

Un año después he de decirles que, en lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos, por supuesto, mejor que antes de cinco años, pero también estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y, desde luego, el Gobierno seguirá trabajando, dentro de los principios establecidos, por el fin de la violencia.

Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de Estatutos; tres ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa Comunidad Autónoma. Hay otros Estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado Autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España y para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Un año después hace un año lo oíamos es evidente que España no se rompía; más bien, al contrario, España ha crecido, es más fuerte económica, política y socialmente. Ésa es la conclusión y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial.

Por último, quería decirles que en materia de política exterior el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada y ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Éste año, 2006, pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo.

Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para el año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años.

Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento de empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. España necesita, y ésas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo y salir del pelotón en el que hemos estado demasiados años:

El primero de ellos es la Economía del Conocimiento, la Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30 por 100 desde que llegamos al Gobierno, y por ello queremos tratar una nueva estrategia nacional con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I en la próxima Conferencia de Presidentes.

El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales; algunas están ya en las Cortes, como la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente; o la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; o la Ley de Parques Nacionales; o la Ley del Suelo.

Pero, además, para el próximo periodo el Gobierno va a presentar distintos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, el Proyecto de Ley de la defensa del patrimonio natural y la Biodiversidad, el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental y el Proyecto de Ley de la reforma de la Ley de Aguas, unido a la Ley del desarrollo sostenible del medio rural.

En definitiva, el medio Ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones Naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la Legislatura.

Y, en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos, proceso de modernización que tiene que empezar o que tiene como prioridad la seguridad, la seguridad en todos los ámbitos: la seguridad ciudadana con un incremento para este año de nueve mil policías y guardias civiles --se han incrementado cinco mil el año pasado-- , con la puesta en marcha del 50 por 100 de la Unidad Militar de Emergencias o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Éste ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar.

Modernización de nuestra seguridad y modernización de la Administración para los ciudadanos, para que la Administración esté en el mismo tiempo de modernidad que están la ciudadanía y la sociedad. Por ello les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación de fotocopia del DNI; antes de 2008 se eliminarán más de veinte millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites; antes del 31 de diciembre de 2007 tres millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios.

Éstas son medidas algunas de las cuales forman parte de esos tres grandes objetivos para este periodo de la Legislatura, que son las tres grandes necesidades de España.

Además de ello, quiero anunciarles una serie de Proyectos de Ley que también, por su significado, van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo:

• Ley de Tramitación de Adopciones Internacionales.
• Ley de medidas en materia de Seguridad Social, fruto del acuerdo en materia de Seguridad Social.
• Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los cuarenta mil millones de euros.
• Ley del Estatuto del Profesorado no Universitario.
• Ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
• Ley del Cine.
• Ley de desarrollo sostenible del medio rural, a la que antes hacía referencia.

Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más Proyectos de Ley, que tenemos para el próximo periodo.

Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y ocho en el Senado, en distintas fases del procedimiento legislativo, y en el año que ahora comienza el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a cuarenta leyes, algunas de las cuales acabo de referir, que abordarán todos los ámbitos de acción política y de acción administrativa.

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM

El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.

http://murciaconfidencial.blogspot.com

El Consell de Camps exigirá responsabilidades en "Terra Mítica" a los zaplanistas implicados

El Gobierno valenciano pretende marcar las distancias con los responsables políticos de la etapa en que se produjo el supuesto fraude en la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA), denunciado por la Agencia Tributaria e investigado, desde ayer, por la Fiscalía Anticorrupción alicantina.

Tanto es así que el Consell no descarta, según fuentes próximas al Gobierno autonómico, exigir responsabilidades penales individuales a los directivos que gestionaban entonces la SPTA si finalmente se prueba que consintieron o alentaron el presunto fraude. Esta posibilidad, no obstante, depende de que sean acusados también de forma personal.

Esta determinación guarda un fuerte paralelismo con la actuación del parque temático Terra Mítica, cuya construcción promovió la mencionada sociedad, respecto a la investigación judicial sobre una presunta trama de facturas falsas. Entonces el parque pretendió personarse como parte perjudicada, cuando también era parte denunciada. Posteriormente, al desvelarse en unas grabaciones el presunto reparto de comisiones entre Eduardo Zaplana (en la fotografía inferior) y el empresario Vicente Conesa, el juez permitió a Terra Mítica personarse en la causa por estafa, aunque no por el resto de delitos investigados.

En cualquier caso, el proceso se encuentra todavía en una fase embrionaria, dado que es el fiscal Felipe Briones quien debe decidir, dentro del plazo de seis meses, si archiva la denuncia de la Agencia Tributaria o bien la remite a un juzgado para que abra diligencias.

Así, hay que entender la determinación de emprender, llegado el caso, acciones legales como un intento de desmarcarse desde el principio de la gestión de los responsables de la SPTA en 2000 y 2001, la actual consellera de Cooperación, Gema Amor, y Luis Esteban, presidente a su vez en la misma etapa de Terra Mítica.

Reunión en la Fiscalía

Por otra parte, el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Antonio López Coig, confirmó que ayer recibieron la documentación remitida por la Fiscalía de Valencia. De hecho, López Coig y Briones, que regresó ayer de vacaciones, pasaron gran parte de la mañana reunidos para analizar el contenido de la misma. Más de mil folios donde se detalla la investigación desarrollada en Valencia, y remitida a Alicante -la Fiscalía competente- el pasado martes.

Dado que gran parte del trabajo de investigación ya ha sido realizado, todo indica que Briones no agotará sus seis meses de plazo antes de tomar una decisión.

www.valencia.abc.es

El Estado se presenta en "territorio comanche"

La Fiscalía General del Estado ha tomado las riendas de las investigaciones sobre la ya muy evidente corrupción urbanística enlazada con el blanqueo de capitales en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, según se ha podido saber en medios de la Audiencia Nacional. La estrategia a seguir ha sido venir desde Madrid a “territorio comanche”.

El juez Baltasar Garzón ha estado durante tres días discretamente en la zona, en fechas inmediatamente anteriores a la Navidad y acompañado de fiscales y agentes de la policía judicial. En torno a febrero se esperan las detenciones más sonadas, desde El Ejido hasta Alicante, de políticos, comisionistas, testaferros y promotores inmobiliarios de nuevo cuño. Pero en enero ya se podrán ver los primeros signos de una operación que tiene un éxito más que asegurado.

Los “cuarteles generales” de jueces, fiscales y funcionarios especialistas en blanqueo de dinero han sido durante los primeros veinte días de diciembre los paradores nacionales de Mojácar, en Almería, y Puerto Lumbreras (en la ilustración), en Murcia. Allí se han reunidos miembros de la Fiscalía Anticorrupción con Garzón y otros miembros de la Audiencia Nacional desplazados para investigar y conocer sobre el terreno las actividades de determinadas empresas de súbito y vertiginoso ascenso. Vestidos con vaqueros, los investigadores se han mezclado con la población para trabajar, comprobar y verificar algunos de sus indicios a partir de denuncias y/o de oficio que han prosperado.

Al parecer, el grueso de esas investigaciones estaría centrado en el levante almeriense (Vera, Mojácar, Carboneras, Cuevas de Almanzora y Níjar), costa murciana de Águilas, Mazarrón y Mar Menor, y sur de Alicante (Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Guardamar y Santa Pola). En Murcia y Almería podrían caer personas más que relevantes, aunque se desconoce (es probable que no) si estos profesionales enviados desde Madrid han entrado en contacto o han informado a sus compañeros de aquí. Parece que casi todo se va a llevar desde la Audiencia Nacional.

Con ayuda de jueces, fiscales y policía judicial de otros países de la Unión Europea, la fuerza española desplegada en un amplio territorio tiene como objetivo desmantelar desarrolladas estructuras mafiosas del Este y Rusia, conectadas con españoles que lavan capitales procedentes del narcotráfico, del juego y de la prostitución, fundamentalmente, según datos de una investigación que ya tiene un nombre propio y que el tiempo desvelará sus razones y causas objetivas.

Al menos tres conocidas empresas murcianas de especulación inmobiliaria y de terrenos están en el punto de mira de la Fiscalía General del Estado, Hacienda y la Audiencia Nacional. Cuando pronto sean intervenidas sus cuentas bancarias y locales comerciales, muy poca gente se sorprenderá porque dos de ellas son muy conocidas y están en boca de todos desde hace tiempo por un protagonismo que ha llegado a repeler a los grandes capitales locales más clásicos. Uno de sus ex socios ya se ha puesto en manos de un abogado murciano presumiendo que se le pueda imputar en algo.

El Rey apela en su discurso de Navidad a un urbanismo "que responda al interés general"

En estas fechas navideñas quiero haceros llegar, junto a la Reina y a toda mi Familia, nuestro mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas y para el Año Nuevo 2007 que esperamos, de corazón, lleno de paz, de alegría y de bienestar, para todos y cada uno de vosotros.

Como todos los años, no quiero dejar de expresar esta Noche nuestro cariño, cercanía y comprensión hacia quienes padecen dolor, sufrimiento o soledad.

Al prepararnos para el Año Nuevo, debemos tomar conciencia de lo mucho que juntos hemos avanzado en las últimas décadas y del enorme potencial que, trabajando unidos, España encierra para nuestro futuro.

Como ya dije hace un año, España es una gran Nación de la que todos podemos sentirnos orgullosos.

Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de paz, estabilidad, progreso y bienestar, en democracia y libertad. Unidos hemos alcanzado una modernización sin precedentes en nuestra Historia.

Pero no debemos ni podemos dar por sentados los avances que juntos hemos logrado con gran esfuerzo y sacrificio, atravesando incluso momentos de intenso dolor y sufrimiento.

Las claves de nuestra modernización han sido la reconciliación, la concordia, la generosidad y la común voluntad de construir una España democrática, moderna, unida y respetuosa de su rica diversidad, en torno a una Constitución de todos y para todos, producto del más amplio consenso entre españoles.

Esa voluntad de consenso, que en su día hizo posible la Transición, ha sido también el fundamento de nuestros principales logros.

De ahí, una vez más, mi apelación a las instituciones y a los partidos del arco constitucional, para que contribuyan, mediante el más amplio consenso y el apoyo del conjunto de la sociedad, a asegurar la mejor solución a las principales preocupaciones de los ciudadanos, siempre en el marco de nuestra Constitución.

Es hora de redoblar esfuerzos en esa dirección, desde el respeto mutuo, con un diálogo sincero y responsable. Esto es lo que la gran mayoría de los ciudadanos espera de sus instituciones y legítimos representantes.

No se trata de renunciar a nuestras propias convicciones, sino de concentrarnos en todo aquello que nos une para buscar el acuerdo en lo esencial, siempre al servicio de un futuro cada vez mejor para España.

Un futuro que merece una dedicación diaria por parte de todos y cada uno de nosotros. Soseguemos la vida política y trabajemos con espíritu integrador.

Nuestra Constitución nos ofrece un marco amplio y generoso que asegura la convivencia en libertad de todos los españoles, el pleno ejercicio de nuestros derechos y la pacífica defensa de cualquier opción política.

Por ello, en democracia, la única respuesta a la extorsión, la coacción y la violencia es la que resulta de la primacía de la Ley y del Estado de Derecho.

Esa garantía de armónica convivencia que a todos nos proporciona nuestra norma fundamental, debe ser correspondida con el respeto a sus reglas como expresión de la voluntad popular.

Y todas las instituciones y fuerzas democráticas tenemos el deber y la responsabilidad de lograr la unidad y la cohesión para desplegar todos los esfuerzos que nos permitan alcanzar, juntos, el objetivo irrenunciable de poner fin al terrorismo, dentro del pleno respeto a nuestra Constitución.

De la profunda crueldad del terrorismo dan testimonio la muerte y el sufrimiento de tantas víctimas, así como el dolor de sus familias, a quienes debemos nuestro respeto, afecto, apoyo y solidaridad.

España es hoy una sociedad moderna y avanzada, de hombres y mujeres trabajadores, generosos y solidarios y que contribuyen con esfuerzo al bienestar de sus familias y del conjunto de la sociedad.

Un país con un rico y variado patrimonio histórico, artístico y lingüístico, orgulloso de la fuerza de su creatividad y capaz de alcanzar grandes éxitos culturales, logros sociales o triunfos deportivos.

Gracias a la dedicación y al empeño de todos, España sigue creciendo de forma sostenida por encima de la media europea, mejorando servicios, prestaciones sociales e infraestructuras.

Pero nuestro afán de bienestar no debe concentrarse sólo en los aspectos materiales, ni limitarse al tiempo presente. Ha de ser una ambición permanente, que nos permita crecer en valores individuales y colectivos para construir un futuro siempre más próspero, justo y solidario.

Se trata de aportar mayores esfuerzos para seguir extendiendo al conjunto de los ciudadanos los beneficios de nuestro progreso.

Reforcemos la lucha contra la pobreza, la marginación o la exclusión social. Sigamos corrigiendo desigualdades, atendiendo en mayor medida a los discapacitados y amparando a quienes más lo necesitan. Un esfuerzo común, del que tenemos un buen ejemplo en la reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Dependencia.

Se trata, al mismo tiempo, de aportar la ilusión, el aliento y la confianza que bien merecen nuestros jóvenes, en su afán por conseguir una sociedad cada vez más equitativa.

Más y mejor empleo, protección social, cobertura sanitaria o acceso a la vivienda, son legítimas preocupaciones y aspiraciones de los españoles.

Por otra parte, nuestros éxitos económicos y sociales explican los flujos migratorios de tantos hombres y mujeres que se han instalado en España y contribuyen con su valioso esfuerzo a nuestro crecimiento. Un esfuerzo que merece reconocimiento y gratitud.

Junto a ello, tenemos que actuar con rigor y solidaridad para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Gestionar nuestro progreso con visión de futuro exige redoblar esfuerzos en educación, así como en investigación e innovación, que son pilares básicos para elevar la competitividad, mantener el desarrollo y ampliar nuestro bienestar.

Aseguremos plenamente los derechos humanos y la dignidad de cada persona, sea cual sea su origen, raza, sexo, religión o credo, promoviendo todos aquellos valores que distinguen al ser humano.

De ahí, la gratitud, el estímulo y el apoyo que debemos a cuantas instituciones y voluntarios fomentan esos valores con su entrega en múltiples ámbitos como la infancia, la juventud o la atención a nuestros mayores. Una labor en la que la familia desempeña siempre un papel esencial.
Cuidemos la extraordinaria riqueza ambiental de España, de modo que el progreso no sea una hipoteca para el futuro, no agote los recursos y no destruya nuestro entorno natural.

Nuestro desarrollo sostenible requiere la más eficaz cooperación para proteger con mayor ahínco nuestros paisajes, bosques y costas, de brutales incendios y otras calamidades, asegurando que el desarrollo industrial y urbanístico responda al interés general.

Hoy los españoles somos conscientes de que nuestro bienestar, crecimiento y seguridad, dependen cada vez más del exterior. Acaban de cumplirse veinte años de nuestra integración en la Unión Europea. Para seguir progresando, debemos reforzar nuestra presencia internacional. Debemos sumar fuerzas para ganar eficacia y cohesión en la promoción y defensa de nuestros intereses en el mundo.

Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que, a favor del mantenimiento de la paz y de la protección de los derechos humanos, asumen nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en el eficaz cumplimiento de las misiones asignadas en muy diversas latitudes, como en los Balcanes, el Líbano o Afganistán.

También la Cooperación al Desarrollo representa una parte esencial de nuestra acción exterior, a la que dedicamos crecientes recursos. Merece nuestro reconocimiento el encomiable esfuerzo de solidaridad de tantos cooperantes españoles que, en todo el mundo, dan lo mejor de sí mismos por los demás.

Quiero asimismo expresar mi gratitud a cuantos cada día, y también esta Noche, atienden nuestra sanidad, seguridad y tantos otros servicios.

Tengo plena confianza en nuestro futuro, en el futuro de España, porque tengo confianza en todos los españoles, en los hombres y mujeres de cada uno de nuestros pueblos, ciudades y Comunidades Autónomas.

Sigamos adelante. Con orgullo y autoestima, sin caer en el desaliento y, menos aún, en la indiferencia. Profundamente convencidos acerca de nuestras posibilidades, respetuosos con nuestra diversidad, sin perder nunca la unidad que nos da la fuerza y la dimensión necesarias para el progreso.

En el afán diario por construir juntos una España siempre mejor, nunca os faltará el impulso moderador e integrador de la Corona, así como mi plena entrega y mejor voluntad de servicio a España y a todos los españoles. Una tarea y dedicación que tienen en el Príncipe de Asturias la mejor garantía de futuro.

A todos los españoles, y especialmente a quienes os halláis en el exterior, así como a los extranjeros que residís entre nosotros, reitero de corazón mi mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas de Navidad y para el Año Nuevo 2007.

Buenas noches.

La Diócesis de Orihuela-Alicante condena el urbanismo depredador

La condena pública del actual modelo de desarrollo urbanístico depredador en la provincia de Alicante por parte de la iglesia de la diócesis de Orihuela (en la ilustración, Nuestra Señora de Gracia, su sede en Alicante) a un paso de las fiestas de Navidad y Reyes se suma a otras dos efectuadas anteriormente por el propio Parlamento Europeo y las instituciones de la sociedad civil, y sitúa al gobierno conservador de la Generalitat en el centro de todas las censuras a tan sólo cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Esa rotunda crítica eclesial sirve igual para los gobiernos autónomos de signo PP en la Región de Murcia e islas Baleares. Alcaldes democristianos con proyectos urbanísticos muy sobredimensionados, caso de Águilas, en la costa murciana, se ven ahora en la tesitura de rectificar o de pechar con el purgatorio electoral. Se echa en falta entre los católicos más concienciados de la archidiócesis de Valencia o la diócesis de Cartagena una condena en el mismo o parecido sentido, aunque no se espera o parece muy improbable en ambos casos.

Sin embargo, de insostenible e inmoral califica la iglesia católica alicantina ese urbanismo que procura 400.000 viviendas vacías en esta provincia mientras jóvenes, mayores, inmigrantes y numerosas personas desfavorecidas no tienen acceso a un techo digno. “Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», según el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, Lucio Arnáiz.

La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante aboga por romper con la concepción del suelo como un recurso económico especulativo porque considera que produce situaciones objetivamente “inmorales”. Las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, que el precio de los inmuebles haya subido trece veces más que el salario medio desde el año 1987 o que el suelo agrícola se transforme a pasos agigantados en “monocultivos de construcción”, son algunas de sus principales preocupaciones.

A juicio de Arnáiz, el urbanismo se ha convertido en el principal motor económico de la provincia en detrimento de sectores tradicionales como la agricultura o las industrias del calzado o el textil, pero alerta de que “no puede ser una posibilidad ilimitada o eterna, sino que tendrá un tope”.Por este motivo, resalta la necesidad de la concurrencia del Estado, el mercado y la sociedad civil para que “todos puedan disfrutar del bien común”.

El documento titulado «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «la doctrina social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades», es un pronunciamiento de la Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», según el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Esteve.

El estudio, que en esencia muestra los puntos de conflicto entre el “afán urbanizador” que afecta a muchos puntos de la provincia y la doctrina social de la Iglesia, pretende ser ante todo “una invitación a la reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en el ámbito económico, social y medioambiental”, según Arnáiz.

Sus autores consideran necesaria una intervención del Estado, a través de las administraciones públicas. «La Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». A su juicio, no puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad».

Según Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, este responsable diocesano expresa que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo.

Para Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista esos factores medioambientales ni de futuro”. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario alicantino consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», especialmente a juicio de Antonio Esteve.

Desde la Diócesis también se plantea la cuestión del modelo de ciudad que se desea y cómo va a influir ese modelo en los ciudadanos. En este sentido, “rechaza la construcción y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», dice el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social».

Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error».

Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta Esteve la rehabilitación de los cascos urbanos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» esas viviendas, pero sí es necesario penalizarlas».

Además, ambos consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.

El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, el catedrático universitario de Geografía, Eugenio Burriel, ha manifestado, a propósito de ese documento diocesano, que “hasta la Iglesia se ha unido ya a la condena unánime de todas las instituciones sociales y políticas, y ha censurado los pecados cometidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el ladrillo y la vivienda”. Burriel destaca, igualmente, que “las instituciones europeas, el Síndico de Agravios, los propios medios de comunicación e, incluso, la patronal de turismo Exceltur han denunciado, junto con la Oposición, la depredación urbanística que ha practicado el Consell”.

Burriel incide en ese argumento y añade que «hasta una institución tan prudente como la Iglesia ha tenido que poner de manifiesto lo inaceptable de este crecimiento desaforado, que no parece tener límites, y la inmoralidad de la política de vivienda de Camps, que no atiende a esa necesidad básica de los ciudadanos». El responsable socialista señala que, «como todos los pecados, éste también debe cumplir penitencia», si bien subraya que en política, «la penitencia la dictan los ciudadanos retirando su confianza a quien dirige una gestión tan desastrosa como esta”.

Para el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, los «pecados del ladrillo no pueden perdonarse sólo con la propaganda con la que nos inunda cada día», en clara referencia al conseller de Territorio, Esteban González Pons. «Es necesario el arrepentimiento, que implica pedir perdón a los ciudadanos por los daños medioambientales, económicos y sociales que han provocado», dice el responsable socialista en materia de urbanismo.

Además, Burriel considera que debe haber un «auténtico propósito de enmienda, lo que supone cambiar de verdad la política urbanística practicada durante tantos años por el PP y que ahora sigue siendo la misma, pese a la palabrería pseudo verde de Pons».

«La penitencia de Camps llegará en 2007 - pronostica Eugenio Burriel - porque los ciudadanos no le perdonarán que haya destruido el territorio mientras que los muchos de ellos siguen sin poder acceder a una vivienda adecuada».

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante, Ramón Jerez, afirma que esta postura de la Diócesis «es una opinión que, en una economía libre de mercado, es prácticamente imposible o muy difícil de abordar». Califica el razonamiento como «discutible desde ese punto de vista».

A su juicio, incentivar los alquileres, promover las viviendas de protección oficial o fiscalizar las viviendas vacías «son peticiones que se pueden hacer, pero que no tienen sentido con las leyes actuales ni con la economía española». Jerez entiende que «es cierto que los precios hacen muy complicada la adquisición de una vivienda, con hipotecas que suponen en muchos casos el 60% de la economía familiar, pero la posición de la Iglesia en este caso es un brindis al sol, porque para aplicar sus razonamientos sería necesario cambiar el modelo de Estado actual, lo cual no es una tarea fácil ante la globalización económica».

Según Ramón Jerez, las intenciones de la Iglesia pueden ser muy buenas, «de una gran sensibilidad, pero no son reales y pueden generar falsas esperanzas».

Etelvina los acojona

La confirmada candidata del PSPV a la alcaldía de la ciudad de Alicante, Etelvina Andreu, actual subdelegada del Gobierno hasta el próximo mes de marzo y joven profesora de investigación médica en la Universidad de Elche, tiene literalmente acojonados a los dirigentes de un PP alicantino, hoy rodeado de sospechas de corrupción por todas partes y con un alcalde-candidato, imputado por los jueces en varios procedimientos activos, no apoyado por todos los sectores de su partido a la vista de las filtraciones de los zaplanistas sobre tanto “talón de Aquiles” en organismo arruinado por el sobrepeso... de los bolsillos.

La derrota ya la huele "el gordo" por su reconocido olfato político e intentará, a la desesperada, utilizar todos los recursos a su alcance para tratar de sorprender a "la rubia" en el último momento. Veremos qué supone en votos perdidos el trance por el que atraviesa el PP en media España, aunque especialmente en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Canarias, después de haber caído en la tentación del dinero fácil y “negro” que proporciona un urbanismo desbocado y en manos de promotores inmobiliarios sin escrúpulos, como los que por aquí conocemos.

Su dialéctica electoral, su condición de mujer de hoy y el desgaste de Díaz Alperi tras doce años al frente de una ciudad caótica, vaticinan que esta antigua alumna del IES "Figueras Pacheco", física por la Universidad de Valencia, doctora en Medicina por la Universidad de Alicante, investigadora en centros de elite de España, USA y RFA, y vecina del castizo barrio de Benalúa, le dará la vuelta a la situación con muy poco esfuerzo mental. Su atractivo físico y lo bien que resulta en los carteles, es el remate para la frustración del adversario sabedor, además, de su atractivo intelectual añadido cuando se la trata en corto. Alperi no es rival para esta ganadora nata de manos limpias, ideas claras y conciencia social.

Los resabios del sexagenario alcalde, excelente jugador de mus en el Real Club de Regatas como destacado capítulo de su biografía, y sus poderosos amigos de un rancio conservadurismo, que apesta a naftalina neoliberal, poco pueden hacer a cinco meses de la cita electoral por convencer de que no conviene apostar ahora por la renovada socialdemocracia que Zapatero lidera en la Unión Europea y Etelvina en la ciudad de Alicante. Una mujer de 37 años, integrante de una generación emergente de nuevos profesionales, madre y esposa, y con el dominio de cuatro idiomas: inglés, alemán, francés y ruso para poder desarrollar su trabajo con la mayor competencia y destreza, no hay supuesto más que corrupto que la venza.

Mientras Alperi es el pasado, la sospecha y la ignorancia, Andreu representa el futuro, la honestidad y el saber cómo. Y, básicamente, la esperanza. La contraofensiva propagandística de los populares se basa, precisamente, en destacar sus méritos académicos y científicos como un lastre en contraposición a la experiencia acumulada en la gestión de Alicante por un alcalde sin estudios como el mejor activo que se pueda ofrecer a los electores al inicio de un siglo XXI que se presenta, de entrada, con una gran complejidad para el más ignorante. El dinero en esta ciudad demostrará que es necio si no cambia a tiempo de jinete para sus intereses y manda a Alperi a disfrutar de todo lo que ha ganado para que ahora no perturbe el pretendido idilio que esos hombres de negocios tienen que procurar para salvar, al menos, los muebles.

El único peligro que acecha a Etelvina, y del que debe de huir como del diablo, es dejarse influir por los fantasmas del pasado de su partido. Su mayor ventaja, el método universitario aplicado a las necesidades que vayan surgiendo en campaña y la asistencia cercana y profesional de su marido, periodista de profesión. No habrá que desdeñar tampoco el sabio consejo que, en determinado momento, pueda solicitar y oír de su único hermano, mayor que ella y brillante profesional residente en Suiza. Nunca mirar hacia atrás para no quedar convertida en estatua de sal por el encanto con trampa de tanto saurio vestido de rojo.

Durante estos días, sectores interesados están filtrando, desde fuera y desde dentro, el nombre del ex alcalde Ángel Luna como posible candidato a la futura presidencia de la Diputación Provincial en base al mérito de haberse opuesto en su día, sin complejos ni temor, al mismísimo Felipe González. Ese es, precisamente, uno de esos fantasmas vivientes que, de vez en cuando, salen de su dorado sepulcro actual para intentar confundir a la militancia, junto con Ángel Franco, García Miralles, Luis Berenguer, Ángel Cuesta, Fernández Valenzuela y tantos otros bastante acoplados, de segundo y tercer nivel. Su tiempo ha pasado ya y no deben volver.

Ese sepulcro de oro de Luna es, en este caso, ahora la empresa "Ortiz e Hijos" como antes lo fue "Hansa Urbana" o en el inicio "Pérez Segura y asociados". Estamos ante un “Díaz Alperi” de la izquierda local que, si no aspira él mismo a encabezar la candidatura al Ayuntamiento, es porque su reciente currículo lo haría bastante vulnerable, al margen de que se encuentra muy lejos de lo que hoy representa en España el programa político de Rodríguez Zapatero. En realidad aspira a ser el interlocutor de Etelvina en nombre del dinero, algo legítimo, pero conllevaría un serio riesgo llevarlo en la lista de candidatos al consistorio por lo que de merma provocaría en votos desde una izquierda alicantina sabedora de qué va ahora quien se trabajó su futuro profesional estando aún en la alcadía. Ustedes ya me entienden. El pasado es recurrente.

“Vamos a por ellos” es el grito de guerra de una, rebosante de frescura, candidata a la alcaldía de Alicante, que ya requiere otros planteamientos y unos gestores políticos muy bien formados en todos los sentidos. Que el eminente investigador bioquímico, universalmente conocido, Bernat Soria (maestro profesional de Etelvina en el laboratorio), viajase hasta Alicante para darle su preciado apoyo expreso en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, demuestra la confianza de gentes de calidad que concita la antítesis de una forma de hacer política alejada de los especuladores, la no necesidad final de ser investigada por la Justicia y más pegada a las inquietudes de las gentes de a pié. La candidata socialista gana a todos en verdadera sensibilidad política y ciudadana.

La V de la victoria casi segura de esta candidata renovadora y regeneracionista, a quien repelen los sobre costes en las obras públicas y ya anuncia un definitivo y urgente PGOU para conjurar más oportunidades de “pelotazos” inmobiliarios por todos los amigos de Alperi, se sustenta a través de la V de Etelvina, en la voluntad, el vigor, el valor, la vocación y la vida de Etelvina, pensando en los miles y miles de alicantinos excluidos del gran banquete de la riqueza acaparada por unos cuantos durante el duodenato del llamado Luis XVI. Es lo que ahora toca.

Como bien ha dicho la candidata socialista a la presidencia de la República Francesa, Ségolène Royal, las cosas ya no son ni serán como eran. Por eso, Luna, déjala en paz y no la tientes más.