La Comisión Pro-Río ha calificado el informe de de la Fiscalía de Murcia sobre el robo del agua en la Cuenca del Segura como “un disparate jurídico, con argumentaciones contrarias a los informes del propio Ministerio del Medio Ambiente”.
Según Pro-Río, el Fiscal Jefe reconoce en su informe la existencia del robo del agua: “de los expedientes estudiados resulta evidente la existencia de usurpaciones del agua”, dice. También que “durante largos años la gestión de la Confederación Hidrográfica (la actual también) ha sido nefasta en lo que atañe a la evitación del uso ilegal del agua en toda la Cuenca del Segura.
Ni ha habido comparecencia de imputados ni han existido diligencias indagatorias que permitan negar la existencia de un mercado negro del agua en la cuenca, según Pro-Río. Antes al contrario, “el fiscal ha admitido de forma categórica, la existencia de un robo continuado de caudales públicos y privados, siendo siempre determinados grupos los que finalmente resultan beneficiados ilícitamente por el expolio del agua de la cuenca del Segura”.
Los miembros de la asociación que preside el profesor oriolano Muñoz Grau (en la fotografía inferior) denuncian desde esta organización que “la CHS ha consentido y continúa consintiendo conductas ilegales, calificadas de robos de agua por la Fiscalía de Murcia y de Madrid, siendo muy significativo a nivel de instrucción, que la dejación de funciones y falta de medios alegada, beneficie siempre a determinados grupos económicos denunciados por la Fiscalía de Madrid. La alegada e incierta falta de medios nunca puede justificar conductas ilegales en un Estado de Derecho”.
Añaden que, “en contra de lo manifestado por el Fiscal de Murcia, sí existen “resoluciones activas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico”, como se puede comprobar en Informes de la propia CHS de 10 de Marzo de 2005, respecto a inscripciones de pozos, con total vulneración de la Ley de Aguas respecto a la finca El Chopillo, regadíos de Mula y otros señalados en dicho Informe de la Comisaría de Aguas”.
Los expedientes examinados por la Fiscalía de Madrid acreditan de forma muy explícita y con referencias administrativas concretas en autos, la existencia de una trama de personas y sociedades privilegiadas que ostentan el monopolio del uso ilegal del agua en la cuenca, insisten. La falta de medios, escandalosamente, supone siempre un trato de beneficio económico y permisividad activa para estos grupos. La CHS sí actúa y tiene medios para perseguir las infracciones administrativas de menor entidad efectuadas por quienes no pertenecen a los grupos económicos denunciados por la Fiscalía de Madrid.
EXIGENCIA DERIVADA DEL INFORME DE LA FISCALIA DE MADRID Y DE LA FISCALIA DE MURCIA
Pro-Río exige que la CHS, adopte de forma inmediata todos los medios administrativos y jurídicos para que los robos de caudales cuya existencia ha confirmado plenamente la Fiscalía de Murcia, cesen de forma inmediata y sean devueltos al Río Segura los caudales ilícitamente usurpados mediante pozos ilegales que detraen las aguas del Segura y del Pantano del Cenajo, así como las aguas sustraídas a sus legítimos titulares. “La CHS conoce perfectamente por medio de las denuncias de la Policía Fluvial y de la Guardia Civil la situación de los pozos ilegales y quienes explotan ilegalmente las aguas robadas, debiendo ordenar urgentemente el hormigonado y cierre definitivo de los pozos denunciados”, señalan.
“Es evidente, una vez más, que en Murcia no resulta posible la investigación de las actuaciones ilegales denunciadas por la Fiscalía de Madrid, que habrá de ser investigada y enjuiciada por otras instancias judiciales de carácter nacional y supranacional”.
La alegada “apatía de los funcionarios”, casualmente siempre concurre a favor del robo de agua para casos muy concretos y no puede en ningún caso justificar la ilegalidad permanente, el beneficio de unos y la ruina de aquellos que no pertenecen al grupo de los privilegiados denunciados por la Fiscalía de Madrid, denuncian desde Pro-Río, para quienes “las personas desposeídas de sus legítimos derechos deben recobrarlos de inmediato, dada su condición de agricultores que se están viendo obligados a vender sus tierras a causa de la situación económica en la que los ha sumido la actuación ilegal de la CHS”.
La CHS debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de aguas efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba a otros, y clausurar los pozos ilegales. Si la Fiscalía de Madrid y ahora la de Murcia, dictaminan que se están robando caudales, ante esta situación de ilegalidad, “la CHS debe responder urgentemente ante toda la sociedad, restituyendo la legalidad jurídica usurpada por la apatía de sus funcionarios públicos, y exigirles las responsabilidades establecidas por la legislación vigente”.
Finalmente, Pro-Río considera que “la apatía de los funcionarios públicos que conlleva a la impunidad del robo de las aguas de la cuenca del Segura, no tiene cabida en un Estado de Derecho. El Fiscal debe investigar la identidad de los funcionarios “apáticos” y qué causas les llevan a reservar su apatía únicamente en beneficio de los grupos denunciados por Madrid como monopolistas del usos ilegal del agua y del mercado negro del agua en la cuenca del Segura”.
El caudal del Segura que cada año se pierde a causa de los pozos ilegales es difícil de cuantificar. No obstante, desde la Comisión Pro-Río y basándose en un informe de la Fiscalía de Madrid, se estima que el robo del agua a la Vega Baja es de 200 hectómetros cúbicos cada año. El portavoz de este colectivo, José Antonio Muñoz Grau, denunció ayer que esta cantidad de agua es «muy superior a los 136 hectómetros cúbicos a los que obliga la ley, 4 hectómetros cúbicos por segundo en desembocadura que marca el caudal ecológico».
A juicio de Muñoz Grau, en la actualidad no existe ese caudal ecológico «ya que la poca agua que vemos viene de motores abiertos en la Vega Baja, por lo que vivimos de la caridad». El ecologista indica que en cambio en Murcia capital sí que se garantiza ese caudal ecológico.
La Comisión Pro-Río no descarta movilizarse de nuevo para que se devuelvan los caudales robados al Segura y exigen a los responsables políticos socialistas, actualmente gestores de la cuenca «que respondan por qué no se cierran los pozos de la gente que roba agua». Muñoz Grau asegura que le resulta «vergonzoso» que ni los ayuntamientos ni los regantes «sean capaces de reclamar esto, que sólo lo haga Pro-Río». El portavoz de la comisión se pregunta el por qué de esta situación y añade que puede ser «porque les llega el agua para las urbanizaciones y los campoos de golf y que haya caudal ecológico no le importa nadie». Asimismo culpa al propio presidente del Sindicato de Regantes de la margen derecha, Francisco del Amor. «de tener un pozo ilegal» y de que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura «no se preocupen de cerrárselo».
El caudal del Segura que cada año se pierde a causa de los pozos ilegales es difícil de cuantificar. No obstante, desde la Comisión Pro-Río y basándose en un informe de la Fiscalía de Madrid, se estima que el robo del agua a la Vega Baja es de 200 hectómetros cúbicos cada año. El portavoz de este colectivo, José Antonio Muñoz Grau, denunció ayer que esta cantidad de agua es «muy superior a los 136 hectómetros cúbicos a los que obliga la ley, 4 hectómetros cúbicos por segundo en desembocadura que marca el caudal ecológico».
A juicio de Muñoz Grau, en la actualidad no existe ese caudal ecológico «ya que la poca agua que vemos viene de motores abiertos en la Vega Baja, por lo que vivimos de la caridad». El ecologista indica que en cambio en Murcia capital sí que se garantiza ese caudal ecológico.
La Comisión Pro-Río no descarta movilizarse de nuevo para que se devuelvan los caudales robados al Segura y exigen a los responsables políticos socialistas, actualmente gestores de la cuenca «que respondan por qué no se cierran los pozos de la gente que roba agua». Muñoz Grau asegura que le resulta «vergonzoso» que ni los ayuntamientos ni los regantes «sean capaces de reclamar esto, que sólo lo haga Pro-Río». El portavoz de la comisión se pregunta el por qué de esta situación y añade que puede ser «porque les llega el agua para las urbanizaciones y los campoos de golf y que haya caudal ecológico no le importa nadie». Asimismo culpa al propio presidente del Sindicato de Regantes de la margen derecha, Francisco del Amor. «de tener un pozo ilegal» y de que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura «no se preocupen de cerrárselo».
Según Pro-Río, el Fiscal Jefe reconoce en su informe la existencia del robo del agua: “de los expedientes estudiados resulta evidente la existencia de usurpaciones del agua”, dice. También que “durante largos años la gestión de la Confederación Hidrográfica (la actual también) ha sido nefasta en lo que atañe a la evitación del uso ilegal del agua en toda la Cuenca del Segura.
Ni ha habido comparecencia de imputados ni han existido diligencias indagatorias que permitan negar la existencia de un mercado negro del agua en la cuenca, según Pro-Río. Antes al contrario, “el fiscal ha admitido de forma categórica, la existencia de un robo continuado de caudales públicos y privados, siendo siempre determinados grupos los que finalmente resultan beneficiados ilícitamente por el expolio del agua de la cuenca del Segura”.
Los miembros de la asociación que preside el profesor oriolano Muñoz Grau (en la fotografía inferior) denuncian desde esta organización que “la CHS ha consentido y continúa consintiendo conductas ilegales, calificadas de robos de agua por la Fiscalía de Murcia y de Madrid, siendo muy significativo a nivel de instrucción, que la dejación de funciones y falta de medios alegada, beneficie siempre a determinados grupos económicos denunciados por la Fiscalía de Madrid. La alegada e incierta falta de medios nunca puede justificar conductas ilegales en un Estado de Derecho”.
Añaden que, “en contra de lo manifestado por el Fiscal de Murcia, sí existen “resoluciones activas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico”, como se puede comprobar en Informes de la propia CHS de 10 de Marzo de 2005, respecto a inscripciones de pozos, con total vulneración de la Ley de Aguas respecto a la finca El Chopillo, regadíos de Mula y otros señalados en dicho Informe de la Comisaría de Aguas”.
Los expedientes examinados por la Fiscalía de Madrid acreditan de forma muy explícita y con referencias administrativas concretas en autos, la existencia de una trama de personas y sociedades privilegiadas que ostentan el monopolio del uso ilegal del agua en la cuenca, insisten. La falta de medios, escandalosamente, supone siempre un trato de beneficio económico y permisividad activa para estos grupos. La CHS sí actúa y tiene medios para perseguir las infracciones administrativas de menor entidad efectuadas por quienes no pertenecen a los grupos económicos denunciados por la Fiscalía de Madrid.
EXIGENCIA DERIVADA DEL INFORME DE LA FISCALIA DE MADRID Y DE LA FISCALIA DE MURCIA
Pro-Río exige que la CHS, adopte de forma inmediata todos los medios administrativos y jurídicos para que los robos de caudales cuya existencia ha confirmado plenamente la Fiscalía de Murcia, cesen de forma inmediata y sean devueltos al Río Segura los caudales ilícitamente usurpados mediante pozos ilegales que detraen las aguas del Segura y del Pantano del Cenajo, así como las aguas sustraídas a sus legítimos titulares. “La CHS conoce perfectamente por medio de las denuncias de la Policía Fluvial y de la Guardia Civil la situación de los pozos ilegales y quienes explotan ilegalmente las aguas robadas, debiendo ordenar urgentemente el hormigonado y cierre definitivo de los pozos denunciados”, señalan.
“Es evidente, una vez más, que en Murcia no resulta posible la investigación de las actuaciones ilegales denunciadas por la Fiscalía de Madrid, que habrá de ser investigada y enjuiciada por otras instancias judiciales de carácter nacional y supranacional”.
La alegada “apatía de los funcionarios”, casualmente siempre concurre a favor del robo de agua para casos muy concretos y no puede en ningún caso justificar la ilegalidad permanente, el beneficio de unos y la ruina de aquellos que no pertenecen al grupo de los privilegiados denunciados por la Fiscalía de Madrid, denuncian desde Pro-Río, para quienes “las personas desposeídas de sus legítimos derechos deben recobrarlos de inmediato, dada su condición de agricultores que se están viendo obligados a vender sus tierras a causa de la situación económica en la que los ha sumido la actuación ilegal de la CHS”.
La CHS debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de aguas efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba a otros, y clausurar los pozos ilegales. Si la Fiscalía de Madrid y ahora la de Murcia, dictaminan que se están robando caudales, ante esta situación de ilegalidad, “la CHS debe responder urgentemente ante toda la sociedad, restituyendo la legalidad jurídica usurpada por la apatía de sus funcionarios públicos, y exigirles las responsabilidades establecidas por la legislación vigente”.
Finalmente, Pro-Río considera que “la apatía de los funcionarios públicos que conlleva a la impunidad del robo de las aguas de la cuenca del Segura, no tiene cabida en un Estado de Derecho. El Fiscal debe investigar la identidad de los funcionarios “apáticos” y qué causas les llevan a reservar su apatía únicamente en beneficio de los grupos denunciados por Madrid como monopolistas del usos ilegal del agua y del mercado negro del agua en la cuenca del Segura”.
El caudal del Segura que cada año se pierde a causa de los pozos ilegales es difícil de cuantificar. No obstante, desde la Comisión Pro-Río y basándose en un informe de la Fiscalía de Madrid, se estima que el robo del agua a la Vega Baja es de 200 hectómetros cúbicos cada año. El portavoz de este colectivo, José Antonio Muñoz Grau, denunció ayer que esta cantidad de agua es «muy superior a los 136 hectómetros cúbicos a los que obliga la ley, 4 hectómetros cúbicos por segundo en desembocadura que marca el caudal ecológico».
A juicio de Muñoz Grau, en la actualidad no existe ese caudal ecológico «ya que la poca agua que vemos viene de motores abiertos en la Vega Baja, por lo que vivimos de la caridad». El ecologista indica que en cambio en Murcia capital sí que se garantiza ese caudal ecológico.
La Comisión Pro-Río no descarta movilizarse de nuevo para que se devuelvan los caudales robados al Segura y exigen a los responsables políticos socialistas, actualmente gestores de la cuenca «que respondan por qué no se cierran los pozos de la gente que roba agua». Muñoz Grau asegura que le resulta «vergonzoso» que ni los ayuntamientos ni los regantes «sean capaces de reclamar esto, que sólo lo haga Pro-Río». El portavoz de la comisión se pregunta el por qué de esta situación y añade que puede ser «porque les llega el agua para las urbanizaciones y los campoos de golf y que haya caudal ecológico no le importa nadie». Asimismo culpa al propio presidente del Sindicato de Regantes de la margen derecha, Francisco del Amor. «de tener un pozo ilegal» y de que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura «no se preocupen de cerrárselo».
El caudal del Segura que cada año se pierde a causa de los pozos ilegales es difícil de cuantificar. No obstante, desde la Comisión Pro-Río y basándose en un informe de la Fiscalía de Madrid, se estima que el robo del agua a la Vega Baja es de 200 hectómetros cúbicos cada año. El portavoz de este colectivo, José Antonio Muñoz Grau, denunció ayer que esta cantidad de agua es «muy superior a los 136 hectómetros cúbicos a los que obliga la ley, 4 hectómetros cúbicos por segundo en desembocadura que marca el caudal ecológico».
A juicio de Muñoz Grau, en la actualidad no existe ese caudal ecológico «ya que la poca agua que vemos viene de motores abiertos en la Vega Baja, por lo que vivimos de la caridad». El ecologista indica que en cambio en Murcia capital sí que se garantiza ese caudal ecológico.
La Comisión Pro-Río no descarta movilizarse de nuevo para que se devuelvan los caudales robados al Segura y exigen a los responsables políticos socialistas, actualmente gestores de la cuenca «que respondan por qué no se cierran los pozos de la gente que roba agua». Muñoz Grau asegura que le resulta «vergonzoso» que ni los ayuntamientos ni los regantes «sean capaces de reclamar esto, que sólo lo haga Pro-Río». El portavoz de la comisión se pregunta el por qué de esta situación y añade que puede ser «porque les llega el agua para las urbanizaciones y los campoos de golf y que haya caudal ecológico no le importa nadie». Asimismo culpa al propio presidente del Sindicato de Regantes de la margen derecha, Francisco del Amor. «de tener un pozo ilegal» y de que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura «no se preocupen de cerrárselo».
