miércoles, 3 de septiembre de 2008

Los hoteles alicantinos redujeron un 5% sus tarifas

ALICANTE.- Los hoteles de la ciudad de Alicante, cuya ocupación alcanzó una media del 78,9 por ciento en los meses de julio y agosto, redujeron sus tarifas un cinco por ciento para poder mantener un número similar de clientes al registrado el pasado año.

Esta disminución de tarifas ha permitido aumentar la ocupación en un 1,9 por ciento con respecto a los meses de julio y agosto de 2007, cuya media fue del 77 por ciento, según datos de la la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA).

Por meses, la ocupación hotelera en la capital de la Costa Blanca alcanzó un 73,51% en julio y un 84,40% en agosto, porcentajes algo superiores a los del pasado año, con un 71,45% y un 82,70%, respectivamente.

Sin embargo, esta flexibilidad de precios ha tenido una directa incidencia sobre la rentabilidad de los negocios, según han añadido las citadas fuentes, ya que los hoteles han tenido que absorber incrementos de suministros y de coste energético "muy por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC)".

En la playa de San Juan, la ocupación alcanzada en agosto fue del 85,27%, lo que supuso un retroceso de 3,65 puntos en relación a 2007, mientras que en la localidad de El Campello la ocupación subió 3,50 puntos, pues se situó en un 92,43%.

En Elche se obtuvo una ocupación hotelera del 60,42% que, frente al 67,97% del pasado año, supone un descenso de 7,55 puntos.

La ocupación hotelera en Elche desciende más de siete puntos en agosto

ELCHE.- En Elche se obtenido una ocupación hotelera del 60,42% que frente al 67,97% del pasado año, supone un descenso de 7,55 puntos, según datos de la Asociación Provincial de Hoteles.

La Ocupación Hotelera en Alicante ha alcanzado, por su parte, un 84,40%, supone un ligero aumento de 1,69 puntos.

La ocupación hotelera en la ciudad de Alicante durante el mes de agosto ha tenido un comportamiento algo superior al del año anterior. Situándose la ocupación en un 84,40% frente a un 82,71% conseguido en el 2007, supone un ligero aumento de 1,69 puntos.

Tal y como ocurrió en el mes de Julio se ha tenido que ser flexible en precios para repetir ocupación, las tarifas han tenido una caída de alrededor de un 5%, lo que lógicamente ha tenido una incidencia directa sobre la rentabilidad de los negocios, que han tenido que absorber incrementos de suministros y de coste energético muy por encima del IPC.

En Playa San Juan, sin embargo la ocupación alcanzada ha sido de un 85,27% que frente a un 88,92% refleja un descenso de 3,65 puntos.

En la localidad de El Campello la ocupación sube 3,50 puntos, situándose en un 92,43% frente a un 88,93% obtenido en el 2007.

En Santa Pola la ocupación obtenida ha sido de un 88,70% que frente al 95,50% del año anterior, refleja un descenso de 6,80 puntos.

En la localidad de Javea la ocupación desciende en tan solo 1,56 puntos, habiendo alcanzado un 97,74% frente al 99,30% del año 2007.

En las localidades del interior la ocupación alcanzada para este mes ha sido de un 25,49% que frente al 29,79% del 2007 refleja un descenso de 4,30 puntos.

Las previsiones de ocupación que se esperan para este mes de septiembre indican: Alicante con un 67,50%, en Playa de San Juan 58,30%, El Campello 56,50%, Elche 60,66%, Santa Pola 55,80%, Poblaciones en el Interior 27,30%, Javea 95% y San Juan 53,00%

Aumenta la necesidad de donantes de ovocitos marroquíes y orientales en el Instituto Bernabeu

ELCHE.- La necesidad de donantes de ovocitos marroquíes, orientales y del este y norte de Europa crece en el Instituto Bernabeu por el incremento, a su vez, de pacientes llegados desde esas regiones. El fenómeno de la inmigración es una de las causas que explican esta situación.

De los tratamientos de Reproducción Asistida realizados en 2007 en el Instituto Bernabeu, el 35%, aproximadamente, correspondió a pacientes extranjeros.

La donación es un proceder anónimo en el que la donante, tras una adecuada y muy estricta selección que incluye análisis de sangre completo, exploración médica, psicológica y ginecológica y un cariotipo y estudio del perfil genético que descarte que puede transmitir diferentes patologías, proporciona ovocitos compatibles con la mujer receptora.

Después de estudiar su compatibilidad con la pareja receptora, se inicia el ciclo para obtener un número de ovocitos adecuado para poder ser donados.

Siguiendo un proceso de FIV, los embriones resultantes son transferidos a la paciente receptora, desarrollándose una gestación, parto y lactancia dentro de la normalidad. Tras el parto el recién nacido se inscribe como hijo de la mujer al igual que cualquier otro nacimiento. Las cifras de éxito por ciclo rondan el 60%.

Los requisitos para ser donantes de ovocitos son tener entre 18 y 35 años, poseer un historial familiar negativo para enfermedades de transmisión genética, cariotipo normal (estudio cromosómico), screening de enfermedades genéticas negativo, estudio negativo para enfermedades de transmisión sexual: Sida, Hepatitis B y C, Sífilis. normalidad del aparato reproductor, salud física y mental, historia de fertilidad previa y/o adecuada respuesta al tratamiento de estimulación ovárica, índice de masa corporal adecuado.

martes, 2 de septiembre de 2008

El gobernador del Banco de España

Existe un tácito pacto de silencio entre el Gobierno y la oposición para que nadie hable de la crisis financiera, el tiburón blanco de afilados dientes que navega bajo las aguas de la crisis económica española a la espera de darles algunas dentelladas mortales a unas cuantas entidades financieras que están tan escasas de liquidez y solvencia como de horizonte de futuro y que no saben por dónde tirar. 

Ni cómo abordar los plazos de la deuda exterior que los atenaza y cuyos plazos de pago se acercan imparables y con pocas o ninguna posibilidad de renegociación a precios e intereses razonables, si es que los acreedores europeos o americanos quieren renegociar.

Así andan algunos bancos medianos y pequeños y cajas de ahorro de todo tipo y tamaño, a los que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), empieza, tarde y mal, a vigilar pidiendo que vendan sus activos, que se fusionen, o que se integren en entidades de más potencia financiera, lo que no es tan fácil de llevar a cabo, ni de imaginar.

Eso sí, como por decreto se ha hecho circular la máxima de que en España no va a quebrar ningún banco ni caja de ahorros, y que eso no lo consentirá ni el Gobierno, ni el gobernador, cueste lo que cueste, porque abriría el camino del pánico financiero y pondría punto final al último refugio que le queda, como triste consuelo, a Zapatero cuando afirma que en esta crisis hay países que están peor que España. 

Primero nos dijo que el maremoto de la hipotecas subprime no afectaba a España —hasta que se vio que era el prólogo del estallido de la burbuja de la construcción española—, luego se negó la crisis y se habló de desaceleración, cuando ya estábamos en pleno estancamiento. 

Después se reconoció el frenazo del crecimiento, cuando se ponía en marcha la recesión, y todo ello adornado de la fuerza y potencial del sistema financiero español, que la gran prensa anglosajona empieza a poner en cuarentena. Y finalmente se impone la ley del silencio en pos de la confianza y de evitar el pánico y la retirada de fondos, en esos bancos y cajas que están en boca de todos, y la orden de prohibido quebrar, como si eso fuera tan sencillo.

¿Cómo hemos llegado a esto? Pues muy sencillo, en primer lugar porque la deslumbrante burbuja inmobiliaria que tiraba del crecimiento a borbotones y sin estabilidad de la economía española producía una atracción fatal en los bancos, cajas e inversores, y el dinero “barato” del crédito corría como un río bravo y espumoso, sin que nadie llegara a pensar que el crecimiento imparable del globo inmobiliario, tarde o temprano, lo haría estallar. 

Y las señales que se detectaban sobre el peligro de crisis se pasaban por alto, o se situaban en el extranjero, o en el precio del petróleo —ahora que ha bajado el precio del crudo siguen quebrando empresas y subiendo el paro—, y como en la fábula de la liebre y la tortuga se confió en la presunta fortaleza de la economía española y su sistema financiero, sin imaginar que el acorazado quelonio de la crisis acabaría por imponer su ley en la recta final.

Y, de todo esto, hay dos personas que tienen una responsabilidad directa en esta situación: el vicepresidente Solbes y el gobernador Fernández Ordóñez de una manera muy especial, porque bajó la guardia y ahora se encuentra, como el Gobierno, ante una crisis financiera que todos evitan mencionar y que navega bajo las turbulentas aguas del paro y de la crisis económica, sin que nadie se atreva a rechistar.

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La autopista de peaje Alicante-Cartagena costará seis millones más de euros

VALENCIA.- La autopista de peaje Alicante-Cartagena -que conecta a varias localidades de la Vega Baja y Murcia como alternativa a la N-332- verá aumentado su coste en 1.000 millones de las antiguas pesetas (es decir, seis millones de euros).

Una sentencia del TSJCV fija en dicha cantidad el precio a pagar por la expropiación de una parcela en el término de Orihuela, que el jurado provincial fijó en 2001 en 100 millones de pesetas.

El TSJ la eleva a 1.130 millones más los intereses de demora.

La afiliación a la Seguridad Social se situó en agosto en la Comunidad Valenciana en 1.906.507 ocupados

VALENCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social se situó en agosto en la Comunitat Valenciana en 1.906.507 ocupados, lo que supone un descenso de 42.922 afiliados (-2,20%) respecto a la contabilizada en julio. Esta caída supone la mayor de toda España, donde la media registrada en el conjunto del país se situó en el -1,26 por ciento.

Según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo, en el último año el número medio de afiliados en la Comunitat descendió en 61.605 ocupados, lo que significa una tasa interanual negativa del 3,13 por ciento, también la mayor a nivel nacional.

De la media de la 1.906.507 afiliaciones registradas en agosto en la Comunidad Autónoma, la mayoría (1.459.120) correspondieron al Régimen General, seguido del sector agrario (48.870); Empleados del Hogar (24.388) y Trabajadores del Mar (5.801). Por su parte, la Minería y el Carbón no registró ninguna afiliación.

La afiliación media de agosto en comparación con el mes anterior descendió en todas las comunidades a excepción de Asturias, donde se incrementó un 0,12 por ciento. Las mayores caídas se registraron, además de en la Comunitat Valenciana (-2,2%), en Cataluña (-1,89%) y Murcia (-1,84%).

Por lo que se refiere a los últimos doce meses, la afiliación media de ocupados a la Seguridad Social se incrementó en mayor medida en Aragón (+2%) y en el País Vasco (+1,42%). Por contra, los descensos más acusados correspondieron a la Comunitat Valenciana (-3,13%) y Murcia (-2,19%).

S&P estudia rebajar los 'rating' de la CAM por el rápido deterioro de los activos de las cajas

MADRID.- La agencia de calificación Standard & Poor's anunció hoy que estudia rebajar "uno o dos grados" los 'rating' asignados a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ante el relativamente rápido deterioro de la calidad de los activos de las cajas de ahorros españolas.

Standard & Poor's advierte de que podría rebajar los 'rating' de la CAM si revisa sus previsiones respecto al deterioro de la calidad de los activos de las cajas de ahorros, en el contexto de desaceleración de la economía española.

De esta forma, S&P ha situado bajo vigilancia con implicaciones negativas la calificación crediticia de la CAM, que se sitúa en 'A' para el largo plazo (calidad buena) y en 'A-1' para la deuda a corto plazo (calidad superior).

Según la agencia, los créditos dudosos de la caja alicantina se han acelerado en el segundo trimestre de 2008, lo que está erosionando el "colchón" que la entidad ha conseguido en los últimos años.

Además, S&P recuerda que el elevado nivel de cargas extraordinarias ha reducido la cobertura de provisiones de la CAM al 50%, según datos del pasado 30 de junio, frente al 107% del cierre del primer trimestre.

CAM vendió su participación en Unión Fenosa en agosto, lo que le procuró plusvalías de entre 520 y 556 millones de euros, que le proporcionan flexibilidad adicional para la segunda mitad del presente ejercicio.

"Esperamos reunirnos con la dirección de la CAM en las próximas semanas para analizar los factores que están conduciendo al deterioro de la calidad de los activos, así como para determinar su flexibilidad financiera para absorber futuras pérdidas", explicó el analista de S&P Jesús Martínez.

Alicante es la única provincia valenciana que exporta menos, por las manufacturas

ALICANTE.- El mercado exterior sigue dando la espalda a la provincia. En el primer semestre del año, Alicante ha exportado por valor de 1.877 millones de euros, un 2,5% menos que en el período enero-junio del 2007. En Valencia y en Castellón, el volumen de negocio exterior crece en el período analizado por la dirección regional de Comercio del Ministerio de Industria y cuyos datos fueron divulgados por "La Verdad".

La caída de la exportación alicantina, que no acaba de remontar el vuelo pese a su recuperación en los primeros meses del año, está directamente relacionada con la insuficiente mejora de los sectores vinculados al calzado, a los curtidos, al textil y a los juguetes tradicionales que se fabrican en la provincia.

Según el balance oficial del Ministerio, Alicante exportó por valor de 1.877 millones de euros en el primer semestre e importó por 1.685 millones, lo que supone un 5,4% menos. También es Alicante la única provincia en la que se reducen las compras en el exterior, ya que aumentan un 41% en Castellón y un 8,6% en Valencia.

Pese a la mala evolución de las exportaciones alicantinas, esta provincia es la que anota el mayor aumento del saldo exportador positivo, con 32,6 millones de euros más que en el ejercicio anterior. En Valencia ese saldo sólo crece en 15 millones y se reduce en 70 en Castellón.

La Comunidad Valenciana exporta por valor de 10.476 millones de euros. Valencia vendió en el primer semestre por valor de 5.824 millones y Castellón factura en el exterior por 2.774 millones de euros.

El calzado vendió en el exterior un 17% menos, el textil y la confección un 8% menos, la caída del juguete tradicional alcanza casi el 16,4% en los seis primeros meses del año y otras manufacturas del consumo también se reducen un 7,5%. Una de las mayores caídas de las exportaciones durante este año afecta al capítulo de la pesca. También se ha vendido un 4,6% menos de frutas y legumbres.

En el mes de junio, la reducción de ventas en el exterior es del 11,8%, la mayor de la Comunidad Valenciana. Alicante supera, incluso, a Valencia en la mala evolución del negocio exterior.

Las exportaciones de la Comunidad Valenciana aumentaron un 5,5 por ciento entre enero y junio de este año y las importaciones crecieron un 11,8% en ese periodo, según el informe de comercio exterior el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente al mes de junio.

Las exportaciones ascendieron en los seis primeros meses del año a 10.476,5 millones de euros mientras que las importaciones supusieron 12.461,2 millones.

Por provincias, Alicante realizó ventas al exterior por valor de 1.877 millones, un 2,5% menos que en el mismo periodo del año anterior y las compras ascendieron a 1.685 millones, un 5,4% menos; Castellón registró exportaciones por 2.774 millones, un 10,5% más que en 2008, e importaciones por valor de 2.564 millones, un 41,6% más que en el mismo periodo del año 2007; y las ventas de Valencia fueron de 5.824 millones, y las importaciones se situaron en 8.211,7 millones, un 6,1% y un 8,6% más respectivamente.

Por sectores, aumentaron sus exportaciones de forma destacada el de productos energéticos con un 135,9%, seguido por el de automóviles, con un 19,3% más entre enero y junio; productos químicos, un 6,4%; bienes de equipo, un 12,2%; y otras mercancías, un 34,7%. El sector de automóviles es el de mayor volumen en exportaciones, con 2.614 millones, seguido de alimentos (1.987 millones), según el Ministerio.

La exportación y la importación se hunden en Alicante hasta junio

ALICANTE.- En un contexto de crisis como el actual, en el que los indicadores económicos positivos son más bien escasos, las exportaciones de productos valencianos mantienen la senda del crecimiento. Un aumento, aunque inferior al de la media española, que encuentra su excepción en la provincia de Alicante, que durante el primer semestre del año ha visto cómo caen tanto sus ventas en el exterior como sus compras, según "El País".

En concreto, las exportaciones de la provincia de Alicante cayeron un 2,5% en los seis primeros meses de 2008 en comparación con el mismo periodo del año anterior, cifra que contrasta con el fuerte aumento de dos dígitos (10,5%) de la provincia de Valencia y con el 6,1% que repuntaron en Castellón, según el último informe de la dirección territorial de Comercio en Valencia del Ministerio de Industria.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana las exportaciones subieron un 5,5%, casi un punto menos que en la media española (6,4%).

Junto a la evolución de las exportaciones, la economía alicantina ha reducido aún más drásticamente sus compras en el exterior, en concreto un 5,4%, cifra que nuevamente es contraria al fuerte repunte del 41,6% de Castellón o al 8,6% acumulado por la provincia de Valencia. Una tendencia opuesta que fuentes académicas apuntan que podría deberse a que la distinta estructura sectorial de Alicante, con más peso de los sectores manufactureros, la hace más vulnerable a la coyuntura actual.

Las mismas fuentes apuntan que habría que analizar un eventual menor dinamismo de las empresas de la provincia a nivel exterior. Por otro lado, la caída de las importaciones, tras años en los que muchas empresas han apostado por fabricar en el exterior o incluso se han transformado en comercializadoras, también podría ser reflejo de la caída del consumo interno. La crisis de la construcción puede explicar, igualmente, parte de la marcha de las compras en el exterior.

Alicante, en cualquier caso, rompe la senda del crecimiento exportador que mantenía en los últimos años. Desde el año 2004, las ventas de productos alicantinos en el extranjero ha ido mejorando de forma sostenida, según datos del Institut Valencià de Estadística (IVE) de la Generalitat. En una línea similar, e incluso más acusadas, las importaciones han frenado los fuertes crecimientos registrados en los últimos años, según las mismas fuentes.

Al cierre del mes de junio, la Comunidad Valenciana sigue ocupando el cuarto lugar a nivel autonómico en volumen de exportaciones, tras ser superada en 2007 por el País Vasco.

En el desglose sectorial destaca el fuerte aumento de las exportaciones del sector del automóvil (19,3%), el principal exportador valenciano. Las ventas en el exterior de productos energéticos se dispararon un 135,9%. También crecen las exportaciones de productos químicos (6,4%) y de bienes de equipo (12,2%). Una evolución contraria, mientras, han vivido las exportaciones de sectores manufactureros como el mueble, con un descenso del 8,3%, un 16,9% en el caso del calzado o un 13,7% en juguetes.

Caen también, finalmente, las exportaciones de alimentos (principalmente los productos pesqueros y los cítricos) y los bienes de consumo duradero (especialmente los electrodomésticos). Y en el desglose importador el informe refleja la buena marcha de las compras de productos energéticos, de los bienes de equipo o de los alimentos, mientras que caen las compras de manufacturas, del sector del automóvil o de materias primas.

El comercio exterior valenciano

- Exportaciones. La Comunidad Valenciana exportó entre enero y junio un 5,5% más que durante el primer semestre de 2007, aumento inferior al 6,4% registrado de media en el conjunto de España. Las exportaciones valencianas representan el 10,7% del total nacional, por detrás de Cataluña, Madrid y País Vasco.

- Importaciones. Durante los seis primeros meses del año, las empresas valencianas compraron en el exterior un 11,8% más que el año anterior, frente al 8,1% de aumento de media española. Las importaciones valencianas suponen el 8,4% del total nacional.

- Tasa de cobertura. En la Comunidad Valenciana se situó al cierre del mes de junio en el 84,1%, por encima del 65,4% del conjunto de España. Pese a la mala evolución del comercio exterior de Alicante, la provincia mantiene la mejor tasa de cobertura de la Comunidad Valenciana, con un 11,4%. Mientras, la de Castellón es del 108,2% y la de la provincia de Valencia se situó en el 70,9%.

El número de parados en la Comunidad Valenciana aumenta en 18.888 personas en agosto, un 7,08% más respecto a julio

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la Comunidad Valenciana aumentó en el mes de agosto en 18.888 personas, lo que supone un incremento del 7,08 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Con esta cifra, el número total de desempleados en la Comunidad Valenciana se sitúa en 285.660 trabajadores. Asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 77.646 personas, lo que representa un incremento de un 37,33 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas del INEM subió en 103.085 personas en agosto, un 4,25 por ciento más respecto a julio, con lo que la cifra total de desempleados se situó en 2.530.001 personas, dato que no se alcanzaba desde febrero de 1998, cuando el total de parados superó los 2,55 millones.

De Cospedal defiende que Castilla-La Mancha cierre el Tajo-Segura en 2015

MADRID.- La secretaria general del PP y presidenta del PP por Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal, aseguró en RNE con respecto al trasvase Tajo-Segura, sobre el que se había fijado el 2015 como fecha de su caducidad en el Estatuto castellano-manchego y el Gobierno central quiere revisar en el Parlamento, que su partido será «muy respetuoso con la decisión final de las Cortes Generales».

De Cospedal dijo defender lo establecido en el Estatuto y «la fecha» que éste fija, ya que recuerda que fue «aprobado por unanimidad», apoyado tanto por el PP como por el PSOE.

La dirigente popular defiende la «necesidad» de articular un plan nacional que regule un «bien común para todos los españoles como es el agua», ya que todas las comunidades autónomas y «en especial Castilla-La Mancha están en una situación drástica». Reclama soluciones para su autonomía y recalca que el trasvase Tajo -Segura es el «único importante que de verdad existe» en nuestro país, con una situación muy distinta al del Ebro.

La número dos del PP aseguró que ha sido el secretario del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Ramón Jaúregui, el que ha dicho que su grupo no apoyará el final del trasvase en la tramitación parlamentaria de la reforma en la Cámara Baja que está previsto se inicie este mes y que los socialistas modificarán esa disposición incluida en el nuevo Estatuto.

De Cospedal cree que por eso tiene que ser el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha el que explique por qué su partido, que gobierna en España, y la dirección de su grupo en el Congreso se oponen a la caducidad del trasvase.

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha, tras conocerse que el Grupo Socialista en el Congreso corregirá el artículo del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo -Segura en 2015, aseguró que la credibilidad del presidente regional, José María Barreda, en materia de agua «ha terminado».

Así se pronunció en rueda de prensa el diputado regional Leandro Esteban, quien preguntó a Barreda qué le parecen las declaraciones que este fin de semana hacía el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, y las manifestaciones del vicepresidente primero, Fernando Lamata, que «hablaba de otras alternativas» en el caso de que no se apruebe el texto.

lunes, 1 de septiembre de 2008

Fomento expresa su oposición al aumento de los peajes para camiones que propone la UE

MADRID.- La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, manifestó hoy en el Consejo Informal de Ministros de Transportes de la Unión Europea su oposición a endurecer la directiva europea denominada 'Euroviñeta' que establece una relación entre el gravamen de los vehículos pesados de transporte para el uso de las autopistas y de determinadas carreteras, y el coste de construcción y de mantenimiento de estas infraestructuras.

En el Consejo celebrado hoy los ministros de transportes de la Unión Europea han expresado su opinión sobre el mejor modo de tener en cuenta los costes que generan los transportes por carretera aplicando el principio de que "quien contamina paga", respetando los principios de la transparencia y de la libre circulación de los bienes.

En este sentido, Magdalena Álvarez, durante su intervención en la primera sesión plenaria del Consejo que se está celebrando en La Rochelle (Francia), afirmó que no es oportuno reabrir en estos momentos un debate sobre la 'Euroviñeta' debido, principalmente, a que el sector del transporte por carretera se encuentra en una situación económica inferior a la que existía en 2006, año en el que se aprobó la Directiva europea.

Además argumentó que Los nuevos peajes supondrían un encarecimiento de los costes de transporte y, por tanto, un impacto negativo sobre la economía europea y su competitividad.

También, en su opinión, el cálculo de los costes externos, que todavía tienen muchos interrogantes, puede dar lugar a situaciones injustas de doble imposición y de competencia desleal.

La ministra también destacó que no es razonable internalizar los costes externos del transporte por carretera, recayendo la carga, exclusivamente sobre los vehículos pesados, cuando dichos costes están asociados, de forma mayoritaria, al vehículo privado.

Asimismo, Álvarez consideró que la directiva 'Euroviñeta' vigente, cuyo plazo de transposición ha terminado el pasado mes de junio, tiene todavía un amplio desarrollo que aún no ha dado tiempo a aplicar.

Entra en vigor la normativa comunitaria que introduce niveles máximos de pesticidas permitidos en alimentos

BRUSELAS.- La normativa comunitaria que introduce límites máximos de residuos de pesticidas que pueden encontrarse en los alimentos consumidos en el conjunto de Estados miembros entró hoy en vigor.

El objetivo de la normativa, adoptada en 2005, es garantizar que "los residuos de pesticidas en los alimentos son lo más bajos posibles y no tengan efectos dañinos" para los consumidores europeos, explicó la comisaria de Salud, Androulla Vassiliou.

El nuevo reglamento europeo cubre aproximadamente unos 1.100 pesticidas empleados o anteriormente empleados en el sector agrícola dentro y fuera de la Unión Europea y establece "niveles de residuos de pesticidas máximos" para 315 productos agrícolas.

La nueva legislación comunitaria introduce niveles máximos teniendo en cuenta la seguridad de todos los segmentos de población, incluidos bebés, menores y vegetarianos. "Los alimentos producidos o importados desde un Estado miembro deben ser seguros para los consumidores en todos ellos", recalcó la comisaria.

A pesar de que los Estados miembros son los responsables de controlar que se cumplen dichos niveles, los agricultores, comerciantes e importadores de alimentos, en cuya producción se hayan utilizado pesticidas, son los responsables en última instancia de la seguridad alimentaria de sus productos y son responsables de garantizar el cumplimiento de los niveles de residuos máximos permitidos.

El Ejecutivo comunitario ha habilitado el acceso gratuito a una base de datos que deja claro qué nivel máximo se aplica para cada pesticida y cultivo a través de la web http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Anteriormente, la legislación comunitaria permitía aplicar distintos niveles máximos para un mismo pesticida y alimento en los distintos Estados comunitarios lo que, a juicio de la Comisión, daba lugar a "confusión" a la hora de comercializar pesticidas en la UE y qué nivel máximo era el aplicable, especialmente en el caso de los alimentos que "exceden el nivel de residuo máximo en un Estado miembro, pero aceptable en otros Estados miembros".

El dinero huye de las gestoras de fondos de la CAM y Bancaja

MADRID.- Las gestoras de CAM, Caja España y Bancaja son las que más parte de su patrimonio han perdido por reembolsos netos. En el caso de la entidad alicantina, casi el 98% de la caída sufrida en sus activos bajo gestión ha llegado propiciada por la salida de inversores de sus fondos, según publica "Expansión".

En Caja España, la competencia de los depósitos le arrebata un 94,8% de su pérdida de patrimonio; y en el caso de Bancaja Fondos, un 92,4%. La media del sector está en el 83%.

Las gestoras de Santander y Caja Madrid también destacan dentro de las que más padecen las altas rentabilidades ofrecidas por los depósitos bancarios, y más de un 90% de su retroceso en activos bajo gestión se ha producido por los reembolsos.

Por su parte, La Caixa y, sobre todo, BBVA han aguantado mejor la guerra del pasivo de las entidades que quieren fortalecer sus balances financieros.

La única que rompe la norma general es Bestinver. Después de años de gran crecimiento, la gestora española propiedad del grupo Acciona ha retrocedido penalizada por el mal momento de la bolsa (más del 90% de sus activos pertenecen a la renta variable) y al mayor castigo recibido por los títulos del estilo valor, al que pertenecen sus fondos de inversión.

La competencia de los productos bancarios ha sido mayor rival para las firmas a la hora de mantener sus activos que los desplomes de la bolsa. El 83% de la caída del patrimonio de 2008 ha llegado por las salidas de capital.

Ahora que acaba de arrancar la nueva temporada de fútbol, los entrenadores son muy conscientes de que no es lo mismo tener al equipo en baja forma que ver salir a la mitad de la plantilla con destino a otros clubes.

En el caso de los fondos, las gestoras han tenido que contemplar cómo la mayor parte de su dinero deja sus filas camino de su mayor rival desde que estalló la crisis de las hipotecas basura: los depósitos bancarios.

Ocho de cada diez euros que han perdido de patrimonio las gestoras (82,6%) se deben a reembolsos netos (diferencia entre entradas y salidas), es decir, han dejado por el momento estos productos de inversión.

Durante los siete primeros meses del año, el patrimonio de los fondos ha retrocedido en 46.700 millones de euros, desde los 238.700 de los que disponían a comienzos de año hasta los 192.000 que tenían bajo gestión a finales de julio.

Inversamente proporcional a esta caída, los depósitos bancarios han captado más de 41.000 millones de euros durante el primer semestre de 2008, en sus mejores seis meses desde 2003.

En este escenario, ha habido gestoras que han retenido más dinero en sus fondos y otras que han caído con más facilidad a raíz de los esfuerzos de las entidades por captar pasivo. Aunque no hay datos al respecto, los expertos reconocen que en muchos de los casos la competencia ha llegado desde dentro del mismo banco o caja.

Los datos a final de julio de VDOS Stochastics reflejan que 19 de las 20 mayores gestoras de España han sufrido más por la competencia de los depósitos que por el mal momento de mercado.

Alicante también le reza a Alá

ALICANTE.- La mayoría de los musulmanes que residen en Alicante han regresado ya a la provincia tras pasar el verano en sus países de origen, para comenzar desde hoy la observancia del Ramadán, el mes sagrado del Islam. Dicho carácter sagrado, según la tradición islámica, se desprende de que fue en este mes cuando Mahoma recibió la revelación del Corán, informa "Abc".

Según la Comunidad Islámica de Alicante, que regenta la mezquita de la capital alicantina, son más de 35.000 los musulmanes llamados a vivir el Ramadán en toda la provincia. Durante 28 jornadas -la celebración del mes sagrado depende del calendario lunar, que anoche estrenó la fase de «luna nueva»-, tendrán que guardar un estricto ayuno entre la salida y la puesta del sol, y desde las mezquitas se les convocará a cinco oraciones diarias.

Durante la observancia del mes sagrado, los musulmanes tienen terminantemente prohibido comer, ingerir cualquier tipo de líquido, fumar y mantener relaciones sexuales durante el día. Según la norma, deben esperar a que anochezca para, en la intimidad de su hogar, cubrir las necesidades básicas que han descuidado durante las horas anteriores .

Los únicos musulmanes que pueden obviar esta norma, según las mismas fuentes, son los niños, los enfermos, los viajeros y las mujeres embarazadas. Sin embargo, el Ramadán debe observarse incluso si se realiza un trabajo físico intenso.

«La abstinencia no debe ser excusa para reducir la capacidad de trabajo, en casa o en los empleos», afirman. «En los cuatro o cinco primeros días, el cuerpo nota el cambio de hábitos, pero en los siguientes se recupera».

Según los responsables de la mezquita alicantina, el objetivo último del Ramadán es favorecer la «reflexión sobre el «sentimiento religioso». «No se trata de no comer o no beber para pasar hambre y sed», explican, sino que se persigue «dominar la mente y el cuerpo» para favorecer el análisis y la reflexión. Asimismo, la abstinencia «permite experimentar las carencias que tienen otras personas», con el objeto de ser «más solidarios».

Junto con la abstinencia, los musulmanes alicantinos deben acudir a la mezquita, «siempre que les sea posible», para participar en cada una de las cinco oraciones colectivas que se celebran cada día, guiadas por el respectivo imán. En caso de no poder acudir, deben tratar de orar en sus respectivos empleos -si se les permite-, según los responsables de la Comunidad Islámica.

Mientras, el Centro Cultural Islámico de Valencia organizará todas las noches la oración nocturna del Ramadán. Sus responsables pidieron ayer consuelo para las familias de las víctimas de los accidentes de Barajas y Oropesa.

Más de 35.000 musulmanes en esta provincia están llamados a vivir el mes sagrado del Islam, el Ramadán: oraciones y abstinencia para favorecer la reflexión

L´Horta Sud y las ciudades de Alicante y Valencia aportan el 40% de delegados al Congreso del PSPV

VALENCIA.- Las comarcas de l´Horta Sud y las ciudades de Alicante y Valencia aportarán un 40 por ciento de los delegados que deberán elegir a la próxima ejecutiva del PSPV. Las agrupaciones municipales celebran desde hoy, y hasta el próximo 13 de septiembre, las asambleas para la elección de los 565 delegados que asistirán al XI Congreso nacional, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el Palau de Congresos de Valencia, según "Abc".

El número de delegados que corresponde a cada agrupación municipal ha sido asignado en función del censo de militantes cerrado el pasado 26 de abril, que asciende a 26.399, a razón de un delegado por cada 50 afiliados, y un delegado más por cada 50 afiliados o fracción superior a 25.

Las agrupaciones municipales que no llegan al mínimo de 50 afiliados se reunirán en un Congreso comarcal de restos, en los que se elegirán los delegados que correspondan en función del número de afiliados que sumen.

De los 565 delegados que participarán en el XI Congreso -90 más que en el cónclave de hace cuatro años-, 523 se eligen de forma directa en las agrupaciones, 23 los designa Joves Socialistas y el resto las organizaciones sectoriales.

De esta forma, de los 523 delegados que elegirán durante las próximas dos semanas las agrupaciones, más de la mitad, 284, corresponden a la provincia de Valencia, seguida de la de Alicante, con 175 compromisarios, y la de Castellón, con 64.

De las 26 comarcas de la Comunidad Valenciana, la que aportará el número más elevado de delegados será la de L´Horta Sud, con 58, seguida de L´Alacantí, con 47, y El Turia, con 41, mientras que las comarcas con el número más bajo de delegados son Valle de Ayora y Millares, con dos cada una.

Por provincias, en la de Castellón las comarcas con más delegados son la Plana Mitja (18), Ports-Maestrat (17) y Plana Baixa (15); en la de Alicante son L´Alacantí (47), Vega Baja (34), Marina Baixa (25) y Alt Vinalopó (24); y en la de Valencia, L´Horta sud (58), Valencia ciudad (41), L´Horta nord (35) y la Ribera alta (31).

Del 1 al 7 de septiembre las agrupaciones que no llegan a los 50 afiliados celebrarán las asambleas para designar a los representantes que acudirán a los congresos comarcales de restos, que tendrán lugar del 8 al 13, y en los que se elegirán un total de 95 delegados.

En general, la mayoría de agrupaciones celebrarán sus asambleas para elegir a los delegados durante la segunda semana de septiembre, como por ejemplo Alicante, que la hará el día 13, si bien Mutxamel la celebrará hoy mismo, Vila-real el martes, o San Juan, el jueves.

Los delegados deben ser elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas, y las candidaturas que se presenten deberán ser paritarias, es decir, ningún sexo tendrá menos del 40% ni más del 60% de representación.

Una vez concluyan las elecciones de delegados, desde el 14 de septiembre los aspirantes a la secretaría general del PSPV-PSOE pueden empezar a recoger los avales necesarios para la presentación de las candidaturas, que se ha cifrado en el 20% del total, es decir, en 113 firmas de delegados.

domingo, 31 de agosto de 2008

La pirotecnia se salva de la quema

VALENCIA.- La llegada del verano es sinónimo de trabajo para las empresas del sector pirotécnico. Miles de pueblos, a lo largo y ancho de España, celebran sus festejos populares. Y una fiesta, para que lo sea realmente, tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, ofrecer espectáculos de fuegos artificiales, y cuanto más impactantes, mejor, según "El Mundo".

Más de 80 empresas españolas de pirotecnia se encargan de llevar el fuego y el ruido a los pueblos, pese a la crisis económica que se desliza por todos los sectores. Los profesionales de la pólvora no se quejan, y reconocen que mantienen la media de pedidos de otros veranos. Y eso que la mayoría de ayuntamientos han reducido los presupuestos para fuegos artificiales de forma considerable.

Los meses de junio, julio, agosto y septiembre aglutinan casi el 90% de la actividad del sector pirotécnico a nivel nacional.La excepción la marcan las 30 compañías valencianas que concentran casi el 30% de sus trabajos durante la semana de las Fallas, en marzo.

Tres empresas valencianas, todas de la familia Caballer (Vicente, Ricardo y Miguel Zamorano), junto con la barcelonesa Pirotecnia Igual y la aragonesa Pirotecnia Zaragozana, ingresan unos 40 millones de euros anuales en conjunto. En un segundo escalafón se encuentran seis empresas entre las que destacan las gallegas Pirotecnia Xaravia y Grupo Rocha, además de la valenciana Pirotecnia Turís, que recogen unos ingresos de casi 20 millones de euros por año entre todas. El último peldaño es el compuesto por las pequeñas empresas, alrededor de 70, que realizan trabajos por valor de entre 50 y 60 millones de euros anuales. Unas cifras que el sector espera mantener al cierre de este año, en noviembre.

Sin embargo, Ricardo Caballer, quien es además presidente de la Asociación de Fabricantes Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana (Piroval), avisa de que «las compañías pirotécnicas están sufriendo en sus carnes la debacle del sector inmobiliario».

Caballer se refiere a que muchas promotoras que tenían proyectos en marcha en diversas localidades, decidían anunciarse en los libros de fiestas o instalar publicidad en los principales espacios de celebración. «Los ayuntamientos recibían por ello sustanciosas ayudas para poder pagar los festejos, lo que incluye los fuegos de artificio», afirma Caballer. Sin embargo, la profunda crisis del sector del inmueble ha mermado de golpe los presupuestos de muchos ayuntamientos, que ahora tienen que afrontar el mismo programa de fiestas, pero con menos dinero para gastar.

El empresario valenciano se queja de la actuación de muchos ayuntamientos, que representan casi el 90% de sus clientes. «Muchos se están retrasando en los pagos; pero luego, el empresario tiene que pagar religiosamente el IVA y las contribuciones a la seguridad social», señala el presidente de Piroval, que además se lamenta de que «ya se empiezan a notar los retrasos de mayo y junio», y que, de seguir así, el panorama va a ser «muy grave».

Para Verónica Caballer, nieta del mítico Vicente Caballer, «la situación está mal, pero no somos catastrofistas, porque este verano incluso hemos realizado más disparos que en 2007». Eso sí, coincide con su tío Ricardo en que «aunque los clientes siguen con sus pedidos, ahora se gastan menos».

Los mercados internacionales, el alivio de los pirotécnicos durante el periodo invernal, también comienzan a mostrar su cara menos boyante debido a la continua devaluación del dólar, que encarece los precios españoles en el extranjero.

Para Ricardo Caballer, la exportación, principalmente a los Estados Unidos, significa entre tres y cuatro millones de euros anuales, lo que representa el 50% de sus ingresos totales, «pero la caída del dólar nos está haciendo mucho daño», afirma.

En el ámbito nacional, los dos talleres valencianos concuerdan en que la Comunidad de Madrid «es el mejor cliente, año tras año». Un alto porcentaje de pueblos madrileños requieren fuegos artificiales para sus fiestas estivales, «y además son los que más gastan de media», añade Ricardo Caballer. Otros puntos con gran demanda son Galicia, Cantabria o Murcia.

A pesar de que las predicciones no son de lo más optimistas, los empresarios del sector pirotécnico se resisten a activar la señal de alarma. Siempre y cuando el volumen de espectáculos se sobreponga a la disminución del gasto medio por cliente, las perspectivas de ingresos anuales del sector seguirán siendo positivas.

El endurecimiento de la normativa de seguridad ahoga a los talleres

Hace seis o siete años, en el País Vasco operaban más talleres pirotécnicos que en la Comunidad Valenciana, tierra de pólvora por excelencia.

La mayoría de aquellas empresas eran de las calificadas como pequeñas, con menos de 10 trabajadores.

Según Ricardo Caballer, voz más que autorizada en el sector, esta progresiva desaparición se «debe al endurecimiento de las normas de seguridad, que nos equiparan con los fabricantes de explosivos y que obligan a realizar inversiones cada vez más insostenibles, sobre todo para los talleres pequeños».

Las empresas grandes soportan, peor que mejor, las inversiones necesarias para adecuar sus productos a lo que ellos consideran «una normativa desproporcionada». La última legislación sitúa al mismo nivel de riesgo a un taller pirotécnico y a una fábrica de explosivos, «debido a la inseguridad creada por algunos grupos criminales», apunta Ricardo Caballer, que pide «una normativa ajustada a nuestra especial actividad».

Casi 800 trabajadores actúan en el sector pirotécnico español.Más de la mitad, lo hacen en pequeños talleres.

La pugna por la secretaría provincial del PSPV en Alicante divide al sector de Leire Pajín

ALICANTE.- La unidad de acción exhibida en las semanas previas al congreso del PSPV por el sector afín a la secretaria de Organización federal, Leire Pajín, puede saltar por los aires una vez se clausure el cónclave. El motivo: la más que apetecible secretaría general provincial que se creará con la aprobación de la ponencia marco de la federación valenciana del PSOE, según "Abc".

Con la práctica totalidad de la provincia controlada por el sector afín a la benidormera, organizado en torno a la plataforma Socialismo y Ciudadanía (SyC), ya han comenzado los movimientos para postularse como secretario provincial de varios de sus referentes. Así, todos los hipotéticos aspirantes al cargo, según fuentes socialistas, provendrían del citado sector.

Por el momento, los socialistas alicantinos manejan los nombres de tres aspirantes, que podrían oficializar sus pretensiones tras el congreso nacional. Se trata, según dichas fuentes, del actual secretario local del PSOE de Alicante, Roque Moreno; el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, Alejandro Pérez; y la alcaldesa de Guardamar del Segura y actual secretaria comarcal de la Vega Baja, Marylene Albentosa.

A esta terna, no obstante, cabría sumar todavía algún posible candidato proveniente del sector lermista -radicado principalmente en la Vega Baja-, como la diputada autonómica Lola Gay o la portavoz socialista en Orihuela y ex portavoz adjunta en la Diputación, Antonia Moreno.

En la ejecutiva socialista de Alicante se considera que el candidato natural a ejercer la secretaría provincial es Roque Moreno. La capitalidad y el hecho de dirigir la agrupación socialista más numerosa de la Comunidad Valenciana (unos 1.500 afiliados) se esgrimen como principales avales, según las citadas fuentes.

En este sentido, fue además la ejecutiva alicantina la primera en proponer la creación de una estructura provincial tras la debacle socialista el 14-M. La propuesta se formalizó incluso antes de que se incluyese en la ponencia marco redactada por Ferraz para el congreso federal.

No obstante, Moreno aspira a revalidar su cargo como secretario local -la asamblea se celebrará en diciembre, tras la creación de la estructura provincial-, aunque su capacidad de influencia se verá mermada con la nueva organización por distritos.

Por su parte, el ilicitano Alejandro Pérez se perfila como uno de los mejor posicionados para convertirse en el primer secretario provincial del PSOE alicantino. Los socialistas gobiernan Elche -al contrario de lo que ocurre en Alicante-, y su alcalde, Alejandro Soler, mantiene una estrecha relación de amistad con la secretaria de Organización federal.

A la tradicional pugna entre los socialistas alicantinos e ilicitanos por el control de la militancia en la provincia podría sumarse, según las mismas fuentes, la guardamarenca Marylene Albentosa. La secretaria comarcal de la Vega Baja, identificada con Joan Ignasi Pla hasta la caída de éste, es uno de los cargos locales de la provincia mejor considerados en la calle Ferraz.

La crisis desbarata el negocio del sector financiero con el colectivo inmigrante

ALICANTE.- Los indicadores de la crisis económica no dejan de sucederse. La contracción de la actividad empieza a ser notable, y uno de los colectivos que la sufre con especial crudeza es el conjunto de inmigrantes afincados en la Comunidad Valenciana, según "Abc".

Gran parte del colectivo inmigrante se ha visto afectado por la crisis, especialmente en la que atañe al sector de la construcción, en el que trabajaba la mayoría. Y la consecuencia inmediata se ha dejado sentir en el sector financiero.

Este colectivo, que hace apenas dos años se había convertido en un mercado de sumo interés para las entidades financieras de la región, ha dejado de serlo con el cierre de empresas y el frenazo en el sector de la construcción. La razón principal radica en que, con la pérdida de empleos, el volumen de remesas que envían a sus países de origen ha menguado sensiblemente en los últimos meses.

La primera entidad financiera en acusar el cambio de tendencia ha sido Caja Mediterráneo (CAM). La caja alicantina se ha desprendido -o está en vías de hacerlo- de las oficinas que formaban su red de sucursales creada específicamente para el colectivo inmigrante, ante la caída de la rentabilidad de su negocio principal: el envío de remesas.

CAM abrió a principios de 2006 diecinueve oficinas para extranjeros, repartidas entre Alicante (nueve), Valencia (ocho), Murcia y Madrid (una). Junto con servicios específicos para el colectivo, la actividad principal de estas sucursales consistía en gestionar el envío de dinero a los países de origen de sus clientes.

Además de estar diseñadas para atender las principales actividades financieras del colectivo, estas oficinas empleaban a decenas de inmigrantes, ya que en cada una de ella trabajaban una docena de empleados de diferentes países, para poder atender a los clientes en su propio idioma. Además del envío de dinero, ofrecían servicio de telefonía y conexión a internet.

Sólo dos años después, la entidad alicantina se ha desprendido de varias de estas oficinas, que ha vendido a la firma «Change Center», especializada precisamente en el envío de remesas. El resto de oficinas, todavía propiedad de la entidad, han echado el cierre.

No obstante, fuentes de la caja -que prevé cerrar otras quince oficinas en septiembre, también en base a criterios de rentabilidad- explicaron que los servicios que ofrecían las oficinas para extranjeros se seguirán prestando en el resto de sucursales.

El envío de remesas, la principal actividad de estas oficinas destinadas al colectivo inmigrante, suponía para el sector financiero de la región un negocio de cerca de 100 millones de euros anuales, según un estudio elaborado para Bancaja en 2007.

Según dicho estudio, los inmigrantes enviaban desde la Comunidad Valenciana casi 1.000 millones de euros -el 15 por ciento de las remesas de toda España- a sus países de origen. El 51 por ciento de esta cantidad salía, precisamente, de Alicante.

Por su parte, Bancaja también ha acusado la influencia de la crisis en la actividad económica del colectivo inmigrante. No obstante, la caja no llegó a crear oficinas específicas para el colectivo, como CAM, por lo que su red de sucursales no se verá alterada por esta circunstancia, según fuentes de la entidad.

No obstante, las mismas fuentes admitieron que su cartera de productos específicos para inmigrantes sí se ha «resentido» en los últimos meses, aunque por el momento Bancaja no se plantea suprimir ninguno de estos servicios.

sábado, 30 de agosto de 2008

El caso urbanístico valenciano en la UE comportará un proceso judicial imparable

ALICANTE.- El proceso judicial será largo, pero imparable. El Tribunal de Luxemburgo fallará en un plazo aproximado de dos años sobre la legalidad de la forma como se adjudican en la Comunidad Valenciana los Programas de Actuación Integrada (PAI), y si este proceso es un contrato público, como defiende la Comisión Europea y los afectados, o bien es un contrato administrativo especial, como sostiene el Consell, según publica "El País".

Pero la sentencia, según confirmaron ayer a este periódico expertos del Tribunal de Luxemburgo, no comportará sanción económica alguna contra el Gobierno de España, y por extensión contra la Generalitat, con lo que no habrá tampoco posibilidad de indemnizaciones para los afectados.

"En caso de dar la razón a los argumentos de la Comisión Europea se exigiría un cambio en la legislación urbanística valenciana", apuntaron fuentes jurídicas, "si no hay modificación alguna se podría reabrir el proceso de infracción y entonces se fijarían sanciones contra el Gobierno por infringir una norma comuntaria".

La multa, en caso de confirmarse, beneficiaría a los presupuestos de la Comisión Europea, pero en ningún caso a los propietarios.

Los expertos juristas consultados por este periódico admiten que la única vía que tienen los afectados para poder cobrar algun tipo de indemnización es plantear recursos ante los tribunales españoles.

"Si la sentencia de Luxemburgo es favorable a ellos, tendrán más fuerza, pero el camino es otro: los tribunales españoles", explica un experto del Tribunal de Luxemburgo. Así que las expectativas que tenían algunas asociaciones de afectados de cobrar importantes cantidades de dinero de la Generalitat se desvanecen.

Uno de los abogados que representa a algunos de los afectados admitía ayer que el problema de fondo es que "no se discute sobre el derecho a la propiedad privada, sino que el debate se ha situado en el proceso de adjudicación de los PAI".

No obstante, para los afectados ya ha sido un logro que sus reivindicaciones llegaran tan lejos. Un proceso que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. La presentación del recurso de la Comisión Europea contra el Gobierno de España por los supuestos abusos urbanísticos se ha demorado mucho más de lo previsto.

Aunque la Comisión Europea decidió en junio de 2007 llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, atendiendo la demanda de cientos de afectados, el recurso sólo se ha presentado en julio de 2008.

"En un plazo de dos o tres meses debería haberse tramitado, y ha tardado más de un año, algo ha pasado ahí", admite otro jurista. Ya en marzo del año pasado Abusos Urbanísticos No (AUN) denunció que el tema "se cayó" de la agenda de la reunión de la Comisión en marzo, justo antes antes de las elecciones autonómicas, y sólo fue aprobado en junio, después de revalidar el PP una nueva mayoría absoluta en la Generalitat.

Las presiones de los gobiernos autonómicos y estatal han podido demorar este proceso, pero ahora se plantea por fin la batalla jurídica. España tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones, y en este proceso se podría volver a enredar la madeja, ya que la Generalitat, gobernada por el PP, no tiene entidad jurídica propia para poder defenderse y ha de ser el Gobierno de España, en manos de los socialistas, el que tutele la defensa jurídica.

En este sentido, será la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores la que ejerza la defensa del Consell.

En el plazo de un año, para septiembre de 2009, según cálculos de varios expertos consultados, se podría celebrar ante el Tribunal de Luxemburgo una vista pública en la que cada una de las partes enfrentadas, Comisión Europea y Gobierno de España defiendan sus respectivos puntos de vista.

Es posible que también intervenga algún Estado miembro que se considere afectado por este proceso. Quizás el Reino Unido, con un importante número de residentes en la Costa Blanca que se han sentido víctimas de los abusos urbanísticos y cuyo cónsul adquirió un protagonismo especial en las visitas que los eurodiputados hicieron a la Comunidad Valenciana, se persone a favor de las tesis de la Comisión Europea.

Tras la vista pública en el Tribunal de Luxemburgo, dentro de un año aproximadamente, un Abogado General examinará con detalle el caso en cuestión y emitirá un informe en el que dará su opinión, tras este dictamen el Tribunal de Luxemburgo se reunirá y se pronunciará mediante una sentencia, algo que podría llegar en un plazo de unos dos años.

Los expertos consultados ayer por este periódico advirtieron de que en el fondo no se dirimirá si la aprobación y ejecución de estos PAI, que han permitido construir miles de viviendas, ha violado el derecho a la propiedad privada de los residentes que habían adquirido hace años sus fincas.

La cuestión de fondo que analizará el Tribunal de Luxemburgo es si estos PAI son un contrato público, como defienden la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y la propia Comisión Europea, o si se trata de un contrato administrativo especial, como estima el gobierno de la Generalitat.

En el primer caso, no se trata sólo de que la tramitación de estos programas urbanísticos deba seguir unos rigurosos criterios de publicación, selección y adjudicación pública, sino que se deben regir por el derecho comunitario y respetar los estrictos límites que éste impone.

Sin embargo, si se considera que un PAI es un contrato administrativo especial , ello supondrá dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico o local su política urbanística y los criterios de adjudicación de estos programas.

"Aunque parece que se discute del sexo de los ángeles, las consecuencias son importantísimas: si prospera la tesis de los gobiernos valenciano y español, un ayuntamiento tendrá que aplicar la normativa europea de contratos públicos para comprar fotocopiadoras o para construir su nueva sede, pero para aprobar PAI valorados incluso en más de cien millones de euros, el ayuntamiento tendrá las manos libres siempre que respete la legislación autonómica.

Extraño, ¿no?", explica un experto consultado.