viernes, 23 de enero de 2009

Cambian la caducidad del trasvase por una reserva que dificulta los envíos del Tajo

MURCIA.- El grupo parlamentario Popular ha propuesto eliminar la caducidad del trasvase Tajo-Segura del proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, pero coincide con el PSOE en aumentar la reserva estratégica para la comunidad autónoma gobernada por el socialista José María Barreda hasta los 600 hectómetros cúbicos.

Este punto, que hará más difíciles los trasvases al Segura, y que no especifica si el agua procedería de los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía), ha sido consensuado con el viceportavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, pero cuenta con el rechazo frontal del PSOE murciano, según "La Opinión".

Así, el secretario general del PSRM, Pedro Saura, afirma que "no sólo es inadmisible la fecha de caducidad para 2015 que Castilla-La Mancha quiere imponer para el trasvase en su Estatuto, sino que también lo es la reserva estratégica que pretenden de 600 hectómetros cúbicos de agua, pues ésta significaría la muerte inmediata del canal".

Independientemente de qué embalses sean los que almacenen la reserva, ya que fuentes del ministerio de Medio Ambiente sostienen que los únicos serían Entrepeñas y Buendía, lo que está claro es que con 600 hectómetros cúbicos inmovilizados, y la probable de la Comunidad de Madrid, que no ha sido cuantificada, los trasvases a la cuenca del Segura serán más difíciles, a no ser que salga adelante la construcción de una nueva toma del trasvase en el embalse de Valdecañas (Cáceres).

Por su parte, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no quiso confirmar, "porque no es verdad", la información recogida por el diario 'El País' de que el PP pretenda eliminar la fecha de caducidad del Tajo-Segura en el Estatuto de Autonomía.

Además, el Congreso de los Diputados está recibiendo estos días, en medio de las negociaciones para la reforma del Estatuto de Toledo, decenas de mociones de ayuntamientos castellano-manchegos y de Murcia en favor y en contra, respectivamente del texto aprobado por las Cortes manchegas.

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