Zapatero exhibe el éxito de su política socialdemócrata durante el año 2006

Lo primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos dan una gran confianza y una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Además, ha sido un año de conquistas sociales, especialmente, con la aprobación de la Ley de la Autonomía Personal, de la Ley de la Dependencia, y con la Ley de Igualdad.

Permítanme que haga, desde esta perspectiva, una consideración de carácter general: España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del Estado del Bienestar, fortaleciendo nuestro Estado de Bienestar y nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país y para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la Legislatura tienen y presentan un balance de hechos y de datos objetivamente muy satisfactorio.

Crecer por encima de la media europea o de países como Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos; crear el 60 por 100 de los empleos de la Unión Europea; fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el Estado del Bienestar, es, sin duda alguna, un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país, y, sin duda alguna, es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del Gobierno.

Algunos datos son muy llamativos: un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4 por 100, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3’8 o el 3’9 por 100; 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo.

Quiero aportarles un dato: desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre se han registrado 1.200.000 contratos fijos; la cifra, con mucho, más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado y un crecimiento nada menos que del 61 por 100 del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54 por 100 son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica.

En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo, y al final del cuatro trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de veinte millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa ésa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad de cualquier política social para un Gobierno.

Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la Historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio con 1’5 por 100 de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto en un año, quiero recordar, que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

Además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo, del Estado del Bienestar. Más de un millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles, se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas, a los discapacitados, y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga, sin ninguna ayuda pública, de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado.

Ese cuarto pilar del Estado del Bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social. Con la Ley para la Autonomía personal, la Ley de la Dependencia, los españoles van a estar más seguros y más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas.

Quiero decirles que, desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia y también afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la Legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror.

Un año después he de decirles que, en lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos, por supuesto, mejor que antes de cinco años, pero también estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y, desde luego, el Gobierno seguirá trabajando, dentro de los principios establecidos, por el fin de la violencia.

Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de Estatutos; tres ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa Comunidad Autónoma. Hay otros Estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado Autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España y para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Un año después hace un año lo oíamos es evidente que España no se rompía; más bien, al contrario, España ha crecido, es más fuerte económica, política y socialmente. Ésa es la conclusión y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial.

Por último, quería decirles que en materia de política exterior el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada y ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Éste año, 2006, pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo.

Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para el año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años.

Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento de empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. España necesita, y ésas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo y salir del pelotón en el que hemos estado demasiados años:

El primero de ellos es la Economía del Conocimiento, la Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30 por 100 desde que llegamos al Gobierno, y por ello queremos tratar una nueva estrategia nacional con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I en la próxima Conferencia de Presidentes.

El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales; algunas están ya en las Cortes, como la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente; o la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; o la Ley de Parques Nacionales; o la Ley del Suelo.

Pero, además, para el próximo periodo el Gobierno va a presentar distintos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, el Proyecto de Ley de la defensa del patrimonio natural y la Biodiversidad, el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental y el Proyecto de Ley de la reforma de la Ley de Aguas, unido a la Ley del desarrollo sostenible del medio rural.

En definitiva, el medio Ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones Naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la Legislatura.

Y, en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos, proceso de modernización que tiene que empezar o que tiene como prioridad la seguridad, la seguridad en todos los ámbitos: la seguridad ciudadana con un incremento para este año de nueve mil policías y guardias civiles --se han incrementado cinco mil el año pasado-- , con la puesta en marcha del 50 por 100 de la Unidad Militar de Emergencias o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Éste ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar.

Modernización de nuestra seguridad y modernización de la Administración para los ciudadanos, para que la Administración esté en el mismo tiempo de modernidad que están la ciudadanía y la sociedad. Por ello les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación de fotocopia del DNI; antes de 2008 se eliminarán más de veinte millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites; antes del 31 de diciembre de 2007 tres millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios.

Éstas son medidas algunas de las cuales forman parte de esos tres grandes objetivos para este periodo de la Legislatura, que son las tres grandes necesidades de España.

Además de ello, quiero anunciarles una serie de Proyectos de Ley que también, por su significado, van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo:

• Ley de Tramitación de Adopciones Internacionales.
• Ley de medidas en materia de Seguridad Social, fruto del acuerdo en materia de Seguridad Social.
• Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los cuarenta mil millones de euros.
• Ley del Estatuto del Profesorado no Universitario.
• Ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
• Ley del Cine.
• Ley de desarrollo sostenible del medio rural, a la que antes hacía referencia.

Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más Proyectos de Ley, que tenemos para el próximo periodo.

Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y ocho en el Senado, en distintas fases del procedimiento legislativo, y en el año que ahora comienza el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a cuarenta leyes, algunas de las cuales acabo de referir, que abordarán todos los ámbitos de acción política y de acción administrativa.

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM

El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.

http://murciaconfidencial.blogspot.com

El Consell de Camps exigirá responsabilidades en "Terra Mítica" a los zaplanistas implicados

El Gobierno valenciano pretende marcar las distancias con los responsables políticos de la etapa en que se produjo el supuesto fraude en la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA), denunciado por la Agencia Tributaria e investigado, desde ayer, por la Fiscalía Anticorrupción alicantina.

Tanto es así que el Consell no descarta, según fuentes próximas al Gobierno autonómico, exigir responsabilidades penales individuales a los directivos que gestionaban entonces la SPTA si finalmente se prueba que consintieron o alentaron el presunto fraude. Esta posibilidad, no obstante, depende de que sean acusados también de forma personal.

Esta determinación guarda un fuerte paralelismo con la actuación del parque temático Terra Mítica, cuya construcción promovió la mencionada sociedad, respecto a la investigación judicial sobre una presunta trama de facturas falsas. Entonces el parque pretendió personarse como parte perjudicada, cuando también era parte denunciada. Posteriormente, al desvelarse en unas grabaciones el presunto reparto de comisiones entre Eduardo Zaplana (en la fotografía inferior) y el empresario Vicente Conesa, el juez permitió a Terra Mítica personarse en la causa por estafa, aunque no por el resto de delitos investigados.

En cualquier caso, el proceso se encuentra todavía en una fase embrionaria, dado que es el fiscal Felipe Briones quien debe decidir, dentro del plazo de seis meses, si archiva la denuncia de la Agencia Tributaria o bien la remite a un juzgado para que abra diligencias.

Así, hay que entender la determinación de emprender, llegado el caso, acciones legales como un intento de desmarcarse desde el principio de la gestión de los responsables de la SPTA en 2000 y 2001, la actual consellera de Cooperación, Gema Amor, y Luis Esteban, presidente a su vez en la misma etapa de Terra Mítica.

Reunión en la Fiscalía

Por otra parte, el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Antonio López Coig, confirmó que ayer recibieron la documentación remitida por la Fiscalía de Valencia. De hecho, López Coig y Briones, que regresó ayer de vacaciones, pasaron gran parte de la mañana reunidos para analizar el contenido de la misma. Más de mil folios donde se detalla la investigación desarrollada en Valencia, y remitida a Alicante -la Fiscalía competente- el pasado martes.

Dado que gran parte del trabajo de investigación ya ha sido realizado, todo indica que Briones no agotará sus seis meses de plazo antes de tomar una decisión.

www.valencia.abc.es

El Estado se presenta en "territorio comanche"

La Fiscalía General del Estado ha tomado las riendas de las investigaciones sobre la ya muy evidente corrupción urbanística enlazada con el blanqueo de capitales en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, según se ha podido saber en medios de la Audiencia Nacional. La estrategia a seguir ha sido venir desde Madrid a “territorio comanche”.

El juez Baltasar Garzón ha estado durante tres días discretamente en la zona, en fechas inmediatamente anteriores a la Navidad y acompañado de fiscales y agentes de la policía judicial. En torno a febrero se esperan las detenciones más sonadas, desde El Ejido hasta Alicante, de políticos, comisionistas, testaferros y promotores inmobiliarios de nuevo cuño. Pero en enero ya se podrán ver los primeros signos de una operación que tiene un éxito más que asegurado.

Los “cuarteles generales” de jueces, fiscales y funcionarios especialistas en blanqueo de dinero han sido durante los primeros veinte días de diciembre los paradores nacionales de Mojácar, en Almería, y Puerto Lumbreras (en la ilustración), en Murcia. Allí se han reunidos miembros de la Fiscalía Anticorrupción con Garzón y otros miembros de la Audiencia Nacional desplazados para investigar y conocer sobre el terreno las actividades de determinadas empresas de súbito y vertiginoso ascenso. Vestidos con vaqueros, los investigadores se han mezclado con la población para trabajar, comprobar y verificar algunos de sus indicios a partir de denuncias y/o de oficio que han prosperado.

Al parecer, el grueso de esas investigaciones estaría centrado en el levante almeriense (Vera, Mojácar, Carboneras, Cuevas de Almanzora y Níjar), costa murciana de Águilas, Mazarrón y Mar Menor, y sur de Alicante (Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Guardamar y Santa Pola). En Murcia y Almería podrían caer personas más que relevantes, aunque se desconoce (es probable que no) si estos profesionales enviados desde Madrid han entrado en contacto o han informado a sus compañeros de aquí. Parece que casi todo se va a llevar desde la Audiencia Nacional.

Con ayuda de jueces, fiscales y policía judicial de otros países de la Unión Europea, la fuerza española desplegada en un amplio territorio tiene como objetivo desmantelar desarrolladas estructuras mafiosas del Este y Rusia, conectadas con españoles que lavan capitales procedentes del narcotráfico, del juego y de la prostitución, fundamentalmente, según datos de una investigación que ya tiene un nombre propio y que el tiempo desvelará sus razones y causas objetivas.

Al menos tres conocidas empresas murcianas de especulación inmobiliaria y de terrenos están en el punto de mira de la Fiscalía General del Estado, Hacienda y la Audiencia Nacional. Cuando pronto sean intervenidas sus cuentas bancarias y locales comerciales, muy poca gente se sorprenderá porque dos de ellas son muy conocidas y están en boca de todos desde hace tiempo por un protagonismo que ha llegado a repeler a los grandes capitales locales más clásicos. Uno de sus ex socios ya se ha puesto en manos de un abogado murciano presumiendo que se le pueda imputar en algo.

El Rey apela en su discurso de Navidad a un urbanismo "que responda al interés general"

En estas fechas navideñas quiero haceros llegar, junto a la Reina y a toda mi Familia, nuestro mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas y para el Año Nuevo 2007 que esperamos, de corazón, lleno de paz, de alegría y de bienestar, para todos y cada uno de vosotros.

Como todos los años, no quiero dejar de expresar esta Noche nuestro cariño, cercanía y comprensión hacia quienes padecen dolor, sufrimiento o soledad.

Al prepararnos para el Año Nuevo, debemos tomar conciencia de lo mucho que juntos hemos avanzado en las últimas décadas y del enorme potencial que, trabajando unidos, España encierra para nuestro futuro.

Como ya dije hace un año, España es una gran Nación de la que todos podemos sentirnos orgullosos.

Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de paz, estabilidad, progreso y bienestar, en democracia y libertad. Unidos hemos alcanzado una modernización sin precedentes en nuestra Historia.

Pero no debemos ni podemos dar por sentados los avances que juntos hemos logrado con gran esfuerzo y sacrificio, atravesando incluso momentos de intenso dolor y sufrimiento.

Las claves de nuestra modernización han sido la reconciliación, la concordia, la generosidad y la común voluntad de construir una España democrática, moderna, unida y respetuosa de su rica diversidad, en torno a una Constitución de todos y para todos, producto del más amplio consenso entre españoles.

Esa voluntad de consenso, que en su día hizo posible la Transición, ha sido también el fundamento de nuestros principales logros.

De ahí, una vez más, mi apelación a las instituciones y a los partidos del arco constitucional, para que contribuyan, mediante el más amplio consenso y el apoyo del conjunto de la sociedad, a asegurar la mejor solución a las principales preocupaciones de los ciudadanos, siempre en el marco de nuestra Constitución.

Es hora de redoblar esfuerzos en esa dirección, desde el respeto mutuo, con un diálogo sincero y responsable. Esto es lo que la gran mayoría de los ciudadanos espera de sus instituciones y legítimos representantes.

No se trata de renunciar a nuestras propias convicciones, sino de concentrarnos en todo aquello que nos une para buscar el acuerdo en lo esencial, siempre al servicio de un futuro cada vez mejor para España.

Un futuro que merece una dedicación diaria por parte de todos y cada uno de nosotros. Soseguemos la vida política y trabajemos con espíritu integrador.

Nuestra Constitución nos ofrece un marco amplio y generoso que asegura la convivencia en libertad de todos los españoles, el pleno ejercicio de nuestros derechos y la pacífica defensa de cualquier opción política.

Por ello, en democracia, la única respuesta a la extorsión, la coacción y la violencia es la que resulta de la primacía de la Ley y del Estado de Derecho.

Esa garantía de armónica convivencia que a todos nos proporciona nuestra norma fundamental, debe ser correspondida con el respeto a sus reglas como expresión de la voluntad popular.

Y todas las instituciones y fuerzas democráticas tenemos el deber y la responsabilidad de lograr la unidad y la cohesión para desplegar todos los esfuerzos que nos permitan alcanzar, juntos, el objetivo irrenunciable de poner fin al terrorismo, dentro del pleno respeto a nuestra Constitución.

De la profunda crueldad del terrorismo dan testimonio la muerte y el sufrimiento de tantas víctimas, así como el dolor de sus familias, a quienes debemos nuestro respeto, afecto, apoyo y solidaridad.

España es hoy una sociedad moderna y avanzada, de hombres y mujeres trabajadores, generosos y solidarios y que contribuyen con esfuerzo al bienestar de sus familias y del conjunto de la sociedad.

Un país con un rico y variado patrimonio histórico, artístico y lingüístico, orgulloso de la fuerza de su creatividad y capaz de alcanzar grandes éxitos culturales, logros sociales o triunfos deportivos.

Gracias a la dedicación y al empeño de todos, España sigue creciendo de forma sostenida por encima de la media europea, mejorando servicios, prestaciones sociales e infraestructuras.

Pero nuestro afán de bienestar no debe concentrarse sólo en los aspectos materiales, ni limitarse al tiempo presente. Ha de ser una ambición permanente, que nos permita crecer en valores individuales y colectivos para construir un futuro siempre más próspero, justo y solidario.

Se trata de aportar mayores esfuerzos para seguir extendiendo al conjunto de los ciudadanos los beneficios de nuestro progreso.

Reforcemos la lucha contra la pobreza, la marginación o la exclusión social. Sigamos corrigiendo desigualdades, atendiendo en mayor medida a los discapacitados y amparando a quienes más lo necesitan. Un esfuerzo común, del que tenemos un buen ejemplo en la reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Dependencia.

Se trata, al mismo tiempo, de aportar la ilusión, el aliento y la confianza que bien merecen nuestros jóvenes, en su afán por conseguir una sociedad cada vez más equitativa.

Más y mejor empleo, protección social, cobertura sanitaria o acceso a la vivienda, son legítimas preocupaciones y aspiraciones de los españoles.

Por otra parte, nuestros éxitos económicos y sociales explican los flujos migratorios de tantos hombres y mujeres que se han instalado en España y contribuyen con su valioso esfuerzo a nuestro crecimiento. Un esfuerzo que merece reconocimiento y gratitud.

Junto a ello, tenemos que actuar con rigor y solidaridad para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Gestionar nuestro progreso con visión de futuro exige redoblar esfuerzos en educación, así como en investigación e innovación, que son pilares básicos para elevar la competitividad, mantener el desarrollo y ampliar nuestro bienestar.

Aseguremos plenamente los derechos humanos y la dignidad de cada persona, sea cual sea su origen, raza, sexo, religión o credo, promoviendo todos aquellos valores que distinguen al ser humano.

De ahí, la gratitud, el estímulo y el apoyo que debemos a cuantas instituciones y voluntarios fomentan esos valores con su entrega en múltiples ámbitos como la infancia, la juventud o la atención a nuestros mayores. Una labor en la que la familia desempeña siempre un papel esencial.
Cuidemos la extraordinaria riqueza ambiental de España, de modo que el progreso no sea una hipoteca para el futuro, no agote los recursos y no destruya nuestro entorno natural.

Nuestro desarrollo sostenible requiere la más eficaz cooperación para proteger con mayor ahínco nuestros paisajes, bosques y costas, de brutales incendios y otras calamidades, asegurando que el desarrollo industrial y urbanístico responda al interés general.

Hoy los españoles somos conscientes de que nuestro bienestar, crecimiento y seguridad, dependen cada vez más del exterior. Acaban de cumplirse veinte años de nuestra integración en la Unión Europea. Para seguir progresando, debemos reforzar nuestra presencia internacional. Debemos sumar fuerzas para ganar eficacia y cohesión en la promoción y defensa de nuestros intereses en el mundo.

Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que, a favor del mantenimiento de la paz y de la protección de los derechos humanos, asumen nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en el eficaz cumplimiento de las misiones asignadas en muy diversas latitudes, como en los Balcanes, el Líbano o Afganistán.

También la Cooperación al Desarrollo representa una parte esencial de nuestra acción exterior, a la que dedicamos crecientes recursos. Merece nuestro reconocimiento el encomiable esfuerzo de solidaridad de tantos cooperantes españoles que, en todo el mundo, dan lo mejor de sí mismos por los demás.

Quiero asimismo expresar mi gratitud a cuantos cada día, y también esta Noche, atienden nuestra sanidad, seguridad y tantos otros servicios.

Tengo plena confianza en nuestro futuro, en el futuro de España, porque tengo confianza en todos los españoles, en los hombres y mujeres de cada uno de nuestros pueblos, ciudades y Comunidades Autónomas.

Sigamos adelante. Con orgullo y autoestima, sin caer en el desaliento y, menos aún, en la indiferencia. Profundamente convencidos acerca de nuestras posibilidades, respetuosos con nuestra diversidad, sin perder nunca la unidad que nos da la fuerza y la dimensión necesarias para el progreso.

En el afán diario por construir juntos una España siempre mejor, nunca os faltará el impulso moderador e integrador de la Corona, así como mi plena entrega y mejor voluntad de servicio a España y a todos los españoles. Una tarea y dedicación que tienen en el Príncipe de Asturias la mejor garantía de futuro.

A todos los españoles, y especialmente a quienes os halláis en el exterior, así como a los extranjeros que residís entre nosotros, reitero de corazón mi mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas de Navidad y para el Año Nuevo 2007.

Buenas noches.

La Diócesis de Orihuela-Alicante condena el urbanismo depredador

La condena pública del actual modelo de desarrollo urbanístico depredador en la provincia de Alicante por parte de la iglesia de la diócesis de Orihuela (en la ilustración, Nuestra Señora de Gracia, su sede en Alicante) a un paso de las fiestas de Navidad y Reyes se suma a otras dos efectuadas anteriormente por el propio Parlamento Europeo y las instituciones de la sociedad civil, y sitúa al gobierno conservador de la Generalitat en el centro de todas las censuras a tan sólo cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Esa rotunda crítica eclesial sirve igual para los gobiernos autónomos de signo PP en la Región de Murcia e islas Baleares. Alcaldes democristianos con proyectos urbanísticos muy sobredimensionados, caso de Águilas, en la costa murciana, se ven ahora en la tesitura de rectificar o de pechar con el purgatorio electoral. Se echa en falta entre los católicos más concienciados de la archidiócesis de Valencia o la diócesis de Cartagena una condena en el mismo o parecido sentido, aunque no se espera o parece muy improbable en ambos casos.

Sin embargo, de insostenible e inmoral califica la iglesia católica alicantina ese urbanismo que procura 400.000 viviendas vacías en esta provincia mientras jóvenes, mayores, inmigrantes y numerosas personas desfavorecidas no tienen acceso a un techo digno. “Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», según el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, Lucio Arnáiz.

La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante aboga por romper con la concepción del suelo como un recurso económico especulativo porque considera que produce situaciones objetivamente “inmorales”. Las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, que el precio de los inmuebles haya subido trece veces más que el salario medio desde el año 1987 o que el suelo agrícola se transforme a pasos agigantados en “monocultivos de construcción”, son algunas de sus principales preocupaciones.

A juicio de Arnáiz, el urbanismo se ha convertido en el principal motor económico de la provincia en detrimento de sectores tradicionales como la agricultura o las industrias del calzado o el textil, pero alerta de que “no puede ser una posibilidad ilimitada o eterna, sino que tendrá un tope”.Por este motivo, resalta la necesidad de la concurrencia del Estado, el mercado y la sociedad civil para que “todos puedan disfrutar del bien común”.

El documento titulado «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «la doctrina social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades», es un pronunciamiento de la Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», según el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Esteve.

El estudio, que en esencia muestra los puntos de conflicto entre el “afán urbanizador” que afecta a muchos puntos de la provincia y la doctrina social de la Iglesia, pretende ser ante todo “una invitación a la reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en el ámbito económico, social y medioambiental”, según Arnáiz.

Sus autores consideran necesaria una intervención del Estado, a través de las administraciones públicas. «La Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». A su juicio, no puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad».

Según Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, este responsable diocesano expresa que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo.

Para Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista esos factores medioambientales ni de futuro”. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario alicantino consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», especialmente a juicio de Antonio Esteve.

Desde la Diócesis también se plantea la cuestión del modelo de ciudad que se desea y cómo va a influir ese modelo en los ciudadanos. En este sentido, “rechaza la construcción y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», dice el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social».

Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error».

Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta Esteve la rehabilitación de los cascos urbanos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» esas viviendas, pero sí es necesario penalizarlas».

Además, ambos consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.

El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, el catedrático universitario de Geografía, Eugenio Burriel, ha manifestado, a propósito de ese documento diocesano, que “hasta la Iglesia se ha unido ya a la condena unánime de todas las instituciones sociales y políticas, y ha censurado los pecados cometidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el ladrillo y la vivienda”. Burriel destaca, igualmente, que “las instituciones europeas, el Síndico de Agravios, los propios medios de comunicación e, incluso, la patronal de turismo Exceltur han denunciado, junto con la Oposición, la depredación urbanística que ha practicado el Consell”.

Burriel incide en ese argumento y añade que «hasta una institución tan prudente como la Iglesia ha tenido que poner de manifiesto lo inaceptable de este crecimiento desaforado, que no parece tener límites, y la inmoralidad de la política de vivienda de Camps, que no atiende a esa necesidad básica de los ciudadanos». El responsable socialista señala que, «como todos los pecados, éste también debe cumplir penitencia», si bien subraya que en política, «la penitencia la dictan los ciudadanos retirando su confianza a quien dirige una gestión tan desastrosa como esta”.

Para el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, los «pecados del ladrillo no pueden perdonarse sólo con la propaganda con la que nos inunda cada día», en clara referencia al conseller de Territorio, Esteban González Pons. «Es necesario el arrepentimiento, que implica pedir perdón a los ciudadanos por los daños medioambientales, económicos y sociales que han provocado», dice el responsable socialista en materia de urbanismo.

Además, Burriel considera que debe haber un «auténtico propósito de enmienda, lo que supone cambiar de verdad la política urbanística practicada durante tantos años por el PP y que ahora sigue siendo la misma, pese a la palabrería pseudo verde de Pons».

«La penitencia de Camps llegará en 2007 - pronostica Eugenio Burriel - porque los ciudadanos no le perdonarán que haya destruido el territorio mientras que los muchos de ellos siguen sin poder acceder a una vivienda adecuada».

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante, Ramón Jerez, afirma que esta postura de la Diócesis «es una opinión que, en una economía libre de mercado, es prácticamente imposible o muy difícil de abordar». Califica el razonamiento como «discutible desde ese punto de vista».

A su juicio, incentivar los alquileres, promover las viviendas de protección oficial o fiscalizar las viviendas vacías «son peticiones que se pueden hacer, pero que no tienen sentido con las leyes actuales ni con la economía española». Jerez entiende que «es cierto que los precios hacen muy complicada la adquisición de una vivienda, con hipotecas que suponen en muchos casos el 60% de la economía familiar, pero la posición de la Iglesia en este caso es un brindis al sol, porque para aplicar sus razonamientos sería necesario cambiar el modelo de Estado actual, lo cual no es una tarea fácil ante la globalización económica».

Según Ramón Jerez, las intenciones de la Iglesia pueden ser muy buenas, «de una gran sensibilidad, pero no son reales y pueden generar falsas esperanzas».

Etelvina los acojona

La confirmada candidata del PSPV a la alcaldía de la ciudad de Alicante, Etelvina Andreu, actual subdelegada del Gobierno hasta el próximo mes de marzo y joven profesora de investigación médica en la Universidad de Elche, tiene literalmente acojonados a los dirigentes de un PP alicantino, hoy rodeado de sospechas de corrupción por todas partes y con un alcalde-candidato, imputado por los jueces en varios procedimientos activos, no apoyado por todos los sectores de su partido a la vista de las filtraciones de los zaplanistas sobre tanto “talón de Aquiles” en organismo arruinado por el sobrepeso... de los bolsillos.

La derrota ya la huele "el gordo" por su reconocido olfato político e intentará, a la desesperada, utilizar todos los recursos a su alcance para tratar de sorprender a "la rubia" en el último momento. Veremos qué supone en votos perdidos el trance por el que atraviesa el PP en media España, aunque especialmente en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Canarias, después de haber caído en la tentación del dinero fácil y “negro” que proporciona un urbanismo desbocado y en manos de promotores inmobiliarios sin escrúpulos, como los que por aquí conocemos.

Su dialéctica electoral, su condición de mujer de hoy y el desgaste de Díaz Alperi tras doce años al frente de una ciudad caótica, vaticinan que esta antigua alumna del IES "Figueras Pacheco", física por la Universidad de Valencia, doctora en Medicina por la Universidad de Alicante, investigadora en centros de elite de España, USA y RFA, y vecina del castizo barrio de Benalúa, le dará la vuelta a la situación con muy poco esfuerzo mental. Su atractivo físico y lo bien que resulta en los carteles, es el remate para la frustración del adversario sabedor, además, de su atractivo intelectual añadido cuando se la trata en corto. Alperi no es rival para esta ganadora nata de manos limpias, ideas claras y conciencia social.

Los resabios del sexagenario alcalde, excelente jugador de mus en el Real Club de Regatas como destacado capítulo de su biografía, y sus poderosos amigos de un rancio conservadurismo, que apesta a naftalina neoliberal, poco pueden hacer a cinco meses de la cita electoral por convencer de que no conviene apostar ahora por la renovada socialdemocracia que Zapatero lidera en la Unión Europea y Etelvina en la ciudad de Alicante. Una mujer de 37 años, integrante de una generación emergente de nuevos profesionales, madre y esposa, y con el dominio de cuatro idiomas: inglés, alemán, francés y ruso para poder desarrollar su trabajo con la mayor competencia y destreza, no hay supuesto más que corrupto que la venza.

Mientras Alperi es el pasado, la sospecha y la ignorancia, Andreu representa el futuro, la honestidad y el saber cómo. Y, básicamente, la esperanza. La contraofensiva propagandística de los populares se basa, precisamente, en destacar sus méritos académicos y científicos como un lastre en contraposición a la experiencia acumulada en la gestión de Alicante por un alcalde sin estudios como el mejor activo que se pueda ofrecer a los electores al inicio de un siglo XXI que se presenta, de entrada, con una gran complejidad para el más ignorante. El dinero en esta ciudad demostrará que es necio si no cambia a tiempo de jinete para sus intereses y manda a Alperi a disfrutar de todo lo que ha ganado para que ahora no perturbe el pretendido idilio que esos hombres de negocios tienen que procurar para salvar, al menos, los muebles.

El único peligro que acecha a Etelvina, y del que debe de huir como del diablo, es dejarse influir por los fantasmas del pasado de su partido. Su mayor ventaja, el método universitario aplicado a las necesidades que vayan surgiendo en campaña y la asistencia cercana y profesional de su marido, periodista de profesión. No habrá que desdeñar tampoco el sabio consejo que, en determinado momento, pueda solicitar y oír de su único hermano, mayor que ella y brillante profesional residente en Suiza. Nunca mirar hacia atrás para no quedar convertida en estatua de sal por el encanto con trampa de tanto saurio vestido de rojo.

Durante estos días, sectores interesados están filtrando, desde fuera y desde dentro, el nombre del ex alcalde Ángel Luna como posible candidato a la futura presidencia de la Diputación Provincial en base al mérito de haberse opuesto en su día, sin complejos ni temor, al mismísimo Felipe González. Ese es, precisamente, uno de esos fantasmas vivientes que, de vez en cuando, salen de su dorado sepulcro actual para intentar confundir a la militancia, junto con Ángel Franco, García Miralles, Luis Berenguer, Ángel Cuesta, Fernández Valenzuela y tantos otros bastante acoplados, de segundo y tercer nivel. Su tiempo ha pasado ya y no deben volver.

Ese sepulcro de oro de Luna es, en este caso, ahora la empresa "Ortiz e Hijos" como antes lo fue "Hansa Urbana" o en el inicio "Pérez Segura y asociados". Estamos ante un “Díaz Alperi” de la izquierda local que, si no aspira él mismo a encabezar la candidatura al Ayuntamiento, es porque su reciente currículo lo haría bastante vulnerable, al margen de que se encuentra muy lejos de lo que hoy representa en España el programa político de Rodríguez Zapatero. En realidad aspira a ser el interlocutor de Etelvina en nombre del dinero, algo legítimo, pero conllevaría un serio riesgo llevarlo en la lista de candidatos al consistorio por lo que de merma provocaría en votos desde una izquierda alicantina sabedora de qué va ahora quien se trabajó su futuro profesional estando aún en la alcadía. Ustedes ya me entienden. El pasado es recurrente.

“Vamos a por ellos” es el grito de guerra de una, rebosante de frescura, candidata a la alcaldía de Alicante, que ya requiere otros planteamientos y unos gestores políticos muy bien formados en todos los sentidos. Que el eminente investigador bioquímico, universalmente conocido, Bernat Soria (maestro profesional de Etelvina en el laboratorio), viajase hasta Alicante para darle su preciado apoyo expreso en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, demuestra la confianza de gentes de calidad que concita la antítesis de una forma de hacer política alejada de los especuladores, la no necesidad final de ser investigada por la Justicia y más pegada a las inquietudes de las gentes de a pié. La candidata socialista gana a todos en verdadera sensibilidad política y ciudadana.

La V de la victoria casi segura de esta candidata renovadora y regeneracionista, a quien repelen los sobre costes en las obras públicas y ya anuncia un definitivo y urgente PGOU para conjurar más oportunidades de “pelotazos” inmobiliarios por todos los amigos de Alperi, se sustenta a través de la V de Etelvina, en la voluntad, el vigor, el valor, la vocación y la vida de Etelvina, pensando en los miles y miles de alicantinos excluidos del gran banquete de la riqueza acaparada por unos cuantos durante el duodenato del llamado Luis XVI. Es lo que ahora toca.

Como bien ha dicho la candidata socialista a la presidencia de la República Francesa, Ségolène Royal, las cosas ya no son ni serán como eran. Por eso, Luna, déjala en paz y no la tientes más.

El coste de la corrupción

La querella presentada ayer por la Fiscalía contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el militante de Coalición Canaria Miguel Zerolo, y la libertad bajo fianza de 80.000 euros decretada para el presidente del PP en Telde, José Luis Sánchez, constituyen los últimos episodios de las investigaciones sobre posibles delitos de corrupción. Las pesquisas se están desarrollando en un período preelectoral, lo que inquieta a todas las formaciones políticas concernidas por ellas y que tienden a reaccionar con visible contrariedad. Así, el presidente de Baleares, el popular Jaume Matas, ha llegado a sostener que las indagaciones del Ministerio Público en Andratx constituyen una especie de 11 de marzo para su partido, cuya intención de voto, según las encuestas, se ve seriamente mermada.

Con independencia de que resulte inadmisible que se invoque la tragedia del 11-M con voluntad de alentar presuntas conspiraciones, no es de recibo descargar las culpas en la Fiscalía, que debe cumplir con su obligación de perseguir el delito. Las acusaciones de parcialidad no sólo no contribuyen a aliviar la irritación que suscitan en la ciudadanía los abusos de algunos de sus servidores públicos, sino que llevan implícita la sospecha de que jueces y fiscales prevarican con actuaciones de mala fe destinadas a perjudicar a terceros. La generalización no es verosímil y, en todo caso, esas imputaciones no deberían insinuarse si hay pruebas concluyentes.

Es indudable que las investigaciones de casos de corrupción pueden provocar movimientos en el electorado, que toma en consideración todos los factores a la hora de ponderar su voto. Pero si los partidos –y, en especial, las dos grandes formaciones– quieren librarse de esta destructiva rémora, deben combatir desde dentro la corrupción, prevenirla primero y erradicarla sin contemplaciones. Si las fuerzas políticas tienen esa vocación compartida, deberían consensuar mecanismos eficaces para combatir cualquier irregularidad.

Los escasos intentos ya consolidados, como el Pacto Antitransfuguismo, han demostrado su eficacia aunque sus resultados hayan sido insuficientes por la ausencia de una voluntad política real de aplicarlos. Lo exigible y lo que la ciudadanía reclama es que los partidos renuncien a utilizar la corrupción como arma arrojadiza y no se amparen en excusas de difícil justificación para tratar de eludir sus responsabilidades.

www.lasprovincias.es

Burbuja inmobiliaria como método de control social

La burbuja inmobiliaria puede ser vista como una estratégia (egoísta y despiadada) de control social ante un futuro de baja energía. Con ella se consiguen varios objetivos: expolio masivo a las nuevas generaciones y trasvase de los ingresos futuros de la clase trabajadora hacia las clases altas.

El hecho efectivo es que los ricos compran (de saldo) el trabajo de los pobres (mayoría jóvenes) mediante una monumental estafa. La hipoteca, unida a un contexto de carestía de empleo, supone efectivamente la desaparición de la clase media. El hipotecado no tendrá los medios (trabajo) para devolver su deuda, con lo que la hipoteca se convertirá en esclavitud económica de por vida.

Efecto riqueza y anestesia ladrillil

Al populacho le pasa desapercibido el hecho de que, a pesar de un supuesto crecimiento económico, cada día que pasa es más pobre. El efecto riqueza permite que el expolio masivo pase desapercibido hasta que ya es demasiado tarde (la sociedad está completamente "hipotecada"). La sociedad en su conjunto se convierte, a su vez, en un esclavo más del gran capital. La hipoteca "impagable" se convierte en un medio de control social muy efectivo. Al hipotecado se le limita, efectivamente, la movilidad, el consumo, las reivindicaciones laborales (por miedo a perder la fuente de ingresos), se socava su dignidad como persona (el hecho efectivo es ser un esclavo sin derechos).

La hipoteca se convierte en un perfecto medio "legal" de control social en tiempos de "vacas flacas" (los que están por llegar). La deuda pasa a ser la relación principal entre Estado-ciudadano. El ciudadano se encuentra en una situación de esclavitud velada, pues su deuda es impagable. Los tipos de interés (controlados por el poder económico) se convierten en un dispositivo (soga al cuello) perfecto para el control de los endeudados. El poder económico controla, efectivamente, el nivel de consumo de sus "esclavos" por medio de herramientas económicas "legales".

El nivel de consumo energético de los endeudados puede ser limitado a voluntad, dejando recursos disponibles para las clases altas. La sociedad se divide en dos grupos de individuos:

1. Los pobres y los endeudados

2. Los prestamistas.

Los del grupo 1 se convierten, efectivamente, en esclavos de los del grupo 2, pues sin encarecimiento económico, una deuda que crece con el tiempo (intereses) no puede ser devuelta.

Pasar del grupo 1 al 2 será imposible.

www.crisisenergetica.org

Felíz Navidad a todos nuestros lectores y amigos

El administrador de este blog desea a todos sus lectores una felíz Navidad y les emplaza a olvidar por unos días la tensión de la vida diaria para que la paz inunde sus corazones.

Desea también a todos ellos un año 2007 cargado de renovación, esperanza y justicia desde el principio, y que sus expectativas más elementales no se vean frustradas en ningún caso.

Para los más necesitados, unos Reyes Magos espléndidos y generosos con todo lo que han pedido.Y para los más arriesgados, que el "gordo" de la Lotería Nacional no les pille muy lejos.

Durante unos días de la semana próxima, estaremos previsiblemente ausentes al menos que una terca actualidad nos obligue a dejar el ambiente familiar antes de tiempo.

Que esta María inspiradora de la actual bandera de la Unión Europea, localizada en el ábside de la catedral francesa de Estrasburgo, os acompañe, y nos acompañe, a todos en nuestro obligado proceso de perfección para el progreso.

Desplome de la expectativa inmobiliaria

Las expectativas de alta rentabilidad en inversiones urbanísticas residenciales en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana se están desplomando por semanas, según fuentes muy contrastadas en gabinetes asesores de la ciudad suiza de Zurich, que todavía tienen sin confirmar la entrada definitiva del “Credit Suisse” en el capital del teórico líder español del subsector, “Polaris World”, en espera de saber en realidad cuantas casas ha vendido de verdad desde el comienzo de su actividad. Por debajo de mil, no le interesa y, según la competencia, esa cifra no ha llegado nunca a ser rebasada.

La información que emana al respecto de los dos grandes bancos españoles, BSCH y BBVA, no ayuda a mejorar la solvencia ni la imagen de solidez de las empresas dedicadas a viviendas para el turismo residencial. En plena recesión y reorientación hacia otros mercados de las dos grandes demandas clásicas, la británica y la alemana, los riegos de este subsector aumentan por días y las directrices en cuanto a crédito lo refleja a la perfección. Hasta las Baleares están siendo rechazadas por un exceso de hormigón y ahora se buscan nuevos paraísos naturales en torno al Mediterráneo sur y oriental.

Tanto las direcciones de zona en Murcia como en Alicante de estas dos grandes entidades bancarias, han recibido instrucciones muy precisas y un nuevo procedimiento más estricto para la concesión del “préstamo al promotor”. La clave parece estar en el repaso con lupa de los balances para detectar su elevado riesgo a la hora de concederles más crédito. De acuerdo con los expertos de Zurich (arriba en la ilustración), las expectativas a medio y largo plazo ya no son nada claras en la actividad inmobiliaria española. Piensan que hemos “matado la gallina” a precio de saldo y por una oferta masificada y relativamente muy cara, que ya se rechaza.

Irrepetible el crecimiento experimentado entre 2000-2005, multiplicado por dos el número de empresas y de empleo, y solamente explicable ese ritmo por la ejecución de planes urbanísticos forzados por la corrupción política, la segunda residencia y las ventas a ciudadanos extranjeros, ahora el elevado precio de la vivienda y la deuda familiar acumulada, aconsejan la máxima prudencia a la hora de financiar nuevos proyectos de mercantiles endeudadas en exceso, caso más evidente de “Polaris World” con la Caja de Ahorros de Murcia y de alguna otra promotora madrileña con la CAM.

La importante desaceleración contrastada en la venta de suelo e inmuebles, la paralización de planes urbanísticos sobredimensionados y sin garantías de disponer de los suficientes recursos e infraestructuras, el creciente fraude por baja calidad en las ventas a ciudadanos extranjeros, las estafas que van a más, la imagen percibida de corrupción que ha trascendido nuestras fronteras hasta llegar a Bruselas y ser censurada por el Parlamento Europeo, y una adaptación de esta actividad económica a la realidad de su mercado, ya provoca fuertes pérdidas de empleo contratado y subcontratado en el sector de la Construcción.

Coincidencia en casos de la bajada experimentada por este negocio en Alicante-Murcia con un nivel fuerte de endeudamiento de bastantes empresas promotoras y constructoras para seguir el frenesí de los buenos tiempos, ya pasados casi definitivamente por muchos años, es el dato que obliga a estudiar con más cuidado los pasos a dar para confirmar la solidez de cada solicitud de crédito pese a que las hipotecas han aumentado en un año alrededor del 20% en la Región de Murcia y un 25% la financiación a estas empresas. El 2007 marcará, sin duda, una nueva tónica para la economía especulativa.

Ante el pronóstico pesimista de los gabinetes asesores en inversión de Zurich, en el sentido de que hasta un 75% de estas empresas pueden desaparecer antes del año 2010 en ambas provincias, algunas de ellas buscan ahora con prisas su supervivencia en la diversificación de actividades con su entrada en la economía productiva a través de compras directas de mercantiles viables en crisis o de la fórmula del capital-riesgo cuando ello es posible en base a una fuerte capitalización anterior. (NEM)

Los promotores de la costa se quejan del "acoso" político y mediático

Los promotores de residenciales turísticos se sienten acosados por la prensa y por las nuevas medidas urbanísticas de las distintas Administraciones. El sector reclama apoyo y rechaza que la corrupción, la especulación o las 'irresponsabilidades medioambientales' sean prácticas generalizadas. La denuncia la realizó ayer en Málaga la asociación de promotores Live in Spain. Su presidente, Manuel Gandarias, reclamó que 'se deje de acosar al sector desde la Administración y desde una parte del universo mediático', ya que se 'deteriora la marca España' y se 'hace mella' en los mercados de origen, principalmente en el británico y alemán, que se reorientan hacia otros destinos emergentes.

A su entender, los casos de corrupción o de urbanismo salvaje son 'tan excepcionales como en cualquier otra actividad económica en la que se acuda al fraude como mecanismo para aumentar rentabilidades'.

El presidente de Live in Spain asegura que las empresas inmobiliarias habían apostado por un turismo sostenible de baja densidad y debido a la situación actual 'se están teniendo que ir fuera'. Según sus cálculos, para que España se convierta en un destino de golf hace falta construir un millar de campos, objetivo que Gandarias dudó que pueda lograrse con las nuevas normativas. En su opinión, el golf podía haber sido 'la base para un nuevo modelo de turismo' que contribuyese a reforzar el turismo interior. Los promotores demandan 'el mismo apoyo público, institucional y mediático' que tiene el turismo para el sector residencial, ante la competencia de otros países.

En un escenario de desaceleración, la edificación residencial se reduciría en un tercio hasta 450.000 viviendas anuales, y el turismo residencial pasaría a ocupar una tercera parte de la demanda inmobiliaria española, con lo que serviría de 'amortiguador' a la caída de la demanda de interior, indicó.

Manuel Gandarias participó ayer en Málaga en la presentación de un estudio que denuncia que la normativa tributaria española discrimina la inversión residencial de los no residentes frente a la tributación de los residentes.

Una asociación de referencia con 40 firmas

Live is Spain, considerado el principal referente del turismo residencial en España, agrupa a unas 40 empresas promotoras, inmobiliarias y constructoras. En este club militan compañías de la talla de Acciona, Fadesa, Reyal, Prasa, Polaris, Urbis, Grupo Pinar o Bancaja. Esta asociación calcula que la inversión en residencias turísticas crecerá un 65% en cuatro años en España, principalmente impulsada por clientes europeos. Si se cumple este pronóstico, los 25.000 millones de euros invertidos el pasado año, cuando la demanda fue de 116.700 viviendas, se convertirá a la altura de 2010 en una inversión que superará los 41.000 millones de euros y una demanda de más de 150.000 residencias.

(En la ilustración, una urbanización en la costa sur de la provincia de Alicante).

www.cincodias.es

¿Qué ha pasado en Pilar de la Horadada?

El trasfondo de la moción de censura, que hoy ha prosperado finalmente en el curso del pleno municipal extraordinario del colindante ayuntamiento alicantino de Pilar de la Horadada, hunde sus raíces en la vecina Región de Murcia y, más concretamente, en La Unión, Murcia y Cartagena. La radical posición en contra de un inminente macroproyecto urbanístico por parte de la dirección regional socialista terminó por condicionar casi a la fuerza el anterior criterio, decididamente a favor, del alcalde ahora saliente, Ignacio Ramos (arriba en la foto), renuente desde siempre a acatar las directrices de su partido en materia urbanística, hasta no asistir a ninguna reunión convocada al efecto por la ejecutiva regional del PSPV.

Los relevantes hombres de negocios y conocidos especuladores murcianos Alfonso García, Mariano Roca Meroño y Luis del Rivero, presidente de “Sacyr-Vallehermoso”, parecían aguardar tras la cortina a un nuevo consistorio más maleable, para sus particulares intereses de urbanizar 2.600.000 m2 de terreno rústico plantado de cítricos y regados con agua de pozos propios traída desde “El Chopillo”, en Moratalla, por el río Segura y los canales secundarios del trasvase del Tajo. La imaginación popular habla de sobornos millonarios entre quienes han aceptado vender su voluntad y hasta cree ver en la operación al antiguo usurero oriolano, Agustín Pérez Espinosa, hoy en la órbita de “Cajamurcia” al cobrar un sueldo vitalicio.

El PAI (Plan de Actuación Urbanística “Lo Romero”), en la parte suroeste del término municipal, lindando con San Pedro del Pinatar, ha sido la manzana de la discordia para acabar de un tajo con el tercer mandato consecutivo de mayoría absoluta del alcalde socialista, el almeriense Ignacio Ramos, a manos de los seis concejales del PP, con José Fidel Ros al frente y nuevo alcalde, dos tránsfugas del PSOE y un concejal independiente, aduciendo su mala gestión. Otros siete concejales socialistas han votado en contra mientras un segundo independiente se ha abstenido. El censurado aduce como intención oculta, los intereses particulares de sus censuradores.

Aunque la nueva mayoría niega el verdadero trasfondo urbanístico de esta crisis político-institucional y sus portavoces declaran que esta misma semana el PAI “Lo Romero” quedará sobre la mesa en otro pleno y a expensas de la nueva ley estatal del suelo hasta después de las próximas elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, el PSPV-PSOE se mantiene alerta para denunciar cualquier maniobra extraña ante el fiscal anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante, Felipe Briones, e impedir así la tramitación legalmente dudosa de entre 5.200-5.500 viviendas, más un campo de golf, muy cerca del norte del Mar Menor y a un paso del aeropuerto de San Javier.

Los terrenos a recalificar, dentro del ámbito hídrico de la Cuenca del Segura, están por encima de la cota 120 y no tienen derecho a riego con aguas del trasvase Tajo-Segura como sí sucede, en cambio, en otras 110.000 hectáreas de las provincias de Murcia y Alicante. La Vega Baja encierra unas 25.000 hectáreas de terreno agrícola con ese derecho e igualmente pendientes de una auditoria del Ministerio de Medio Ambiente para saber el verdadero uso actual de las aguas públicas. Desde el año 2001, el cambio de uso en ese suelo agrícola concreto se ha incrementado en un 75% por mor de las muy cuestionadas leyes regionales del suelo de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, bajo gobiernos ambas del PP, y que han permitido planificar hasta el año 2030 por encima de un millón de nuevas viviendas.

Sólo en los 45 municipios de la provincia murciana se habían firmado, hasta el pasado 31 de diciembre de 2005, un total de 286 convenios urbanísticos sobre suelo rústico y al margen de los vigentes planes generales de ordenación urbana. Pero ningún responsable municipal corrupto o sus corruptores se encuentran todavía en prisión provisional tal como ocurre ya en las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Canarias.

Tras las próximas elecciones municipales/autonómicas y las nuevas leyes de Bases de Régimen Local y de las Haciendas Locales, el Gobierno espera hacer casi imposible esta proliferación de corrupción urbanística generalizada en ambas comunidades autónomas con independencia del signo de los gobiernos municipales. No es ningún secreto que esa corrupción salvaje obedece a que constructores y promotores inmobiliarios han pagado comisiones millonarias a políticos y funcionarios para asegurarse un trato de favor.

Un régimen de incompatibilidades muy severo, una mayor transparencia sobre permutas y convenios, así como un registro público de concejales tránsfugas en el Ministerio de Administraciones Públicas, serán la antesala para reforzar las competencias municipales y que se correspondan con su financiación en un proceso que debe hacer aumentar la participación ciudadana en la gestión local al tiempo que se establecen claramente las funciones del gobierno y pleno municipal.

Sin embargo, las nuevas competencias de los ayuntamientos no se podrán ejercer mientras no dispongan de la financiación adecuada y las comunidades autónomas se comprometan con el Gobierno del Estado a presentar proyectos regionales de ley para redefinir convenientemente esas competencias y su financiación, conforme a la reforma que se espera en 2007 de la Ley de Haciendas Locales vigente desde el año 2003 tras la ya prevista de la Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.

http://murciaconfidencial.blogspot.com

El "efecto manada"

CARTAS AL BLOG

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Yo soy (o más bien era) un potencial comprador de piso en los futuros meses y quería compartir algunas reflexiones personales sobre el estado de los precios y que nos depara el mañana.

Viendo la cantidad de datos económicos existentes (incremento de intereses, aumento del endeudamiento de los españoles en los últimos años situado en máximos históricos y peligrosos, el hecho de que se han invertido las tornas y la oferta superara la demanda, (ya se está notado en el aumento de plazos medios de venta)

Parece claro y así parecen compartirlo muchos informes de economistas, bancos, constructoras, … que la desaceleración de los precios es un hecho y que irá a más en los próximos años.

Sin embargo por lo que he visto en estos informes no tienen en cuenta un factor que puede llegar a ser muy importante: la no linealidad de cualquier sistema económico de compra/venta.

Es importante llamar la atención sobre esta cuestión que parece no tenerse en cuenta en los típicos informes que sólo tienen en cuenta los efectos lineales y en los que en base a la evolución de los datos de los últimos años y de los datos económicos actuales hacen estimaciones muy simplistas de la evolución futura, suponiendo continuidad y suavidad en la evolución de los precios.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo cualquier persona que esté o haya estado planteando en comprar una vivienda tiene muchos datos para dudar de si es un buen momento para hacer la compra (enfriamiento del mercado inmobiliario, desconfianza en las constructoras teniendo en cuenta las prácticas que muchas han llevado a cabo de especulación en los últimos años, noticias de otros países en los que ya ha empezado a bajar los precios, gran riesgo que supone al mortal de a pie hacer cargo a una hipoteca cuyo precio le hace endeudarse al límite, los intereses creciendo, …

¿Y han previsto los informes de los economistas las consecuencias que esta creciente desconfianza de los compradores tendría si se llega a dar el “efecto manada” en el sistema económico compra/venta de vivienda. La respuesta es NO.

El hecho es que este incremento de la desconfianza podría generalizarse y provocar la caída de precios, pasando rápidamente de la situación actual en la que los pisos siguen subiendo a una repentina caída de los precios. Hay que tener en cuenta que en cualquier sistema no lineal donde interactúan muchos elementos puede aparecer de repente grandes fluctuaciones. Hecho que parecen no haber tenido en cuenta en los informes que prevén una desaceleración moderada de precios. Para quien pueda estar interesado en el tema les recomiendo el artículo “Transmission of Information and Herd Behavior: An Application to Financial Markets” de los prestigiosos investigadores Victor Eguiluz y Martín G. Zimmerman1, publicado en una de las revistas de investigación más importantes. En él describen como en un sencillo sistema financiero el compartimiento de información por un conjunto de personas puede dar lugar a los que ellos llaman “efecto rebaño” con importantes y repentinos cambios de precios de venta. (podéis descargarlo gratuitamente http://www.imedea.uib.es/Nonlinear/research_topics/victor/Bolsa/bolsa.pdf )

La reflexión que os planteo es: ¿Qué pasará cuando sea cada vez más la gente la que empiece a dudar de si es un buen momento para comprar una vivienda? Puede no estar tan lejos el momento en que esa duda compartida tenga efectos devastadores en los precios de la vivienda, y se pase de la desaceleración moderada a una repentina bajada de precios.

Yo por si acaso, sería cauto y guardaría los ahorros para la entrada de un piso en algún fondo que te proporcione rentabilidad e intentaría ahorrar un poco más, así si los pisos que ahora están en venta te los encuentras dentro de un año más baratos no te tendrás que tirar de los pelos.

Claves para encontrar la Ley del Suelo ideal

La fórmula magistral para controlar el precio de la
vivienda y atajar de raíz el problema de la corrupción
urbanística existe sobre el papel y su composición
admite múltiples variantes.

"El Mundo" le ha pedido a
12 expertos en Derecho que prescriban sus recetas para
acabar con los males que aquejan al urbanismo en
España y, lejos de dar por desahuciado al 'paciente',
le auguran larga vida, siempre y cuando cumpla al pie
de la letra con una serie de consejos normativos.

Ante el reto de diseñar una 'ley ideal' que frene las
irregularidades inmobiliarias, los expertos
consultados plantean, en líneas generales, que se
fomenten los controles administrativos, tanto en la
esfera local como en la autonómica, mediante
comisiones de expertos independientes que velen por la
independencia del proceso.

Muchos apuestan por
potenciar un modelo de desarrollo urbanístico
coherente a salvo de intereses económicos.
En cuanto al reto de poner techo al desbocado aumento
de los precios de las casas, la mayoría de los
especialistas considera que la regulación del mercado
del suelo no es ni el único factor ni, según varias
opiniones, el más importante. El impulso del alquiler
y la promoción de un mayor número de viviendas
protegidas son algunas de las medidas propuestas.

¿Es posible elaborar una 'Ley del Suelo ideal'? ¿Se
puede acabar con la corrupción inmobiliaria y hacer
sensato el precio de las viviendas? A todas estas
preguntas han respondido más de una docena de expertos
en Derecho y Urbanismo. Además, muchos de ellos han incluido sus particulares
'recetas' para afrontar con el mejor rostro posible el
presente y futuro del sector inmobiliario español.

«Antes de aprobar una 'Ley ideal' 'del Suelo', habría
que preguntarse por qué no se ha aplicado ni cumplido
la ley vigente. ¿Qué ha fallado en nuestras
administraciones públicas? Creo que no es sólo un
problema de corrupción -que también, en algunos casos-
sino de desidia, de falta de medios personales y
materiales y, en ocasiones, de falta de voluntad
política», afirma José Manuel Sala Arquer, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan
Carlos.

CORRUPCIÓN
«Como decía Joaquín Costa, leyes las tenemos por
arrobas, lo importante es que se apliquen. Esto quiere
decir que para modificar las leyes hay que hacerlo con
sentido común», según fuentes del bufete de abogados
Uría y Menéndez.

El catedrático en Derecho Administrativo de la
Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón
cree que uno de los capítulos clave que debería
recoger la Ley del Suelo sería los mecanismos de
vigilancia estatales para evitar la arbitrariedad en
las decisiones de algunos ayuntamientos: «El Tribunal
Constitucional reconoce la competencia urbanística a
las autoridades locales, sin embargo el Estado puede
establecer comisiones de seguimiento para asegurar que
los ordenamientos y licencias se hacen conforme a
criterios legales».

Otra de las medidas que propone este catedrático es la
«creación de comisiones técnicas, ajenas a cualquier
signo político, para que valoren qué concesiones están
justificadas y cuáles son sospechosas».

En esta misma línea se pronuncia Agustín de Asís,
profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Carlos III, quien señala que se deberían
establecer procedimientos urbanísticos más
transparentes que fuesen supervisados por
profesionales ajenos a los ayuntamientos y las
promotoras: «En la medida en que los procesos son más
participativos e intervienen más agentes externos al
mismo habrá menos corrupción».

Una receta similar prescribe José Antonio Pellicer,
profesor titular de Derecho de la Universidad de
Murcia, quien cree que hay que «reforzar los
mecanismos de control existentes». A saber, «el
social, a través de los medios de comunicación; el
jurídico, con la posibilidad de ir no sólo a los
tribunales penales, sino al contencioso
administrativo; y el político».

«La figura del secretario, que es asesor jurídico de
las corporaciones municipales, se ha debilitado en el
plano legal. Habría que relanzar el carácter
preceptivo de sus informes junto al de los servicios
técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio de otros
controles exteriores», agrega Pellicer.

Para Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Salamanca, la
solución pasa también por fomentar la vigilancia no
sólo a nivel local. «La decisión final puede
corresponder a las comunidades autónomas, pero se debe
potenciar el papel de los consejos autonómicos de
urbanismo, como el que existe en Castilla y León, en
el que están representados los municipios, los agentes
profesionales, las organizaciones sociales...»,
expone.

Muy ligada al control está la transparencia de las
operaciones. «Habría que dar más transparencia al
proceso y establecer unas reglas básicas de la
negociación urbanística y de la regulación de los
convenios, que establezca los límites de los mismos»,
sugiere Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho
Administrativo de la UNED.

Por su parte, Rafael Barranco, director del
Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de Granada, opina que «los modelos
eficaces para combatir la corrupción no existen».

Según Barranco, las leyes pueden controlar ciertos
aspectos que favorecen la corrupción urbanística, pero
ésta no se soluciona a golpe de ley: «Lo que conviene
es ser radical en la ordenación urbanística de las
ciudades y empezar a pensar en que lo más lógico es
hacer un crecimiento cero», comenta Barranco.

Tratar la corrupción urbanística como una más podría
ser otro camino. «Ésta tiene un tratamiento represivo
que no debería ser muy diferente del de la lucha
contra la corrupción en otros ámbitos: en definitiva,
hay que lograr que las infracciones no 'compensen',
que no 'salgan a cuenta' al infractor, como ocurre hoy
en muchos casos», apunta Sala Arquer.

«Pero además», añade, «hay un tratamiento preventivo
bastante más difícil: reducir el margen de
discrecionalidad de los planificadores, estableciendo
en la Ley criterios objetivos para la clasificación de
suelo; los derechos y deberes de los distintos sujetos
deben establecerse en la Ley, y no en pactos y
convenios; debe resolverse el problema de la
financiación de las entidades locales».

Dar con el modelo urbanístico es vital para José Luis
Laso, registrador de la propiedad y experto en
urbanismo: «Elegir un modelo coherente de desarrollo,
bien sea el tradicional a partir de un planeamiento
general cerrado y vigoroso o con un planeamiento
abierto, que permita la acción urbanística sobre el
resto con criterios reglados».

Apunta también que previamente «se cumplan las
exigencias de implantación y conexión con los sistemas
generales, las garantías de su ejecución por el
promotor, la actualización legal de las cesiones y la
vinculación de los suelos a la construcción de
viviendas con algún género de protección y el
aprovechamiento y densidades máximas».

Igualmente importantes es, en su opinión, «la
exclusión de la discrecionalidad, que es la que
propicia los riegos de corrupción, con la fijación de
criterios reglados para suprimir los llamados
convenios urbanísticos de planeamiento, permitidos hoy
por todas las leyes autonómicas».

Por otro lado, hay opiniones que muestran su
contrariedad por la necesidad «española» de hacer
leyes 'sin ton ni son'. «En España hacemos una ley
cada cinco minutos. La Ley no puede sustituir el
funcionamiento del mercado y lo importante es que éste
funcione correctamente», según otras fuentes jurídicas
consultadas.

Con respecto a la corrupción, «basta con aplicar las
leyes, como está ocurriendo en Marbella», señalan las
mismas fuentes, que además aportan una solución
coincidente con otras: «Hay que ir hacia los
patrimonios municipales de suelo y esto se puede hacer
desde 1940 y no se ha hecho. ¿Qué sucede? Que los
ayuntamientos no tienen suelo y tienen que comprarlo o
expropiarlo y eso tiene un precio».

«Para acabar con la corrupción hay que intentar que el
urbanismo no sea una manera de financiar a los
ayuntamientos. Hay que ver si es mejor una legislación
de suelo de Estado o de comunidades autónomas» y
añaden que «es imposible un mercado uniforme si no se
hace una regulación sistemática y uniforme».

El catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid Tomás Ramón
Fernández coincide con esta opinión: «Los
ayuntamientos tienen un sistema de financiación poco
equilibrado y necesitan recurrir al suelo». Y señala
también a los partidos políticos: «Es imposible su
financiación si no recurren al urbanismo, porque en
cada pueblo hay una sede de todos y en España hay
miles de pueblos».

En esta línea añade un apunte más Nicolás González
Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas,
quien cree que «hacen falta más garantías a nivel de
incompatibilidades y separación de intereses públicos
y privados en funcionarios, concejales y contratistas
de la administración».

En su opinión, «hay que recuperar por parte de las
comunidades autónomas la posibilidad de suspender las
licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia
46/92 del Tribunal Constitucional por no estar
incluida en la Ley de Bases de Régimen Local». «Si se
hubiera seguido aplicando, no habría sucedido lo que
ha pasado en Marbella», asegura González Deleito.

PRECIOS
Chantal Mol, profesora de Derecho Civil de la
Universidad de Barcelona, señala los dos pilares
básicos que a su juicio sustentarían el mercado
residencial: fomentar el alquiler y generar nuevas
fórmulas para la adquisición de viviendas. En el
primer caso, considera que es preciso que se plantee
la posibilidad de que «el arrendatario pueda deducirse
el dinero que gasta en la residencia habitual» y que
se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
para «aumentar la duración de los contratos en algunos
supuestos» y «establecer mecanismos de prórroga».

Asimismo, sugiere que se acuñe el concepto de «la
propiedad separada», que permite que una persona sea
propietaria del suelo y otra de lo construido, de modo
que esta última pague un canon a la primera, de forma
similar al derecho de superficie. «Esta fórmula
permite que entidades publicas adquieran únicamente el
suelo y luego particulares compren lo construido a un
precio mucho menor que el actual», dice.

Rafael Barranco también se muestra partidario de
fomentar el alquiler y la rehabilitación y cree que
hay que «olvidarse de un crecimiento que mira sólo por
los intereses económicos del promotor».

«¿El precio de la vivienda tiene algo que ver con el
precio del suelo? Pues poquísimo», indica Tomás Ramón
Fernández. «Los empresarios no ponen el precio de la
vivienda sumando costes. Ponen el precio en función
del mercado. No hay ninguna Ley que controle el precio
de la vivienda».

Igual de escéptico se muestra Agustín de Asís: «Es
imposible que una ley baje los precios porque éstos se
fijan con la demanda que existe en el mercado». En su
opinión el problema aparece cuando hay gente que no
puede acceder a ella: «Una ley efectiva es la que
favorece la creación de más viviendas protegidas. Se
considera que es sano para el mercado que el 30% de
las casas de un país tengan algún tipo de protección.
En España ni siquiera llegamos al 10%».

José Manuel Sala también duda de que la Ley del Suelo
pueda dar la solución definitiva al precio: «Sin duda,
una planificación menos rígida, con trámites menos
complejos, adaptable a los cambios, puede contribuir a
que el producto final -el suelo- no se encarezca; como
también la eliminación de barreras burocráticas y el
establecimiento de criterios no discrecionales a la
hora de excluir suelo del proceso urbanizador».

Estos factores no son, a su juicio, los únicos que
pueden influir en el precio. «La realidad es que, hoy
por hoy, ante una elevada demanda, con tipos de
interés todavía bajos y con hipotecas a más de 30 años
el precio se fija en función de lo que se calcula que
la gente puede pagar».

Miguel Sánchez Morón coincide en este aspecto: «En
otros países el precio de un suelo no urbanizado es
casi como el de uno rústico, aquí sin embargo aunque
todavía no se haya levantado ni una sola piedra las
cantidades son mucho mayores».

La ley «fantasma» del 98

El caso de la Ley del Suelo de 1998 está envuelto en
la paradoja: ha sido usada como 'chivo expiatorio' por
quienes tratan de señalar un culpable para la 'cara
oscura' del 'boom inmobiliario' y, sin embargo, nunca
se ha aplicado.

Ésa, al menos, es la opinión de la mayoría de los
expertos en Derecho consultados, que dejan entrever
que el texto elaborado por el 'popular' Francisco
Álvarez Cascos hace ocho años ha sido lo más parecido
a una norma 'fantasma'.

«Se critica mucho la Ley 6/98 y está inédita», afirma
Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid. «Ninguna comunidad autónoma ha seguido por ese
camino. Y, especialmente, leyes de regiones como
Extremadura. Ésta junto con Castilla-La Mancha y
Andalucía no aplicaron esa Ley», asegura este experto.

Según Fernández, «curiosamente, Seseña es de
Castilla-La Mancha y Marbella de Andalucía. Y los
proyectos pensados para edificar en Cullera surgieron
con la Ley de 1994 de la Comunidad de Valencia, que
fue condenada por el Parlamento Europeo en 2005».

Según otros profesores de Derecho, la 'carta magna'
del suelo aprobada en 1998 no se ha aplicado por dos
razones fundamentales: «En primer lugar, esta ley
estatal establece que todo el suelo es urbanizable,
salvo el protegido, pero las leyes autonómicas ya
recogen categorías de reserva, de protección del
paisaje... El concepto es tan vago que está vacío de
contenido, se desvirtúa. Y, en segundo lugar, la
transformación en las clasificaciones de suelo se
tiene que llevar a cabo en los planes generales de
ordenación urbana y, como muchos se habían redactado
en 1990, todavía no se han modificado y, por lo tanto,
no han podido incluir las nuevas directrices».

La duda sobre la efectividad de una norma de estas
características llega hasta el punto de que un
especialista asegura que desde 1956 no ha habido un
cambio importante en la legislación de suelo.

Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Granada, teme que
la nueva Ley del Suelo vaya camino de tener tan poco
protagonismo como la actual. «Una normativa estatal
siempre va a ser más restrictiva que una disposición
local sobre ordenación del territorio, por eso en
Andalucía los promotores han seguido las directrices
autonómicas y municipales», considera.

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