BENIDORM.- El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado
que el Ayuntamiento de Benidorm y su alcalde, Toni Pérez, van
a tener "todo el apoyo y toda la ayuda que necesite" de la
administración autonómica tras la condena que obliga al consistorio a
pagar 283 millones de euros más intereses --un cómputo que asciende a
cerca de 350 millones-- a Murcia Puchades, en compensación por los
aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector
APR-7, en el parque natural de Serra Gelada.
Así lo ha
indicado el jefe del Consell este lunes en declaraciones a los medios de
comunicación precisamente en Benidorm, donde ha visitado junto a Pérez,
primer edil de la ciudad y también presidente de la Diputación de
Alicante, el nuevo centro de salud del Rincón de Loix.
"Sabe el alcalde y
sabe el Ayuntamiento que va a tener la colaboración de la Generalitat
Valenciana", ha apostillado sobre esa sentencia condenatoria.
Al ser preguntado por el plazo dado por el juzgado al Ayuntamiento para
que detalle cómo va a pagar esa condena, y que finaliza este martes 10
de marzo, Pérez Llorca ha puesto en valor la "responsabilidad" del
alcalde para "acatarla" y "cumplirla".
Asimismo, el
'president' ha afirmado que la Generalitat ofrece ese respaldo al
consistorio como lo haría "en cualquier otro municipio que se viera
obligado a cumplir una sentencia de esta envergadura y que proviene de
hace muchos años".
El
jefe del Consell también ha dicho que la situación a la que se ha
llegado con esa condena "no" es "reprochable" al actual equipo de
gobierno municipal.
Así, ha recalcado que este tema es "histórico" y que
se remonta a "hace muchos años", en un "proceso" en el que se han
sucedido "gobiernos de todos los colores políticos" y "que no se ha
solucionado nunca".
Cabe recordar que el pleno del
Ayuntamiento de Benidorm aprobó el pasado 27 de febrero, con los votos
de PP y PSPV y la única abstención del concejal de Vox, la propuesta de
formalización de un préstamo de 55 millones de euros, con las entidades
financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con
cargo al Fondo de Impulso Económico, tras la resolución favorable del
Ministerio de Hacienda, para afrontar parte de la sentencia.
Del mismo modo, en esa sesión plenaria, la corporación dio luz verde por
unanimidad a conceder plazo de audiencia por término de siete días
naturales a las partes para que se pronuncien sobre "la viabilidad de
definir un acuerdo de colaboración" en la ejecución del fallo.
Precisamente, el equipo de gobierno confirmó que está abierto a negociar
el pago con los dueños de estos terrenos.
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