ALICANTE.- Compromís denuncia que el Consell destinará más de 22 millones de euros de dinero público mediante el concierto a los colegios Aitana de Elx y Altozano de Alicante, vinculados al Opus Dei, que "segregan al alumnado por sexo". Además, asegura que el centro de la capital cuenta con un "informe desfavorable" de la propia Conselleria de Educación cuando se tramitó la renovación de su concierto educativo.
Así lo ha advertido el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, quien considera "indignante que mientras el profesorado está luchando por unas mejores condiciones para la escuela pública, el gobierno de Pérez Llorca haya creado esta trama de financiación ilegal a centros que incumplen la ley".
Fullana ha realizado esta denuncia
pública acompañado por la portavoz de Compromís per Elx, Esther Diez, y
la secretaria local de Més Compromís Elx, Míriam Hurtado, informa la
coalición valencianista.
Según los datos recopilados por
Compromís a través de la Conselleria de Educación, el colegio ilicitano
mantiene a 578 de sus 623 alumnos (92,78%) segregados por sexo, mientras
en el de Alicante la cifra asciende a 558 alumnos de un total de 761
(73,32%). En ambos casos, a partir de segundo de Primaria todo el
alumnado es o de solo alumnos en un caso (Aitana de Elx) o solo alumnas
en el otro (Altozano de Alicante).
Desde la coalición apuntan
que el colegio Altozano recibirá unos 12,3 millones de euros públicos
durante los seis años que dura el concierto que se ha renovado, mientras
el Aitana percibirá diez millones de euros:
"En total, 22,3 millones de
euros de dinero público destinados a dos centros que, según los datos
oficiales, continúan segregando a la mayor parte de su alumnado".
Los representantes de Compromís han destacado que tanto la Lomloe
como la normativa autonómica actual establecen de manera explícita que
no se pueden financiar centros que segregan alumnado por sexo.
"El PP
está intentando manipular la realidad. Durante el Botànic estos
conciertos se renovaron por imperativo legal, porque la legislación
estatal vigente en ese momento (la Lomce) obligaba a hacerlo. Ahora es
completamente diferente, porque la nueva ley educativa prohíbe
expresamente financiar con dinero público centros que segregan
alumnado", ha recalcado Fullana.
Ante esta situación, la
coalición exigirá la revocación inmediata de estos conciertos educativos
y "la devolución de ese dinero para las necesidades que tienen las
comarcas de Alicante en materia educativa".
Paralelamente, el portavoz de Educación de Compromís ha asegurado que
la consellera de Educación, Carmen Ortí, "aún no ha reaccionado" al
requerimiento prejudicial al respecto que le enviaron hace una semana.
Ha aprovechado para destacar que Ortí ejerció como subdirectora de
Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados entre el 1 de
junio de 2024 y el 18 de mayo de 2025, con lo que "era la responsable
directa de tutelar todo el procedimiento administrativo vinculado a los
conciertos educativos de estos colegios que segregan por sexo".
El procedimiento de renovación de los conciertos se inició en enero de
2025, "cuando la consellera ocupaba todavía el cargo de subdirectora,
por lo que dirigía y supervisaba toda la tramitación". La resolución
provisional de qué centros se concertaban se emitió el 30 de abril de
2025, y fruto de esta resolución se dio luz verde a la resolución
definitiva, apuntan desde Compromís.
En la coalición
consideran especialmente grave que "Ortí evadiera sus responsabilidades y
no activara los mecanismos de control necesarios amparándose en el
artículo 61.1 de la Ley Orgánica 8/1985, que establece literalmente que
'en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto,
se constituirá una comisión de conciliación que podrá acordar, por
unanimidad, la adopción de las medidas necesarias, dentro del marco
legal, para corregir la infracción cometida por el centro concertado'".
Además, Compromís asegura haber tenido acceso a los expedientes de
renovación de conciertos que se tramitaron bajo la supervisión de la
consellera cuando era subdirectora, en los que ha "corroborado que había
informes desfavorables de la dirección general de Innovación e
Inclusión Educativa a la mayoría de los centros que segregan, entre
ellos el Altozano de Alicante. En estos informes se advierte de que no
cumplen con los requisitos exigidos en relación con experiencias de
interés pedagógico".
La coalición valencianista denuncia
también que, cuando José Antonio Rovira era conseller, "no solo no actuó
ante estas irregularidades instigadas por Carmen Ortí, sino que además
mintió en respuesta parlamentaria, cuando a la pregunta de si tenía
constancia de centros que segregaban por sexo contesto el 25 de
septiembre de 2025 que 'ningún centro privado, en los niveles que tiene
concertados, segrega a su alumnado por sexo'".
"El conseller
Rovira nos ha mentido en respuesta parlamentaria, lo que puede ser
constitutivo de delito. Si él y la actual consellera no quieren asumir
voluntariamente sus responsabilidades, tendrán que hacerlo en los
tribunales", ha advertido Fullana.
Por su parte, la portavoz de Compromís per Elx ha señalado que el
alcalde de la ciudad, el 'popular' Pablo Ruz, "es profesor en el colegio
Aitana, por lo que es imprescindible que exprese su consideración al
respecto y tendría que ser especialmente contundente en su respuesta".
"Sospechamos que Ruz preferirá guiarse por su interés particular, por
el criterio religioso que tantas veces ha puesto por encima de su papel
institucional", ha lanzado, y ha exigido "un alcalde comprometido con
la enseñanza pública, que reclame responsabilidades ante hechos como
estos y que se ponga al lado de las demandas que la comunidad educativa
está pidiendo en las calles ilicitanas".
Y la secretaria local
de Més Compromís Elx ha defendido que "no podemos permitir que un pilar
tan fundamental como la educación continúe segregando por sexo, porque
eso agranda la brecha entre hombres y mujeres y reproduce unos roles y
estereotipos de género contra los que nos está costando mucho luchar".
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