VALENCIA.- El Consell ha aprobado el decreto por el que se establece la Oferta de
Empleo Público de 2026 para el personal docente no universitario
dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que
incluye 2.067 plazas correspondientes al turno de ingreso libre.
La tasa de reposición de efectivos contemplada en la oferta se sitúa
en un máximo del 120%, puesto que la educación no universitaria "se
considera un sector prioritario, conforme a la normativa vigente en
materia presupuestaria", detalla el ejecutivo autonómico en un
comunicado.
El decreto establece una reserva de un cupo no
inferior al 10% de las plazas para personas con discapacidad, siempre
que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño de las funciones docentes, y superen los correspondientes
procesos selectivos.
La organización de las pruebas selectivas
conllevará un coste estimado de unos 5 millones de euros, asociados a
tribunales y logística, que se imputarán al ejercicio 2027. Por su
parte, se prevé una recaudación aproximada de 606.000 euros en concepto
de tasas de inscripción.
Estas 2.067 nuevas incorporaciones constituyen la primera fase del
Plan + Maestro, presentado por la Conselleria de Educación, Cultura y
Universidades en el marco de la negociación con las organizaciones
sindicales, a través del cual se prevé destinar 469,12 millones de
euros.
La planificación contempla la incorporación de 7.742
nuevos docentes al sistema educativo valenciano en un plazo de cuatro
años, así como la estabilización de 10.000 plazas actualmente en régimen
de interinidad. Al menos la mitad de estas plazas se orientarán al
refuerzo de la educación inclusiva.
VALENCIA.- La mesa de la comisión de Les Naus en Les Corts ha propuesto, con
mayoría de PP y Vox y el rechazo del PSPV, como primeros comparecientes
al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, al exvicealcalde y
exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón, a los exediles Natxo
Bellido, Sofía Morales y Antonio Gallego y al asesor técnico Antonio
Faura.
Así consta en la petición que ha registrado este
viernes la mesa, firmada por Ana Vega (Vox) como presidenta de la
comisión, que se tramitará en la junta de síndics de Les Corts del
próximo martes. En la propuesta se plantea que las primeras
comparecencias se celebren el próximo jueves 2 de julio.
La
comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de vivienda de
protección pública (VPP) tanto en la promoción Les Naus, construida
sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la
polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de
Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas
realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan
de trabajo.
El mes pasado se aprobó el plan de trabajo de la
comisión, creada el 5 de marzo, en el que PP y Vox pactaron que el
alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, comparezca finalmente en
este órgano. Sin embargo, los primeros comparecientes propuestos son
exresponsables del Ayuntamiento, salvo un asesor técnico.
En
concreto, según la propuesta registrada este viernes, Echávarri
iniciaría las comparecencias a las 10 horas del próximo 2 de julio,
seguido por Pavón a las 11 horas, por Bellido (exconcejala de
Presidencia y Coordinación de Proyectos) a mediodía y por Morles
(exconcejala de Hacienda) a las 13 horas.
Por la tarde comparecerían a
las 16 horas Gallego (exconcejal de Hacienda) y a las 17 horas Faura
(jefe del departamento técnico de obras del Ayuntamiento y asesor
responsable del contracto de alienación).
El PSPV, que forma
parte de la mesa de la comisión, había propuesto otra lista de
comparecientes compuesta por Barcala junto a la exconcejala de Urbanismo
Rocío Gómez, dimitida tras la polémica de Les Naus; el vicesecretario
del Ayuntamiento, Germán Pascual; la jefa municipal de Patrimonio,
Paloma Romero; la directora de Organización interna del Ayuntamiento,
María Pérez Hickman, quien también dimitió al trascender que sus hijos y
un sobrino habían sido adjudicatarios de VPP, aunque sigue como jefa de
Contratación), y el administrador de Fraorgi, la firma responsable de
gestionar la construcción del residencial y de seleccionar a los
adjudicatarios.
Para la diputada socialista Mª José Salvador,
secretaria de la comisión, con la propuesta de la primera sesión "se
confirma que es una pantomima por parte de PP y Vox, que solo han
constituido esta comisión para autoprotegerse" sin "ninguna voluntad de
investigar", manifiesta.
Salvador cree que ahora se constata lo que Llorca "ya dijo en su día
de que las comisiones de investigación no sirven para nada", dado que PP
y Vox "se han opuesto a que los primeros comparecientes sean el núcleo
duro que tomó las decisiones que nos llevó a que los jetas acabaran
adjudicándose las viviendas de Les Naus".
"El alcalde Barcala,
la concejala Rocío Gómez, el propio secretario del Ayuntamiento, la
responsable de Patrimonio... --apunta--. En definitiva, todas aquellas
personas que fueron incluso adjudicatarias de vivienda y que, sobre
todo, estaban en el núcleo de toma de decisiones.
En el plan de trabajo de la comisión, que fue propuesto por Vox y
aprobado junto al PP, no figuran entre los 81 comparecientes ni el
'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ni el actual jefe del
Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni la vicepresidenta y consellera de
Vivienda, Susana Camarero.
PP y Vox fijaron que el orden de
intervención de los grupos parlamentarios sea de menor a mayor y que las
sesiones se articulen a través de intervenciones sucesivas de pregunta y
respuesta entre los miembros de la comisión y los comparecientes.
Cada
grupo tendrá un máximo de diez minutos por compareciente y cerrará el
compareciente con un máximo de cinco minutos. A todos los testimonios se
les exigirán "respuestas claras y concretas".
El dictamen de
la comisión se debatirá y elaborará durante el primer año de sesiones,
sin perjuicio de que se pueda ampliar. Finalizada la comisión, se abrirá
un plazo de cinco días para la elaboración de votos particulares, tras
lo que el dictamen se elevará al pleno de Les Corts para su debate y
votación.
VALENCIA.- El pleno del Consell ha aprobado la modificación del Decreto 106/2022,
de ordenación y currículo de la etapa de Educación Primaria a través del
cual se incrementa, a partir del curso 2026/27, el número de horas
lectivas en áreas instrumentales como Lengua Castellana, Valenciano y
Matemáticas.
El aumento de horas en estas tres materias se
producirá, sobre todo, en los primeros niveles, para "reforzar las
competencias del alumnado desde edades tempranas y prevenir dificultades
de aprendizaje", destaca la administración autonómica en un comunicado.
En concreto, las horas lectivas de estas tres áreas instrumentales en
los dos primeros cursos de Primaria, supondrán la mitad del tiempo
lectivo total.
Entre las novedades también figura que, cuando
los centros opten por sesiones de cuarenta y cinco minutos, el alumnado
recibirá una sesión diaria de Matemáticas durante toda la etapa y,
además, en los cursos de primero y segundo, la programación incluirá una
sesión diaria de Valencià y otra de Castellano.
El decreto
establece un tiempo específico de lectura de una hora y media a la
semana en el segundo ciclo, es decir en tercero y cuarto de Primaria.
Y se determinan directrices para que la lectura sea planificada, de
manera que la sesión empieza con la lectura del docente en voz alta del
libro elegido durante unos minutos y continúa con la lectura
individualizada del alumnado durante unos veinticinco o treinta minutos.
Por último, la sesión se cierra con tertulias sobre lo leído.
En el tercer ciclo --quinto y sexto de Primaria-- se establece un
tiempo de libre disposición de cuarenta y cinco minutos semanales, de
carácter curricular. Los centros podrán emplearlo para reforzar las
áreas instrumentales o la lectura, en función de lo que necesite el
alumnado a partir del análisis de los resultados de las evaluaciones de
diagnóstico.
Además, el
decreto aprobado por el Pleno del Consell contempla la eliminación del
tiempo lectivo dedicado a los Proyectos Interdisciplinares como área con
horario propio, ya que esta figura no está contemplada en la normativa
básica del Estado. De esta manera, estas horas se eliminan, como ya
ocurrió previamente en la etapa de Secundaria.
Sin embargo, la
Conselleria mantiene la posibilidad de seguir trabajando por proyectos
en el entorno educativo, pero sin horario propio de la asignatura,
destinando ese tiempo a la docencia.
Con el objeto de hacer
más fácil y accesible la evaluación del alumnado a las familias
valencianas, el decreto fija calificaciones por área expresadas en cinco
términos --Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Excelente--,
acompañadas de observaciones cualitativas que destaquen los progresos,
los esfuerzos, las dificultades superadas y aquello en lo que conviene
seguir trabajando.
Por lo tanto,
habrá una evaluación inicial, tres sesiones de evaluación trimestrales y
una sesión final, con sus correspondientes boletines de notas. De esta
manera, se establece una evaluación cuantitativa y cualitativa a la vez,
más clara y comprensible para las familias y, además, simplificando la
carga burocrática para el profesorado.
Al mismo tiempo, el
nuevo decreto incorpora los criterios de evaluación del primer ciclo de
la etapa, que se omitieron en la anterior norma de 2022.
El
decreto aprobado introduce una regulación del uso de dispositivos
digitales en Primaria, para velar por el interés superior de los
menores, su salud y su privacidad. La medida contempla que el material
digital no podrá ser el material curricular principal en ninguna área y
el uso de dispositivos será preferentemente compartido.
También se establecen límites máximos de tiempo lectivo semanal de uso
de dispositivos digitales: un 5% en el primer ciclo, un 15% en el
segundo y un 25% en el tercero. Con carácter general, no se exigirán
tareas con dispositivos digitales fuera del horario escolar.
Además, la dotación, el mantenimiento y la supervisión de estos
dispositivos no podrán exigirse a las familias. Asimismo, los centros
cuyos proyectos prevén actualmente dispositivos individuales no podrán
incorporar nuevos grupos que hagan uso individual de estos dispositivos a
partir del próximo curso, mientras que los grupos que ya los venían
utilizando podrán continuar hasta finalizar la etapa.
La
Generalitat recalca que con el decreto, los ayuntamientos podrán, como
se ha hecho hasta el momento, proponer hasta tres días festivos a
efectos escolares que se podrán distribuir a lo largo del curso según
sus necesidades, siempre tras el acuerdo del Consejo Escolar Municipal.
Como novedad, se ordena un procedimiento para que las corporaciones
municipales, con carácter excepcional y previo acuerdo del propio
Consejo Escolar Municipal, puedan solicitar la modificación del
calendario para convertir hasta cuatro días de clase en no lectivos
consecutivos, siempre que se recuperen posteriormente y que el número
total de jornadas lectivas del curso no se vea alterado.
ALICANTE.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha señalado que no hay fecha para el Congreso del PPCV y ha apuntado que, cuando llegue el momento de las elecciones, «se tomarán las decisiones oportunas».
VALENCIA.- Entidades sociales han convocado para el domingo 28 de junio una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' en la reclamarán que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón vaya a prisión por su gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
VALENCIA.- La disponibilidad de trabajadores y la dificultad para contar con
perfiles técnicos especializados es la principal preocupación del sector
agroalimentario valenciano, en un momento en el que los salarios medios
están por debajo de la media nacional y, sin embargo, los costes ganan
peso debido a la falta de productividad.
Esta es una de las
conclusiones del 'Informe estratégico sobre la industria agroalimentaria
valenciana', cuyo avance han presentado este jueves la Federación de
Empresas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana (Fedacova) y
Fundación Grupo Cajamar. El estudio se está elaborando de forma conjunta
con la participación de empresas y directivos del sector en la
Comunitat Valenciana.
La presentación ha tenido lugar en el
marco de la Asamblea General de Fedacova celebrada esta mañana en el
auditorio Miguel Burdeos de la CEV, y ha contado con la participación
del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel
Barrachina, y el presidente de la Confederación Empresarial de la
Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.
Durante la
jornada, se ha puesto de manifiesto que el sector agroalimentario
constituye uno de los pilares de la economía valenciana al generar en
2024 un total de 12.393 millones de euros en la Comunitat Valenciana,
equivalente al 9,3 % del VAB regional, y dar trabajo a 262.769 personas,
el 12 % del empleo.
Además, es el tercer sector
agroalimentario más grande de España y cuenta con una gran capacidad
exportadora, con 9.943 millones de euros en exportaciones en 2025, lo
que la posiciona como tercer exportador nacional, aunque con retos
estructurales relevantes.
El presidente de Fedacova, Rafael
Juan, ha resaltado "las fortalezas del modelo agroalimentario de la
Comunitat Valenciana", como su capacidad de transformación, su
integración de toda la cadena de valor, la apuesta por la calidad y la
diferenciación y la "muy clara" vocación de internacionalización y
porque hemos demostrado también una enorme capacidad de adaptación al
cambio.
"El futuro ya no se define solo por producir más, sino por
producir mejor", ha asegurado.
El director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Fundación
Grupo Cajamar, Ignacio Atance, ha expuesto que en el sector valenciano
existe una "dualidad": hay pocas empresas grandes, pero significativas
en términos relativos respecto a la realidad española, y por otro lado
numerosas empresas pequeñas.
Así, sigue predominando la microempresa,
que representa el 62,7 % de las empresas del sector, por encima de la
media española (60,3 %). El informe relaciona la dimensión de las
empresas y las dificultades de crecimiento y productividad del tejido
empresarial.
Al preguntarle al sector, se observa que su mayor
preocupación son los recursos humanos. El diagnóstico identifica un
"ciclo que se retroalimenta": bajos salarios relativos, rotación, menor
productividad y dificultad para subir salarios.
Atance ha explicado que
el salario medio es inferior a la media nacional y el porcentaje de
coste sobre la cifra de negocios supera también el promedio de España
debido a un problema de productividad.
Las empresas que rompen
ese ciclo comparten un patrón: invierten en arraigo, en formación
continua y en proyección interna. La escasez de talento técnico actúa
como cuello de botella que ralentiza la adopción de automatización y
digitalización.
En este sentido, la automatización es percibida como la
respuesta estructural más sólida, pero con un horizonte temporal de
implementación que requiere tiempo, inversión y gestión del cambio
organizativo.
La burocracia y el marco regulatorio son percibidos por el empresariado
agroalimentario valenciano como una fricción cotidiana que consume
tiempo, recursos y energía directiva sin añadir valor al producto. Según
Fedacova, esta carga pesa de forma desproporcionada sobre las empresas
medianas, que no tienen equipos administrativos especializados para
gestionarla.
Otra de las grandes preocupaciones es el cambio
climático que ya está generando pérdidas directas y cuantificables en la
base agraria que alimenta a la industria.
Las empresas que
mejor han resistido los últimos episodios de estrés --la DANA de 2024,
las disrupciones de suministro post-pandemia, las nuevas exigencias del
mercado europeo-- son las que habían invertido antes en resiliencia.
El
informe apunta que las empresas que ya han invertido en sostenibilidad
tienen ventaja competitiva ante los compradores europeos más exigentes;
las que esperan a que la regulación lo exija llegan tarde y con mayor
coste.
El informe articula su propuesta de futuro en torno a
cuatro grandes ejes de acción: la mejora de la dimensión empresarial y
la articulación de la cadena de valor; el desarrollo del talento y la
incorporación de tecnología y automatización; el fortalecimiento de la
resiliencia frente al cambio climático y la presión regulatoria; y el
avance hacia un modelo exportador más diversificado y competitivo por
calidad y valor añadido.
El presidente de Cajamar, Eduardo
Baamonde, ha indicado que la Comunitat Valenciana es una potencia
exportadora pero que la competitividad en España se está basando en "los
salarios bajos".
Ha advertido que "eso no es sostenible en el tiempo" y
que se debe "incrementar el valor" del sector con inversiones en la
eficiencia de los procesos, la digitalización, el posicionamiento de
marca y la innovación.
Por su parte, el conseller de
Agricultura ha destacado la convocatoria de ayudas de la Generalitat
dotada con 28 millones de euros destinada a fomentar las inversiones de
las industrias agroalimentarias de la Comunitat Valenciana.
Estas
subvenciones tienen como objetivo apoyar proyectos de transformación,
comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios,
contribuyendo a mejorar la competitividad, la innovación y la
modernización de un sector estratégico para la economía valenciana.
El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha subrayado que el
"principal capital de las empresas es el humano" y ha recalcado la
necesidad de "ser capaces de fabricarlo" porque "el talento no va a
llegar solo, hay que salir a buscarlo y prepararlo".
En ese sentido, ha destacado iniciativas como la plataforma digital de talento de Fedacova que conecta institutos secundaria, empresas alumnos de formacion profesional para realizar prácticas de empleo.
El Consell critica que el ministro Bustinduy "sitúe la duda" en alimentos valencianos
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel
Barrachina, ha defendido el control y la vigilancia que lleva a cabo la
Generalitat sobre el sistema alimentario valenciano y ha pedido al
ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy,
que deje de "situar la duda en nuestros clientes nacionales e
internacionales que deben saber que están consumiendo los mejores
alimentos y los más inspeccionados del mundo".
Así ha
respondido después de que el ministro haya enviado cartas a
Barrachina y a la consellera de Industria, Marián Cano, para recordar a
la Generalitat que debe realizar labores de control oficial para
asegurar la calidad y el etiquetado en el ámbito alimentario. Según el
Ministerio, la Comunitat Valenciana es la única de todo el Estado que no
está llevando a cabo estos controles.
Al respecto, Barrachina
ha reprochado que "es tristísimo que un ministro de España no sepa
cuáles son las competencias en cada comunidad autónoma".
"Se le
respondió por escrito y no deben haberle pasado la carta el pasado año.
Aquí no se encarga la Dirección General de Consumo, sino Sanidad. Y
Sanidad hizo 47.000 análisis sobre el etiquetado en 2025", ha explicado.
Además, Barrachina ha afirmado que, también en 2025, la Conselleria
de Agricultura revisó más de 6.500 alimentos en cerca de 700
inspecciones antes de que el producto llegue a los lineales.
"Nosotros hacemos todos los años miles de controles sobre alimentos,
miles" y "todo el sector agroalimentario sabe que tenemos una presencia
constante", ha insistido. El conseller cree que la Comunitat Valenciana
es "de los territorios de España que más inspecciones hace" y considera
que "es preocupante que (Bustinduy) no lo sepa".
El titular
de Agricultura ha manifestado que lo que debe hacer el ministro es
"admirar en lugar de criticar la labor inspectora de la Comunitat
Valenciana y dejar de situar la duda en nuestros clientes nacionales e
internacionales que deben saber que están consumiendo los mejores
alimentos y los más inspeccionados del mundo".
"Nada que ver con esa carta que lamentablemente hemos conocido hoy a
través de la prensa del ministro, dedicado más a la
propaganda que a la colaboración con el resto de administraciones", ha
apostillado.
En esa misma línea, Barrachina ha recriminado
que el ministro se dedique, "en lugar de a pedir colaboración, a
publicitar datos erróneos que inducen a dudar sobre los mejores
alimentos del mundo, que son los valencianos, que están fiscalizados y
vigilados como los que más".
"Es tristísimo que la comunicación sea
epistolar y que nos enteremos por la prensa de que nos envía cartas", ha
lamentado.
Con todo, Barrachina ha advertido que las palabras
del ministro pueden "generar dudas" en los clientes de las
exportaciones agroalimentarias valencianas, que son "fundamentalmente
extranjeros".
Barrachina ha subrayado que "alguien que trabaja para todos los españoles y no para un partido político, sea Sumar o el Partido Socialista, debería saber esto" y ha pedido "rigor".
