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martes, 2 de junio de 2026

Un informe de Sanidad señala que los migrantes están más sanos y consumen menos recursos sanitarios que los españoles

 

 MADRID.- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado el informe " Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España", un estudio que analiza la realidad sanitaria de las personas residentes nacidas fuera del país, según informa el Gobierno.

El documento confirma el fenómeno internacional conocido como "efecto del inmigrante sano" (healthy immigrant effect), una premisa ampliamente documentada que describe la ventaja epidemiológica inicial de las poblaciones migrantes al llegar al país de destino, con indicadores de salud superiores a los de la población nativa.

El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.

Los resultados son concluyentes: la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas

. En cuatro de ellas -trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma- las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.

El informe también identifica ámbitos en los que la situación de salud es muy similar entre los distintos grupos analizados. Es el caso del infarto agudo de miocardio, con una tasa de 8,7 por mil en personas nacidas en España frente a 8,8 en las procedentes de la Unión Europea, así como de la hipertensión no complicada, que presenta cifras prácticamente equivalentes entre la población autóctona (172,2) y la originaria de África (174,4). 

Esta convergencia se observa igualmente en el ámbito de la salud mental, donde el porcentaje de personas que acudieron a un profesional en el último año es casi idéntico: 18,2% en nacidos en España y 18,1% en población nacida en el extranjero.

Hay cinco excepciones en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud. 

La primera es la diabetes mellitus no insulino-dependiente, con una tasa de 103,2 por mil en personas procedentes del Mediterráneo Oriental, frente a 69,3 en la población nacida en España.

 La población de origen africano registra una mayor incidencia de hipertensión no complicada (174,4 frente a 172,2) y de insuficiencia renal crónica (26,2 frente a 21,2). 

Finalmente, las personas nacidas en Latinoamérica declaran en mayor proporción problemas con el sistema sanitario (27,1 frente a 15,9), lo que evidencia barreras administrativas y burocráticas en su relación con los servicios públicos.

Respecto a la carga de enfermedad crónica también es notablemente mayor entre los nacidos en España. 

El informe señala que este grupo presenta la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos por mil personas, lo que supone una tasa entre un 24% y un 38% superior a la de regiones como Latinoamérica o la Unión Europea. 

De hecho, la tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que en otras regiones.

Este perfil epidemiológico se traduce en un uso de recursos farmacéuticos dispar. La población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra que supera en un 62,7% a la de la población procedente de África y en casi un 50% a la de Latinoamérica.

A pesar de la ventaja inicial del "migrante sano", el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España. 

El informe atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino.

Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva.

Desde hace más de dos décadas, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se basa en un modelo de financiación a través de impuestos y de los Presupuestos Generales del Estado.

 En este marco, el informe, apoyado en el análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subraya que la población migrante contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria. 

Esta conclusión se alinea con la evidencia internacional, como la recogida por la comisión de expertos de The Lancet, que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no solo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino.

El estudio concluye que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias. La atención de patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia no solo tiene un mayor impacto en la salud de las personas, sino que implica un coste significativamente superior para el sistema. 

Por el contrario, el acceso a la atención primaria y a los servicios preventivos favorece el diagnóstico precoz, optimiza el uso de los recursos públicos y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del modelo sanitario.

La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio

 BRUSELAS.- Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado de madrugada un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios --siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania--.

El acuerdo ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelerar al próximo enero frente al año de margen que pedían los Veintisiete. 

Finalmente, la mayoría de las disposiciones del nuevo marco se aplicará en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, según han confirmado fuentes de la negociación, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE). 

La nueva norma establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de "último recurso" y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a la autoridades judiciales decidir sobre ello. 

También reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.

Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno.

La nueva directiva consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda.

De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

En todo caso, estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados.

El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será "una legislación plagada de peligrosos vacíos" que dejará a los migrantes desprotegidos. 

"Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos", ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.

miércoles, 13 de mayo de 2026

España tiene una "limitada capacidad" de retener a los migrantes: en los últimos 20 años se han ido la mitad

 MADRID.- España tiene una "limitada capacidad" de retener a los migrantes. Así se desprende del estudio 'Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España', elaborado por Funcas, que revela que, entre 2002 y 2024, el aumento real de la población inmigrante residente en el país fue de poco más de siete millones, a pesar de que llegaron casi 15 millones de personas nacidas en el extranjero.

La investigación, presentada este martes en rueda de prensa, revela que aproximadamente uno de cada dos migrantes terminó abandonando el país. Además, refleja que la tasa de retención española se sitúa entre las más bajas de Europa, ya que, entre 2021 y 2025, rondó el 51%.

"España atrae con extraordinaria eficacia, pero no retiene con la misma intensidad. La diferencia entre ambas capacidades define el rasgo central de su modelo migratorio. El resultado es un modelo que necesita flujos de entrada muy elevados para sostener una población que se renueva constantemente", apunta.

Por otro lado, añade que la inmigración "no constituye una solución al desajuste demográfico español", sino que se trata de "un mecanismo temporal de amortiguación que opera con intensidad decreciente y bajo condiciones cada vez más exigentes".

El informe plantea una revisión crítica de la idea de que la llegada masiva de inmigrantes podría compensar automáticamente el declive demográfico español. Los autores del estudio, Héctor Cebolla y María Miyar, sostienen que la contribución de la inmigración es "relevante, pero limitada" y advierten de que el país ha delegado de forma implícita en los flujos migratorios una función que debería complementarse con políticas familiares, de vivienda y planificación territorial.

Asimismo, destacan que, en 2025, el 19% de los residentes en España había nacido en el extranjero, frente al 14% de media de la Unión Europea. En este sentido, exponen que Alemania recibe más inmigración en términos absolutos, mientras que España lidera las llegadas en términos relativos durante buena parte de las últimas dos décadas. De hecho, recalcan que, entre 2013 y 2023, España absorbió el 16% de toda la inmigración llegada a Europa.

Los autores subrayan que el modelo migratorio español se caracteriza por cuatro rasgos: la concentración temporal de las llegadas; una capacidad de retención (permanencia) limitada; un perfil de edad "crecientemente desfavorable", con pocos menores y un peso cada vez mayor de edades avanzadas; y la ausencia de una gestión proactiva de los flujos, cuya dinámica responde "en gran medida" a factores externos.

Los expertos también señalan en la investigación que, entre 2009 y 2024, España pasó de registrar 493.000 nacimientos anuales a 318.000, lo que supone una caída del 36%. "La inmigración ha contribuido a aumentar el número de mujeres en edad fértil y, por lo tanto, el número de nacimientos, pero no el número de hijos por mujer", revelan.

Del mismo modo, apuntan que en 2024 había un 33% más de inmigrantes en edad fértil que en 2009, pero sus nacimientos habían caído un 10% y su fecundidad un 32%. "El comportamiento reproductivo de las mujeres inmigrantes converge con el de las autóctonas en una sola generación. Es decir, España incorpora muy rápidamente a los inmigrantes a su propio régimen de (muy) baja natalidad", indican.

En esta línea, Cebolla ha explicado en la presentación del estudio que existe "una crisis de emparejamiento en general en las sociedades avanzadas", que España está repercutiendo "con muchísima intensidad".

 Así, añade que los jóvenes que llegan al país siendo niños acaban replicando la "baja fecundidad".

Otra de las conclusiones del informe es que la inmigración no solo rejuvenece la población, sino que también envejece con rapidez. En 2025, el 22% de los inmigrantes residentes en España tenía 55 años o más, unos dos millones de personas. 

Entre 2021 y 2024 llegaron a España 558.000 inmigrantes mayores de 55 años. Casi uno de cada cinco inmigrantes llegados en ese periodo tenía ya más de 55 años y el 80% de ellos eran extracomunitarios.

A juicio de Funcas, esta dinámica anticipa una "presión adicional" sobre los sistemas de salud y dependencia y propone que España comience a reflexionar sobre una estrategia de adaptación ante el cambio demográfico que combine no solo la política migratoria, sino también la política familiar y la planificación territorial. 

"Para ello, el debate público debe incorporar reflexiones sobre el impacto de la inmigración en el largo plazo y superar el foco en la inmediatez", asevera.

Igualmente, el estudio revela que España recibe proporcionalmente menos menores de 15 años y más personas de 54 o más que la mayoría de los países europeos. En 2024, el 13% de los nuevos residentes nacidos en el extranjero tenía menos de 15 años, mientras que el 18% tenía 55 años o más.

El estudio detecta además una desigualdad territorial. Las comunidades autónomas más envejecidas -Asturias, Galicia y Castilla y León- apenas reciben un efecto rejuvenecedor relevante de la inmigración.

El trabajo concluye que España ha logrado retrasar el impacto pleno del envejecimiento gracias a la inmigración, pero sin alterar la trayectoria de fondo. Según los autores, esta estrategia de mantenimiento demográfico "ha funcionado razonablemente bien en el corto plazo", pero "muestra signos claros de agotamiento".

"Sostenerla exige flujos crecientes e ininterrumpidos con un perfil de edad cada vez más difícil de garantizar, procedentes de países que también envejecen y cuyos excedentes demográficos se reducen", asegura.

Por su parte, Miyar ha abogado en la presentación del estudio por planificar flujos migratorios e incentivar la migración que puede contribuir de forma más importante a la demografía y a la productividad española. Además, ha apostado por ayudar a la autonomía de los jóvenes, con políticas de vivienda y familiar, con el objetivo de que se queden en España y formen hogares.

Para Cebolla, el debate público en España tienen que separar el problema del ajuste demográfico de la inmigración. 

"Son dos realidades que operan de manera interrelacionada, pero no son exactamente el mismo problema", ha apuntado para añadir que los españoles y los migrantes que llegan son "iguales" y se comportan "exactamente igual" ante las realidades.

martes, 14 de abril de 2026

La Generalitat recurrirá el decreto del Gobierno sobre la regularización de migrantes

 VALENCIA.- La Generalitat Valenciana ha anunciado su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno de España para la regularización de migrantes.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves. 

Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo va a incorporar a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España.

Se trata de una decisión del Gobierno de Sánchez que llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y que "va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana", señalan fuentes de la Generalitat.

Desde la Administración autonómica se advierte de que una medida de estas características, adoptada "sin una memoria económica clara ni coordinación" con las comunidades autónomas, puede provocar un "incremento notable" en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, "ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial".

En este sentido, el Consell subraya su compromiso con una política migratoria "ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida", así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la Generalitat Valenciana solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, con el objetivo de evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico, recalcan las mismas fuentes.

El Consell hace un llamamiento al Gobierno de España para que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas que permita abordar la cuestión migratoria "desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva".

jueves, 26 de marzo de 2026

La Eurocámara valida centros de deportación fuera de la UE tras un pacto del PP europeo y la ultraderecha

 BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda cuestionan que respete derechos fundamentales.

El mandato adoptado con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones defiende la obligación de los demandantes de asilo a los que se deniegue la protección de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión y aboga por plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga. 

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque los eurodiputados piden que sea una medida de «último recurso» y se aplique por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, no establecen límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a las autoridades judiciales decidir sobre ello. Además, reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera. 

 Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión.

Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno. Por otra parte, los eurodiputados abogan por suprimir una disposición de la propuesta original que exige a los gobiernos tomar medidas para detectar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran en su territorio de manera ilegal. 

En cuanto a la posibilidad de prohibir la entrada a migrantes a los que se rechaza conceder el estatus de asilo, el mandato defiende que quienes no cumplan una decisión de retorno en el plazo establecido para la vuelta voluntaria quedarán sujetos a la expulsión y se les podrá prohibir la entrada e vuelta a suelo comunitario durante un periodo determinado en función de cada caso, pero que podría llegar a ser permanente.

La posición del Parlamento Europeo, muy cercana a la propuesta de reforma que Bruselas puso sobre la mesa y al mandato que han acordado los Veintisiete de cara a la negociación, consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda. 

Así, los eurodiputados respaldan modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

En todo caso, advierten los eurodiputados, no podrán ser transferidos a esos centros fuera de la UE los menores no acompañados. 

Los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea forzaron el voto de este jueves en un intento de frenar el inicio de las negociaciones de esta reforma impugnando el mandato acordado en comisión parlamentaria entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha de Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y la Europa de las Naciones. 

 Sin embargo, el apoyo de la mayoría permitirá a los negociadores de la Eurocámara iniciar este mismo jueves los contactos entre el Consejo (gobiernos). El liberal holandés Malik Azmani liderará las negociaciones por el Parlamento en tanto que ponente de la posición de la institución, a pesar de que su informe decayó en favor de otro texto más duro redactado por el 'popular' François-Xavier Bellamy y negociado con la llamada «mayoría Venezuela».

Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate (IRC) ha alertado de que esta decisión supone un «Un revés histórico para los derechos de los refugiados» e instado a la UE a defender sus propios principios jurídicos y morales durante el avance de las negociaciones. 

Desde Caritas Europa, por su parte, se han mostrado «profundamente preocupados» y han arremetido contra la Eurocámara por respaldar «medidas aún más estrictas que socavan la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías legales». 

En un comunicado, el Partido Popular ha defendido que esta reforma permitirá reforzar la credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas y coordinadas. 

«No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen», ha dicho al respecto el presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, que sostiene que el nuevo reglamento entra en contradicción con la política migratoria y regularización extraordinaria del Gobierno.

Por parte de Vox, su jefe en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha puesto en valor que se acuerde un mandato «más duro» y subrayado que, cuando se aprobado definitivamente, será de obligado cumplimiento por todos los países de la UE. 

También ha celebrado que la posición de la Eurocámara vaya más allá que la Comisión y considere que los gobiernos nacionales vayan a ganar «autonomía» al poder decidir «deportaciones forzosas» si lo ven justificado, sin tener que someterse a una lista cerrada de criterios establecidos por la UE. 

«No se trata de un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», ha alertado, por su parte, la vicepresidenta de los socialdemócratas en la Eurocámara, Ana Catarina Mendes, quien ha avisado de que los derechos fundamentales consagrados en los Tratados no pueden ser considerados como «opcionales». 

La eurodiputada que negoció por Los Verdes, Mélissa Camara, que la víspera pidió aplazar el voto para dar más margen a la negociación de un texto menos duro, ha tachado del resultado de «vergüenza» y considerado que se trata de «una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea».

martes, 10 de marzo de 2026

La Eurocámara endurece su posición sobre los retornos tras pactar el mandato el PPE con la ultraderecha

 BRUSELAS.- La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha adoptado esta semana la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (EPP) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda han puesto en duda que respete derechos fundamentales.

Los grupos negocian desde el pasado diciembre las enmiendas al borrador de informe que el ponente liberal puso entonces sobre la mesa, pero la última ronda prevista la semana pasada fue suspendida en el último minuto, tras lograr el PPE un texto alternativo de compromiso con las fuerzas que forman la llamada "mayoría Venezuela" y que se apoya en la ultraderecha de Patriotas por Europea (formación liderada por el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la que también se integra Vox), la Europa de las Naciones Soberanas y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, que lidera el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni).

En este contexto, el informe del 'popular' François-Xavier Bellamy ha sido adoptado en la comisión europarlamentaria con 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención y permitirá el inicio de las negociaciones con el Consejo (gobierno) al poco de ser anunciado en sesión plenaria.

Sin embargo, fuentes parlamentarias apuntan que los socialdemócratas (S&D), Verdes y la Izquierda buscarán forzar la votación del mandato ante el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) para intentar frenar el mandato con un voto en contra y obligar a retomar las conversaciones en comisión parlamentaria.

"Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben irse. Una política migratoria eficaz es imposible si no se ejecutan las decisiones de retorno", ha dicho Bellamy tras el respaldo de la comisión europarlamentaria de un texto que, entre otras cuestiones, endurece las consecuencias para quienes no cooperen con los procedimientos de retorno y ofrecen un encaje legal a los 'hubs' para externalizar fuera de la UE los procedimientos de expulsión.

Desde el PPE, además, critican que en la fase final de las negociaciones, los socialistas "se negaron a apoyar elementos clave de la propuesta, como las limitaciones a las prohibiciones de entrada, el efecto suspensivo y los centros de retorno".

La ponente en la sombra de los socialistas europeos, Murielle Laurent, de hecho, ha pedido antes de la votación en la comisión LIBE un aplazamiento para dar más tiempo a las negociaciones entre grupos, con el objetivo de llegar a un acuerdo "coherente en lo legal y en lo político", tras considerar que la celeridad con que se llevaba ahora el mandato "no responde a la urgencia sino a una decisión política".

La adopción del mandato en comisión ha sido también aplaudida por Vox, que ven en dicho mandato la posición "más dura jamás planteada" porque, por ejemplo, introduce la posibilidad de que los Estados miembro "tipifiquen como delito la entrada y estancia ilegal en su territorio", amplía los plazos de detención para garantizar las expulsiones y limita las posibilidades de recurso. 

También aplauden que permita imponer prohibiciones de entrada en la Unión Europea indefinidas o permanentes cuando exista riesgo para la seguridad, según un comunicado de la formación de Santiago Abascal.

Tras no lograr el aplazamiento y ser adoptado el mandato, representantes de S&D, Verdes e Izquierda han tomado la palabra para expresar votos minoritarios en contra y defender que las posiciones que recoge el texto se alejan de los "valores de respeto de las libertades, los Derechos Humanos, Igualdad y Estado de derecho" que recogen los Tratados de la UE.

Así, Laurent ha avisado de que establecer centros de deportaciones en países terceros para externalizar los expedientes de demandantes de asilo llegados a Europa vulnera la "dignidad" y las libertades de los solicitantes de asilo y les somete a un "futuro incierto" en países que desconocen y por "tiempo indefinido". 

La eurodiputada ha denunciado que de salir adelante la reforma en esos términos, la Unión abrirá una "nueva era de comercio de personas en las que los migrantes son expulsados a cambio de dinero".

Desde los Verdes, la eurodiputada Tineke Strik ha alertado de que el mandato adoptado por los eurodiputados "perpetúa un enfoque peligroso y divisivo". 

En el mismo grupo, la eurodiputada que ha negociado por el grupo, Mélissa Camara, ha criticado que la posición "refleja una ideología racista y populista" y, además, "pondrá en riesgo la vida de las personas y violará su dignidad".

En nombre de la Izquierda europea, la italiana Ilaria Salis, a su vez, ha expresado otro voto minoritario en contra por la preocupación que genera el que se contemple la "detención por tiempo indefinido incluso para quienes no han sido condenados por ningún tribunal", un extremo que ha advertido supera líneas rojas de la UE.

domingo, 8 de marzo de 2026

Desarticulan un entramado dedicado a realizar empadronamientos a cambio de 650 euros en Elda

 ELDA.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Elda una red que se lucraba con empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros a cambio de 650 euros y han detenido a dos hermanos de 69 y 71 años, por su presunta participación de un delito de falsedad documental.

La operación policial ha sido llevada a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Elda. Las investigaciones comenzaron después de localizar tres inmuebles donde figuraban al menos 28 personas de origen extranjero empadronadas de manera fraudulenta, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Después de realizar diversas gestiones, los investigadores comprobaron que dos de los hijos de la propietaria de dichos inmuebles habían sido los encargados de empadronar a estas personas, las cuales nunca habían residido en los domicilios y muchos de ellos se encontraban en paradero desconocido.

Además, los investigadores hallaron una cuarta vivienda propiedad de uno de los detenidos en la que se encontraba una ciudadana extranjera empadronada, que tampoco residía en el mismo y que había pagado 650 euros a cambio de empadronarse en él.

Asimismo, los agentes realizaron gestiones con el resto de ciudadanos de origen extranjero que habían sido empadronados de forma fraudulenta en los otros tres domicilios a cambio de una cantidad económica, por lo que comprobaron que su objetivo era conseguir la tarjeta sanitaria SIP mediante la aportación de datos falsos sobre su domicilio habitual.

Con todo lo actuado, quedó acreditado que los dos investigados se dedicaban a realizar empadronamientos de ciudadanos extranjeros a cambio de un importante lucro económico y que los ciudadanos nunca habían llegado a residir en los domicilios. Por ello, los agentes procedieron a su localización y detención por su presunta participación en un delito de falsedad documental.

Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.

jueves, 5 de febrero de 2026

Inclusión recuerda que el período para solicitar la regularización en España empezará en el plazo de alrededor de dos meses

 MADRID.- El texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 6 de febrero, para su consulta y la presentación de aportaciones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), recuerda que de momento no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes y, en este sentido, llama a la calma.

La Secretaría de Estado de Migraciones subraya que, de momento y hasta el próximo viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones. Una vez concluido este período, se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes. 

En este apartado, resultará fundamental el informe del Consejo de Estado, que otorgará las máximas garantías jurídicas a este real decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.

En todo caso, desde la SEM se pide a la ciudadanía que pueda resultar afectada por este proceso que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como puede ser la página web y redes sociales de este Ministerio, para conocer de primera mano los plazos, así como el contenido final de un texto que, como se ha venido repitiendo en estos últimos días, aún no es el definitivo.

sábado, 31 de enero de 2026

La Comisión Europea presenta una estrategia quinquenal sobre migración

 BRUSELAS.- La Comisión Europea ha presentado la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración, que establece los objetivos políticos de la UE en materia de asilo y migración y servirá de guía con prioridades concretas para los próximos cinco años.

La UE ha abierto un nuevo capítulo en materia de migración y asilo que aprovecha y consolida los importantes avances que se han registrado en la protección de nuestras fronteras exteriores, aplica una diplomacia migratoria asertiva —por ejemplo mediante nuestras asociaciones estratégicas y globales con los países socios— y aplica las reformas introducidas por el Pacto sobre Migración y Asilo.

 Todos estos factores han contribuido a una disminución sostenida de la migración ilegal y a una mejor gestión de la migración en los últimos años.

La Estrategia reafirma la determinación de la Unión de establecer un marco que sea justo y firme y que permita gestionar eficazmente la migración junto con los países socios, de modo que ofrezca soluciones sin renunciar a los valores europeos. También reafirma el principio de que es Europa la que decide quién llega a la UE y en qué circunstancias.

La Estrategia establece el camino a seguir para alcanzar tres objetivos principales: prevenir la migración ilegal y destruir el negocio de las redes delictivas de tráfico ilícito, proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución, al tiempo que se evita el abuso del sistema, y atraer talento a la UE a fin de impulsar la competitividad de nuestras economías.

Para lograrlo, la Estrategia se centra en cinco prioridades:

· Intensificar la diplomacia migratoria

Seguiremos reforzando una diplomacia migratoria asertiva que promueva los intereses y valores de la Unión Europea. Gestionar la migración es un reto mundial que nos obliga a trabajar de manera solidaria y con un reparto equitativo de responsabilidades. La Comisión redoblará sus esfuerzos, junto con los Estados miembros, para aumentar la cooperación con los socios internacionales con el fin de:

- promover asociaciones globales y mutuamente beneficiosas que garanticen una cooperación en materia de migración eficaz y basada en los derechos;

- utilizar incentivos y palancas en todos los sectores y ámbitos de políticas públicas, como la política de visados, el comercio y el apoyo financiero;

- aplicar un planteamiento que tenga en cuenta la ruta en su totalidad que ayude a los socios a construir marcos de migración y asilo resilientes y humanos, entre otras cosas proporcionando protección más cerca de los países de origen. Los centros polivalentes a lo largo de las rutas pueden ofrecer formas innovadoras de gestionar la migración con los países socios;

- seguir intensificando la lucha mundial contra el tráfico ilícito de migrantes para prevenir viajes peligrosos, por ejemplo a través de la Alianza Mundial reforzada, nuevas herramientas para rastrear las actividades financieras digitales e ilícitas y un nuevo régimen de sanciones;

- promover vías de protección y apoyar los retornos desde terceros países, para ayudar a reducir la presión sobre los socios y protegerlos de los abusos de los traficantes.

· Fronteras de la UE sólidas para mejorar el control y la seguridad

Para la política migratoria de la UE y a fin de preservar el espacio Schengen es fundamental contar con unas fronteras de la UE sólidas que garanticen un control eficaz de quién entra en nuestra Unión. Con objeto de mantener y seguir intensificando los progresos realizados hasta la fecha:

- implantaremos el sistema digital de gestión de fronteras más avanzado del mundo, con el despliegue del Sistema de Entradas y Salidas (SES) y la puesta en marcha del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV);

- examinaremos todas las llegadas ilegales a la Unión y aplicaremos procedimientos fronterizos en nuestras fronteras exteriores en virtud del Pacto a partir de junio de este año;

- continuaremos reforzando el papel de Frontex mediante una revisión de su Reglamento de base.

· Un sistema de asilo y migración firme, justo y adaptable

El Pacto sobre Migración y Asilo es el fundamento de la política de asilo y migración de la Unión Europea y garantiza una mayor protección de las fronteras exteriores, normas estrictas contra los abusos y un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Su aplicación, puesta en práctica y desarrollo ulterior exigirán una atención continua en los próximos años. Esto supone:

- ayudar a las autoridades nacionales en la aplicación de las nuevas normas con equipos específicos de la Comisión para cada país y 3 000 millones de euros suplementarios de financiación para establecer procedimientos eficientes y mejorar la capacidad de prevención de movimientos secundarios no autorizados;

- tras la adopción del primer contingente de solidaridad, garantizar la continuidad de la solidaridad para los Estados miembros sometidos a presión;

- seguir reforzando y complementando el Pacto para adaptarse a los nuevos retos, por ejemplo, con la modificación del concepto de tercer país seguro, la lista de la UE de países de origen seguros y la exploración de medidas suplementarias para introducir aspectos innovadores.

· Retorno y readmisión más eficaces

Un retorno rápido, eficaz y digno es indispensable para el buen funcionamiento y la credibilidad de nuestro sistema de migración y asilo. Dado que actualmente solo regresan realmente alrededor de una cuarta parte de las personas a las que se ordena abandonar la UE, es urgente aumentar la eficacia del sistema de retorno de la Unión. Para ello, seguiremos trabajando en:

- la creación de un sistema europeo común de retorno, basado en la propuesta de Reglamento sobre retorno —que se encuentra actualmente en fase de negociación—, con normas más eficientes, procesos digitalizados y nuevos aspectos innovadores, como la creación de centros de retorno.

- la mejora de la readmisión por parte de terceros países, utilizando y reforzando el conjunto de instrumentos de la UE para promover la cooperación.

· Movilidad laboral y del talento para impulsar la competitividad

En los próximos cinco años, en muchos sectores clave se acentuarán el déficit de competencias y la escasez de mano de obra, impulsados también por la dinámica demográfica. La Unión Europea debe aspirar a convertirse en el lugar más atractivo de la carrera mundial por el talento. Para ello, será necesario:

- ampliar las asociaciones actuales en materia de talento, poner en marcha otras nuevas e integrar plenamente la adquisición de talentos en la cooperación global de la UE con los países socios;

- simplificar las normas y acelerar el proceso para atraer las competencias que Europa necesita, en particular en lo tocante al reconocimiento y la convalidación de cualificaciones y competencias;

- luchar contra el empleo ilegal y la explotación de los trabajadores migrantes y mejorar la integración en los Estados miembros de acogida, con aportación de financiación de la UE.

La Estrategia también promueve el pleno uso del potencial de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión del asilo y la migración, y prevé la creación este mismo año de un Foro sobre IA en la migración. 

El objetivo es proporcionar a los Estados miembros herramientas modernas, más seguras y eficientes para mejorar la calidad, la coherencia y la oportunidad de la toma de decisiones, así como reforzar la seguridad, al tiempo que se mejoran los servicios a las personas.

Para apoyar la aplicación de esta Estrategia, se hará un uso estratégico de la financiación de la Unión, tal como se establece en las propuestas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034. 

Esto incluye una propuesta para dedicar un importe total de al menos 81 000 millones de euros a las políticas de asuntos de interior y un instrumento Europa Global, diseñado para ajustarse a un planteamiento más estratégico de las asociaciones internacionales, en consonancia con los intereses estratégicos de la UE, también en materia de migración. 

Las agencias de la UE prestarán un apoyo operativo reforzado a los Estados miembros.

Todas las acciones previstas en el marco de la Estrategia parten del respeto de los derechos fundamentales de conformidad con la Carta y se ajustan a nuestras obligaciones internacionales.

Contexto

El Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración exige a los Estados miembros que dispongan de estrategias nacionales para garantizar su capacidad de aplicar eficazmente su sistema de gestión del asilo y la migración. 

También exige a la Comisión que elabore una Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración a largo plazo en la que se establezca el planteamiento estratégico que garantice la aplicación coherente a escala de la Unión de las estrategias nacionales. 

La Estrategia tiene en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, los Estados miembros y diversas partes interesadas, así como los conocimientos especializados de las agencias de la UE. 

jueves, 29 de enero de 2026

Bruselas ve en la regularización de migrantes en España una opción legal para el mercado laboral



 BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral.

"(Sobre) las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España", ha valorado el comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner.

Preguntado por la situación en España, Brunner ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas que está al tanto de la nueva legislación adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha querido dejar claro que es "una responsabilidad de los Estados miembro" sobre la que la Comisión Europea no tiene competencias.

domingo, 11 de enero de 2026

Alicante destina 481.525 euros para la atención integral a personas migradas en las oficinas 'Pangea'



ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado esta semana en Junta de Gobierno Local el contrato de prestación de los servicios profesionales para el programa de Atención a las Personas Migradas en las oficinas Pangea, para prestar los servicios de acogida, información, orientación, mediación y asesoramiento jurídico. Un contrato que cuenta con una inversión global de 481.525 euros, divididos en dos lotes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El primer lote, en el que se incluyen los servicios profesionales en materia de Mediación Intercultural: acogida, información, orientación y mediación, se ha adjudicado a la mercantil Salzillo Servicios Integrales SLU por importe de 396.550 euros para un periodo de dos años, con una posible prórroga de un año más.

El segundo lote, orientado al servicio de Asesoramiento Jurídico ha sido adjudicado al Despacho de Abogados Moisés Cabeza Requena por importe de 84.975 euros, para el mismo periodo de duración de dos años más otro posible de prórroga.

El concejal de Derechos Públicos, Julio Calero, ha destacado que la misión de las oficinas Pangea Alicante es "ofrecer una respuesta integral e integrada a las necesidades y requerimientos de las personas que llegan a Alicante procedentes de otros países, optimizando los procesos de acogida e integración".

"Las personas migradas reciben atención presencial y telemática para distintos asuntos, que incluyen la valoración y emisión de informes de arraigo y habitabilidad, coordinaciones, mediaciones lingüísticas y realización de actividades comunitarias", ha señalado.

La gestión de los diferentes servicios que integran el catálogo de prestaciones de las oficinas Pangea en Alicante responde a un modelo mixto, de forma que los informes de arraigo y habitabilidad de vivienda son valorados y emitidos por personal empleado público, mientras que los servicios de acogida, información, mediación y orientación, así como los de asesoramiento jurídico, son prestados mediante la fórmula de la contratación del sector público. 

Actualmente, el servicio se presta en dos sedes municipales: Pangea Norte (Plaza Argel, 5) y Pangea Centro (Plaza del Carmen, 9).

Este enfoque "integral" sitúa a la ciudad de Alicante como referente en políticas locales de integración, desde una perspectiva de derechos, proximidad y diversidad, y refuerza el compromiso institucional del Ayuntamiento con los principios de inclusión, cohesión social y desarrollo humano sostenible.

Según los últimos datos disponibles, de enero a julio de 2025 el servicio de Mediación Intercultural (acogida, información, orientación, mediación) realizó un total de 4.023 atenciones a 1.666 personas migrantes. Por su parte, el servicio de Asesoramiento Jurídico realizó en esos ocho meses un total de 667 citas presenciales.

martes, 9 de diciembre de 2025

La UE acuerda menos reubicaciones y ayudas económicas por migrantes de lo que pedía España

 BRUSELAS.- Los países de la Unión Europea acordaron apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.

El Consejo (países de la UE) precisó en un comunicado que esa ayuda tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración «empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026», cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.

«El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras», lamentó el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el Consejo en el que se tomó la decisión, que opinó que se deben «identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma».

El Consejo ha alcanzado este lunes un acuerdo político sobre el llamado «contingente anual de solidaridad», un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.

En particular, está previsto para aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes, España entre ellos, y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros.

El ministro español dijo a su llegada a la reunión de este lunes que España iba a abstenerse en la votación del contingente.

Ese fondo común de solidaridad prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.

En noviembre pasado la Comisión Europea concluyó, tras evaluar una serie de criterios, que España, Chipre, Grecia e Italia se encuentran bajo presión migratoria y pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común.

Por su parte, identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países que se enfrentan a una situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores y dijo que tenían la posibilidad de solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad.

Todos ellos, menos Bulgaria, han pedido ser eximidos de esas contribuciones con vistas a 2026.

Tras el acuerdo político de este lunes sobre el fondo común de solidaridad, el Consejo deberá adoptar formalmente la decisión de ejecución lo que ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2025.

viernes, 14 de noviembre de 2025

Dos embarcaciones con 16 personas migrantes llegan a la costa de Alicante

 ALICANTE.- Dos embarcaciones con 16 personas migrantes de nacionalidad argelina han llegado a la costa de la provincia de Alicante , según ha se ha podido saber.

La primera de ellas llevaba once personas a bordo y la segunda, avistada sobre las 17.30 horas, otras cinco. Todas han sido encontradas en buen estado de salud.

En el caso de la segunda embarcación, los cinco ocupantes son hombres mayores de edad. Un particular ha dado aviso del avistamiento en la playa de Los Locos de Torrevieja. 

Posteriormente, han sido trasladadas al puerto de Alicante para recibir asistencia de Cruz Roja y Policía Nacional.

lunes, 15 de septiembre de 2025

Feijóo sobre migrantes: puerta de salida a quien no acepte las normas y no venga a trabajar

 MÁLAGA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este fin de semana de que si gobierna, los migrantes que lleguen a España para trabajar y cumplir las leyes serán bienvenidos, pero «el que no acepte las normas y el que no venga a trabajar, tendrá la puerta de salida».

Feijóo, que ha participado junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, en un acto de partido en Málaga, ha rechazado que se diga que hablar de inmigración «crispa» y ha defendido que es un asunto del que hay que tratar «para que no cundan los mensajes xenófobos».

Ha denunciado que se haga reparto de migrantes «como si fueran mercancía» y ha considerado que no hay que «acostumbrarse» a que España «sea al destino de inmigración irregular y mafias».

En el tradicional acto del PP de Málaga en el que cocinan huevos fritos para iniciar el curso, Feijóo ha señalado que van a dedicarse a «preparar a España para el cambio» en los próximos meses y ha opinado que los ciudadanos no pueden acostumbrarse «a lo que está pasando».

Entre otras cuestiones, ha citado «que el fiscal general esté bajo fianza», que un número 2 de Sánchez esté en la cárcel y otro «delante del Supremo», o que la mujer del presidente haya tenido que volver al juzgado.

Ha expuesto que “no hay avance” en los presupuestos y que el Gobierno ha vuelto a tener “una sonora derrota” este miércoles en el Parlamento y ha manifestado que quien gobierna sin cuentas, sin mayoría y “atacando a los jueces”, lo que en realidad hace es “secuestrar la democracia, secuestrar la nación”.

También ha tenido palabras para la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, a la que ha calificado como “la ministra del cupo independentista, de la subida récord de impuestos y que es incapaz de aprobar un presupuesto”.

Además, ha avisado de que “hay que tener mucho cuidado visto cómo acaban los números dos del PSOE”.

domingo, 7 de septiembre de 2025

Vox amenaza a Barcala con "romper" pactos con el PP si Alicante acoge menores migrantes no acompañados

 ALICANTE.- El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, donde está en la oposición, ha amenazado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a su equipo de gobierno del PP con «romper» pactos y «cualquier negociación posible», incluida la de los presupuestos de 2026, entre ambas formaciones si la capital alicantina acoge menores migrantes no acompañados ante el traslado de estas personas entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de España.

El partido que lidera Carmen Robledillo en el consistorio, a través de un comunicado, ha mostrado su oposición «frontal» a lo que ha calificado de «reparto obligatorio de menores inmigrantes» que, según ha asegurado, pretenden «imponer la Generalitat y el Gobierno central».

«Los menores deben ser inmediatamente repatriados con sus familias, que es donde deben estar. La ciudad ya tiene serios problemas de seguridad que se verían agravados si se aceptara este chantaje que se pretende imponer por el PP de Mazón y el Gobierno de Sánchez», han manifestado desde Vox.

En este sentido, han asegurado que «la lealtad de Vox no está con el PP, está con los alicantinos y su seguridad». «Si el PP colabora con la llegada de menas a Alicante, las consecuencias inmediatas pasan por la ruptura total de cualquier negociación posible, incluida la de los presupuestos de 2026. Vox seguirá defendiendo la seguridad, la soberanía y el futuro de nuestra ciudad, sin aceptar imposiciones del Gobierno de Sánchez ni cesiones del PP», han zanjado.

En el Ayuntamiento de Alicante, el ejecutivo del PP gobierna en minoría, por lo que necesita alcanzar acuerdos con el resto de grupos municipales para tratar de lograr una mayoría en el pleno. En este sentido, 'populares' y Vox, que está en la oposición, han pactado las cuentas municipales de este año y el anterior, además de otras normativas locales ante las que la formación liderada por Robledillo ha planteado a Barcala varias exigencias.

Desde la oposición de izquierdas, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha lamentado la «crueldad inaceptable» de Vox por querer «usar a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio político».

«Alicante no puede ser rehén del chantaje de la ultraderecha. Barcala debe decidir si gobierna para la ciudad o si se arrodilla ante quienes solo saben imponer y dividir», ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.

Barceló ha afirmado que «mientras Vox amenaza con dinamitar los presupuestos de 2026, el grupo socialista se ofrece al gobierno municipal para garantizar estabilidad y soluciones reales, con unos presupuestos que piensen en Alicante, que tengan en cuenta la necesidad de proporcionar una acogida digna y responsable de los menores, sin chantajes y sin una política del miedo».

Además, ha defendido «que Alicante no puede depender de la radicalidad de unos pocos» porque la ciudad «merece un gobierno valiente, que defienda derechos y no claudique ante quienes hacen política con la vida de los niños y niñas».

Por su parte, EU-Podem ha difundido un comunicado en el que ha expresado su «más rotunda condena a las declaraciones realizadas por Vox, en las que amenazan con romper los pactos con el PP si se permite la llegada» a Alicante de menores extranjeros no acompañados.

«En primer lugar, queremos recordar algo básico: estamos hablando de niñas y niños, de menores de edad que llegan solos huyendo de la guerra, la violencia, la persecución o la pobreza extrema. Son criaturas indefensas que merecen protección, cuidado y un futuro digno. Criminalizarlos, presentarlos como un »problema de seguridad« o como una amenaza, es un acto de deshumanización inaceptable en una sociedad democrática», ha valorado la coalición que encabeza Manolo Copé.

En esta línea, considera «intolerable» que «Vox utilice el dolor y la vulnerabilidad de estos menores como arma de chantaje político».

 «La política municipal y autonómica no puede estar sometida a la lógica de la amenaza ni al discurso del odio. Alicante es una ciudad diversa y solidaria, que no puede permitir que se extienda un mensaje xenófobo que pone en riesgo la convivencia», ha añadido.

De esta forma, EU-Podem ha reclamado a Barcala y al PP «que rechacen de forma clara y pública este tipo de declaraciones» y «que se comprometan a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores, que obliga a todas las administraciones a velar por su seguridad y bienestar».

«Defender los derechos de la infancia no es una opción, es una obligación. Los menores migrantes no acompañados necesitan acogida, acompañamiento educativo y social y una oportunidad de integración. Alicante debe estar a la altura de los valores democráticos, humanitarios y de solidaridad que la mayoría de la ciudadanía comparte», ha continuado la coalición, que ha sentenciado: «La seguridad no se construye con discursos de odio ni con amenazas, sino con políticas de justicia social, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos».

jueves, 4 de septiembre de 2025

Rescatan en La Vila una patera con 18 personas, con una embarazada y dos menores, y tres traslados al hospital

 ALICANTE.- Una patera con 18 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa. Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 18 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.

Entre las 18 personas, había 15 varones adultos y dos mujeres adultas, una de ellas embarazada). Además, dos son menores de edad --uno no acompañado y un niño de seis años acompañado de sus padres--.

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.

miércoles, 3 de septiembre de 2025

Localizan una patera con tres personas en la costa de Alicante y trasladan a dos al hospital

 ALICANTE.- Salvamento Marítimo, con la embarcación Salvamar LEO, ha localizado una patera con tres personas en alta mar y las ha trasladado al Puerto de Alicante. Tras la asistencia sanitaria, dos de ellas han sido trasladadas al hospital por deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las tres personas rescatadas, según ha informado la organización humanitaria.

En la asistencia sanitaria, han constatado la necesidad de trasladar a dos de las personas al hospital por deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado. La tercera persona, con sintomatología similar pero más leve, no ha precisado derivación hospitalaria.

Los tripulantes han indicado que han permanecido a la deriva durante dos semanas y han afirmado que otras personas han fallecido durante la travesía, han señalado las mismas fuentes.

sábado, 23 de agosto de 2025

Localizan en la costa de Alicante una patera con 16 personas, entre ellas cinco menores, y nueve son hospitalizadas

 ALICANTE.- Una patera con 16 personas a bordo, entre ellas cinco menores, ha sido localizada a 12 millas de la costa en la provincia de Alicante. Nueve personas han sido trasladadas al hospital por diferentes problemas de salud, entre ellas dos niñas de 4 y 5 años, ha informado Cruz Roja.

Este viernes, un crucero avistó una patera con ocupantes al sudeste de Alicante y el 112 recibió el aviso a las 17.30 horas. Hasta el lugar se desplazó la Salvamar Leo, de Salvamento Marítimo, y trasladó a las 16 personas al Puerto de Alicante para que recibieran asistencia sanitaria, según ha informado el organismo marítimo en redes sociales.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 16 personas, de origen subsahariano. Se trata de nueve hombres (de los cuales tres son menores) y siete mujeres (entre las que hay dos niñas de 4 y 5 años acompañadas por sus madres).

Las personas atendidas presentaban un estado de salud «delicado», con deshidratación, gran debilidad y quemaduras, según la organización humanitaria. Una ambulancia del SAMU ha estado presente en el lugar y se han efectuado nueve traslados al Hospital de Alicante (por ambulancias de Sanidad Pública) por quemaduras de segundo grado y dolor torácico.

En el caso de las niñas, una de ellas ha sido trasladada al centro hospitalario por hernia umbilical y la otra por deshidratación y alteración de la conciencia. La asistencia por parte de Cruz Roja ha finalizado a las 4.00 horas.

miércoles, 20 de agosto de 2025

El rey Mohamed VI firma cerca de 1.500 beneficios a condenados en dos días por sendas festividades


 RABAT.- El rey Mohamed VI ha suscrito en cuestión de dos días 1.472 medidas de gracia sobre personas condenadas en Marruecos, con motivo de dos simbólicas festividades, entre ellas la Fiesta de la Juventud, que coincide este jueves con el cumpleaños del monarca --cumplirá 62 años--.

El martes, con motivo de la denominada Revolución del Rey y del Pueblo, en la que Marruecos conmemora el fin del protectorado francés, el monarca anunció diversos beneficios para un total de 811 personas, de las cuales 676 estaban detenidas hasta esta batería de indultos, condonaciones o reducciones de pena.

A estas medidas se han sumado este miércoles beneficios para otras 591 personas, según el Ministerio de Justicia, que ha especificado que 445 de ellas se encuentran detenidas, según la agencia de noticias MAP.

Este tipo de gestos son frecuentes en Marruecos en fechas señaladas pero, como también suele ser habitual, los últimos anuncios del Ministerio de Justicia no entran en detalles acerca de los presos beneficiados, de tal manera que no aclaran circunstancias personales o delitos por los que habían sido condenados.