A su juicio, esta norma puede redundar en la implementación de
políticas públicas en este ámbito «claramente insuficientes e incluso
contraproducentes para los objetivos buscados», por lo que piden a los
grupos parlamentarios que no la aprueben y se muestren dispuestos a
reunirse para dialogar al respecto.
Así lo trasladan en una declaración conjunta firmada por los
departamentos de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de
València (UV), Humanidades Contemporáneas de la Universitat d'Alacant
(UA) e Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I (UJI) de
Castelló.
La proposición de ley, que se tramita en Les Corts, fue
registrada para derogar la Ley de Memoria Democrática de 2017.
Los historiadores aseguran que la concepción de la Historia en este
texto «resulta claramente propia de un nacionalismo rancio y sin ningún
tipo de sentido crítico».
«La labor de la Historia no ha de ser 'honrar y
proteger a la historia de España' ni la de cualquier otro país o
comunidad, sino la de construir un discurso histórico riguroso y
proporcionar un conocimiento sólido sobre el pasado», subrayan.
Según denuncian, los autores de la proposición pretenden servirse de
la suposición de que «nunca ha habido un relato consensuado» sobre la
etapa entre 1931 y 1977 «ni entre los historiadores ni entre los
ciudadanos». A su parecer, es una afirmación «muy vaga» que muestra «un
claro desconocimiento de cómo funcionan las disciplinas científicas en
general».
Los historiadores creen que PP y Vox pretenden hacer creer que «en
la historiografia todo es relativo al punto de vista del historiador, lo
que supone ignorar en qué consiste el oficio». Por contra, recalcan que
es imposible que haya «un único relato sobre el pasado» y que «la
Historia no es ningún dogma ni ninguna profesión de fe».
«Dentro de la disciplina histórica, dentro y fuera de España hay
pluralidad en determinadas interpretaciones de los acontecimientos, pero
con un amplio consenso a la hora de establecer los hechos fundamentales
sobre la historia del siglo XX», exponen, y defienden que se ha
construido un ámbito de estudios «sólido» y unos «consensos muy básicos»
en torno a a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la
Transición.
En cambio, denuncian que la valoración histórica «sesgada y
tendenciosa» de la ley de concordia «demoniza la democracia española de
los años 30 como una época 'convulsa', llena de 'dinámicas de
enfrentamiento' y de 'violencia social y política', hasta llegar al
extremo de definirla como 'catástrofe' equiparable a una sangrante
guerra civil y una dictadura de 40 años».
Todo ello cuando subrayan que hay un consenso en la historiografía
española y el hispanismo internacional en que la Segunda República fue
la primera forma democrática de gobierno en la España del siglo XX. Por
tanto, consideran que «con sus errores e imperfecciones, como cualquier
democracia, resulta homologable al resto de democracias existentes en
ese momento».
Para los historiadores, la proposición carece de «la objetividad e
imparcialidad que se afirma buscar» porque «no se dice nada ni se valora
la dictadura franquista, hasta el punto de que nunca la nombran como
tal» a lo largo del texto, al tiempo que «se aleja el foco del debate
del periodo 1936-1975» porque se hace más referencia a la «República»
(cinco veces) o al «terrorismo» (ocho veces).
«Es decir, el terrorismo
recibe, por si solo, las mismas menciones que la Guerra Civil y la
dictadura juntas».
Paralelamente, advierten que el texto «jerarquiza entre terrorismos»,
al centrarse solo en el de ETA y no mencionar al de extrema derecha, al
de los GAL o a los atentados islamistas del 11M, y también «jerarquiza
entre víctimas» al afirmar que «no importa el bando, ni el origen, ni
las creencias».
Mientras de las víctimas del franquismo «no dice nada», de las del
terrorismo se habla en cinco ocasiones, además de «inventar la categoría
de víctima de la Segunda República» cuando en su opinión no tiene
sentido como tampoco se podría hablar de «víctimas de la monarquía
borbónica».
Otra de las críticas de los historiadores es que la ley muestra una
«falsa equiparación» entre dictadura y democracia, al «confundir la
memoria personal-familiar con la memoria social y la conmemoración por
parte de instituciones».
En primer lugar, recuerdan que en democracia hay derecho a recordar a
los familiares muertos durante la guerra y posguerra, con «la única
diferencia de que miles de familias de víctimas de la represión
franquista todavía no saben dónde están».
En segundo lugar, «nunca en
democracia, y todavía menos desde una institución pública, se puede
hablar de 'enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las
creencias».
«¿Aplicarían los proponentes de la ley esa misma frase a la Alemania
nazi o a los terroristas de ETA?», se preguntan, y hacen hincapié en
que «la igualdad de las víctimas en el dolor no puede equivaler nunca a
una igualación de las causas por las que murieron».
«No hay 'equilibrio'
posible entre quien defiende la democracia y quien lucha durante 40
años por destruirla y evitar su retorno».
Los historiadores también rechazan la afirmación de los proponentes
de que buscan «restaurar el equilibrio perdido», ya que señalan que
«nunca ha habido un equilibrio e memorias en la esfera pública respecto a
la traumática historia del siglo XX español»; ni antes de 1975 por la
dictadura ni después porque «las instituciones no llevaron a cabo
políticas decididas de memoria democrática».
«Ese desequilibrio solo se había comenzado a matizar parcialmente en
las dos últimas décadas (...) Pero no has ido compensado ni ha
desaparecido nunca», aseveran, para advertir que continuará hasta que no
haya represaliados sin localizar o no se cumpla la legislación
internacional al respecto. Por todo ello, instan a no perpetuar ese
desequilibrio y a ayudar a corregirlo.
La declaración cuenta con las adhesiones de la junta de la Facultad
de Geografía e Historia, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales y
el aula de Historia y Memoria Democrática de la UV, el equipo decanal
de la Facultad de Filosofía y Letras y la revista 'Pasado y Memoria' de
la UA y la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI.
