Por consiguiente, el Síndic investigará los motivos que han propiciado
la queja, al considerar que se puede haber conculcado los derechos de
los trabajadores del departamento de salud.
El motivo de la queja es "la ausencia de información al Comité de
Empresa de Marina Salud sobre las acciones legales realizadas y
pendientes de realizar por la Conselleria de Sanitat i Salut Pública
contra la venta irregular de acciones entre los socios DKV Servicios y
Ribera Salud SA de la concesión administrativa de Marina Salud SA".
El Comité de Empresa alegaba que había pedido información en relación
con esa operación de venta de acciones a la Conselleria de Sanidad y a
la de Transparencia, sin haber obtenido, sostenía, "ninguna respuesta
hasta este momento".
En la resolución de inicio de investigación, el Sindic señala que, "del análisis de los hechos descritos y la
normativa aplicable, se deduce que la inactividad de las consellerias de
Sanidad Universal y Salud Pública y de Transparencia podría afectar al
derecho" de los promotores de la queja "a una buena administración".
A este respecto, concreta que tienen derecho "a obtener respuesta
expresa en los términos de la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común y transparencia".
La resolución, firmada por el adjunto segundo al síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana, Carlos Castillo Márquez, solicita de las
consellerias antes citadas que en el plazo de un mes den informe
"detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del
presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la
posible afectación al derecho invocado".
En su queja, el Comité de Empresa pedía también al Síndic que "se
interese" sobre "si la operación de compra y venta accionarial se va a
realizar mediante la simple fórmula de 'toma de razón', en contra de la
normativa vigente y de lo que señalan los informes previos de la
Abogacía de la Generalitat, en vez de requerir la autorización expresa y
previa de la Administración (...)".
Además le pedía que "se interese" sobre "si se han emprendido acciones
legales, en qué momento del procedimiento se encuentran" y que les
"informen de las actuaciones realizadas", tal y como han solicitado "a
Presidencia, a la Conselleria de Sanitat y a la Conselleria de
Participación i Transparencia, sin obtener -afirma- ninguna respuesta
hasta este momento".
En su queja, el Comité de Empresa desglosaba las diferentes solicitudes
que ha elevado a la administración autonómica y a Marina Salud respecto a
esa operación de venta accionarial.
En concreto, señalaba que el pasado 26 de agosto registró un escrito
ante Presidencia y ante la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de
Transparencia.
En dicho escrito reclamaba que "se paralice e impida la operación de
venta accionarial entre DKV y Ribera Salud", alegando, entre otras
razones, el "incumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los
trabajadores, al no ser informado con antelación el Comité de Empresa y
no poder realizar informe con carácter previo".
También aducía que, "con esta operación mercantil, se vulnera la Ley de
Salud de la C.V. 8/2018 de 20 de abril, (preámbulo VI), la cual pone
limitaciones a la adquisición de títulos accionariales o participaciones
de los entes públicos, con el objetivo de proteger los intereses de los
usuarios".
Argumentaba, igualmente, la "necesidad de autorización previa y expresa
de la Conselleria de Sanitat, según informe jurídico de la Generalitat
Valenciana firmado en mayo de 2016".
