MURCIA.- El abogado Diego de Ramón se ha vuelto a dirigir al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que, ampliando las peticiones de su anterior escrito de solicitud de investigación de determinados aspectos de la gestión en la CAM, fechado en marzo pasado, se averigüe también si se ha producido un eventual vaciamiento patrimonial en detrimento de los fondos sociales a que está obligada por ley.
Para justificar aún más su legitimidad a la hora de solicitar estas pesquisas al órgano supervisor, siempre en aras de la mayor transparencia de los mercados, cita la aprobación por la Comisión Europea, el pasado 3 de abril, del Libro Blanco, "que aspira a facilitar las reclamaciones de daños y perjuicios contra las empresas que han violado las normas de competencia, entre ellas las entidades financieras", (...) por lo que se tendría que informar al Banco Central Europeo de los extremos de mi anterior escrito "ya que el dinero de las cajas de ahorro es un dinero público, dada su única y recta misión de función social".
Este letrado alude a la especial importancia en este caso de las situaciones de riesgo ante la inexistencia del escrutinio del mercado para con las cajas de ahorro; a que "se encuentran en el ojo de la total crisis inmobiliaria" y a que "algunos bancos internacionales y agencias de calificación han sido muy críticos con estas entidades".
Se refiere posteriormente a la progresión de la tasa de morosidad en las cajas, "incluida la Caja de Ahorros del Mediterráneo", y dice que "el volumen de préstamos que ha entrado en mora se eleva a 1.103 millones de euros, un 0,67% del total de su cartera de créditos a promotores, más del doble que hace un año, y siendo significativo que en el crédito con garantía hipotecaria, la morosidad ha subido del 0,41% al 0,72% en el último ejercicio hasta diciembre pasado, siendo de 4.154 millones de euros en el total del conjunto financiero".
Revela a continuación, citando al Fondo Monetario Internacional, que "las tasaciones o precios de las viviendas (...) siguen sobrevaloradas entre el 15% y el 20%, en términos reales y descontada la inflación", según la declaración efectuada por el alto funcionario del Fondo Monetario, don Roberto Cardarelli, quien "coloca a España como uno de los países de mayor riesgo a la hora de afrontar la corrección del sector".
A su juicio, cabe examinar en consecuencia "la venta de activos, de acciones compradas en su día, para obtener liquidez" para ver "si se ha producido la disminución patrimonial de esta Caja y por tanto la merma de depósitos sociales, y cuáles han sido los motivos de este posible vaciamiento patrimonial, sus causas y personas responsables en la dirección en esta escalada hacia abajo de los activos".
Recuerda que, "a todo esto, hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Suelo ha depreciado el valor de los activos inmobiliarios y de las financiaciones otorgadas, por lo que en este contexto las cajas van a tener que registrar pérdidas derivadas de este cambio normativo". A su juicio, incluso, "peor escenario se presentará para las cajas de ahorro que cuenten con suelo en propiedad, ya que la aprobación de la citada ley ha supuesto una depreciación de estos activos".
Este letrado, erigido en defensor de los derechos de todos los perceptores sociales de la CAM en calidad de ciudadano de la Unión Europea, pide igualmente que se analicen o evaluen los activos patrimoniales "en cuanto al valor real de dichos bienes inmuebles, por el reajuste de tasaciones (...) con arreglo al mercado actual, al valor de hoy" y se refiere, en concreto, "a los avales que presenta la CAM en sus titulizaciones de las hipotecas contraídas en el mercado crediticio, de cara a la solvencia, hacia el Banco de España y de cara a la concurrencia en las subastas de dinero del Banco Central Europeo".
Expresa De Ramón en su escrito al gobernador, que también cabe esta investigación específica, "por posible concurrencia desleal de cara a otras instituciones bancarias europeas, que cumplen con un grado de solvencia más riguroso o estricta disciplina del mercado financiero".
Igualmente, en este escrito de ampliación de peticiones a Fernández Ordoñez (en la imagen) para una mayor transparencia de la CAM, De Ramón habla de "fuertes contradicciones de esta Caja (...) ante la falta de investigación o evaluación de lo que dice que es cierto, que no lo sabemos, nos tenemos que fiar de lo que dice, puesto que no ha existido un órgano supervisor que informe a la Opinión Pública del estado real de dicha Caja con estos antecedentes dichos".
Y le recuerda que ya se prevé en el acuerdo de Lisboa, del pasado 13 de diciembre, la creación de una Fiscalía europea para "investigar, perseguir, y someter a juicio, a los autores y cómplices de infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, competencias que se podrían ampliar en el futuro a todos los delitos graves de dimensión transfronteriza".
En este sentido, le insta a que se averigüe "el posible contrato blindado de su director general (...) y si está en consonancia con la responsabilidad, en caso de producir daños por él mismo a la Caja, si se corresponde con la reparación económica a la misma", su vigencia, efectividad, y su modo de ejecución, "y si se ha publicitado ante los órganos de dirección, resto de responsables políticos y agentes, como de los propios clientes en su memorando, y si afectaría a costa de posibles beneficios de la merma en las inversiones sociales".
Aprovecha finalmente para que se constate si en el año 2007 se pudieran haber mermado las inversiones sociales por "los créditos concedidos en dicha Caja de Ahorros del Mediterráneo, en cuanto a los doce consejeros, que se le han dado créditos por valor de 21.500.000 euros (...) y en el año 2006 a muchos más consejeros y otras personas en muchisimo más dinero, qué tiempo dejado de carencia y al tipo de interés que se le ha dejado".
ALICANTE.- La Asociación de Propietarios Afectados por la Declaración del Parque Natural de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor se ha dirigido a través de su abogado, Diego de Ramón, a la presidenta de las Cortes Valencianas en relación a la propuesta de Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y de la declaración de ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), en base a "la fuerte colindancia del PAU-21, que incluye 2.300 viviendas, con una media de 9.300 residentes asociados a usos urbanísticos de gran concentración". 
