MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha solicitado en un escrito al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una exhaustiva investigación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en aras de la transparencia en la actividad financiera general, que están urgiendo diversas instituciones internacionales y de la Unión Europea, con el objeto de comprobar si los datos sobre sus autoproclamados recursos propios se corresponden efectivamente con la realidad.
En ese escrito, el letrado llega a plantear al gobernador la posibilidad de un eventual cierre provisional de la entidad, si se comprobase que no ha cumplido del todo con la normativa vigente en la provisión de operaciones de alto riesgo y/o con la proporcional obligación de inversiones benéfico-sociales, con la única finalidad de “protección de impositores, empleados y beneficiados de su obra social”.
De Ramón, que le anuncia a Fernández Ordóñez su intención de dirigirse al Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, ministro de Economía y presidente del Gobierno si no obtiene respuesta positiva del Banco de España, basa su petición en legítimos fines de transparencia de cara a la opinión pública de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
En ese sentido, razona que la información salida por boca de la CAM “hace falta verificarla y probarla para ver si se ajusta a la legalidad; y ello en base a la adopción por la Unión Europea de las Normas Internacionales de Información Financiera, de aplicación en España desde el año 2005 (cobertura del riesgo del crédito en entidades financieras y obligaciones de información respecto de las participaciones preferentes…) para identificarla con la verdad”.
Este abogado afirma que “en relación con el riesgo de insolvencia, se ha de tener en cuenta la correcta valoración de las pérdidas de las carteras de crédito así como los criterios de supervisión y prudencia para la cobertura” porque, a su juicio, “no son deducibles las dotaciones correspondientes a pérdidas”.
Diego de Ramón sugiere al Banco de España respecto a las provisiones obligatorias, que “se tendría que investigar o verificar si en esas dotaciones, llamadas de pérdidas por deterioro de activos en la cuenta de resultados, se incluyen las provisiones obligatorias en función de los créditos que conceden las entidades y del riesgo que asumen”.
En el escrito al gobernador se expresa la imposibilidad material de saber cuánto están creciendo las dotaciones para sanear créditos con el sector inmobiliario “con bastante serias dudas de recuperar, y nos estamos refiriendo a lo invertido en los créditos hipotecarios de Seseña, Novo Carthago, Polaris… si se ha hecho con administración y control en la clasificación de clientes, límites, instrumentos y vigilancias del crédito. Y a esto hay que añadir, las probabilidades de incumplimiento, nivel de exposición del riesgo del crédito, tasa de recuperación, severidad de la pérdida, pérdida esperada…”.
El firmante del escrito, sin dudar de la afirmación de la CAM de que se ha dotado de provisionamiento suficiente, desea saber si de verdad lo ha hecho, también “cuanto dinero ha invertido en créditos dados durante 2007 y, en proporción, cuánto ha provisionado teniendo en cuenta que una Caja (moralmente) no puede invertir dos o casi tres veces la ampliación de capital, para crecer más que los bancos u otras cajas, y no invertir en bienes sociales” porque “si esto ocurriera, se tendría que pedir al Banco de España el cierre provisional de la entidad que estuviera en esta situación”.
De Ramón justifica, además, la necesidad de investigación para la mayor transparencia en la información económica de la CAM, en que la entidad acude a las subastas de dinero “…y podría no cumplir con los requisitos de transparencia y saneamiento económico para acceder en igualdad de oportunidad con otras entidades financieras europeas”.
Para el letrado, “el motivo de la comprobación es la fuerte exposición que la CAM ha hecho en el mercado inmobiliario, donde se ve ahora más expuesta” aunque este endeudamiento “puede ser asumido aún con las famosas titulaciones, en las que a los propietarios de esas hipotecas (…) no se les ha dicho que se han puesto como garantía” y que en caso de peligro “podrían ser compradas por cualquier entidad o persona distinta a la otorgante de la hipoteca…”.
Finalmente solicita, si fuese oportuno, saber “si los responsables de dicha entidad han cometido abusos desmedidos o conductas imprudentes financieras” y si “merecen un castigo institucional, social y económico de forma personal…”. De Ramón recuerda en este punto al gobernador del Banco de España que después de conocerse públicamente que España lidera la caída del sector de la Construcción “han concedido a un grupo inmobiliario, “Polaris”, un crédito (…) de 300 millones de euros…”.
Diego de Ramón insta al Banco de España a pedir explicaciones y depurar responsabilidades tras preguntarse dónde están las auditorías a las fundaciones de las cajas de ahorro, “quién las conoce, dónde publica el Banco de España las sanciones, en esa falta de transparencia, dónde se investiga si se cumple el Tratado de Roma…”. Piensa el letrado que todo eso es lo que se debe investigar y sus directivos responder de sus imprudencias financieras “con sus contratos blindados y su patrimonio personal y de la propia caja, y entre ellas, la Caja de Ahorros del Mediterráneo”.
ELCHE.- La junta de accionistas de Kelme, reunida hoy en Elche, aprobó las medidas previstas en el plan de viabilidad diseñado para garantizar el futuro de esta compañía, con el apoyo de Diego Quiles, propietario del 49% de las acciones de la compañía, según informó hoy en un comunicado la Generalitat Valenciana.
