domingo, 15 de septiembre de 2013

La cronología de los ERE en las cajas: de las jugosas prejubilaciones a los despidos con 20 días por año

MADRID.- Con la negociación del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa, se completa la segunda ronda de despidos acometida por las entidades en manos del Estado -Bankia, Novagalicia y la catalana-, si bien las condiciones ofrecidas a los afectados varían mucho entre el primer proceso y este último. De generosas prejubilaciones e indemnizaciones de 45 días por año, a la amenaza de aplicar a rajatabla la reforma laboral (20 días por año y 12 mensualidades) que ha puesto sobre la mesa el banco que preside José Carlos Pla.

Sólo entre estas tres entidades se acometerá, una vez que el proceso llegue a su fin, un recorte de más de 16.000 empleados. El mayor ajuste ha sido el realizado por Bankia, un total de 8.200 empleados que suponen casi un 35% de la plantilla que acumularon las siete cajas de ahorros en el momento de su fusión.

A principios de febrero, la entidad acordó con los sindicatos un recorte de 4.500 empleados. Las medidas de salida se concretaron en diversas modalidades de bajas incentivadas que se segmentan en función de la voluntariedad, edades y la evolución del plan de recolocación. No obstante, la media se situó en 30 días por año trabajado, con el límite de 20 mensualidades.

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, surgió de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño (cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana). El proceso vino aparejado de un ERE para 3.700 trabajadores, a unas condiciones sensiblemente mejores. Así, los trabajadores que se acogieron a las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, más una prima que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. La mayor parte del ajuste se realizó, sin embargo, a través de prejubilaciones. Estos empleados con al menos 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio.

También en febrero, Novagalicia acordó un ERE para 1.850 empleados de los cuales un máximo de 455 pueden acogerse a prejubilaciones cobrando el 80% de su sueldo. El resto del recorte de la plantilla se acometerá a través de bajas incentivadas, con unas indemnizaciones de 30 días por año, con un máximo de 22 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad. En ningún caso la indemnización podrá superar los 250.000 euros.

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova provocó un primer ERE para 1.200 empleados, que se llevó a cabo principalmente a través de prejubilaciones de mayores de 55 años que recibieron un 85% del sueldo. En julio de 2011 anunció un nuevo ERE para 350 empleados, a los que se sumaron luego otros 700. En estos casos las indemnizaciones fueron las más generosas hasta el momento, de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En total, los casi 8.000 empleados con los que contaban las cajas gallegas se han reducido a la mitad.

El último ajuste pendiente es el de CatalunyaCaixa, en la que la dirección ha planteado como propuesta 2.453 despidos con el mínimo legal permitido, es decir, 20 días por año y 12 mensualidades.

La entidad aplicó inicialmente un recorte de 1.300 empleos, ampliado con otras 330 bajas incentivadas. Los trabajadores mayores de 60 años se pudieron prejubilar recibiendo el 90% del salario neto, mientras que los de entre 56 y 59 años contaron con el 80% del salario neto. Las indemnizaciones de las bajas incentivadas dependieron de la antigüedad, llegando hasta los 30 meses de sueldo (2,5 años) para quienes llevasen más de 12 años trabajando en una de las cajas. El recorte total podría alcanzar a más de 4.000 empleados, de los alrededor de 8.500 que había en la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa son las tres entidades actualmente en manos del Estado, y también las que más ayudas públicas han recibido. En total, Bankia ha recibido 22.424 millones, por los 12.052 de la catalana y los 9.052 de la gallega.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

El Banco de España advirtió a la CAM de su gran concentración inmobiliaria en 2004, 2005 y 2006

VALENCIA.- El exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Julián Atienza ha afirmado que el Banco de España (BdE) hizo constar "al menos en tres ocasiones" a los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) que "tenía gran concentración en el sector inmobiliario", en 2004, 2005 y 2006, así como de los "efectos que podía tener" para la entidad esa importante exposición al riesgo inmobiliario.

   Así lo ha señalado el primer director general del FROB desde su creación en junio de 2009 hasta su renuncia en septiembre de 2011 durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes, por la que ha pasado a continuación su sucesor, Mariano Herrera, quien ha repasado el proceso de venta de la entidad.
   A preguntas de los grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV-- por la labor de supervisión e inspección de las cajas realizada por el Banco de España a la vista del "panorama desolador" descubierto después, Atienza ha remarcado que la CAM presentaba "cuentas buenas", en las que "se veía que había una concentración importante en el sector inmobiliario y así se le hizo constar al menos en tres ocasiones a sus administradores".
   El que fuera director del Departamento de Inspección de Cajas del Banco de España de 2004 a 2008 ha asegurado que, de 2004 a 2006, instaron a los dirigentes de la CAM a que "tomaran medidas", pero "no es que no hicieran caso, es que hacían todo lo contrario" y que, de hecho, el peso inmobiliario aumentó del 20 al 25 por ciento y después al 30 por ciento en ese período.
   Además, ha recalcado que el BdE "no ha discriminado nunca a una entidad sobre otra", sino que "los criterios siempre han sido homogéneos", si bien "puede haber unos inspectores más duros y otros menos duros porque no hay dos profesionales que sean iguales", pero "eso no se manda a propósito".
 "Hay una circular de criterios contables que se tiene que aplicar", ha subrayado.
   Atienza ha destacado que "el principal responsable de cada entidad es el consejo de administración, que es el que ha decidido concentrarse en un sector y se ha equivocado", con independencia del papel de los supervisores, quienes se concentran en la solvencia de estas entidades y tuvieron que intervenir porque "no se puede dejar caer un sector financiero".
   En la misma línea, ha defendido que "la supervisión está para evitar crisis sistémicas", no de entidades concretas, fundamentalmente porque "no hay medios humanos" para realizar una inspección exhaustiva continua de todas las entidades, sino un "seguimiento trimestral de balances" para, en función de sus resultados, decidir "qué inspecciones se van a hacer".
   En cuanto al papel de la Generalitat y los contactos con los consellers de Economía por los que se interesaban el socialista Ángel Luna y Mireia Mollà, de Compromís, ha indicado que no tuvo "ninguna conversación" con el Gobierno valenciano, salvo un contacto con el exconseller José Manuel Vela, con quien coincidió cuanto se intervino la CAM y se "saludó".
 "Qué hacía Vela en la CAM, no lo sé", ha confesado ante las preguntas de la oposición por ese encuentro.
   El representante de EUPV Lluís Torró le ha preguntado por "irregularidades" detectadas en la CAM como "sueldos mal regulados, excesivos para administradores, que no correspondían", a lo que Atienza ha replicado que "era un tema en el que el Banco de España no entraba porque se entendía que era competencia de las comunidades autónomas", mientras que el organismo estatal "era supervisor de la solvencia y de las normas establecidas para los bancos".
   A preguntas de Vicente Betoret (PP) por esa competencia autonómica sobre los sueldos de los administradores, Atienza ha insistido en que "eran competencia de las comunidades autónomas" dado que hubo un "conflicto competencial" y "el Tribunal Supremo dictaminó que el Banco de España tenía competencia sobre la solvencia y se puede interpretar que -el tema de los sueldos-- era competencia de las comunidades autónomas".
   En cuanto al proceso seguido con la CAM, el ex director general del FROB ha detallado los pasos dados y ha insistido en que el SIP para la creación de Banco Base "se rompió porque no se pusieron de acuerdo sus miembros" y en que "era mucho más económico vender la CAM que liquidarla".
   Sobre esta cuestión, Mariano Herrera ha cifrado el coste de la venta a Banco Sabadell --al que adjudicó la entidad alicantina por un euro-- en "unos 8.000 millones de euros", 5.249 millones correspondientes a la inyección inicial de capital y "2.600 o 2.700 de pérdida esperada" por el esquema de protección de activos establecido para un período de diez años.
   A su juicio, "es un coste enorme, pero muy inferior al de una liquidación", que se estimó por parte de los expertos independientes en "entre 16.500 y 19.500 millones de euros".
   A preguntas de la oposición, ha recalcado que esa adjudicación "se diferencia en todo de un regalo" porque el Sabadell requirió esos fondos "para que la operación pudiera ser factible", al entender que "el deterioro de los activos de CAM era tal que los pasivos eran muy superiores y para que compensara, necesitaba eso".
   "El FROB está vendiendo un banco, que son unos activos y pasivos, y si los pasivos valen más, hay que pagar la diferencia, eso no es un regalo y la prueba es que ninguna otra entidad hizo una oferta", ha sentenciado Herrera, quien "desearía que hubiera habido mejores ofertas".
   Sobre la posibilidad de que las declaraciones de Fernández Ordóñez acerca de que "la CAM era lo peor de lo peor" influyesen en el proceso, ha subrayado que "estas entidades no se basaban a la hora de hacer ofertas o en un conocimiento superficial y en alguna frase que han oído, sino en un análisis a fondo de todos los activos, pasivos y contingencias de la entidad".
   Por otro lado, ha asegurado que "es mucho más difícil que los supervisores vean cosas que son indicio de delito porque no es su función, que es la solvencia, y no es lo mismo ser supervisor que administrador de una entidad". 
Así, ha explicado que "el FROB --y no el BdE-- es el que tiene acceso a toda la información", incluida alguna "muy útil" en este sentido como "correos electrónicos y otros papeles que no se entregan al Banco de España y otros supervisores".

El Ministerio de Medio Ambiente no subirá el precio del agua que llega por la MCT

MURCIA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha trasladado a los alcaldes de Murcia, Lorca, Cartagena, Alicante, Elche, así como a los miembros del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que "no se realizará el incremento del precio del agua y se paralizará cualquier actuación".

   Así lo ha comentado en un contacto con los medios el alcalde de Murcia, el oriolano Miguel Ángel Cámara, quien ha asegurado que Ramos se comprometió también en dicha reunión a "estudiar las propuestas y trabajar en una global que contemple todos los aspectos relacionados con los abastecimientos de agua".
   En dicho encuentro, celebrado el martes en Madrid y al que también acudió la directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles, se solicitó la modificación del convenio entre esta entidad y Acuamed para reducir el volumen del agua desalada, así como el precio de la misma, "motivada por la entrada en funcionamiento de las nuevas desaladoras de Torrevieja y Águilas", ha explicado Cámara.
   Al hilo, Cámara ha comentado que el secretario de Estado de Medio Ambiente "se mostró receptivo y entendió el planteamiento de los alcaldes presentes en la reunión".
   Los alcaldes han recordado que el anterior gobierno socialista, presidido por Zapatero "obligó a la MCT a firmar un convenio de compra de agua desalada para trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios de Murcia y Alicante".
   El acuerdo, ha mantenido Cámara, "supuso un incremento desmesurado de precios y una discriminación hacia los más de dos millones de españoles que residen en el Sureste frente a los habitantes de las demás regiones".
   "Es una muestra más de la política errónea de construcción de desaladoras desarrollada por el Gobierno socialista en su afán por marginar a las regiones mediterráneas y supone una pesada herencia que pretende trasladar a las economías domésticas aquella caótica y mala política de agua que, si no se corrige, volverá a castigar a murcianos y alicantinos", ha asegurado Cámara.
   Y es que, ha criticado, "se ha pretendido trasladar los costes de las infraestructuras de la desalación solo a los usuarios del agua de Alicante y Murcia"; algo que, a su juicio, "no era justo, porque es una infraestructura general no necesaria, construida por un capricho del Gobierno del PSOE contra las regiones del Mediterráneo".
   "Si es una actuación de Estado es una infraestructura estatal y debe ser financiada con la solidaridad de todos los españoles, como ha ocurrido con otras infraestructuras y desaladoras de las mismas características, como Cataluña, financiada con fondos generales y pedíamos ese mismo trato", ha subrayado Cámara.
   De ahí que los alcaldes de los municipios con mayor población integrados en la MCT manifestaran al secretario de Estado su oposición a los convenios establecidos y han planteado que las inversiones realizadas por Acuamed con aportación del Estado para la construcción de las plantas sean asumidas por todo el país, como ha ocurrido anteriormente en Cataluña y las comunidades insulares.
   Asimismo, han insistido en la imposibilidad de incorporar a la red el total del agua a producir por las desaladoras, ya que su coste de funcionamiento resultaría inviable, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Murcia.
   Los alcaldes han remarcado, además, a Ramos la necesidad de que la MCT mantenga el régimen jurídico-administrativo de funcionamiento actual, ya que a lo largo de toda su historia "ha contribuido de una forma eficiente, eficaz y sostenible a garantizar el abastecimiento de agua a todos los municipios de su ámbito".