sábado, 10 de junio de 2023

Militares españoles piden a la UE que detenga el envío de armas a Ucrania

 


MADRID.- Un grupo de militares retirados de distintas ramas del Ejército español han firmado un manifiesto en el que solicitan a la Unión Europea (UE) que detengan el envío de armas a Ucrania, con el fin de "alimentar la guerra" y centren sus esfuerzos en conseguir un acuerdo de paz que ponga fin a "esta locura".

Entre los firmantes se encuentran decenas de rangos militares retirados o en la reserva, que animan a otros en su situación a unirse a su manifiesto. "Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que, en vez de alimentar la guerra con más envío de armas, paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz", señala el comunicado.

Los militares que se han unido a esta carta señalan que la escalada de la guerra "conducirá irremediablemente hacia una situación incontrolable que acabará poniendo en riesgo la vida sobre el planeta".

El comunicado critica la actitud de la OTAN y Estados Unidos por su "irrefrenable y persistente actitud de acoso y provocación", ya que considera que está dirigiendo a Europa "hacia su autodestrucción".

De continuar la escalada bélica en Ucrania, temen que el conflicto se expanda al continente y acabe afectando a los más jóvenes. "Juventud que se verá obligada a despedazarse en los frentes de batalla, como preludio de un posible holocausto final. Quizás nuestros propios hijos y nietos, que irremediablemente acabarían siendo llamados a filas", indica el texto.

También existe el temor a la escalada nuclear que pueda sufrir el conflicto. "Es necesario presionar a nuestros gobiernos para que paren sin dilación esta huida hacia adelante que nos conduce a la llamada Destrucción Mutua Asegurada (DMA), una demencial estrategia puesta en marcha en el siglo pasado por las potencias nucleares", advierte.

viernes, 9 de junio de 2023

Sumar registra la coalición para el 23J con Podemos dentro


MADRID.- Las izquierdas han llegado con algo de margen temporal al registro de su coalición para las elecciones generales. La confluencia del Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Verdes Equo, Alianza Verde y otra serie de partidos territoriales (hasta completar la docena) ya es una realidad legal de cara a los comicios que se celebrarán en apenas 40 días, el próximo 23 de julio.

Según ha podido saber Público, tras las declaraciones pronunciadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al mediodía, la formación morada y los de Díaz han continuado conversando a lo largo de toda la tarde. Finalmente, se ha registrado la coalición con la firma de Podemos y sin acometer ningún cambio sobre el acuerdo que la propia Belarra ha criticado unas horas antes.

Según fuentes de la negociación, el acuerdo concreto que se ha alcanzado reserva a Podemos un total de 13 puestos de salida, y en al menos ocho de ellos se estaría en condiciones de sacar diputado (algo que sólo dependerá de los resultados electorales).

La formación encabezará las listas de Ávila, Álava, Badajoz, Cáceres, Granada, Guadalajara, Gipuzkoa, Las Palmas, Murcia, Navarra, Palencia Segovia y Teruel. En Álava, en principio, iría como cabeza de lista Roberto Uriarte; en Granada, Martina Velarde; en Gipuzkoa, Pilar Garrido; en Murcia, Javier Sánchez Serna y en Navarra, Idoia Villanueva.

En Madrid, el primer puesto para Podemos sería el quinto, por el que concurriría la secretaria general, Ione Belarra y, además, tendrían el cuarto puesto en Barcelona, que podría ocupar la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge

Según diversos medios, las listas electorales no asignan ningún puesto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni al hasta ahora portavoz del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Tampoco estarían el actual diputado Rafa Mayoral,  la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Por la mañana, Ione Belarra ya había avanzado, en su comunicado ante los medios, que la propuesta de Sumar excluía de las listas electorales a la ministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero, y que no garantizaba la presencia de Podemos en el Congreso de los Diputados tras el 23J (debido a que los morados no copan, aseguran, puestos de salida).

Este punto era posteriormente desmentido desde Sumar, desde donde han defendido que la presencia y la representación de Podemos está "ampliamente garantizada, como no podía ser de otra forma", con la propuesta sobre la mesa. La plataforma liderada por Díaz también advertía de que no permitirían que se repitiera un escenario como el de Andalucía, donde las diferencias entre las izquierdas terminaron en un registro fallido en el último minuto, sin Podemos dentro la coalición jurídica.

En su declaración, tras una reunión de una dirección avalada muy ampliamente por la militancia para tomar la decisión final, Belarra garantizaba la unidad, "un mandato del Consejo Ciudadano Estatal y de la ciudadanía de izquierdas", y aseguraba que la decisión de concurrir con Sumar estaba "tomada".

Sin embargo, también denunciaba esa supuesta exclusión de Montero de la que el partido habla desde principios de semana, y apuntaba a que una parte suya sentía que el acuerdo era "injusto" con su formación.

Podemos quedaba para el final de la confluencia (ya va siendo una costumbre), pero en las jornadas y horas previas otras formaciones han ido confirmando su presencia en Sumar: Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Catalunya En Comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana,  Iniciativa del Pueblo Andaluz y Zaragoza En Común completan la coalición.

En IU, las sensaciones son agridulces. Parte de la militancia esperaba más presencia en las listas de Sumar para las generales. La eurodiputada Sira Rego, que entraba en las quinielas como uno de los pesos pesados de IU en las papeletas de Sumar, seguirá en Bruselas y Estrasburgo lo que queda de legislatura europea, hasta la próxima primavera. Otra duda está en qué provincia concurrirá el secretario general del PCE, Enrique Santiago. Dan por hecho que será por una andaluza.

La formación liderada por Alberto Garzón concurrirá por los puestos números 1 en Málaga, Córdoba y Tarragona; el 2 por Sevilla y el 3 por València... En estos hay más opciones de obtener representación. Además, también pelearán el escaño desde el 1 por Huelva, Jaén, La Rioja, Valladolid, Cuenca, Huesca, Soria y Zamora. Parten en segunda posición en las listas de Asturias, y en la novena de Madrid. Encabeza IU la circunscripción madrileña para el Senado.

La activista saharaui Tesh Sidi y el que fuera el número dos de Podemos y actual diputado de Más País, Íñigo Errejón, concurrirán en los puestos 3 y 4 de la lista por Madrid de Sumar. Más Madrid también ha conseguido los puestos 7 y 10 de la candidatura madrileña.

Por su parte, Compromís, liderará la provincia de Valencia. Y saldrá en el segundo puesto de las tres provincias valencianas: Valencia, Alicante y Castellón. 

"Se trata del acuerdo más amplio y plural alcanzado en toda la época democrática entre fuerzas progresistas y verdes", reza un comunicado difundido por Sumar. Esta rúbrica supone, según el equipo de Yolanda Díaz, "el primer paso para construir un proyecto ilusionante, feminista y ganador que ponga siembre la justicia social y climática en el centro".

"El futuro es una obra abierta. Salimos a ganar el país", culmina este texto de Sumar. "Ganar el país" es una expresión abstracta y difícil de cuantificar. Se contarán los votos el próximo 23 de julio. Hasta entonces, la coalición de izquierdas tiene una difícil campaña electoral por delante y otra complicada tarea: cicatrizar las heridas abiertas entre las izquierdas durante mucho tiempo. 

Los de Podemos que se salvan

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no están en la lista de nombres pactados entre Podemos y Sumar para las generales, una vez registrado el acuerdo de coalición de la izquierda. Tampoco irá en las listas la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Podemos contará con 15 puestos en las listas, pero son ocho los que podrían conseguir escaño si se repitiesen los resultados de Unidas Podemos (junto a Más País y Compromís) de 2019. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, irá de cinco por Madrid y la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, irá de número cuatro por Barcelona.

Además, el coordinador en Murcia, Javier Sánchez Serna, irá por esa circunscripción; la coordinadora de Euskadi, Pilar Garrido, por Gipuzkoa; la excandidata al Parlamento de Canarias, Noemí Santana, por Las Palmas; la de Andalucía, Martina Velarde, por Granada; y Roberto Uriarte por Álava.

Compromís pacta con Sumar para ir juntos el 23J en la Comunidad Valenciana


VALENCIA.- Compromís y Sumar han cerrado a primera hora de este viernes el acuerdo por el que acudirán de la mano a las elecciones generales el próximo 23 de julio en la Comunidad Valenciana. Un pacto que llega el mismo día en el que se cierra el plazo para poder registrar la coalición, como recuerda Valencia Plaza. En la consulta a las bases, la militancia de las tres formaciones que integran Compromís han refrendado con amplia mayoría el acuerdo alcanzado con Sumar con un apoyo superior al 80%.

Se llamarán "Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar", y en el reparto de listas, los nacionalistas podrán designar el primer y segundo puesto por Valencia al Congreso de los Diputados, así como el 2 y el 4 por Alicante. El nombramiento del cabeza de lista en esta circunscripción y también el número 3 correrá a cuenta de la plataforma de Yolanda Díaz. En el caso de Castellón, el número 1 será una persona de consenso que ambas fuerzas acuerden, y el 2 podrá nombrarlo Compromís. 

En el caso de Alicante, el movimiento de Yolanda Díaz podría ceder ese puesto a un candidato de Podemos, en el caso de que se llegue a un acuerdo con la formación de Ione Belarra, que tiene entre sus más fieles a la exdiputada alicantina y actual directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez. 

Un reparto el anterior por el que Compromís se garantiza designar al diputado que saldrá elegido en los próximos comicios (el 1 por Valencia que en su día ocupó Joan Baldoví), pero también el segundo parlamentario que tiene más papeletas para salir (el 2 por esta provincia). 

La situación difiere de lo acordado por Sumar en otros territorios como Baleares, donde la plataforma tendrá la potestad de nombrar a los cabeza de lista. 

En el caso del Senado, será Sumar quien proponga al cabeza de lista por Valencia, mientras Compromís podrá designar al número 1 por Castellón y Alicante. 

Los nombres saldrán de un proceso de primarias que la coalición celebrará la semana que viene.

El nombre de la coalición y que figurará en la papeleta (Compromís-Sumar) tampoco es baladí. Como ya avanzó este diario, para Compromís era importante que su marca no se diluyera en una sopa de siglas y que sus votantes pudieran identificarla fácilmente a la hora de acudir a un colegio electoral el 23 de julio. Por ello, esta fue una de las primeras condiciones que pusieron sobre la mesa cuando iniciaron las conversaciones con Sumar. 

La plataforma de Díaz no veía mal esta petición. Sin embargo, las negociaciones que mantenían por su cuenta con Podemos a nivel estatal hicieron tambalear el compromiso, dado que los morados reclamaron que con ellos ocurriera lo mismo. Es decir, que su marca apareciera en la papeleta como iba a estar la de Compromís. Algo a lo que Sumar no estaba dispuesto ante las dudas de lo que podría "restar" su identificación.   

Otro de los puntos sobre los que ambas fuerzas han llegado a un acuerdo es sobre la autonomía que tendrá Compromís dentro del grupo parlamentario que se forme en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas quieren aprovechar sus iniciativas para poner en la agenda estatal los principales problemas que tiene la Comunitat Valenciana. 

Si consiguieran cinco escaños, podrían constituir grupo parlamentario propio, algo que facilitaría esta tarea. 

La plataforma, según fuentes de Compromís, "no tiene problema en tener agenda valenciana". Por lo que, si bien es una incógnita qué reflejo tendrá en el programa electoral con el que se presenten finalmente (el acuerdo recoge que será "consensuado entre las fuerzas políticas firmantes), se da por hecho que incluirá alguna mención a la reforma del sistema de financiación autonómico. 

También podría incorporar la defensa de la transferencia del servicio de Cercanías a la Generalitat que incluya un plan de financiación para gestionarlo de manera eficaz o la defensa del Corredor Mediterráneo. 

Así, el pacto plantea que "el programa estará especialmente centrado en la defensa de los intereses de los valencianos, además de responder a las necesidades de la mayoría social del conjunto del Estado y de sus sujetos políticos". 

Antes de que se registre la coalición esta noche, el acuerdo deberá ser refrendado por los tres partidos que componen Compromís -Més, Iniciativa y VerdsEquo- en sus respectivos órganos. Una votación que será telemática y debe acabar esta tarde.

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez han valorado el acuerdo como una "ventana de esperanza", pues el objetivo reconocido de Compromís es "buscar de nuevo un grupo parlamentario valenciano si jurídicamente es posible", algo que en el pasado ya supuso un motivo de ruptura con Podemos. En todo caso, la defensa de la agenda valenciana forma parte del acuerdo en materia programática.

Larga negociación

Tras una negociación frenética y a pocas horas de que concluyera el plazo, Compromís y Sumar han alcanzado este viernes a primera hora un pacto para concurrir juntos a las próximas elecciones generales en la Comunidad Valenciana. 

Ha sido precisamente este territorio el que se ha convertido en uno de los mayores motivos de conflicto entre Podemos y la formación de Yolanda Díaz, que finalmente ha priorizado a Compromís al admitir buena parte de sus exigencias.

La primera era liderar la candidatura valenciana, algo clave para la coalición valencianista y que ha enturbiado hasta límites insospechados las relaciones con Podemos, que lo ha considerado un veto, según El Mundo.

Una a de las claves del pacto es el nombre, que será finalmente Compromís-Sumar: sumem per guanyar. Si algo tenía claro Compromís es que debía visualizarse su marca, una condición indispensable para evidenciar que es la formación de Joan Baldoví la que lidera en la Comunidad Valenciana el espacio a la izquierda del PSOE. 

Y para esto han esgrimido los resultados electorales del 28-M, donde Unidas Podemos ha quedado directamente fuera de las Cortes Valencianas al no superar la barrera del 5% del voto autonómico. 

En cualquier caso, ni una palabra sobre Podemos. Compromís ha querido borrar al partido morado de las negociaciones, que han sido bilaterales entre los equipos de Baldoví y de Díaz. De hecho, las fuentes consultadas insisten en que Sumar nunca ha tratado ni siquiera de condicionar las negociaciones y forzar cesiones por parte de Compromís apelando al entendimiento con Podemos o a la necesidad de allanarle el camino para confluir.

Micó e Ibáñez han vuelto a subrayar que "no se ha vetado a nadie": "Esa política testosterónica no es nuestra manera de actuar".

Compromís-Sumar: Sumem per guanyar, con una imagen gráfica que decidirá Sumar. Además, los diputados que salgan elegidos en los próximos comicios formarán parte del grupo parlamentario de Sumar, pero tendrán autonomía y voz propia para “defender los intereses de los valencianos”, según El País.

Podemos obtuvo en las anteriores generales cuatro diputados en la Comunidad Valenciana: dos por Valencia, uno por Alicante y uno por Castellón. Compromís solo obtuvo representación en la provincia de Valencia. 

Pero en las pasadas elecciones autonómicas, Podem, la rama valenciana de Podemos, no llegó al 5% del mínimo necesario para obtener representación en las Cortes valencianas y perdió más de 125.000 votos respecto a los anteriores comicios autonómicos y más de 250.000 respecto a las generales de 2019. 

El panorama con el que se ha trabajado dibuja la consecución de entre dos y tres diputados por Valencia, uno o dos en Alicante y entre cero y uno en Castellón.

La UE prohíbe el principal pesticida del arroz valenciano mientras lo permite en el arroz indio


MADRID.- Su nombre técnico es triziclazol. Asociaciones como ASAJA aseguran que no perjudica la salud. Resulta decisivo para mantener bajo control la principal enfermedad del cultivo del arroz, la Pyricularia oryzae. Y en la UE ha quedado prohibido. Pero prohibido para la producción comunitaria. Porque lo cierto es que el arroz indio cuenta con permiso para usarlo y exportarlo a Europa. De hecho, Bruselas ha respondido a una pregunta formulada por el europarlamentario del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, y ha confirmado que quiere que los arroces de países terceros que vengan a la UE sí puedan usarlo, aumentando incluso el umbral de tolerancia de importación de 0,01 a 0,09 mg/kg, según cuenta  www.libremercado.com

Desde la prohibición de este fungicida, los productores disponen de dos sustancias alternativas autorizadas, pero el hongo parece haber desarrollado resistencia a estos pesticidas. Sólo en la variedad de arroz bomba ha provocado ya una reducción del 50% en la producción de los arrozales de la zona valenciana de La Albufera y Marjal de Pego.

Y la asociación agraria ASAJA no ha tardado en reaccionar: "Hemos recibido una nueva burla de Bruselas. Aunque ya es algo habitual, no deja de irritarnos y nuestro compromiso es denunciarlo para que no vuelva a ocurrir", afirma Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA-ASAJA. 

"La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha respondido en nombre de la Comisión Europea a una pregunta formulada por el europarlamentario del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, en relación al Triciclazol, una materia activa fitosanitaria que Bruselas prohíbe usar en el arroz de la Unión Europea, pero que ahora quiere que los arroces de países terceros que vengan a la UE sí puedan usar". 

Es más, no sólo es que lo permite, es que pretende ampliarles el umbral de tolerancia de importación desde 0,01 a 0,09 mg/kg.

"El señor Zoido, atendiendo a la reivindicación de AVA-ASAJA, preguntó "qué justifica, a ojos de la Comisión, este cambio de postura", si "es consciente del grave impacto económico y sanitario que tendría esta medida para los productores europeos" y "qué líneas de ayudas prevé para los afectados si finalmente llegara a aprobarse", señalan desde ASAJA.

"La contestación la hemos tenido dos meses después, con la agilidad que caracteriza a esta Comisión. La señora Kyriakides revela que "no se espera que la medida propuesta tenga un impacto negativo en la salud, ya que el nuevo LMR (límite máximo de residuos) es seguro para los consumidores". 

Los agricultores no dan crédito a la respuesta: "Entonces, si es tan seguro y no perjudica a la salud, ¿por qué únicamente pretende permitir su uso a los arroces de fuera y no a los europeos? Si la excusa fuera su supuesto daño al medioambiente, ¿significa eso que a Bruselas le importa un bledo la contaminación que se genera fuera de Europa? ¿Acaso no sabe que hay un único planeta Tierra y que la contaminación que fomenta fuera acaba pasando factura al clima de Europa y de todo el mundo?", se pregunta Cristóbal Aguado.

La comisaria también reconoce que este tipo de procedimientos tiene como objetivo principal "facilitar el comercio internacional", que "no se requieren evaluaciones de impacto específicas" y que "no está prevista ninguna ayuda específica a los productores de la UE como consecuencia del nuevo LRM". 

ASAJA señala que resulta increíble la postura y que confirma "lo que ya sabíamos, que el propósito de la Comisión –liderado por los países del centro y norte de Europa que no cultivan arroz– no es otro que facilitar aún más la entrada de las importaciones, aunque sus intereses comerciales pisoteen la reciprocidad en el mercado, la lucha contra el cambio climático, la preservación de parques naturales como La Albufera y Marjal de Pego que dependen del cultivo del arroz y la soberanía alimentaria europea". - Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2023-06-09/tras-la-fresa-golpe-al-arroz-valenciano-la-ue-prohibe-su-principal-pesticida-mientras-lo-permite-en-el-arroz-indio-7023054/

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Compañías españolas y argelinas confían en el cambio de Gobierno para desencallar un año de bloqueo comercial


MADRID.- Hace justo un año Argelia jugó la baza de la vendetta económica contra España como respuesta al cambio de posición en el contencioso del Sáhara Occidental que se había producido en marzo. Se cumplen doce meses en los que el comercio entre ambos países se ha reducido al mínimo, excepto el suministro de gas natural sujeto a contratos de larga duración. Empresarios afectados a un lado y otro del Mediterráneo confían en que un cambio de Gobierno en España pueda hacer desencallar un bloqueo comercial que arroja pérdidas por encima de los 4.000 millones de euros, según recuerda El Independiente.

“Nunca unas elecciones generales en España habían sido tan seguidas en Argelia”, comenta a El Independiente Djamel Eddine Bouabdellah, presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE). Confirma que desde que el 8 de junio el régimen argelino paralizara el  Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, “no se ha producido movimiento ni evolución alguna”. Los canales entre ambos gobiernos se hallan rotos y las transacciones bancarias desde y hacia España bloqueadas.

Una constatación que también confirman desde el empresariado español. “Estamos totalmente paralizados. La situación no ha cambiado en nada”, señala a ese diario Julio Lebrero, presidente de la Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis con Argelia (AECA), registrada oficialmente durante la última semana tras meses de gestiones.

 La integran inicialmente una veintena de las 650 compañías españolas que operaban en Argelia hasta el giro del Gobierno español en el contencioso del Sáhara. El adelanto electoral decretado la pasada semana por Pedro Sánchez ha dejado sin efecto las iniciativas parlamentarias que trataban de impulsar ayudas para el sector.

“En una de sus comparecencias, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo había prometido ayudas para poder beneficiar a las empresas, pero ahora está todo bloqueado”, lamenta Lebrero. 

La asociación mantiene entre sus planes la presentación de una reclamación patrimonial contra el Estado español por los perjuicios causados por el cambio alineándose con los postulados de Marruecos en la ex colonia española, avanzada por El Independiente el pasado marzo. Los informes jurídicos que han encargado la consideran una reclamación viable. En total, las pérdidas económicas de las empresas asociadas alcanzan los 100 millones de euros en el ejercicio de 2022.

La cifra real es mayor si se cuantifica el volumen total del comercio de las empresas hispano-argelinas y los datos del comercio bilateral inmediatamente anteriores. En total, unos 4.000 millones de euros, según fuentes argelinas. La política, apuntan en Argel, es la única motivación que ha convertido en proscrita cualquier relación con los proveedores españoles. 

“Lo que siempre nos han trasladado las autoridades es que se trata de una crisis política y que no hay ninguna solución. Solo queda confiar en las elecciones generales del 23J y que se pueda abrir una nueva página”, desliza Bouabdellah.

Argel exigirá un gesto al nuevo Gobierno

Una vez celebrados los comicios y formado nuevo ejecutivo, Argelia reclamará un gesto previo a cualquier deshielo de los lazos que, de algún modo, suponga subrayar que la resolución del litigio saharaui se circunscribe a la ONU, en línea con las últimas declaraciones de Portugal. 

Así al menos lo expresan fuentes cercanas a Argel en declaraciones a este diario. Valdría un movimiento de tal calibre ignorando la carta enviada por Sánchez a Mohamed VI en la que, a diferencia de otros países europeos, se usaba el superlativo para reconocer el plan de autonomía presentado por Rabat en 2007 como “la base más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto.

Según se desarrollen las próximas semanas y los primeros contactos con el Congreso de los Diputados que configuren las urnas, los empresarios españoles no descartan trasladar sus demandas a Bruselas. Se niegan, en cualquier caso, a dar por perdido un mercado en el que disfrutaban de posiciones de liderazgo, tal y como sugirió el ministerio dirigido entonces por Reyes Maroto. “Abrir un mercado e implantarse no se hace en quince días. A mi empresa le costó nueve años”, comenta Lebrero.

Uno de los sectores más damnificados por el volantazo español en el Sáhara es la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos. Hasta el pasado junio Argelia era el segundo destino de sus exportaciones. Fuentes de la asociación admiten que el negocio “lleva un año paralizado”, con pérdidas económicas que superan los 140 millones de euros. 

“Entendemos que el bloqueo argelino se debe a la actuación del gobierno, por lo que esperamos que el nuevo ejecutivo retome las negociaciones diplomáticas y resuelva la situación, que afecta directamente a nuestro sector, principal exportador a Argelia en la Comunidad Valenciana”, esbozan. Un cierre del mercado que se suma a la falta de ayudas por el incremento del precio del gas.

Italia y Portugal, en busca de las oportunidades

Ante el veto impuesto a los productos españoles, otros países europeos han aprovechado la coyuntura. Italia, Portugal, Francia o Alemania han resultado los más beneficiados. El ministro italiano de Agricultura y Pesca ha visitado Argel esta semana para reforzar los lazos comerciales y a finales del mes pasado fue el sector de la automoción italiano el que desembarco en una feria sectorial en la capital argelina.

Los encuentros al más alto nivel se han sucedido en algunos de los países involucrados. En enero la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que esta semana ha viajado a Túnez, eligió Argel para su primer periplo por África desde que asumió el cargo. A finales del mes pasado fue el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune quien aterrizó en Lisboa para estrechar contactos comerciales.

Roma ha logrado reducir notablemente su dependencia al gas ruso del 40% al inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania hasta el 10% el pasado octubre mientras las exportaciones de energía hacia Argel crecieron un 34%, en una estrategia iniciada en tiempos de Mario Draghi como primer ministro. Ha sido precisamente el gasoducto que conecta Argelia con Túnez e Italia el que ha permitido aliviar esa exposición al gas ruso.

Los acuerdos de Eni con la petrolera estatal Sonatrach y el inicio de la producción de automóviles de Fiat en Argelia desde el pasado marzo se han visto ya reflejados en las cifras, duplicando el comercio, de los 8.000 millones de dólares en 2021 hasta los 16.000 millones el año pasado. “Italia y Argelia, ahora más que nunca, aspiran a una asociación en la que todos salgan ganando”, apunta desde el italiano Centro de Estudios Internacionales.

En el caso español, Argelia fue el principal proveedor de gas natural el pasado abril por delante de Estados Unidos y Rusia, según los datos difundidos por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En total, Argel aportó 10.247  gigavatios hora, un incremento del 7,3 % respecto al año pasado y un 26,7 % del total de las importaciones netas de gas natural.

Las empresas españolas han contribuido en cierta medida a la entrada de otros países europeos en el mercado argelino. Algunas firmas han deslocalizado su producción a países vecinos como Portugal o Francia para sortear así las trabas impuestas por Argel. “En realidad, es una quijotada. Les hemos puesto en bandeja a otros el acceso al mercado argelino”, lamentan algunos empresarios consultados.

En otros casos, se ha optado por emplear compañías con sede en otros estados europeos para hacer transitar la mercancía, elevando los costes. “Los empresarios argelinos han empezado a buscar proveedores en otros países pero la relación óptima en términos de coste y calidad es España. Estamos más cerca de España que de cualquier otro socio europeo y lo normal sería que todo vuelva a su cauce”, concluyen desde Argel.

Las exportaciones españolas a Argelia caen más del 90% en 2023 y aumentan hacia Marruecos en casi un 20%


MADRID.- Un año después de la suspensión por parte de Argelia de su Tratado de Amistad con España en respuesta a la nueva posición adoptada por el Gobierno respecto al Sáhara, las exportaciones hacia el país magrebí han quedado reducidas a la mínima expresión, mientras que se mantiene inalterable el suministro de gas argelino, según los últimos datos oficiales.

La otra cara de la moneda es Marruecos, país con el que el reconocimiento del plan de autonomía para el Sáhara como "la base más sólida, creíble y realista" para una solución sentó las bases de una nueva relación bilateral que se ha visto traducida en un aumento considerable del comercio, con la balanza inclinada del lado español.

Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones a Argelia cayeron un 45,9% en 2022 con respecto a 2021, pasando de 1.888 millones de euros a 1.021 millones. La tendencia se ha mantenido en el arranque de 2023 y hasta el mes de marzo, último con datos, solo se habían realizado exportaciones por valor de 30,2 millones de euros, frente a los 472,9 millones del mismo periodo en 2022, lo que supone una caída del 93,6%.

El impacto es homogéneo en todos los sectores, desde la alimentación pasando por los productos energéticos, las materias primas o los productos químicos, con retrocesos por encima del 90% en las ventas a Argelia. 

El golpe ha sido algo más mitigado en bienes de consumo duradero --un 59,4% menos-- y en manufacturas de consumo --un 68,4% menos--.Desde el Gobierno, nada más producirse el anuncio de Argel de que suspendía el Tratado de Amistad, se acudió a Bruselas, puesto que las competencias en materia comercial están transferidas y la Comisión Europea verbalizó su apoyo a España.

En el año transcurrido desde entonces, el Gobierno ha hecho llegar a Bruselas religiosamente los problemas con los que se han venido topando los empresarios españoles en sus transacciones comerciales con Argelia, si bien por el momento el Ejecutivo comunitario no ha emprendido ninguna acción concreta.

La Comisión Europea mantiene su coordinación con el Gobierno español en este asunto y seguirá evaluando "las implicaciones de las restricciones argelinas, aparentemente incompatibles con el Acuerdo de Asociación" entre el bloque y este país. "La UE está dispuesta a alzarse contra cualquier tipo de medida aplicada contra un Estado miembro", han prevenido.

En el plano diplomático, el Gobierno ha insistido en todo momento en que tiene la "mano tendida" a Argelia y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha repetido incansablemente que España quiere con este país las mismas relaciones que con el resto de sus vecinos, incluido Marruecos, si bien se ha escudado en la necesidad de discreción respecto a la gestión de esta crisis.

Con todo, fuentes diplomáticas consultadas insisten en que no ha sido una crisis buscada por el Gobierno y esgrimen que un tercer país no puede interferir en decisiones soberanas como lo es el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, detonante de la retirada del embajador argelino de Madrid primero y de la suspensión del Tratado de Amistad tres meses después.

En este sentido, exponen que Argelia no ha emprendido medidas ni tampoco ha adoptado ningún tipo de represalia hacia los países que han abierto consulados en la antigua colonia española, mayoritariamente africanos y latinoamericanos, pero entre los que también está Emiratos Árabes Unidos.Por su parte, Argelia parece haber optado por la indiferencia en lo relativo a España en los últimos meses, sin que se hayan producido nuevos cruces de declaraciones. 

Su presidente, Abdelmayid Tebune, prometió desde el principio que el suministro del gas está garantizado, algo que siempre ha reconocido el Gobierno español, y también dejó claro que su problema es con el Ejecutivo y no con España.La postura argelina de los últimos meses pone de manifiesto que en Argel están a la espera de lo que deparen las elecciones. 

Inicialmente el cálculo era aguantar hasta diciembre, con la expectativa de un nuevo Gobierno del PP que dé marcha atrás al "paso en falso", en palabras de Tebune de Sánchez, respecto al Sáhara pero el adelanto electoral jugaría ahora en su favor.

Entretanto, la nueva etapa con Marruecos inaugurada con la visita de Sánchez y su encuentro con Mohamed VI el 7 de abril de 2022 y ratificada con la Reunión de Alto Nivel (RAN) del 1 y 2 de febrero pasados ha traído aparejado un considerable descenso en las llegadas de inmigrantes irregulares --algo que Bruselas ha destacado esta misma semana-- y un fuerte incremento en los intercambios comerciales.

Así, en los tres primeros meses del año las exportaciones han aumentado en un 18,6% --3.250,8 millones frente a 2.740,4 millones--, en línea con el aumento del 23,8% que se produjo durante 2022 en comparación con 2021. 

El año pasado se alcanzaron los 11.748,2 millones de euros de exportaciones, con un aumento especialmente señalado en el caso del apartado de carbón y electricidad, donde el aumento es del 254,9% este año y fue del 874,1% en 2022.También han aumentado las importaciones procedentes de Marruecos, aunque en menor medida, según los datos del Ministerio de Industria y Comercio. 

En 2022 se produjo un incremento del 18,9%, tras alcanzarse los 8.692,3 millones frente a los 7.309,8 de 2021, y en el primer trimestre el aumento era del 8,2%, con compras por valor de 2.395,4 millones.Esas importaciones no se están produciendo por el momento a través de Ceuta y Melilla. 

La declaración conjunta de abril de 2022 estipulaba la reapertura de la aduana de Melilla, que Marruecos cerró unilateralmente en el verano de 2018, y la creación de una nueva en Ceuta, donde hasta la fecha no había existido. El acuerdo se ha traducido hasta la fecha en tres operaciones de paso de mercancías el 27 de enero, el 24 de febrero y el 26 de mayo. 

En los tres casos se ha tratado del paso de una pequeña cantidad de productos hacia el país vecino y solo en la última ha habido por primera vez entrada de productos marroquíes en las ciudades autónomas.

Pese a la escasa envergadura de las operaciones, desde el Gobierno se pone de relieve el "hito" que supone la apertura de una aduana en Ceuta y esgrimen que con ello, al margen de eventuales declaraciones de dirigentes marroquíes, Rabat está reconociendo la españolidad de ambas ciudades autónomas, ya que solo se tienen aduanas con otros países.

Las exportaciones españolas a Argelia caen más del 90% en 2023 y aumentan hacia Marruecos en casi un 20%


Un año después de la suspensión por parte de Argelia de su Tratado de Amistad con España en respuesta a la nueva posición adoptada por el Gobierno respecto al Sáhara, las exportaciones hacia el país magrebí han quedado reducidas a la mínima expresión, mientras que se mantiene inalterable el suministro de gas argelino, según los últimos datos oficiales consultados por Europa Press.

Leer más: https://www.europapress.es/nacional/noticia-exportaciones-espanolas-argelia-caen-mas-90-2023-aumentan-marruecos-casi-20-20230607145556.html

(c) 2023 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.


jueves, 8 de junio de 2023

Menuda grabación de un médico convicto y confeso

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AUDIO-2023-06-08-12-48-31.m4a

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=bfa9ec2849&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r1182895867899790460&th=1889b0a64626ce25&view=att&disp=safe&realattid=1889b09d717199ff1951

La batalla por la jubilación sigue en Francia con la decimocuarta huelga general


PARIS.- Después de un histórico Primero de mayo con una participación masiva en las manifestaciones, una contestación difusa a la reforma de las pensiones ha seguido tomando la calle durante el último mes. Esta semana vuelve a agudizarse el conflicto. La minoría parlamentaria de los neoliberales está siendo compensada con una utilización autoritaria de los poderes presidenciales del sistema político francés.

La decimocuarta jornada de huelga general y manifestaciones de ayer quiso poner el foco sobre la batalla parlamentaria que se esta dando alrededor de la proposición de ley del grupo parlamentario LIOT (acrónimo de Libertés, Indépendants, Outre-Mer y Territoires), que pretende principalmente eliminar el paso a los 64 años como edad mínima para jubilarse y volver a los 62 años que había antes de la última reforma.  

Por lo pronto, la jornada de huelga general del martes dejó varios titulares. En primer lugar, queda claro que la juventud ha venido para quedarse en el movimiento social, no solo por las docenas de miles de nuevas afiliaciones a los sindicatos, sino también por la continuidad que movimientos como el estudiantil y el ecologista están teniendo en la duración e intensificación de las protestas.

Otro aspecto a destacar es la creciente diferencia en la contabilidad de las personas que participaron en las manifestaciones entre la Policía y los sindicatos, que contabilizaron solo en París entre 31.000 y 300.000 manifestantes según uno y otro contador. 
 
En cualquier caso, los 900.000 participantes en las movilizaciones reivindicados por la CGT –280.000 según el Ministerio de Interior– dan muestra de un cierto descenso respecto a las numerosas convocatorias anteriores, ninguna de las cuales se había situado por debajo del millón de personas, sumando las docenas de convocatorias por todo el país.

Como en las anteriores jornadas de huelga general, líderes políticos y sindicales nacionales acudieron de forma descentralizada a las manifestaciones, por ejemplo el Secretario General del Partido Comunista de Francia Fabien Roussel (hoy integrado como el resto de fuerzas de izquierdas en la NUPES) participó en la manifestación de Montpellier. Esto añade a la continuidad del movimiento social su distribución territorial mucho más equilibrada y repartida por todo el territorio.

Reforma adoptada por la fuerza

Tras las primeras huelgas de enero y con el debate sobre el modelo de jubilación en primera plana, el recorrido parlamentario de la ley estuvo marcado por el uso acumulativo de medidas del pretendido “parlamentarismo racionalizado” de la Constitución de la V República francesa. 

La reforma de las pensiones, cuya medida principal sube la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años, fue finalmente adoptada el 20 de marzo mediante el uso del artículo 49.3 de esa misma Constitución, que permite al ejecutivo considerar la ley adoptada por el Parlamento sin que las cámaras la voten. 

En aquel momento, solo faltaron nueve votos para que prosperara una moción de censura que hubiera derrocado al Gobierno de la Primera ministra Élizabeth Borne, alineado con las posiciones del presidente de la República, Emmanuel Macron.

Para entonces, ocho jornadas de huelga general y manifestaciones habían ya tenido lugar bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales unidas. 

En cada ocasión se agruparon entre un millón y 3,5 millones de personas, según la Confederación General del Trabajo, o entre 400.000 y 1,3 millones según el Ministerio del Interior. Una tras otra se fueron así alcanzando niveles de contestación no conocidos en las generaciones actuales de trabajadores y trabajadoras, aunque las huelgas no llegaron a ser tan multitudinarias como para bloquear el país de forma permanente, pese a las huelgas indefinidas en sectores estratégicos, como las refinerías de petróleo, los transportes o la recogida de basuras.

Contestación histórica ninguneada

Aún así, un hecho se impuso tras la aprobación de la ley en marzo: la intensificación de las protestas en las calles, que se desató en una ola de manifestaciones no declaradas, no tan masivas como las anteriores demostraciones de fuerza de los sindicatos, pero más jóvenes y dinámicas, al tiempo que radicalizadas en sus formas de acción.

Este aumento de la tensión social se ha enfrentado a una fuerte represión policial, incrementada a medida que se intensificaban las movilizaciones. Custodias policiales masivas para asfixiar las manifestaciones, casos de violencia sexista contra mujeres detenidas en comisarias de Paris, humillaciones con amenazas contra jóvenes manifestantes, prohibiciones de toda congregación de personas en amplias zonas de la capital o el recientemente aprobado control de manifestantes mediante drones, son solo algunos de los ejemplos constatados. 

Estos hechos han generado investigaciones y denuncias por parte de estamentos profesionales y sociales varios.

La intersindical que reúne las ocho principales organizaciones sindicales del país tampoco se ha rendido y ha seguido convocando jornadas de huelga general. Trece jornadas de huelga general y manifestaciones masivas en total, entre el 19 de enero y el pasado Primero de mayo. 2,3 millones de personas acudieron a las convocatorias de este día internacional de lucha para los derechos de las trabajadoras y trabajadores (800.000 según la policía), no se trataba de un Primero de mayo normal, ya que no se había visto una afluencia tan importante en este día desde 2002, manifestaciones que se habían dado entonces en un contexto especial, justo antes de la segunda vuelta de la elección presidencial que había visto enfrentarse al presidente Jacques Chirac y, por primera vez, al entonces líder de la extrema derecha Jean-Marie Le Pen.

Las caceroladas que persiguen desde mediados de abril el presidente Emmanuel Macron y sus ministros durante cada uno de sus desplazamientos continúan hasta hoy, aunque hayan perdido visibilidad mediática. Esto ha provocado que las agendas de los ministros sean cada vez menos públicas y las prohibiciones policiales cada vez más generalizadas, incluso excéntricas. De este modo, algunos prefectos (equivalentes a delegados del gobierno) han llegado a prohibir los “dispositivos de amplificación sonora” o los “dispositivos sonoros portátiles”, o sea las cacerolas.

A finales de mayo, unos militantes de la ciudad borgoñona de Dijon, que habían participado en una cacerolada el 7 de mayo, recibieron en sus buzones una multa de 68 euros por “emisión de ruido atentando contra la tranquilidad del vecindario o a la salud humana”. Más allá de la multa, el problema es que ninguno de ellos había sido identificado por la policía el 7 de mayo, lo que plantea la cuestión de cómo han sido identificados.

A pesar de que el fiscal de Dijon lo niega, la Liga de los derechos humanos considera que “la ausencia de control durante la manifestación demuestra que las multas han sido formuladas a posteriori fundándose en observaciones por videovigilancia”, aunque, según la ley, la infracción imputada no se puede constatar por ese método.

Los esfuerzos de los poderes públicos no han conseguido consolidar los cien días de apaciguamiento requeridos por el presidente Macron. Más bien, ha continuado una perturbación cotidiana permanente, tal como lo muestra la página internet 100 jours de zbeul, creada por el sindicato de informática de la Unión sindical Solidaries, que sigue contando los puntos de una competición entre los diferentes departamentos de Francia para medir quién es capaz de interrumpir más desplazamientos de los miembros del Ejecutivo.  

El Hérault (en Occitania) y la Seine-Saint-Denis (en la región parisina), que lideraban hace un mes la competición, se encuentran ahora en quinta y cuarta posición. Hay un empate en cabeza entre Paris y Lyon, mientras que les sigue de cerca el Nord, el departamento más septentrional del Hexágono.

Las prohibiciones de manifestaciones y de concentraciones también han sido ampliamente utilizadas para intentar acallar al movimiento popular, especialmente en el caso de oportunidades con una visibilidad tan relevante como la del Festival de Cannes. 

En esa cita crucial del cine a nivel internacional, Justine Triet, ganadora este año de la Palma de Oro, criticó al gobierno desde el escenario del Palacio de los festivales. La realizadora francesa de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) reivindicó, frente al auditorio y las cámaras de todo el mundo, que “este año el país ha estado atravesado por una contestación histórica, extremamente poderosa, unánime, de la reforma de la jubilación”, contestación que “ha sido negada y reprimida de forma chocante”, y también que “este esquema dominante cada vez más sin complejos ha estallado en varios ámbitos”, citando acto seguido los problemas de los que adolece la política cultural.

La intersindical no se rinde

La lucha sigue repartida por ciudades grandes y pequeñas de toda Francia. Este martes, 9.000 manifestantes caminaron en las calles de Montpellier (Hérault, Occitania) según los sindicatos, en un ambiente que seguía siendo de carácter combativo. En el Hérault, además, hubo cinco ciudades donde acudir a manifestarse. Las múltiples citas del martes y su nutrida afluencia dan testimonio de que un alto nivel de movilización sigue en marcha.

Detrás del camión de la Unión sindical Solidaries, algunos eslóganes relacionaban la lucha para la jubilación y en defensa del clima, argumentando que “no habrá pensionistas en un planeta quemado”. Se ha hecho también un homenaje a Clément Méric, joven militante antifascista del sindicato Solidaries estudiantes, muerto un 5 de junio hace diez años a manos de un grupo de skinheads de extrema derecha.

Esta primera semana de junio podría ser la de las últimas maniobras de esta batalla contra la reforma de la jubilación impulsada por Macron. El secretario general de la Confederación francesa democrática del trabajo (CFDT) así lo afirmaba desde la manifestación parisina, que será “la última con este formato contra la reforma de la jubilación”, a pesar de que persiste “siempre una ira y un resentimiento”.

 Una movilización con la cual habrá que “seguir trabajando sobre los salarios, el poder adquisitivo, las condiciones del trabajo y del dialogo social”, concluía.

Sophie Binet, la nueva secretaria general de la Confederación General del Trabajo, coincidía por su parte en considerar que quería “verdaderas negociaciones” sobre los salarios, los “decretos-leyes Macron”, sobre el código del trabajo y “la igualdad entre mujeres y hombres”. Estimaba por su lado, también desde el cortejo parisino, que era “probable que haya otras manifestaciones al ver la ira en el país” y que “la intersindical va a quedar unida”.

¿Cuánto cobra un militar en España? Este es su sueldo en 2023

MADRID.- El Ministerio de Defensa es el encargado de tratar todos aquellos asuntos relacionados con la preparación, desarrollo y ejecución de la política de defensa que viene determinada por parte del Gobierno de España, así como obtener y gestionar los diferentes recursos materiales y humanos, y la realización de todos aquellos cometidos y misiones que le sean asignadas a las Fuerzas Armadas españolas.

Los militares son adscritos a los diferentes Cuerpos en función de los cometidos que vayan a desempeñar: Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército de Aire y los Cuerpos Comunes, si bien hay que saber que el sueldo depende del rango que tenga el militar, así como las escalas a las que este pertenezca, explica El Español.

No hace mucho tiempo, se aprobó una subida de las retribuciones de todos los militares con destino, de 100,6 euros para soldados y marineros; de 113,1 euros mensuales de media estimada para el empleo de brigada, y de 89,9 euros de media y como mínimo para comandantes o capitán de Corbeta.

Sueldos en función de las categorías de funcionario

En función del rango, se incluyen diferentes categorías de funcionarios con sueldos diferentes, pudiendo encontrar la siguiente clasificación:

Funcionario A1: los sueldos de esta categoría incluyen los siguientes rangos:

  • Generales de Tierra, Mar y Aire: 59.387 euros/año.
  • Tenientes generales: 54.726 euros/año.
  • Generales de división: 50.074 euros/año.
  • Generales de brigada: 45.275 euros/año.
  • Coroneles: 41.697 euros/año.
  • Tenientes coronel: 38.450 euros/año.
  • Comandantes: 36.534 euros/año.
  • Capitanes: 33.623 euros/año.
  • Tenientes: 30.082 euros/año.

Funcionario A2: dentro de esta segunda categoría de funcionarios encontramos a:

  • Alféreces: 27.730 euros/año.
  • Suboficiales mayores: 32.703 euros/año.
  • Subtenientes: 30.703 euros/año.
  • Brigadas: 28.212 euros/año.
  • Sargentos primeros: 26.142 euros/año.
  • Sargentos: 24.659 euros/año.

Funcionario C1: en esta categoría se encuentran los siguientes rangos militares:

  • Cabos mayores: 21.807 euros/año.
  • Cabos primeros: 20.356 euros/año.
  • Cabos: 18.870 euros/año.
  • Soldados o marineros: 17.838 euros/año.

Complementos

Los complementos son fundamentales para incrementar de manera considerable el sueldo de los militares, por lo que si quieres saber cuánto gana un militar en España debes tenerlos en cuenta. Entre los complementos se encuentran los siguientes:

  • Complemento de empleo: este se corresponde con la función que se desempeñe dentro de las Fuerzas Armadas, un complemento que puede variar desde los 359 euros que percibe un militar de formación a los 1.600 euros que recibe por este complemento un General.
  • Complemento específico: este se encuentra dividido en dos partes, por un lado, el componente general que se percibe en función del empleo que se tenga, y por otro, el que se encarga de la retribución de condiciones especiales propias de la actividad como son la responsabilidad del puesto o la peligrosidad asociada a la actividad profesional.
  • Complemento de dedicación especial: en este caso es un complemento que se encarga de retribuir actividades extraordinarias, como es el caso de las misiones especiales.
  • Otros complementos: además de los mencionados, el sueldo de un militar puede recibir otros complementos, como son la indemnización por residencia, ayuda para el vestuario, prestaciones familiares o pensiones de recompensas, siendo estos algunas de las retribuciones que se suman al salario base.

Las ventajas de ser militar en España

Ser militar en España tiene una serie de beneficios, tanto a nivel personal como profesional, entre las cuáles hay que destacar los siguientes:

  • Capacitación y formación continua: ser militar en España ofrece la oportunidad de recibir una capacitación y formación continuada en diferentes habilidades técnicas y tácticas, que pueden jugar un papel clave para poder disfrutar de mayores oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
  • Ascenso en el rango: el servicio militar en España ofrece la oportunidad de ascender en el rango a través de la dedicación y el desempeño. De esta forma, se puede llegar a obtener más responsabilidad y un mayor salario.
  • Seguridad financiera: ser militar en nuestro país ofrece una remuneración mensual junto con prestaciones competitivas y estables. Además, se trata de un empleo que incluye seguro médico, con una jubilación bien remunerada y vacaciones pagadas.
  • Empleo a largo plazo: el servicio militar es una carrera a largo plazo. Se puede acceder al Ejército en la Escala de Tropa y Marinería para ser parte de la misma hasta los 45 años o hasta la jubilación si se desea quedarse en el Ejército como Tropa Permanente. También se puede ascender tras un año como soldado o marinero a la escala de Oficial o Suboficial del Ejército. Asimismo, se puede acceder directamente a estos últimos, de manera que se será funcionario de carrera y se podrá permanecer en este empleo hasta la jubilación.
  • Oportunidades de servicio comunitario y nacional: ser militar en España significa servir a la patria y proteger sus intereses y los de los ciudadanos. Además, puede ofrecer la oportunidad de viajar y trabajar en asignaciones a nivel internacional.
  • Desarrollo de habilidades: trabajando como militar en España se pueden desarrollar habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo, además de tener mayor facilidad para la toma de decisiones y la resolución de problemas.
  • Desarrollo personal y profesional: ser militar supone disfrutar de una experiencia única que puede ser muy valiosa para el desarrollo personal y profesional, ya que se pueden llevar a cabo continuamente actividades que no se realizan en otro tipo de trabajos. Además, el servicio proporciona un sentido de propósito y satisfacción al contribuir a la protección de la seguridad nacional y a la comunidad en general.

La JEC acuerda exigir el DNI para el voto por correo y librar de la mesa por vacaciones pagadas


MADRID.- La Junta Electoral Central ha aprobado este jueves una instrucción para obligar a los electores que voten por correo en las próximas elecciones generales a tener que identificarse con el DNI, o documento análogo, en el momento de depositar el sufragio. La decisión se ha adoptado tras las polémicas de intento de fraude electoral en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, como principalmente fue el caso de Melilla. 

Precisamente, esta decisión ya se adoptó el 28-M en la ciudad autónoma y ahora se extiende a todo el territorio nacional. Si el elector no pudiera acudir personalmente a entregar la documentación, podrá otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona. Dicha autorización deberá estar firmada por el elector y acompañarse de fotocopia de su DNI o documento análogo, según consta en el texto de la instrucción.

La coincidencia de las elecciones generales en periodo estival, el próximo 23 de julio, también ha llevado al organismo electoral a crear un nuevo eximente para formar parte de las mesas electorales. 

De este modo, si la jornada electoral coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional, que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante, puede ser considerado como excusa por las juntas electorales de zona. 

Esto es, para las personas que hayan contratado sus vacaciones antes del 29 de mayo y, además de la reserva, tengan pagado, parcial o totalmente, algún tipo de alojamiento, billete, etc. Eso sí, este eximente estará condicionado a que "se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato, así como el perjuicio económico o trastorno graves alegados". 

El ministro de Turismo, Héctor Gómez, ya avanzó la pasada semana, durante una jornada organizada por la Mesa del Turismo, la necesidad de incluir como eximente para no tener que formar parte de una mesa electoral el tener un viaje contratado de antemano para la fecha de las elecciones. 

Gómez también descartó que la convocatoria de las generales coincidiendo con temporada de vacaciones vaya a afectar al sector turístico, avanzando una previsiones al alza para el segundo cuatrimestre del año.

Los escándalos por los supuestos casos de fraude en el voto por correo el 28-M ya llevaron al Ejecutivo a plantear cambios en la ley electoral en línea con la instrucción adoptada hoy por la JEC. Una labor que anticipaban que en cualquier caso tendría que corresponder a los grupos parlamentarios en el Congreso, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales impidió que ni siquiera se llegara a sondear a los partidos.

Ya antes de la cita con las urnas de las municipales y autonómicas, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno reconocía que la ley "es susceptible de mejora" y que, por tanto, "siempre se pueden observar elementos de mejora", en referencia a los requisitos para el voto por correo. 

Con todo, se insistía en el mensaje, tras destaparse el supuesto fraude en Melilla y en contexto electoral, de que "lo prudente es poner en valor que el proceso es garantista". Asimismo se ponía en valor a las juntas electorales, con cuya actuación "han puesto de manifiesto que los mecanismos funcionan y se ha evitado el fraude".

Otras formaciones, como Ciudadanos, se adelantaron ya antes de las elecciones del 28-M registrando una proposición de ley para modificar la ley electoral en lo referente al voto por correo. Consistiría en modificar solamente el apartado 3 del artículo 73 para que la remisión en Correos del voto se deba realizar personalmente. 

"El funcionario de Correos encargado de admitirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad o, en su caso, la acreditación de la representación a la que se refiere". Vox propuso también endurecer las sanciones mediante una modificación del Código Penal, para que se incluya la realización de conductas dirigidas a influir o alterar el desarrollo de los procesos de voto, "con mayor gravedad cuando se lleven a cabo en colaboración con gobiernos extranjeros".

Podemos plantea concurrir en solitario en la Comunidad Valenciana y con Sumar en el resto de España


MADRID.- Podemos ha planteado en la mesa de negociación para la coalición con Sumar la posibilidad de ir por separado en la Comunidad Valenciana, ante las dificultades de acuerdo con Compromís, y formar parte del frente amplio de izquierdas en el resto del país.

Según han explicado fuentes de la formación morada, esa opción se ha planteado dado que Compromís hasta el momento "vetaba" su presencia en las listas valencianas y, como solución, se ha planteado la opción de concurrir en solitario solo en ese territorio para desbloquear las conversaciones. Sumar ha rechazado la propuesta.

Fuentes de la dirección autonómica han mostrado su esperanza de que el acuerdo para concurrir con Sumar sea cuestión de horas y han rechazado posicionarse sobre los "vetos" de Compromís. Han insistido no obstante en que las negociaciones continúan y que la Comunidad Valenciana es uno de los territorios que están dilatando el acuerdo.

Desde la formación valenciana, que este viernes reúne a su máximo órgano ejecutivo para refrendar en caso de acuerdo con el proyecto de Díaz, se ha negado de forma insistente que hubiera vetos y exclusiones a nadie por su parte, como subrayó recientemente su candidato al 28M Joan Baldoví.

Como también trasladan otras fuerzas como la Chunta o Más Madrid, desde Compromís reivindican el liderazgo de las listas en la Comunidad Valenciana, en función del resultado electoral del 28M donde Unidas Podemos quedó como fuerza extraparlamentaria, y que su nombre figure en la papeleta.

Recientemente transcendió que Podemos aspira a que su coportavoz estatal María Teresa Pérez sea su referente en la Comunidad Valenciana en las listas electorales del 23J, en el marco de las negociaciones con Sumar para gestar una confluencia amplia de izquierdas.

Según explicaban fuentes del partido, Podemos considera que la también directora del Instituto de la Juventud (Injuve) es un perfil idóneo al "representar una nueva generación" de jóvenes dirigentes --cumplirá 30 años el mes que viene-- y tiene "experiencia parlamentaria", dado que fue ya diputada nacional por Alicante en la XIII legislatura de mayo de 2019 hasta la repetición electoral del 10N de ese año.

También ensalzan desde el partido morado su experiencia de gestión como directora del Injuve, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que capitanea la líder de Podemos, Ione Belarra.

Por otro lado, candidatos y militantes de Podemos en la Comunidad Valenciana están promoviendo un manifiesto en el que consideran que las personas que han gestionado los acuerdos municipales y la campaña para las elecciones autonómicas "no pueden estar al frente de esta nueva cita con las urnas, ni en la planificación ni en las listas".

Podemos pide manos libres a la militancia para sumarse o no

En un momento de máxima tensión entre ambos equipos, las conversaciones no avanzan y este jueves por la noche encallaron completamente.

Ante la presión que llega al partido morado por parte de una mayoría de territorios morados que exigen un acuerdo inmediato con la vicepresidenta Yolanda Díaz o una rendición automática, Podemos ha tomado la decisión de dejar en manos de la militancia la decisión final, pero no concretamente. 

La cúpula del partido ha decidido que la militancia le dote de poderes absolutos para negociar con Sumar en solo unas horas y que, según el resultado de esa negociación, sean ellos mismos los que decidan el futuro final de la alianza. Será la dirección que encabeza la secretaria general del partido, Ione Belarra, la que decida al final si concurrir con Sumar.

No se trata de la tradicional consulta que suele realizar el partido morado sobre sí Podemos debería o no pactar con Díaz, sino que el partido propone a su militancia que vote sobre si acepta o no que la cúpula del partido negocie y acuerde una alianza entre Podemos y Sumar o no. 

"¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?". 

Así, la consulta deja la decisión final en manos del Consejo de Coordinación de Podemos, es decir el Secretariado, en manos de Ione Belarra.

Esto, de facto, supone una carta blanca al partido por parte de la militancia a tomar la decisión que vea posible. Sumarse al acuerdo o quedarse al margen. La militancia de Podemos tendrá hasta hoy viernes a las 10:00 horas, solo catorce horas antes de que finalice el plazo oficial establecido por la Junta Electoral Central para que Sumar presente su coalición de partidos a tiempo para que puedan concurrir a las elecciones generales. 

A partir de la decisión que tome la militancia morada, se estará facultando a la Ejecutiva del partido a negociar con Sumar un acuerdo político y a la decisión final, es decir, a sí participan de la confluencia de unidad a la que ya se han sumado cinco partidos o, por el contrario, a si rompen esa unidad y deciden concurrir por separado.

Si gana el voto afirmativo, significará que la militancia faculta a la dirección del partido a tomar la decisión final sobre si confluir o no. Si gana el "no", la dirección entenderá que no tiene la confianza de la militancia para decidir. 

Pero no hay aclaración, de momento, sobre este escenario. Los estatutos de la formación morada establecen que son los inscritos quienes tienen que "aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas, así como definir los criterios marco que afectarían a dichos partidos en niveles territoriales inferiores al estatal".

martes, 6 de junio de 2023

Las 12 medidas que Vox pedirá al PP valenciano: "derogar leyes de género" y "expulsar ilegales"

Mario Ortolá

VALENCIA.- Vox sufre estos días los desaires del PP de Carlos Mazón, que los ha relegado a la última posición en su ronda de contactos pese a ser la única formación que se ha ofrecido a respaldar su investidura. Del el mismo modo que Mazón subraya que sus líneas rojas son "los 2.000 puntos del programa electoral del PP", la formación hermana pondrá el suyo sobre la mesa, a juicio de El Español.

En su caso, se trata de un documento mucho más escueto: un PDF con dos páginas que contiene solo 12 medidas. Eso sí, no por breve está exento de polémica. 

El programa aboga por "derogar leyes de género" o por "la expulsión de los inmigrantes ilegales". Y precisamente por estos tintes radicales, los populares sueñan con gobernar en solitario.

Lo intentarán en un primer término, y solo si no lo consiguen, ya tras las elecciones generales del 23 de julio, iniciarán una negociación para calibrar las aspiraciones de Vox como integrante del Ejecutivo autonómico.

Su programa electoral es contundente sobre las materias apuntadas. "Reforzaremos la colaboración entre las Administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la expulsión de los inmigrantes ilegales que incrementan la
inseguridad, y perseguiremos los llamados pisos patera", expone Vox.

"Eliminaremos las ayudas públicas que generan un efecto llamada a la inmigración ilegal y acometeremos las modificaciones legales necesarias para que los bienes inmuebles ilegalmente ocupados sean recuperados inmediatamente", agrega.

El otro punto conflictivo apuesta por "derogar todas las leyes ideológicas del Botànic que amenazan la igualdad, derechos y libertades de los españoles". 

"El Gobierno de Ximo Puig lleva dos legislaturas implantando una política de rodillo y decretazo que solo ha servido para enfrentar a los españoles", expone.

"Derogaremos todas las leyes de género y memoria histórica; así como todas las leyes autonómicas superfluas que suponen duplicidades como la Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana y la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible", precisa sobre esta cuestión.

También hay un grupo de propuestas con ciertos tintes populistas, muy dirigidas a los nichos de voto de Vox, en las que el PP podría realizar concesiones con matizaciones. Es el caso de medidas como "defender nuestro producto agrario frente a la burocracia, el ecologismo radical y la competencia desleal extranjera" o "proteger a nuestro mundo rural y el valor ambiental de la caza y de la pesca".

En esta misma línea, Vox también plantea "poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas". 

"Frente a la falta de apoyo económico e institucional y de los ataques progres, incorporaremos la perspectiva de familia en la aprobación de toda norma y en la acción pública de todas las administraciones con capacidad presupuestaria, especialmente en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte. Además, promoveremos medidas para impulsar la natalidad y combatir la brecha maternal", detallan

Y, lejos de los focos de conflicto, el programa de Vox contiene puntos coincidentes con los del PP que podrían facilitar un acuerdo. Es el caso de premisas como la "protección de los trabajadores y familias frente a la subida de precios", la "defensa de nuestras tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos 'países catalanes'" o "garantizar la libertad educativa y lingüística y la calidad de la enseñanza sin intromisiones ideológicas".

A su vez, existen propuestas de Vox que encajan a la perfección con las líneas maestras del programa de Gobierno del PP, como una "rebaja drástica de los impuestos y reducción radical del gasto político ineficaz, persiguiendo la corrupción" o la "ejecución prioritaria de las conexiones e infraestructuras hídricas necesarias para llevar agua a hogares, industrias y sector primario".

También "colocar a la región como un referente turístico internacional y recuperar nuestras industrias principales" o "el impulso definitivo al Corredor Mediterráneo y la vertebración del territorio con servicios públicos e infraestructuras de calidad".