sábado, 14 de febrero de 2026
viernes, 13 de febrero de 2026
El Consell insiste en que revisará expedientes de VPP de Alicante y no entra en devoluciones o en la dimisión de Barcala
VALENCIA.- El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha insistido en que la Generalitat revisará "todos" los 140 expedientes de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus en Playa de San Juan, fruto de la polémica en las últimas semanas por la adjudicación de algunos de estos pisos a cargos del Ayuntamiento de Alicante.
Además, ha
descartado valorar la posibilidad de que se devuelvan las viviendas
adjudicadas irregularmente o de que deba dimitir el alcalde de Alicante,
Luis Barcala.
"Se van a revisar todos los expedientes, los
140, con la certeza de que hemos reforzado la seguridad. A partir de
ahora no existirá ningún funcionario promovido por PSOE y Compromís o
por otro partido que decida en solitario los visados de las viviendas,
ya que por encima de ese funcionario habrá un comité que velará por que
los visados sean correctos y por que todo el mundo cumpla. Y llegaremos
hasta donde la legislación nos permita".
Así lo ha
manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, que gobierna
el PP en solitario al igual que el ejecutivo del Ayuntamiento de
Alicante. La polémica surgió al conocerse que la ya exconcejala de
Urbanismo en Alicante, Rocío Gómez, y que familiares de la también
dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto
municipal, están entre los beneficiarios de estas VPP.
Posteriormente,
Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la
Conselleria de Industria al trascender que una de las adjudicatarias es
la madre de sus dos hijas.
En este contexto, Barrachina ha
explicado que la Generalitat desconoce por el momento el número exacto
de viviendas de esta promoción adjudicadas irregularmente, pero ha
garantizado que "la supervisión y la vigilancia será sobre los 140
expedientes".
Según ha defendido, el Consell trasladó la información a
Fiscalía "desde el primer día" y será "especialmente beligerante" para
evitar este tipo de situaciones que "nos abochornan a todos".
Preguntado por si se deberían devolver las VPP adjudicadas
irregularmente o por si debería dimitir Barcala, ha negado que el
Consell haya hablado de ambas posibilidades y ha reiterado que llegarán
"al máximo" de lo que permita la normativa
Cuestionado por qué
cree que dimitió la concejala de Urbanismo, ha emplazado a preguntar a
ella los motivos y ha remarcado que "por lo que se ha comprobado, su
acceso a la vivienda se produjo antes de que fuera concejala", con lo
que según él "no estaba incumpliendo nada".
"Es su decisión, imagino que
para no estar en el centro de ninguna polémica", ha abundado.
El portavoz ha indicado de nuevo que esta promoción fue iniciada por
una cooperativa privada en 2018, durante el anterior gobierno del
Botànic, "con reglas del juego aprobadas por socialistas y nacionalistas
y con un único caso detectado a día de hoy por no haberse inhibido: un
funcionario promovido por socialistas y nacionalistas", que fue
suspendido de empleo y sueldo tras tener conocimiento que es cónyuge de
una de las solicitantes de VPP.
"Lo que sí ha cambiado es la
forma de actuar: ahora se ha enviado a Fiscalía, cosa que no sucedía en
los casos que afectaron a PSOE y Compromís", ha recalcado, y ha
aprovechado para criticar que las valencianas Rebeca Torró y Pilar
Bernabé [secretarias de Organización e Igualdad del PSOE] "no han
encontrado el camino de Fiscalía" para denunciar los casos de acoso en
las filas socialistas.
Y ha enfatizado: "Nosotros sabemos dónde está la
Fiscalía y en la Fiscalía desde el primer día obran todos los datos".
Por otro lado, el también conseller de Agricultura ha criticado que
el Botànic construyera "cero viviendas públicas" frente a "las 4.4000 en
distintas fases de ejecución" del anterior Consell.
"Quienes ahora se preocupan por la vivienda pública podrían haber mostrado algún deseo al margen de la vicepresidencia exclusiva", ha añadido en alusión a la Vicepresidencia segunda durante la primera legislatura del Botànic.
PSPV, Compromís y EU-Podem piden una comisión de seguimiento de todas las promociones de VPP en Alicante
ALICANTE.- Los grupos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante,
que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han avanzado que pedirán la
constitución de una comisión de seguimiento de todas las promociones de
vivienda de protección pública (VPP) que se lleven a cabo en la ciudad,
incluidas las que tengan la fórmula de colaboración público-privada,
como las del Plan Vive de la Generalitat.
De este modo lo ha
manifestado este viernes la portavoz socialista en el consistorio
alicantino, Ana Barceló, en una rueda de prensa conjunta con sus
homólogos de Compromís y EU-Podem, Rafa Mas y Manolo Copé.
Así, ha aseverado que en el próximo pleno ordinario, previsto para el 26
de febrero, el PSPV elevará una iniciativa sobre la Ley del Suelo,
sobre lo que ha añadido: "Lo que más nos preocupa es que se elimina la
determinación de porcentajes mínimos de reserva de suelo para VPP".
Barceló ha anunciado otra iniciativa, enfocada a las viviendas de la
calle Ceuta, que en estos momentos se encuentran "en fase de
licitación", y ha apuntado que hace unos días pidieron que se volviera
al proyecto "inicial", que consiste en destinarlas a "alquiler social",
que, a su juicio, es "otra de las necesidades grandes que tiene la
ciudad".
Estas propuestas llegan tras la polémica surgida por
las adjudicaciones de VPP en la promoción Les Naus, en Playa de San
Juan, y después de conocerse que la ya ex concejala de Urbanismo en el
Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida
directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal,
están entre los beneficiarios de VPP.
Además, Miguel Ángel
Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de
Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una
de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Igualmente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción
del Tribunal de Instancia de Alicante incoó este pasado miércoles
diligencias previas para investigar la adjudicación de estos pisos, tras
la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos
Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala Gómez, una
exdirectora general y otros empleados municipales.
En la rueda de prensa, Mas (Compromís) ha adelantado que el próximo
pleno será "monográfico", ya que los grupos de izquierdas van a enfocar
sus iniciativas a la situación de las VPP tras la polémica de Les Naus.
Además, ha exigido "la dimisión fulminante" del alcalde de Alicante,
Luis Barcala, así como la de todas las personas involucradas en este
"escándalo", al tiempo que ha asegurado que "la presión política y
social va a crecer".
El portavoz de Compromís ha sostenido que
"Barcala conocía este hecho desde julio de 2024", momento en el que los
valencianistas presentaron una pregunta en el pleno sobre esta
promoción, según ha recordado.
"Tendrá que demostrar que no es así en la
comisión", ha agregado.
En cuanto a las medidas que
presentará Compromís, ha resaltado que pretenden "acabar con el Plan
Vive" de la Generalitat. "El suelo que vendan las administraciones tiene
que ser para alquiler social", ha agregado Mas.
También ha
indicado que pedirán la aplicación de la Ley de Vivienda para declarar
la ciudad como zona tensionada, además de solicitar a la Abogacía de la
Generalitat que actúe en "todo el procedimiento" mediante "revisión de
oficio o declaración de lesividad" para que "estos sinvergüenzas que han
traficado con el suelo devuelvan las viviendas a la administración".
De otro lado, Copé ha puesto en valor la "unidad de acción", ya que, a
su juicio, los grupos de la oposición de izquierdas están "a la altura
frente al clamor social que hay en la ciudad", ha valorado el portavoz
de EU-Podem.
En esta línea, ha defendido que "la vivienda no
es un privilegio, es un derecho", por lo que ha exigido "transparencia
absoluta respecto a la gestión del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos".
Otra de las iniciativas que presentará
Copé será la demanda de cuáles son las viviendas públicas que se
podrían poner "a disposición del alquiler asequible", ya que hay
"solares municipales pendientes de destino" y "más de 15.000 viviendas
vacías sin movilizarse", así como "promociones que no avanzan", ha
afirmado.
Por último, ha remarcado que solicitarán actuaciones
"concretas y urgentes" ante "la crisis de vivienda", como "un plan
municipal serio".
En relación con estas medidas, ha pedido que se
movilicen las viviendas "vacías" y que haya "un impulso real al alquiler
asequible y social".
Barceló ha acusado
al PP de practicar "trilerismo", tras las declaraciones de la consellera
de Vivienda, Susana Camarero, en las que advirtió de que PSPV y
Compromís podrían llevarse "alguna sorpresa" respecto a la adjudicación
de las VPP.
Sobre estas declaraciones, Mas (Compromís) ha
aseverado que se trata de "una bomba de humo, una patada hacia delante
para esparcir basura a todo el mundo".
"Que se tranquilicen y que investiguen", ha enfatizado.
Morant dice que estarán "vigilantes" con las viviendas de protección en toda la Comunitat y acusa a Llorca de "encubrir"
CASTELLÓN.- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este viernes que estarán «muy vigilantes» y van a denunciar el caso de la promoción de viviendas de protección pública de Les Naus en Alicante, pero también en todo el territorio «con todo lo que esté en marcha»; y ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de «encubrir» al alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como al alcalde de Jérica y al 'expresident' Carlos Mazón.
Morant se ha manifestado así ante los medios antes de clausurar en Castellón las jornadas interparlamentarias de los socialistas valencianos de la provincia.
La dirigente socialista ha comenzado recordando a Pérez Llorca que «Castellón existe», pues «es una provincia muy relevante en la Comunitat Valenciana» aunque para él «ahora se ha convertido en una mina, porque tiene un alcalde en Jérica que está investigado por la Justicia por abuso sexual a dos menores».
«Es el presidente del PP en la Comunitat Valenciana y tiene que atender estas minas, que sé que no le gustará la realidad, pero la realidad es que hay un alcalde del PP al que el PP y el señor Pérez Llorca no le han pedido el acta de alcalde, ni lo han reprobado, ni nada de nada», ha añadido.
Pérez Llorca «sigue encubriendo al alcalde de Jérica porque se ha convertido en ese 'president' que se dedica a encubrir a los acosadores; al alcalde Barcala, al que no ha pedido la dimisión; y a Mazón, al que sigue manteniendo como diputado. En definitiva, tenemos un 'president' de la Generalitat que no nos merecemos, y tampoco en Castellón», ha dicho.
Morant ha recordado que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas y, en este caso, de la Generalitat Valenciana.
«Los vecinos de Castellón tienen problemas en el acceso a la vivienda, y hay parte de estos problemas que se solucionarían aplicando la Ley de Vivienda estatal, ya que con su aplicación, en Navarra se han declarado zonas tensionadas y se ha bajado hasta un 8,5 por ciento el precio de alquiler y de acceso a la vivienda», ha subrayado.
Según ha apuntado la secretaria general del PSPV, en la Comunitat, Castellón es una de las cuatro zonas tensionadas, de manera que, «si se aplicara la Ley de Vivienda, se podría estar disminuyendo un 8,5 por ciento ese precio del alquiler y solucionar problemas reales, y no crearlos como está haciendo Pérez Llorca con la vivienda, pues está haciendo negocio».
Al respecto, ha hecho referencia al «escándalo» de Alicante, donde, «para una promoción de viviendas que hacen se la han repartido entre ellos».
«Vamos a estar muy vigilantes, vamos a denunciar el caso de esta promoción de Les Naus en Alicante, pero también en todo el territorio con todo lo que esté en marcha, pues ha habido un cambio legislativo por decreto directamente del Consell que ha cambiado las condiciones de adjudicación y acceso a estas viviendas y ha permitido, en el caso de Alicante, un reparto y adjudicación absolutamente irregular, corrompiendo el sistema», ha apuntado Diana Morant.
Ha lamentado que se pueda acceder a una vivienda de protección pública cobrando 3.000 euros al mes, «cuando está diseñada para favorecer al acceso de la clase media y trabajadora».
«Se está construyendo vivienda de protección pública sin mecanismos de control y se están repartiendo entre cargos y funcionarios trabajando para la administración pública del PP, y vamos a vigilar que no esté ocurriendo también en Castellón», ha añadido.
Morant ha pedido a Pérez Llorca «todas las explicaciones y que dé la cara y comparezca antes Les Corts», así como la vicepresidenta primera, Susana Camarero y, «de paso, que se acuerden de Castellón y de la sanidad, pues aquí hay un hospital que ha tenido dos millones de euros en el presupuestos y no se ha invertido ni uno».
Según la líder del PSPV, Pérez Lloca ha demostrado ser un 'president' «incapaz, con una gestión bastante inútil y que ha venido a la política para seguir encubriendo y fabricando esta política que sabe hacer muy bien en la Comunitat Valenciana el PP, de negocio, de amiguismo y de la corrupción».
«Que deje de privatizar la sanidad pública e invierta, que construya vivienda pública y la reparta a la gente y no entre ellos, que aplique la Ley de Vivienda, que se ponga a trabajar y que repruebe al alcalde de Jérica y al alcalde de Alicante y que pida el acta al señor Mazón», ha insistido.
Preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, respecto a que «habría que dejar en el aire y preguntarse si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al Partido Socialista o a Compromís que también haya sido adjudicataria, que haya comprado alguna de estas viviendas» de Alicante, y que «quizá el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas», Morant ha indicado que es una acusación que «hace de la nada, seguramente del nerviosismo».
Camarero «está nerviosa, y yo también lo estaría si me hubiese dedicado a hacer nada en mi competencia y para lo poco que se está haciendo hay un reparto entre ellos», ha dicho la secretaria general de los socialistas valencianos, quien ha explicado que lo que ha ocurrido en Alicante es «muy grave: concejales se han repartido entre ellos los pisos, a sus hijos, a sus primos, a sus amigos, a sus sobrinos, a técnicos, lo que está fuera de la legalidad».
Diana Morant ha exigido que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Alicante «exijan la devolución de esos pisos», y también responsabilidad política. Al respecto, ha afirmado que «aquí la máxima irresponsable ha sido la consellera -Susana Camarero-, que impulsó el cambio de normativa que ha permitido que gente que cobra 60.000 euros tenga piso y que viviendas que aún no han sido adjudicadas con precio público estén ya en portales para su venta, es decir, ni siquiera se protege de por vida la vivienda de protección oficial».
«Si mantuviéramos toda la vivienda que se ha construido desde la administración pública, seríamos el país de Europa con más vivienda de protección pública», ha agregado.
«Toda esa perversión es responsabilidad de Susana Camarero, así que que deje de amenazar, que ya está suficientemente amenazada y que comparezca en les Corts y nos explique detallamente si ese cambio normativo se hizo expresamente para Les Naus o para más promociones», ha concluido Morant.
La concejala de Patrimonio de Alicante niega vínculos con la adjudicación de las viviendas protegidas de 'Les Naus'
ALICANTE.- La concejala de Patrimonio, Cultura y Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (PP), ha negado tener vinculación con la concesión de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)