En un comunicado conjunto, los tres sindicatos señalan que están
trabajando para cerrar el calendario de acciones después de que durante
la asamblea telemática --con más de 1.000 personas conectadas y a la que
muchos docentes no pudieron acceder porque la plataforma digital había
llegado al límite-- se hicieran propuestas para llevar a cabo durante el
paro indefinido, al menos durante la primera semana, es decir, del 11
al 15, ante la «urgencia» de comunicarlas a Delegación de Gobierno
dentro de los plazos legales.
Las acciones que tuvieron más apoyo en la asamblea fueron la
convocatoria de manifestaciones en las tres provincias y una gran
manifestación en València ciudad, acciones que ya se están gestionando,
junto con otras movilizaciones que se anunciarán «próximamente», han
avanzado.
Por otro lado, ante las declaraciones de la consellera de Educación,
Carmen Ortí, este jueves en Les Corts --donde ha dicho que «el
escenario ideal» sería poder llegar a un acuerdo para que no se realice
la huelga y ha revelado que su departamento prepara «una propuesta que,
en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana, lo
permita se va a poner encima de la mesa»-- los sindicatos recalcan que
no ha concretado «fechas, ni ha explicado la propuesta, ni se sabe si se
refiere únicamente al aumento salarial o incluye el resto de medidas:
reducción de burocracia y ratios, recuperación de plantillas recortadas,
mejora de las infraestructuras y del valenciano».
STEPV, CCOO y UGT han instado a Ortí a convocarles la semana que
viene a negociar, con propuestas «concretas y efectivas», las medidas
presentadas por los sindicatos.
«Si la consellera quiere detener la
huelga, como así también ha manifestado, solo será posible si mantiene
esta negociación con los sindicatos y se pone encima de la mesa una
batería de propuestas que satisfagan al profesorado que está llamado a
la huelga», han advertido.
Por otro lado, y sobre las declaraciones de que garantizará la
evaluación del alumnado mediante los servicios mínimos, los sindicatos
han advertido que es «ilegal» decretar «unos servicios mínimos que
impidan el derecho de huelga al profesorado por el hecho de tener que
evaluar el alumnado».
En este caso, considera que se estarían decretando «unos decretos
mínimos abusivos y, por lo tanto, ilegales, que serían inmediatamente
impugnados» por los sindicatos.
«La Conselleria tiene la obligación de
buscar una regulación que permita el derecho de evaluación del alumnado
pero a la vez el derecho de huelga del profesorado. Y esto no se hace
con servicios mínimos abusivos», avisan.
A su juicio, «la mejor manera de garantizar la evaluación del
alumnado es atender las reivindicaciones sindicales y del profesorado de
forma urgente y con medidas reales, efectivas y satisfactorias».
