VALENCIA.- El PP y Vox han pactado este martes varias enmiendas de aproximación al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), entre ellas una para elevar de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda y otra para considerar como infracción de carácter muy grave el hecho de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante.
Estas enmiendas han sido registradas sobre las 10.10 horas de este mismo martes, apenas 20 minutos antes de la hora de inicio de la comisión de Familia, Política Social e Igualdad de Les Corts, en cuyo punto del día figuraba el debate y votación del citado proyecto de ley.
El PSPV y Compromís han criticado esta situación, que han llegado a tachar de «bochorno» y de «ridículo espantoso», muestra del «talante democrático» de las otras dos formaciones.
Entre sus enmiendas transaccionales, PP y Vox incorporan al término «violencia sobre la mujer» el de «violencia intrafamiliar» y suprimen el carácter «indefinido» de la RVI para sustituirlo por el de «periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción».
En este sentido, fijan la duración inicial en los seis años renovables, «transcurridos los cuales, dicha renovación se efectuará cada tres años en las condiciones que se establezca reglamentariamente, y siempre que persista la situación de vulnerabilidad social y económica que motivó su reconocimiento».
Por otro lado, elevan a los 15 meses el periodo mínimo de residencia habitual de manera continuada en la Comunitat Valenciana y, excepcionalmente, ante la imposibilidad de empadronamiento, establecen que el requisito de residencia habitual «se entenderá cumplido cuando se acredite la residencia efectiva mediante la asignación de Tarjeta Sanitaria Individual (SIP), la inscripción como persona demandante de empleo, la escolarización de personas descendientes o la ocupación de una plaza de acción concertada en el sector de atención a personas en situación de riesgo de exclusión pertenecientes a colectivos vulnerables».
También suprimen la posibilidad de no exigir los periodos mínimos de residencia habitual a personas titulares de una renta mínima concedida en otra comunidad autónoma que pasen a fijar su residencia en cualquier municipio de la Comunitat y, en el caso de ser víctima de violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar, añaden que deberá haberse constituido «una nueva unidad de convivencia».
Mientras, en el caso de las obligaciones de las personas destinatarias de la RVI, añaden una para que, en el caso de tener menores de edad a cargo, se responsabilicen de la escolarización y asistencia al centro educativo durante la etapa de escolarización obligatoria y para que, cuando el menor sea beneficiario de una plaza gratuita de 0 a 3 años, no tenga la consideración de falta de asistencia las comunicadas al centro por los padres o tutores.
Respecto a los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), especifican que deberán «ajustarse a las prioridades, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, contemplando todas las actuaciones que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos de inclusión, tanto desde el ámbito de los servicios sociales como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, deporte y cultura con igualdad de oportunidades».
Establecen también que todas las personas que integren la unidad de convivencia mayores de 16 años «deberán conocer, suscribir y participar activamente en el PAI» y su participación en el mismo «tendrá carácter obligatorio» para mantener el derecho a la prestación de la RVI.
Mientras, indican que la competencia para determinar si existen motivos de exoneración temporal y/o parcial del PAI será de las personas profesionales de referencia de intervención social de atención primaria.
Además, fijan entre las actuaciones específicas «aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso a empleo y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, renunciando a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».
Paralelamente, modifican un artículo para establecer que los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones económicas reguladas en la ley tengan el carácter de créditos ampliables en el presupuesto de la Generalitat.
En cuanto a las infracciones muy graves, añaden dos nuevos motivos: el hecho de «haber sido acreditada, mediante resolución judicial firme, la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante» por parte de las personas beneficiarias de la RVI y que se acredite que en la unidad convivencial del receptor de la ayuda existan «prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales».
Debate
Durante el debate, Elena Bastidas (PP) ha defendido que la RVI «necesita una actualización», ha valorado la «práctica unanimidad» de los grupos durante todo el trámite del proyecto de ley y ha valorado que las enmiendas de su grupo buscan, entre otras cosas, «reforzar la seguridad jurídica» de la norma y que las de Vox «conectan con la corresponsabilidad en procesos de inclusión social».
«Las políticas sociales deben desarrollarse siempre dentro del respeto al marco de la legalidad», ha remarcado.
Desde Vox, Miriam Turiel ha sacado pecho de que su partido ha conseguido con las enmiendas «que se amplíe el tiempo de residencia necesario para poder acceder a la RVI», algo «esencial» porque quieren «defender a los de dentro, a los españoles primero y no solamente en un plano discursivo o en un plano más abstracto, sino en la vida real, en la práctica y siempre que podamos lo haremos porque hacer lo contrario es una estafa para los de fuera y una injusticia para los de dentro».
«También queremos evitar e impedir que se beneficie a aquellos que delinquen, a las personas que además ocupan viviendas ilegales. Queremos prohibir también las prácticas denigrantes contra la mujer, como la imposición del burka o prácticas salvajes contra niñas», ha sostenido.
Sin embargo, Silvia Gómez (PSPV) ha acusado al PP de impulsar una política social «destructora», a Vox de tratar de imponer la «integración» frente a la «inclusión», y a ambas de «atacar a las personas más vulnerables» con esta norma por «rédito electoral».
«Estamos ante la extrema derecha más racista y xenófoba», ha alertado, al tiempo que ha cargado contra los 'populares' por «tragar»: «Vox no gobierna, manda (...), les está chupando la sangre».
Y Francesc Roig (Compromís) ha denunciado que PP y Vox han eliminado de la ley «las referencias a la violencia de género» y ha acusado a ambas formaciones de «racismo», aunque lo intenten «maquillar», y de imponer un «régimen sancionador» para buscar «castigo y mano dura a las personas más vulnerables».
«Quieren obligar a la gente a pasar por el aro. ¿Qué inclusión es esta?», les ha preguntado.
También ha reprochado al PP que haya dejado la norma «en manos de Vox» y, aunque ha valorado los intentos de «diálogo», ha lamentado que han caído «en saco roto».
«Lo que habéis hecho hoy es de una baja cultura democrática».
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