Igualmente, ha impuesto a Hernández Mateo una multa total de
10.500 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
incumplidas --50 euros diarios durante siete meses--, y a siete años de
inhabilitación especial para el cargo de primer edil cualquier otro de
naturaleza electiva en el ámbito local. El ex primer edil también deberá
indemnizar al consistorio torrevejense en la cantidad de 12.000 euros.
Hernández Mateo, se encuentra
pendiente de la instrucción de otras dos causas abiertas por un supuesto
delito de tráfico de influencias por la compraventa de una finca, así
como por supuesto delito de prevaricación y contra los derechos
fundamentales.
El diputado autonómico se enfrenta de este modo a otros procesos
judiciales, tras ser condenado este viernes a tres años de prisión por
los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en
2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la
localidad.
A esta causa se suman otras dos que Hernández Mateo tiene también
abiertas por su etapa como alcalde, por un supuesto delito de tráfico de
influencias por la compraventa de una finca, relacionado con la
plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca
rústica y que podría ascender a más de cinco millones de euros.
Además, tiene pendiente una segunda abierta tras una denuncia de Los Verdes por su supuesta negativa a convocar varios plenos ordinarios entre los años 2003 y 2007, tal y como en su día denunció Los Verdes.
La denuncia fue archivada inicialmente por el juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja, pero en abril de 2012 la Audiencia Provincial de Alicante estimó parcialmente el recurso de apelación de Los Verdes, y ordenó la reapertura de la causa.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) debe decidir si es competente o no para continuar con la
instrucción de una causa, decisión que aún no se ha adoptado.
El exalcalde además estuvo imputado por un supuesto delito
electoral en una cuarta causa que el pasado mes de septiembre fue
archivada, al entender la magistrada que los hechos imputados no eran
constitutivos de delito electoral ninguno.
Los hechos de esta última causa se remontan al mes de mayo de 2011
en plena campaña electoral, cuando el PSPV presentó una denuncia contra
los 'populares' por la celebración de un acto en un recinto que había
sido prohibido por la Junta Electoral Provincial de Alicante.
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