Un experto augura que el fin del trasvase Tajo-Segura provocaría una "subida radical" del recibo del agua

ALICANTE.- El fin del trasvase Tajo-Segura o la reducción de los caudales establecidos hasta el momento para esta canalización con la provincia de Alicante, provocaría una "subida radical" del recibo del agua para todos los usuarios que están conectados a la red de abastecimiento, según explicó hoy el profesor del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo.

La patronal alicantina Coepa y la Fundación Agua y Progreso firmaron hoy un convenio de colaboración para desarrollar los proyectos de investigación titulados: 'Análisis jurídico y económico sobre la posible reclamación patrimonial ante el potencial cese o cambio de dotación del Trasvase Tajo-Segura' y 'Análisis comparativo del uso y gestión del agua en la provincia de Alicante y su entorno competitivo'.

El director de estos estudios, Joaquín Melgarejo, resaltó la importancia de estos análisis con los que se pretende "cuantificar" la incidencia de un posible fin del trasvase tanto en el sector agrario como en el abastecimiento.

"Es necesario que se cuantifique para tener más argumentos y más fuerza en la idea de evitar que, en la medida de lo posible, las Cortes Generales no tomen esa decisión que creemos que sería nefasta para la economía alicantina y para la cuenca del Segura", indicó.

De este modo, estos estudios se encargarán de "delimitar bien" las consecuencias económicas sobre la agricultura en función de los tipos de cultivo y sus condiciones particulares.

Melgarejo recordó que en los trabajos realizados hasta el momento por su propio equipo, calcularon que los daños en el sector agrícola por el cese del trasvase podrían alcanzar los 3.500 millones de euros, cifra que hoy estimó que, "con total seguridad fue realizado a la baja, para intentar ser lo más rigurosos posible".

"Esperemos que ese ajuste pueda ser fino, y nos va a llevar un tiempo, pero creo que puede ser muy significativo a la hora de defender de una manera extraordinaria, los intereses de la Comunitat Valenciana y del conjunto de la cuenca del Segura".

En cuanto a los efectos sobre el abastecimiento, los responsables del estudio han previsto utilizar el "método por compensación para cuantificar económicamente en qué medida el que no llegue el agua del trasvase a los usuarios".

De este modo, Melgarejo indicó que los más de 60 Hm3 que la provincia de Alicante consume del Tajo-Segura para abastecimiento, a un precio de 0,12 euros, tendrían que ser sustituidos por agua desalinizada, que cuesta 0,60 euros, lo que arrojaría "varios millones de euros al año que necesariamente deberían ser repercutidos a los potenciales usuarios".

Por ello, adelantó que "los alcaldes de la Comunidad de Murcia y de la Comunitat Valenciana van a tener un problema serio de explicación ante sus ciudadanos de una subida radical del recibo del agua".

Dadas estas previsiones, el propósito ahora de la Fundación Progreso y Agua con estos estudios es "intentar aportar pruebas con criterios fijos, y hecho con el máximo rigor", para que sus "argumentos sean utilizados por las instituciones alicantinas y de la cuenca del Segura en defensa de los intereses generales de todo el sureste de España".