VALENCIA.- El magistrado de la sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)
Antonio Ferrer ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Alicante y
diputado del PP en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, por tres
delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que
existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007,
2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000
euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
Junto a Alperi, el tribunal valenciano también abre juicio oral
contra tres empresarios --Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L.--
por estos mismos delitos, según consta en un extracto de la resolución
facilitada por el TSJCV. Se determina como órgano jurisdiccionalmente
competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa a la Sala de lo
Civil y Penal del tribunal.
Así mismo, en la citada resolución, el tribunal requiere a Luis Díaz
Alperi, Antonio M.R., y a Antonio S.Y. que presten una fianza o
garanticen a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho el
pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas,
en las siguientes cantidades: 2.300.000 euros, 1.500.000 euros y 900.000
euros, respectivamente. También da diez días a las defensas para que
formulen sus escritos.
Tanto Fiscalía como el Abogado del Estado habían solicitado la
apertura de juicio oral contra estos procesados. En concreto, el
ministerio público acusa a Díaz Alperi de tres delitos contra la
Hacienda Pública y de uno de cohecho, y le reclamaba una fianza de
1.600.000 euros.
Asímismo, Fiscalía acusa a Antonio M.R. y a Antonio S.Y. de tres
delitos contra la Hacienda Pública y les solicitaba una fianza de
1.000.000 euros y de 600.000, respectivamente. Y también acusa a otro
empresario, Javier P.L. --quien permitió el amarre de la embarcación de
Alperi--, de un delito de cohecho.
La causa partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior
contra Díaz Alperi en la que el ministerio público --en base a un
informe de la Agencia Tributaria-- ponía de manifiesto pagos dudosos
avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que
podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de
falsedad en documento mercantil.
Según recoge el magistrado en el auto de procesamiento, dictado el
pasado mes de diciembre, en el caso del ejercicio de 2007, y en relación
con una operación de crédito de 942.678 euros relacionada con el
exalcalde y dos de los empresarios, presenta la "apariencia" de tratarse
de una operación "totalmente simulada" que en la medida que le ha
determinado un aumento patrimonial no justificado, llevó a Hacienda a
considerar, tras una investigación, que procedería realizar una
regulación en la declaración del IRPF por 405.351 euros.
Sobre 2008, los hechos giran sobre la adquisición de un catamarán
--'Akra Uno'-- por parte del ex primer edil valiéndose de una sociedad
patrimonial, en la que parte del precio fue abonado por uno de los
empresarios procesados.
Según el magistrado instructor, desde el momento en el que, de
acuerdo con la investigación de Hacienda, la embarcación podría
pertenecer a Alperi, que es quien la usa y asume sus gastos, --a lo que
se une que la sociedad carece de actividad-- se debe considerar como una
ganancia no declarada la aportación del empresario, que alcanzó los
264.500 euros y una necesidad de regularizar la cuota de 144.862 euros.
Esta situación se repitió en 2010 cuando, a través de la simulación
de diversas operaciones de compra-venta de participaciones de esta
sociedad con la intervención del mismo procesado, se habrían producido
nuevos pagos por tercero para la adquisición de la embarcación y el
exalcalde facturó ingresos derivados de su actividad profesional a
nombre de la entidad, lo que supondría ingresos no declarados de 308.209
euros y la necesidad de regularizar con Hacienda 132.468.
El exalcalde está imputado también por los supuestos delitos de
revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en
la causa separada del 'caso Brugal', que investiga presuntas
irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Alicante.
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