MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas con el fin de garantizar la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sosteniblidad de las actividades económicas en la zona, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Saénz
de Santamaría ha destacado que, para la elaboración del texto, se ha
contado con participación de ciudadanos, ONG, empresas, CCAA y
ayuntamientos,
además de incorporar las recomendaciones del Defensor del Pueblo, haber
sido sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y contar con el
dictamen favorable del Consejo de Estado.
Entre otras novedades,
el Reglamento introduce cambios en la tramitación de los procedimientos
de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada
coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros para
lograr la seguridad jurídica con la que han de contar los interesados a
la hora de conocer si los bienes forman parte del dominio público
marítimo terrestre, y evitar que se pueda comprar una vivienda u otros
bienes en la costa y descubrir después que no le pertenecen porque son
de uso público.
Respecto a la prohibición de edificar en la costa,
destaca la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones en la
costa así como de las obras que supongan cualquier aumento de volumen,
altura o superficie de las edificaciones existentes y la exigencia de
eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen
en los edificios en la costa. Además, el Reglamento exige un informe
ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de
actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
El
texto también contempla la máxima protección de los tramos naturales de
las playas y diferencia entre los tramos urbanos y naturales de las
playas. El Reglamento desarrolla esta diferenciación legal y concreta el
régimen de ocupación y de uso de ambos tramos, restringiendo las
ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los
urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que
sea compatible con su uso común.
Además,
la norma garantiza el uso público de las playas, de cualquier clase,
por todos los ciudadanos y, en cuanto a los eventos en las playas,
concreta los requisitos, límites y condiciones en los que son posibles,
garantizando su conservación y entendiendo que esas ocupaciones se
restringen a los tramos urbanos.
En
el capítulo de concesiones, destaca el plazo máximo por el que pueden
ser otorgadas, dentro del límite de 75 años establecido en la Ley
2/2013, de 29 de mayo, y se regulan tres supuestos distintos con máximos
de 75, 50 y 30 años. Para la determinación de los plazos se recogen los
criterios a tener en cuenta como la adecuación al medio de la
instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre
o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el
contenido del estudio económicofinanciero o, en su defecto, el volumen
de la inversión a amortizar.
Se abre la posibilidad de prorrogar
estas concesiones por un plazo de hasta 75 años (en el caso de las
autorizaciones de hasta cuatro años), con el requisito de que se
acredite su sostenibilidad ambiental y se permite la transmisión de los derechos de las concesiones,
previa autorización. Al respecto, se recoge la posibilidad de trasmitir
las concesiones 'inter vivos', siempre que la Administración reconozca
el cumplimiento por parte del adquiriente de las condiciones
establecidas en la concesión.
La Ley de Costas prevé que puede
facilitar la generación de cerca de 150.000 empleos directos y unos
2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica en la
costa. En este sentido, Medio Ambiente indica que la clarificación sobre
los criterios para el establecimiento de actividades en la costa que
establece el Reglamento puede asegurar la situación a unos 1.000 hoteles
ya existentes de forma legal, que ahora podrán prolongar los negocios y
hacer reformas para modernizarse y ganar calidad.
Asimismo,
asegura que se ordena definitivamente la situación de unos 3.000
chiringuitos y da seguridad jurídica a 13.000 viviendas que se
construyeron en su día legalmente en las costas españolas, que podrán
prorrogar sus concesiones, entre otros avances.
El
documento también recoge las previsiones de la Ley de 2013 respecto a
los efectos del Cambio Climático en el litoral. En este sentido, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que está
elaborando una Estrategia para la Adaptación de la costa al Cambio
Climático que en la actualidad está en fase de evaluación ambiental
estratégica y que se presentará antes del fin de la legislatura, en
coordinación con las CCAA.
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