ALICANTE.- El juez que investiga las supuestas ilegalidades en el plan
urbanístico de Rabasa ha pospuesto las declaraciones de las próximas
semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del resto
de imputados hasta resolver el incidente de nulidad presentado por el
constructor Enrique Ortiz.
El titular del juzgado de Instrucción nº 6, el magistrado Juan
Carlos Cerón, ha emitido una providencia con fecha de 6 de octubre, por la que aplaza las declaraciones de los
imputados hasta la resolución del recurso presentado por el abogado de
Ortiz y por otros dos del gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus,
y la responsable jurídica de ese área.
Ante la decisión cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.
Además, el magistrado ha determinado el sobreseimiento provisional de
la causa con respecto al antecesor de Castedo en la alcaldía
alicantina, el también popular Luis Díaz Alperi, y a la ex secretaria
autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña.
El juez ha considerado que el informe policial en torno a un viaje de
Díaz Alperi a Oporto (Portugal) para una reunión con los responsables
de Ikea, multinacional que tiene previsto abrir una macrotienda en el
entorno del plan Rabasa, no concreta "indicio alguno" de posible delito
del exalcalde.
El juzgado nº 6 instruye las diligencias sobre la tramitación del
plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000
viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyo entorno está
previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.
Se trata de una de las piezas separadas del caso Brugal, y el pasado
17 de septiembre el magistrado citó a ocho personas para declarar como
imputados, entre ellos Castedo (27 de noviembre), Díaz Alperi y Ortiz,
éste último como empresario supuestamente beneficiado por las
ilegalidades.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa popular ya figuraba como
imputada en otra de las ramas del Brugal, que investiga el juzgado de
Instrucción nº 5, la relativa al presunto amaño en el diseño del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del mismo empresario:
Enrique Ortiz.
La investigación sobre Rabasa se activó a raíz de una denuncia
presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les
atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias.
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