MADRID.- El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado a
definitiva este lunes su petición de penas de cárcel que alcanzan
hasta los siete años y medio para los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
que se sientan en el banquillo de los acusados por falsear las cuentas
de los ejercicios 2010 y primer trimestre de 2011 de manera
“intencionada”.
En esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional
dedicada a las conclusiones finales, el fiscal del caso ha insistido en
que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja murciano-alicantina y
que la excúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos
ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de
provisiones y el mecanismo de las titulizaciones.
“Se ha hecho trampas, ustedes han engañado”,
ha dicho el fiscal Anticorrupción a los acusados a quienes les han
recordado que aunque sus acciones no fueron causa de la quiebra de la
CAM, no se trató de un error sino de una actuación intencionada.
Por ello les imputa delitos de falsedad contable en los
estados de 2010 y 2011 y estafa continuada y pide que indemnicen de
forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones de euros y a
los afectados por la compra de cuotas participativas entre marzo y julio
de 2011, muchos de ellos personados como acusación en el juicio.
Penas de cárcel
El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad,
la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de
Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y
Control Teófilo Sogorb.
Para los exdirectores de Financiación y de Información Financiera
Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, respectivamente, solicita 1,2 años
de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Exculpa al
expresidente de la caja Modesto Crespo que se sientan en el banquillo a
petición de las acusaciones.
Rodríguez Sol ha insistido en que
como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y
dudosos a normales, los acusados presentaron en 2011 unos resultados
que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad
existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros. A
esta conclusión llegaron los administradores provisionales nombrados
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del Banco de España en julio de 2011.
Culpables y cómplices
De López Abad ha dicho
que, como principal administrador, dio las instrucciones para elaborar
los presupuestos “sentando las bases” de lo que pasó en 2011. En
concreto se ha referido a un correo electrónico enviado en noviembre de
2010 por el entonces director general en el que instaba a los
principales ejecutivos a sacar 300 millones de euros de ganancias de
cara al cierre del ejercicio.
El objetivo era facilitar la
creación del Sistema de Protección Institucional (SIP) integrado por
Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que diera luz verde al Banco
Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de
cajas del proyecto ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó
vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro. Por
ello ha considerado al resto de acusados “cómplices” de los hechos que
comenzaron a juzgarse el pasado 29 de mayo.
Respecto al papel del
supervisor, el representante del Ministerio Fiscal ha dicho que los
informes del Banco de España ya reflejaron que la situación de la caja
alicantina era “crítica” ante la falta de liquidez y ha respaldado la
versión otorgada por los peritos judiciales del mismo que declararon
durante el juicio en calidad de testigos.
“No es lo mismo que el
beneficio salga porque se han aplicado correctamente las normas
contables que porque se han hecho trampas. Lo que no se puede hacer
nunca es trampas y una vez hechas explicar que hubiéramos ganado igual.
Ustedes han engañado”, ha espetado el fiscal en referencia a la versión
de los acusados que insistieron en su declaración en calidad de
investigados que el Banco de España les permitió ajustar contra reservas
las plusvalías de la cuentas de 2010.
Imagen falsa al inversor
También
se ha referido al mecanismo de las titulizaciones como herramienta
empleada por la excúpula para maquillar las cuentas y presentar un
resultado presupuestado en 2010 superior a los 200 millones de euros.
Con esta incorrecta contabilización de préstamos hipotecarios
aparentaron una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no
se produjo.
En relación a la cuotas participativas Rodríguez Sol
ha recordado que se ofreció una imagen falsa al inversor y que se le
provocó un perjuicio con la emisión de este producto financiero cuyo
valor quedó reducido a cero una vez vendida la caja murciano-alicantina al Banco
Sabadell.
Igualmente ha insistido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los
acusados cobraron indebidamente beneficios de la entidad quebrada en
calidad de planes de pensiones, inventivos o prejubilaciones y
que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones
de euros.
Al respecto ha defendido que la aseguradora Caser es la
responsable real “casi sin ningún género de dudas” por la póliza de
responsabilidad civil de los exaltos cargos de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
