VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los apartamentos turísticos ilegales de este término municipal. Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, durante el Debate sobre el estado de la ciudad celebrado en este consistorio.
La primera edil ha avanzado también que esta administración local va a solicitar al gobierno de la Generalitat «las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales» y ha precisado estos «se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros».
Catalá ha subrayado que el consistorio valenciano seguirá «luchando contra la actividad ilegal» de este tipo de alojamientos. «La actividad irregular es el verdadero problema. Quien no cumpla en esta ciudad, lo pagará caro», ha manifestado.
Durante su intervención, en el que es el primer Debate sobre el estado de la ciudad del actual mandato y el primero de María José Catalá como alcaldesa, esta ha hablado de turismo y ha señalado que a su ejecutivo, formado por PP y Vox-- no le ha «temblado el pulso a la hora de tomar decisiones que durante años nadie se atrevió a ejecutar» en este ámbito.
La primera edil ha aseverado que «el turismo es un sector fundamental para la economía» de Valencia. «Aporta el 15 por ciento al PIB. Por tanto, hay que cuidarlo. Pero también tenemos claro que esta ciudad no puede morir de éxito. Necesitamos ordenar el turismo y apostar por un turismo de calidad que respete y cuide nuestra ciudad, que ponga al vecino primero y en el centro de todas las decisiones», ha expuesto.
María José Catalá ha manifestado que «esto merece, de nuevo, nuevas políticas que cuenten con el mayor consenso».
«Porque la convivencia vecinal, cuidar y proteger nuestra ciudad dependen de ello», ha detallado.
Respecto a los apartamentos turísticos, la alcaldesa (PP) ha indicado que «el 75 por ciento de todas las viviendas» de este tipo «se dieron de alta durante las dos legislaturas anteriores», en las que Compromís y PSPV --los dos grupos de la oposición en la actualidad-- formaban parte de ese ejecutivo.
«Y no sólo eso, sino que, hasta ahora, no se había hecho nada para frenar la proliferación de apartamentos turísticos», ha insistido la alcaldesa. Asimismo, ha censurado la decisión, «en 2018», de modificar «la normativa urbanística para permitir apartamentos turísticos en bajos comerciales».
«Fue un auténtico error», ha afirmado.
Catalá ha resaltado que cuando llegó a la Alcaldía «no había ni ordenanza ni equipos para inspeccionar los apartamentos turísticos» y ha subrayado que ha sido su gobierno «el único que ha puesto el cascabel al gato y ha decretado una moratoria de apartamentos turísticos para poder ordenar el sector y dar seguridad jurídica».
«Además, hemos aprobado la prohibición total de nueva vivienda turística en prácticamente toda Ciutat Vella, porque este gobierno sí que quiere un centro vivible», ha apostillado.
La primera edil ha censurado que se dejara a la actividad irregular «a campar a sus anchas durante años» y ha remarcado que ante ella su gobierno «ha creado cuatro equipos de inspectores para poner coto a quien opera al margen de la legalidad». Ha apuntado que «la inspección de apartamentos turísticos se ha incrementado un 454 por ciento».
A este respecto, ha detallado que en el primer semestre 2023 hubo 48 inspecciones, mientras que en el primer semestre 2024 ha habido 266 inspecciones. Igualmente, ha relatado que «la actividad policial contra los apartamentos turísticos ilegales ha pasado de 73 actas en 2022, a 449 en lo que llevamos de 2024» y ha señalado que «ya se han emitido 278 órdenes de cese».
«Quiero una ciudad vivible con un turismo de calidad, regulado y sostenible», ha dicho, además de remarcar que su equipo ha puesto a Valencia «por encima de todo».
«Hemos priorizado la convivencia y el derecho al descanso del ciudadano», ha manifestado, tras lo que ha declarado que seguirá «luchando contra la actividad ilegal».
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