ALCOY.- Familiares de los ancianos que fallecieron por covid en la residencia
DomusVI de Alcoy han decidido no recurrir la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 del municipio,
que en enero desestimó la demanda que presentaron contra la empresa
gestora del centro, Quavitae Servicios Asistenciales SAU, por la muerte
de 15 personas y las lesiones de otras tres durante la pandemia. En
total, en el centro murieron 74 usuarios.
Los demandantes,
aunque "no comparten" la resolución judicial, afirman que "no es
asumible" recurrirla por el "esfuerzo económico" que supondría la
decisión "tras casi cinco años de litigio".
El juez concluyó
que no había quedado acreditado que la mercantil incurriera en una
"conducta negligente" respecto a la entrada del virus en el geriátrico, a
su propagación ni a la atención dispensada a los pacientes. Este fue el
primer juicio celebrado en España por la demanda de familiares por las
muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia.
Los familiares creen que el hecho de "que no se haya probado
judicialmente la negligencia no significa que no existiera". Así,
califican el fallo como "doloroso y decepcionante" porque "perpetúa" una
"situación de desconocimiento, agravada por los interrogantes que
surgen respecto al abandono institucional".
"Casi cinco años
después, seguimos sin saber qué ocurrió realmente en la residencia para
que se produjera una tragedia de tal magnitud, con 74 personas
fallecidas", han enfatizado en un comunicado.
En cuanto a la
valoración de la sentencia, los demandantes "echan en falta" una "mayor
sensibilidad y rigor" en la valoración de los testimonios e informes
periciales. Consideran que "se ha dado credibilidad" a algunos informes
clínicos presentados por Quavitae, a pesar de que los propios familiares
"alertaron sobre la existencia de datos erróneos, falsos o
contradictorios".
La sentencia exime a Quavitae de
responsabilidad preventiva argumentando que "en ese momento no existía
ningún protocolo o normativa y que una mercantil no tenía por qué
adelantarse a esas medidas".
No obstante, los demandantes
consideran que una empresa como esta, "que gestiona la vida de personas
vulnerables, debería haber adoptado medidas preventivas adicionales, más
allá del cumplimiento formal de una normativa obsoleta de 2005".
También ven "especialmente indignante" que "los peritos de la parte
demandada utilicen la vulnerabilidad de los residentes para justificar
el elevado número de muertes en un corto periodo" y apuntan que "estas
personas ya eran frágiles mucho antes de la pandemia, pero que no
fallecieron juntas en un mes por casualidad".
En esta línea,
sostienen que "la reorganización de la residencia en febrero de 2020,
que concentró a los residentes más dependientes en una misma planta,
lejos de mejorar la atención, generó un entorno propicio para la
propagación de cualquier agente infeccioso".
"Lo que vivimos
en esos días fue un auténtico caos: personas agolpadas, gerocultoras
desbordadas e impotentes y una supervisión claramente insuficiente. Ese
descontrol fue la antesala del silencio que vino después", señalan.
Asimismo, los familiares recuerdan que la mercantil demandada
--Quavitae-- a través de su matriz DomusVI es "líder" en la gestión de
residencias en España y lamentan que "desde el inicio" ya sabían "a
quién se enfrentaban" y que eran "la parte débil" en este litigio.
"Una sentencia desfavorable podía sentar un peligroso precedente para
los intereses de DomusVI y otras mercantiles en la gestión de
residencias geriátricas. Por mucho que se quiera maquillar, entendemos
que no todos partimos en igualdad de condiciones cuando acudimos a la
justicia", argumentan.
De otro lado, los familiares creen que "desde el primer momento"
tuvieron "serias dificultades" para acceder a la documentación necesaria
para fundamentar su demanda.
Al respecto, ponen como ejemplo
que, en julio de 2020, la Fiscalía les "impidió" personarse como parte
afectada en las diligencias preprocesales, por lo que, según consideran,
"se les negó el acceso a información fundamental".
Además,
creen que la empresa gestora del geriátrico "actuó con mala fe" y con
"falta de colaboración", porque, de acuerdo con los demandantes, la
mercantil "aportó información sesgada, sin registros documentales claros
e incluso desobedeciendo en muchas ocasiones los requerimientos del
juzgado".
"A pesar de las observaciones presentadas por nuestros
abogados, la sentencia no refleja nada hacia esta actitud", lamentan.
También han criticado la "ausencia de apoyo institucional" por parte
de las consellerias de Sanidad y de Políticas Inclusivas --esta última,
denominada así durante el anterior gobierno del Botànic--.
Concretamente, aseveran que, aunque Sanidad intervino la residencia y
elaboró informes, "la mayoría de ellos no fueron facilitados" a los
familiares.
Asimismo, recuerdan que Mónica Oltra, en ese
momento vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
"afirmó públicamente que existían informes que advertían de posibles
negligencias graves" en el centro, pero que los demandantes "nunca"
pudieron acceder a esos dictámenes ni saben "qué se hizo" con dicha
información
Igualmente, lamentan que "no se haya constituido"
una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la residencia de
mayores de Alcoy, algo que anunció el PP el 18 de abril de 2024 en una
rueda de prensa. Los familiares aseveran que este procedimiento "hubiera
permitido acceder" a esos informes y "arrojar luz" respecto a lo que
pasó.
"Ya no la habrá, porque no somos políticamente rentables",
agregan.
"A pesar de todas estas trabas, nuestros
representantes legales consiguieron fundamentar la demanda, que fue
admitida a trámite, lo que consideramos un logro significativo", han
remarcado.
Además, aunque no van a recurrir la resolución
judicial, los familiares ya avanzan que "no renuncian" a esta "lucha":.
"El dolor que sentimos no se borra con una sentencia desfavorable ni el
recuerdo de quienes perdimos se apaga con el paso del tiempo".
Afirman que seguirán trabajando para que "las personas mayores reciban
el trato digno, humano y seguro que merecen".
Así, subrayan que lo harán por la "dignidad" de sus familiares y 74 fallecidos y para que en el futuro "ninguna familia tenga que vivir" una situación similar.
"Es
nuestro compromiso y no pararemos hasta lograrlo", enfatizan.
Finalmente, los demandantes han agradecido "de corazón" el "apoyo"
recibido por parte de profesionales de los medios de comunicación para
que este "grave suceso" no quedara "sepultado en el olvido".
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