ALICANTE.- Moviment Sumar País Valencià ha presentado una denuncia ante la Fiscalia
Especial contra la Corrupcion y Criminalidad Organizada para "poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos
de delitos contra la administración pública, relacionados con la
adjudicación de viviendas de protección pública" en la ciudad de
Alicante, concretamente en la zona de La Condomina de la Playa de San
Juan, a raíz de las últimas informaciones publicadas. Entre otras
cuestiones, reclama "esclarecer" si ese procedimiento "se desarrolló
conforme a los principios de igualdad y transparencia" y si hubo "trato
preferente".
Así se desprende de la documentación registrada
ante el Ministerio Público este viernes,
tras la publicación del diario 'Información' que asegura que entre los
adjudicatarios de esos inmuebles están un arquitecto municipal y la edil
de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos y un sobrino de quien hasta hace
unas horas ha sido directora general de Organización Interna,
Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante,
María Pérez-Hickman, quien ha dimitido de ese cargo después de la
polémica surgida al respecto.
En la denuncia, firmada por
Xavier López y Carmen Padilla, cocoordinadores de Moviment Sumar País
Valencià, la formación valora que "el hecho de que personas con
responsabilidades políticas, técnicas o vínculos familiares directos con
altos cargos municipales resulten adjudicatarias de viviendas públicas
destinadas a fines sociales resulta relevante y digno de especial
examen, al tratarse de recursos públicos limitados cuya adjudicación
debe regirse por los principios de igualdad, objetividad, transparencia y
ausencia de trato de favor".
"La concejala mencionada ostenta
actualmente la responsabilidad política directa sobre el área de
Urbanismo, ámbito material estrechamente relacionado con la
planificación y gestión urbanística del municipio, lo que implica una
proximidad funcional evidente con los expedientes administrativos
relativos a promociones públicas de vivienda", añade.
También
apunta que "aunque, según fuentes municipales citadas en prensa, dicha
persona habría solicitado la vivienda con anterioridad a su nombramiento
como concejala, esta circunstancia no excluye por sí misma la necesidad
de verificar si durante la tramitación del procedimiento" existió
"algún tipo de influencia directa o indirecta", "acceso a información
privilegiada" o "actuaciones que pudieran comprometer la imparcialidad
objetiva del procedimiento administrativo".
Precisamente,
sobre el caso de la edil de Urbanismo, el alcalde de Alicante, Luis
Barcala, ha señalado este viernes en una comparecencia sin preguntas
ante la prensa que ella "adquirió la condición o se incorporó a la
cooperativa" de esas viviendas públicas, donde "fue admitida en el año
2018, cinco años antes de entrar en política", es decir, "cinco años
antes de ser concejala".
"La licencia de obras para la
construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de
acceder a la política y acceder al puesto de concejala", ha apuntado
Barcala, al tiempo que ha resaltado: "Hasta donde tenemos conocimiento,
no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que
ver con este expediente de la vivienda social".
En la denuncia también se señala que puede haber un "posible
conflicto de intereses respecto de familiares de altos cargos
municipales", en alusión a la ya dimitida Pérez-Hickman.
En el escrito,
Moviment Sumar País Valencià habla de "dos hijos" de la ya exalto cargo
del consistorio, si bien el citado medio de comunicación publica este
viernes que a estas dos personas también se sumaría supuestamente un
sobrino.
"Según dicha información, la mencionada directora
general habría desempeñado funciones como secretaria del órgano técnico
municipal relacionado con la venta y gestión de la parcela sobre la que
se desarrolló la promoción de viviendas", indica.
A ello,
añade que "esta circunstancia plantea dudas razonables sobre la posible
existencia de un conflicto de intereses, en la medida en que una persona
con responsabilidades directivas o técnicas podría haber tenido
intervención, conocimiento o influencia en actuaciones administrativas
relacionadas con la promoción o adjudicación de las viviendas en las que
resultaron beneficiarios sus familiares directos".
Y recalca
que, "sin prejuzgar la legalidad de tales actuaciones, resulta necesario
verificar si se cumplieron los deberes legales de abstención, así como
si el procedimiento se desarrolló sin trato preferente, ventaja
informativa o interferencia indebida".
Sobre el arquitecto municipal, la denuncia registrada ante el
Ministerio Fiscal por Moviment Sumar País Valencià recalca que este,
"igualmente, figura como adjudicatario de una de las viviendas" y que
sobre él "la prensa informa que se encuentra investigado en una causa
penal abierta en el año 2024 por presuntos delitos de tráfico de
influencias y agilización irregular de trámites urbanísticos para
terceros".
"La concurrencia de esta circunstancia, unida a su
condición de funcionario municipal con conocimientos técnicos
especializados y posible participación en procedimientos urbanísticos,
refuerza la necesidad de un examen exhaustivo e independiente de su
intervención (directa o indirecta) en el expediente de adjudicación de
las viviendas de protección pública", se apunta en el escrito.
Según Moviment Sumar País Valencià, es necesaria una "investigación"
por "posible vulneración de principios de la administración pública",
pues "la concurrencia de todas las circunstancias" descritas
"constituye, al menos, un conjunto de indicios que justifican la
intervención del Ministerio Fiscal, a fin de esclarecer" si el
procedimiento de adjudicación "respetó estrictamente los requisitos
legales y reglamentarios", "se desarrolló conforme a los principios de
igualdad y transparencia", "garantizó la imparcialidad de los órganos
intervinientes" y "no incurrió en desviación de poder, tráfico de
influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales".
"Todo ello se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal sin
afirmación de culpabilidad alguna, y exclusivamente a los efectos de que
se practiquen las diligencias de investigación que se estimen
oportunas", concluyen los firmantes de la denuncia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario