La Comunitat y Andalucía reclaman al Gobierno que solicite la activación de las cláusulas de salvaguarda para el arroz

 VALENCIA.- La Comunitat Valenciana y Andalucía han reclamado conjuntamente al Gobierno de España que impulse ante la Unión Europea la activación "inmediata" de las cláusulas de salvaguarda frente a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar, ante el "grave impacto" que están teniendo sobre el sector productor.

La petición se recoge en una carta conjunta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que ambos gobiernos autonómicos reclaman que se utilicen los mecanismos "excepcionales disponibles" sin esperar a la entrada en vigor, en 2027, del nuevo sistema automático de salvaguardia.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha defendido esta posición en Madrid, con motivo de los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se celebran este miércoles en el Ministerio, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Barrachina ha advertido que las importaciones "en condiciones preferenciales" están provocando "el desplome del mercado español" y ha defendido que se activen las cláusulas de salvaguarda "sin esperar a que el perjuicio para los productores sea todavía mayor".

"Pedimos al Gobierno de España que actúe como nuestro representante ante Bruselas y utilice los mecanismos que existen para frenar unas importaciones que están haciendo un enorme daño al sector arrocero", ha señalado.

La carta conjunta plantea, además, otras medidas que la Comunitat Valenciana y Andalucía consideran necesarias para recuperar competitividad de sector, como un etiquetado que identifique "con claridad" el país de origen, la aplicación de las mismas exigencias ambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria a los productos importados, mayor agilidad para autorizar tratamientos fitosanitarios imprescindibles y el impulso del uso de drones.

Barrachina ha incidido especialmente en la transparencia para el consumidor y ha reclamado que las etiquetas permitan distinguir dónde se ha producido realmente el arroz. "No es razonable que la única referencia geográfica que encuentre el consumidor sea 'envasado en España' cuando ese producto puede no contener un solo grano de arroz español", ha afirmado.

El conseller ha reclamado también una "mayor capacidad de respuesta" frente a las plagas y enfermedades que afectan al cultivo. En este sentido, ha recordado las dificultades encontradas esta campaña para determinados tratamientos y ha pedido que las autorizaciones necesarias puedan tramitarse "con mayor agilidad".

En el Consejo Consultivo de Política Pesquera, Barrachina ha reiterado la posición que la Comunitat Valenciana viene defendiendo junto al resto de comunidades mediterráneas para adaptar la regulación europea a las características de la flota artesanal.

El conseller ha reclamado que se amplíen los días de pesca de los arrastreros del Mediterráneo y que las decisiones que afectan a su viabilidad "dejen de adoptarse año a año, obligando al sector a esperar hasta diciembre para conocer en qué condiciones podrá faenar durante el ejercicio siguiente".

"No podemos jugar cada mes de diciembre con la viabilidad de las empresas pesqueras y con la vida de nuestros pescadores. Necesitan más días de pesca y un horizonte regulatorio que les permita saber con tiempo cuáles van a ser las reglas", ha señalado Barrachina.

La Generalitat respalda en este sentido los avances abordados junto al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para introducir "mayor flexibilidad" en la gestión del Mediterráneo y adaptar la normativa comunitaria a las singularidades de su flota.

Barrachina ha reclamado además que las decisiones sobre el esfuerzo pesquero se fundamenten en la evidencia científica y en la evolución real de los recursos. "Queremos que la ciencia sea la que determine las decisiones y que los cambios tengan estabilidad suficiente para que los pescadores puedan planificar su futuro", ha afirmado.

El conseller ha insistido en que la protección del Mediterráneo "debe ser compatible con la continuidad de una actividad económica y social ligada históricamente a sus municipios costeros" y ha rechazado que la respuesta "pase por seguir reduciendo la flota artesanal española".

"Proteger el mar y garantizar el futuro de nuestros pescadores son objetivos compatibles. Lo que pedimos es una regulación que entienda la realidad del Mediterráneo y permita que nuestra flota siga trabajando", ha concluido.