VALENCIA.- La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha advertido este lunes que «vamos a tener un otoño más que calentito» si el Consell no convoca las mesas de diálogo social y «las patronales no se avienen a negociar» incrementos mínimos salariales del 4 por ciento en convenios colectivos y de hasta un 7% en sectores productivos donde los salarios son más bajos.
Así se ha pronunciado en una rueda de prensa junto a la secretaria de Elecciones Sindicales de CCOO PV, Nuria Lázaro, para explicar los retos de la organización sindical para este inicio de curso, en el que se pone en marcha «un periodo álgido de concentración de los procesos sindicales» en los centros de trabajo.
La dirigente de CCOO PV ha puesto sobre la mesa los «grandes retos» para este inicio de curso, que ha resumido en cuatro ámbitos: el reparto de riqueza y el diálogo social; los servicios públicos y la financiación autonómica; la vivienda «digna» y «el retroceso en derechos».
Respecto al primer punto, García ha señalado que se está produciendo una «paradoja inaceptable» en la que la economía española y el empleo crecen pero «los trabajadores no llegan a fin de mes».
Así, ha expuesto que, entre 2018 y 2026, el valor añadido bruto por persona asalariada ha crecido un 44%, los márgenes empresariales un 55% pero «los salarios medios en nuestro territorio tan solo un 33%, mientras la inflación y la »escalada desorbitada de la energía están devorando el poder adquisitivo de las familias".
Ana García ha precisado que se prevé realizar movilizaciones a nivel nacional para dar un «toque de atención» a las patronales «en torno a finales de octubre», para presionar en las negociaciones de convenios.
En la Comunitat Valenciana, ha detallado, las subidas salariales planteadas en los procesos abiertos rondan el 3%, lo cual considera «claramente insuficiente».
Los sectores más afectados coinciden con actividades altemenfe feminizadas y remuneraciones bajas, como la atención a domicilio, la limpieza o la recolección y manipulación de cítricos.
García ha puntualizado que «no hay mucho conflicto» con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), con quien los sindicatos mantienen un diálogo fluido que permite trabajar para «desencallar» negociaciones de determinados convenios.
Así, se espera «relativo conflicto» en negociaciones más relaciones con la CEOE y ámbitos como el de la banca.
Por otra parte, ha denunciado la «parálisis del diálogo social» en la Comunitat Valenciana, que está «tremendamente congelado» porque «no se convoca ninguna mesa del diálogo social».
Según Ana García, «con el repunte que ha habido ahora de los precios, ya deberíamos de tener encima de la mesa una convocatoria para analizar desde el gobierno valenciano qué tienen que hacer y qué medidas se pueden proponer», ha comentado.
La secretaria general de CCOO ha señalado que la «falta de escucha» por parte del Consell se viene «reiterando en el tiempo» desde el inicio de la legislatura y ha mencionado los conflictos abiertos y movilizaciones por las condiciones de la plantilla de servicios sociales o la educación pública.
«Exigimos al Consell que abandone ese tacticismo político que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. Y apelamos a la patronal a asumir su responsabilidad. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa a través de los salarios», ha expresado.
La dirigente sindical también ha criticado los votos de la derecha «en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía», y se ha referido a la reforma laboral, las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, entre otras medidas.
Ana García también ha puesto el foco en el «deterioro paulatino del estado de bienestar» y en cómo «la ciudadanía está poniendo de su bolsillo dinero que no tiene» para financiarse residencias socio-sanitarias, consultas médicas y matrículas educativas ante una oferta pública «insuficiente» que lleva a «pagar dos veces» para acceder a los servicios.
García ha añadido que «es una irresponsabilidad histórica la actitud del Gobierno valenciano ante el modelo de financiación que se está planteando».
«Es un puro acto de partidismo. El Consell está rechazando la propuesta del Ejecutivo de poder incrementar las arcas públicas en casi 3.700 millones de euros para dedicarlos a los servicios públicos. Estamos hablando de un 18% más de incremento de recursos que con el sistema anterior», ha subrayado.
Por otro lado, ha advertido que «la crisis de la vivienda está devorando cualquier avance social».
Ha reprochado «la falta de medidas valientes por parte del Consell» y ha pedido la aplicación de la ley estatal para limitar los precios de alquiler y compra con una declaración de zonas tensionadas; la limitación de la vivienda turística y de la vivienda de uso temporal; la ampliación del parque público de vivienda; actuaciones sobre la vivienda vacía; promover el alquiler seguro y asequible y ayudas específicas para la juventud y los colectivos vulnerables.
Por otro lado, Nuria Lázaro se ha referido a los procesos de elecciones sindicales que afronta CCOO con el objetivo de que «la participación en las empresas y los centros de trabajo sea tan numerosa o incluso más de lo que ha sido hasta ahora».
También ha puesto el foco en llegar a las empresas pequeñas que aún no tienen representación sindical y ha reivindicado un cambio normativo para hacerla posible en las de menos de cinco trabajadores.
CCOO PV cuenta con cerca de 13.000 delegados sindicales, de los más de 35.000 que hay en la Comunitat Valenciana, ha detallado. Además, casi el 45 por ciento de su representación sindical son mujeres.
En el conjunto de la Comunitat, desde el 8 hasta el 31 de diciembre del 2027, se ha de proceder a la renovación de más de 19.000 delegados, de los cuales CCOO PV representa el 35%.
En este contexto, Ana García ha acusado a la Conselleria de Sanidad de «intentar impedir las elecciones sindicales» y «esquilmar el número de delegados» al que el conjunto de sindicatos pueda acceder.
En concreto, ha señalado que la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat cambió las unidades electorales, de los tradicionales departamentos de salud a unas agrupaciones más amplias. Ha explicado que se aplicaron medidas cautelares y que el asunto ha llegado a instancias judiciales, dejando las elecciones en «una especie de limbo».
