Los desahucios se reducen un 7,7% en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre del año

 VALENCIA.- El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 en la Comunitat Valenciana ha sido de 1.006, cifra que supone un 7,7% menos que en el mismo trimestre de 2023, según se desprende de un informe publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

De estos desahucios, 497 se practicaron en la provincia de Valencia, 412 en la de Alicante y los restantes 97 en la de Castellón. El 70 % de esos lanzamientos, 705, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 253 -el 25,15% del total- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 48 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron un 12,2 % durante el periodo analizado en la Comunidad Valenciana. Por su parte, los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 0,8%. Los derivados de otras causas, que fueron 48, se incrementaron un 33,3%.

Cataluña --con 2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional-- ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2024, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunitat Valenciana, con 1.006 y Madrid, con 831.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8 % del total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunitat Valenciana, con 705.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunitat Valenciana, 253 y en Murcia, 129.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2024 en territorio valenciano fue de 2.246, un 3,6% menos que en mismo trimestre de 2023. De ellos, 1.166 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una reducción interanual del 6,7%.

En el segundo trimestre del año se presentaron en los juzgados valencianos un total de 862 ejecuciones hipotecarias, un 5% más que en el mismo periodo de 2023. Por provincias, 416 de ellas se presentaron ante los órganos judiciales de la provincia de Alicante mientras que 363 lo hicieron en la provincia de Valencia y las restantes 83 en la de Castellón.

En la comparativa nacional, el mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, un 22,6 % del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.122; la Comunitat Valenciana, con 862; y Madrid, con 529.

Sin embargo, si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunitat Valenciana, con 16,1 y Andalucía, con 14,1.

Por otra parte, el informe proporciona información sobre las demandas de despido. En el segundo trimestre de 2024, se presentaron en territorio valenciano 5.405, un 19,7% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellas, 3.260 se presentaron en la provincia de Valencia, 1.770 en la de Alicante y 375 en la de Castellón.

Madrid, con 8.361, que representa el 20,1 % del total nacional, fue el territorio en el que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 7.544; Andalucía, con 6.996 y la Comunidad Valenciana, con las citadas 5.405.

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de este año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la comunidad Valenciana sumaron 32.470, lo que supone un descenso interanual del 7,1%. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 16.478, en la de Alicante, 12.989 y los restantes 3.003 se presentaron en la provincia de Castellón.

La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 56.469; Madrid, con 49.142; Cataluña, con 34.770 y la Comunidad Valenciana, con 32.470. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Bajan un 25,5% de los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2024 ingresaron en la Comunitat Valenciana 102 procedimientos de este tipo, un 25,5% menos que el año anterior. Por provincias, 63 correspondieron a la de Alicante, 29 a la de Valencia y 10 a la provincia de Castellón. 

A nivel nacional ,en Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (128), que representan el 20 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 120 y la Comunitat Valenciana, con 102.

El concejal de EU en Alicante denuncia «violencia policial» al intentar frenar un desahucio

ALICANTE.- Ali, un hombre de 73 años en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, ha sido desahuciado este miércoles del domicilio en el que vivía alquilado en la calle Heliondo Guillen, del casco antiguo de Alicante.

 Durante el desalojo por parte de la Policía Nacional, varias personas han resultado heridas, entre ellas el portavoz de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, según ha denunciado la formación política.

El Sindicat de Barri Carolines había realizado un llamamiento al vecindario para tratar de parar el desahucio este miércoles, que previamente también habían tratado de detener con la aportación del certificado de vulnerabilidad de Ali, pero el desalojo ha seguido en marcha.

Por ello, este miércoles se han congregado a las puertas de la vivienda más de 40 personas, con pancartas con lemas como ‘La avaricia rompe el barrio’ o ‘No a la vivienda como bien de consumo’, pero no han logrado detener el desahucio.

Al respecto, la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante ha afirmado que han ofrecido a Ali una «doble solución habitacional». 

Por un lado, le han propuesto alojamiento temporal en un hostal y, por otro, gestionar una plaza en una residencia. No obstante, fuentes municipales han sostenido que el afectado «ha rechazado las dos y ha decidido alojarse por el momento en casa de un allegado».

En cuanto a la actuación policial, el representante de Sindicat de Barri Carolines ha señalado que, a la llegada, los agentes se han acercado dos veces a ellos y «poca mediación ha habido». 

«Han empezado a sacarnos a todos en volandas y con violencia», ha expresado.

El portavoz de EU-Podem en el consistorio alicantino, Manolo Copé, ha sido uno de los manifestantes y ha declarado que la Policía ha ejercido «brutalmente la violencia hacia las personas que se encontraban concentradas pacíficamente». 

De hecho, ha añadido que él mismo ha sido uno de los heridos, tras ser «empujado por las escaleras» por un agente, lo que le ha provocado una herida sangrante en la cabeza.

Tras ello, y después de recibir atención sanitaria en un centro de salud, el edil ha acudido a la comisaria de la calle Médico Pascual Pérez para interponer una denuncia por lo ocurrido, según ha indicado EU en un comunicado.

Copé ha expresado su «más enérgica repulsa hacia la violencia ejercida». 

«La Policía Nacional lleva años ejerciendo la violencia contra la izquierda en manifestaciones, concentraciones y demás convocatorias organizadas por la sociedad civil. La actuación policial en esta ciudad, excepto en casos puntuales, se caracteriza precisamente por, ante situaciones que requieren un mínimo de empatía y tacto, utilizar la brutalidad para posibilitar que se eche a la calle a gente sin recursos y en situaciones de vulnerabilidad», ha aseverado.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han explicado que no harán comentarios hasta que no tengan finalizadas las diligencias de lo ocurrido.

Raúl Font, miembro del Sindicat, ha lamentado que el juez «desestimó la causa y dio por válido el desahucio» este martes, «atendiendo a que no era una persona vulnerable».

 «Si una persona con 73 años, sin alternativa habitacional y con una salud delicada no es una situación de emergencia, no sé qué puede ser de emergencia», ha criticado.

Font ha lamentado que, en este caso, no ha sido un fondo buitre quien ha obligado a Ali a abandonar el domicilio en el que pagaba el alquiler y donde vivía desde hacía dos años, sino que ha sido un particular.

 «A veces son nuestros propios vecinos los que están favoreciendo que suba tanto el precio del alquiler, porque se convierten en rentistas y empresarios de medio pelo, tirando a la gente para subir el precio», ha censurado.

Además, ha apuntado que Ali ha denunciado al propietario de la vivienda porque «le ha estado amenazando» desde el pasado mes de diciembre, con prácticas como «cortarle el agua o la luz».

 «Le dijo directamente de echarle, no hubo una negociación», ha afirmado Font.

El representante del Sindicat ha lamentado que Ali se encuentra «en un callejón sin salida, no tiene solución», por la larga lista de espera del Evha y los trámites requeridos para conseguir el certificado de emergencia habitacional.

La imagen de una niña en medio de un desahucio en Alicante se viraliza en redes sociales

ALICANTE.- Las redes sociales han viralizado la foto de una niña de corta edad en pleno desahucio de una vivienda en Alicante. En la imagen aparece una pequeña de entre dos y tres años, que lleva puesto lo que parece ser un pijama, y está observando como el cerrajero cambia la cerradura de la que era su casa. 

Los hechos se produjeron durante la mañana de este martes, cuando varios agentes de la Policía Nacional procedieron al desahucio de una vivienda en el barrio alicantino de La Florida. 

Según publicó Información hace unos días, en la casa vivía una joven madre junto a sus dos hijos, de dos y tres años.

Jennifer Riera tiene 20 años, y lleva año y medio viviendo una casa que no es suya. No tiene papeles sobre ella y tampoco ha pagado ningún mes de alquiler. La chica recibe una renta activa de inserción de 451,92 euros, una cantidad que le impide pagar la renta de una vivienda y mantener a dos niños a la vez, según El Español. 

Objetivo: alquiler social

El abogado de la chica, Samuel García, sostiene que la vivienda es propiedad de un banco, y que en el momento de la ocupación esta estaba vacía. Cuando llegaron las autoridades, Jennifer todavía estaba sacando bolsas de basura con sus cosas dentro. Unas amigas habían ido hasta allí para ayudarla con la mudanza. 

Según contaron Información y La Vanguardia, la joven pensaba mudarse con los niños a la casa de su madre de forma temporal, y hasta conseguir un alquiler social.

Parece ser que el caso de Jennifer y sus dos niños cumplía con los requisitos para poder acogerse a la nueva ley del Gobierno sobre los desahucios provocados a raíz de la pandemia. El abogado ya ha asegurado que él seguirá trabajando para ayudar a la familia a encontrar un hogar.

"Esto es un desalojo en Alicante y yo quería explicar lo que veo, pero no hace falta. Esta niña a mí me duele mucho. La foto es de Héctor Fuentes para Informacion", escribía Fernando Bustamante en su perfil de Twitter. 

Ahora, el mensaje acumula 2.067 'Me gusta' y más de un millar de 'Retweets'. Las opiniones de los usuarios han sido diversas, pero lo que está claro es que la imagen de una niña en medio de un desahucio no ha dejado a nadie indiferente. 

Los desahucios han caído un 55% en lo que va de año

 MADRID.- El número total de desahucios (lanzamientos en la jerga judicial) sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55 % menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre el año anterior, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al tiempo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido sus cifras de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad (el procedimiento que puede dar lugar al desahucio) en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzaron las 8.648, el 29,3 % menos que en ese mismo periodo de 2019, con lo que acumulan 22 trimestres de descensos.

El Gobierno ha anunciado que paralizará los desahucios (de casas en propiedad y en alquiler) para familias vulnerables y "dará cobertura" a aquellas otras, también en esa situación, que ocupen viviendas sin tener contrato mientras dure el estado de alarma, siempre que los propietarios sean grandes tenedores -fondos de inversión y titulares de más de diez propiedades-.

Según el CGPJ, en el tercer trimestre se practicaron un total de 7.096 lanzamientos, un 30,2 % menos que en ese mismo periodo del año anterior. De ellos, 5.190 fueron de alquiler (el 73,1 %), 1.564 (el 22 %) se derivó de ejecuciones por no pagar la hipoteca y los 342 restantes obedecieron a otras causas.

El órgano de gobierno de los jueces señala que después del impacto que el confinamiento y la suspensión de plazos procesales tuvo en el trabajo judicial en el segundo trimestre, en el tercero se retomó la actividad y se empezaron a ver los efectos de la crisis económica provocada por la covid-19.

Las cifras del CGPJ reflejan una nueva caída en los lanzamientos hipotecarios, de manera que acumulan ya 21 trimestres consecutivos de descenso. En el caso del alquiler se trata del sexto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía, con 1.168, fue la comunidad en la que se practicaron más desahucios; seguida de Comunidad Valenciana (1.137), Cataluña (1.117), y Madrid (622).

En alquiler, el mayor número de lanzamientos se dio en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, y en compra, encabeza el listado la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía, Cataluña y Murcia.

Además, el Consejo del Poder Judicial ha publicado cifras sobre procedimientos de cláusulas abusivas: en el tercer trimestre se dictaron 23.128 sentencias, el 98,3 % de las cuales fueron estimatorias.

Las cifras sobre procedimientos por ocupación ilegal de viviendas cuyos propietarios no son grandes tenedores (fondos de inversión o ciudadanos que tienen al menos diez propiedades) reflejan que en el tercer trimestre de 2020 ingresaron 983, se resolvieron 770 (634 antes) y están en trámite 2.741 (1.896 en el tercer trimestre de 2019).

Por su parte, los datos del INE reflejan que las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre (8.648) son superiores en un 56,3 % a las del segundo, cuando no se registró ningún embargo de vivienda habitual porque con el estado de alarma se produjo una moratoria de las deudas hipotecarias.

Entre julio y septiembre se produjeron 1.804 ejecuciones de viviendas habituales en propiedad de personas físicas, un 82,2 % más que en el mismo trimestre de 2019. Otras 501 ejecutadas no eran el domicilio principal.

Además hubo 2.451 embargos de viviendas cuya titularidad correspondía a personas jurídicas y se inscribieron 3.174 títulos (36,7 % del total) sobre otras propiedades urbanas como locales, garajes y trasteros, 300 más sobre solares y 418 sobre fincas rústicas.

El 82,1 % de las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre fue sobre vivienda usada (3.907, un 10,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior) y el 17,9 % restante, sobre nueva (849, con un descenso del 38,7 %).

La mayoría de las hipotecas (el 53,2 %) que ahora son objeto de ejecución fueron constituidas en el periodo 2005-2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, según el INE.

Por comunidades autónomas, el mayor número de embargos en el tercer trimestre se produjo en Andalucía (1.734), seguido de Comunidad Valenciana (1.622) y Cataluña (1.491) y las cifras más bajas se dieron en Navarra (21), País Vasco (29) y Baleares (58).

Con los datos de viviendas de personas físicas, la comunidad en la que hubo más certificaciones fue la Valenciana (481) seguida de Cataluña (469), y Andalucía (432), mientras que las menores fueron en Navarra (11), País Vasco (18), Baleares (20) y Cantabria (23).

El economista e investigador del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol Carlos Victoria alerta sobre el aumento de las ejecuciones sobre vivienda habitual y añade que a futuro todo dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria y la económica y de la extensión de la moratoria de deuda hipotecaria.

Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, destaca que aunque va bajando el volumen, más de la mitad de las ejecuciones son sobre hipotecas concedidas durante la burbuja inmobiliaria.

Los desahucios caen un 8,6 % en la Comunidad Valenciana en el tercer trimestre

MADRID.- El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre del año fue de 1.440, un 8,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, y la convierte en la tercera autonomía, tras Cataluña y Andalucía, con mayor volumen de desahucios.

Además, según publica este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atendiendo únicamente a los producidos a consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, vinculados al alquiler, son 881 en la Comunitat Valenciana, y en cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, son 486 en la Comunitat.

El informe destaca igualmente la evolución a la baja de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, y en el caso de la Comunitat Valenciana también la tercera autonomía más afectada por los embargos, con 513.

Además, entre julio y septiembre se han presentado en la Comunitat 141 demandas por ocupación ilegal de viviendas en los casos den los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

A nivel nacional, el número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el tercer trimestre del año fue de 10.177, su nivel más bajo desde que se iniciaran los registros en 2013, tras caer un 11,9 % en tasa interanual, según los datos del CGPJ.

A tenor del "Informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales", esta situación obedece al nuevo desplome sufrido por los desahucios consecuencia de ejecuciones o embargos, que han bajado un 25,8 % hasta los 2.526.

Aunque de forma más moderada, los lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) también han vuelto a caer en este periodo, esta vez un 7,7 % (6.936), tras descender el trimestre anterior por primera vez en dos años; no obstante, continúa siendo el tipo de procedimiento más frecuente.

Los datos revelan además que el número de lanzamientos solicitados entre julio y septiembre fue de 12.715, un 5,4 % menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Con todo, como recuerda el CGPJ en una nota de prensa, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 2.239 (el 22 % del total nacional) concentró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, seguida de Andalucía, con 1.754; Comunidad Valenciana, con 1.440; y Madrid, con 1.147.

Estos cuatro territorios acumularon el 64,7 % del total de lanzamientos practicados en España en el tercer trimestre de 2019.

Atendiendo únicamente a los producidos a consecuencia de la LAU, esto es, vinculados al alquiler, volvió a encabezar la clasificación Cataluña, con 1.539, el 22,18 % del total, seguida de Andalucía, con 1.046; Madrid, con 941; y la Comunidad Valenciana, con 881.

En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, se sitúa al frente de la lista Andalucía, con 560, el 22,16 % del total, Comunidad Valenciana, con 486; Cataluña, con 428; y Murcia, con 222.

El informe destaca igualmente la evolución a la baja de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, presentadas en este mismo periodo, cuando se redujeron un 45,1 % hasta las 3.470, frente a las 6.315 del tercer trimestre de 2018.

Como sucediera con los desahucios, es precisamente Cataluña, con 973, casi un tercio del total nacional, la comunidad autónoma más afectada por los embargos, junto a Andalucía, con 580; Comunidad Valenciana, con 513; Madrid, con 255; y Murcia, con 172.

Desde el pasado año, el informe recoge asimismo la estadística de juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas en los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Entre julio y septiembre de 2019 han ingresado 982 asuntos y se han resuelto 634; el mayor número de demandas, el 24,3 % del total, se ha dado nuevamente en Cataluña, seguida de Andalucía (150), Comunidad Valenciana (141), y Madrid (111).

Los desahucios por impago de alquileres descienden por primera vez en dos años

MADRID.- Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 6,6% en el segundo trimestre del año, lo que supone el primer descenso desde el segundo trimestre de 2017, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 32,9%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' del CGPJ, que muestra que el número de lanzamientos practicados durante el segundo trimestre de 2019 alcanzó la cifra de 14.756, lo que supone un descenso global del 14% respecto al mismo trimestre del año pasado.

El 66,4% de ellos (9.802) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 25,79% (3.806) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 32,9%. De este modo, se acumulan 16 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios.

Por su parte, los desahucios por impago de alquiler retroceden un 6,6%, su primera bajada desde el segundo trimestre de 2017, cuando disminuyeron un 0,3%.

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.433, que representan el 23,3% del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el abril y junio. 

Le siguen Andalucía (2.456), la Comunidad Valenciana (1.960) y Madrid (1.637).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.281, el 23,3% del total), seguida por Andalucía (1.336), Madrid (1.269) y Comunidad Valenciana (1.194).
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (934), seguida por la Comunidad Valenciana (694), Cataluña (689) y Murcia (311).
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". 

Además, explica que "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 18.594, un 9,4% menos interanual. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento negativo (-12,1%).
Durante el segundo trimestre se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, un 46% menos interanual. La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, el 20,4% del total nacional; le siguieron Andalucía, con 740; la Comunidad Valenciana, con 538; Madrid, con 446; y Murcia, con 218.
Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el segundo trimestre han ingresado 953 demandas, de las que se han resuelto 772. El mayor número de ellas (254, que representan el 26,7% del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (221), la Comunidad de Madrid (92) y la Comunidad Valenciana (90).

El Consell negocia mejorar el convenio con 'Bankia' sobre desahucios

VALENCIA.- La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado hoy que el Consell ha empezado a negociar la mejora del convenio con Bankia cuantitativa y cualitativamente para aumentar el número de beneficiados del plan para evitar desahucios.

En la sesión de control al Consell de esta tarde en el pleno de Les Corts, Salvador ha adelantado que ya se han mantenido las primeras reuniones con la entidad bancaria, que se ha mostrado receptiva a sus peticiones, según informa la Generalitat.

Con la modificación del convenio se ampliará el alcance para que las personas desahuciadas a las que se les ofrece una vivienda no sean solo clientes de Bankia como hasta ahora, sino también de otras entidades financieras.

Además, se pretende generar más oferta de viviendas, ya que se permitirá que las personas desahuciadas puedan permanecer en sus viviendas mediante un alquiler social, por lo que, según la Generalitat, "se amplía tanto el sujeto, con más beneficiarios, como el objeto, con más viviendas".

Salvador también ha señalado que los resultados que está dando este convenio de colaboración firmado en 2012 están siendo, de momento, "modestos".

Sin embargo, ha explicado que el actual gobierno valenciano "ha sabido rentabilizar mejor este convenio", ya que, en el primer semestre de 2015 el antiguo gobierno del PP solo entregó nueve viviendas mientras que en el segundo semestre el nuevo Consell ha conseguido que se entreguen diecinueve.

Una jueza de Orihuela declara su juzgado "incompetente" en la demanda de desahucio del Palacio de Justicia

ORIHUELA.- La titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Orihuela ha declarado su tribunal "incompetente" para conocer la demanda de juicio verbal de desahucio por precario del Palacio de Justicia de la localidad, presentada por el Ayuntamiento oriolano contra la Conselleria de Justicia, al tiempo que ha apuntado como "territorialmente competente" al juzgado de primera instancia de Alicante.

   En un auto fechado el pasado 14 de junio, remitido por el consistorio de la población, la juez entiende que los juzgados competentes para conocer la presente demanda son los de Alicante, como capital de provincia, en base al artículo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

   Esta norma establece un fuero territorial especial para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sea parte el Estado, los organismos públicos o los órganos constitucionales, "de lo que cabe entender que dicha especialidad foral se refiere al Estado y órganos públicos dependientes de él y órganos que la Constitución específicamente establece".

   Así, cita la subdisposición Adicional Cuarta, que "extiende su aplicación expresamente a las comunidades autónomas y entidades de derecho público dependientes de ella, como ocurre en el presente caso, en que la demanda se formula frente a la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana".

   De este modo, la juez declara la "incompetencia territorial" de su tribunal para conocer la demanda de juicio verbal de desahucio por precario, al tiempo que considera "territorialmente competente" al juzgado de primera instancia de Alicante, "que por turno de reparto corresponda", por lo que dispone remitir al juzgado decano de la circunscripción declarada las actuaciones.

Disidentes cubanas acogidas en Alicante, desahuciadas al dejar recibir ayudas

ALICANTE.- Disidentes cubanas residentes desde 2011 en Alicante, adonde llegaron gracias a un programa de acogida impulsado por el Gobierno central, van a ser desahuciadas al haber dejado de recibir ayudas estatales y por la dificultad de encontrar un empleo, según ha conocido el Síndic de Greuges.

La institución ha responsabilizado a las administraciones de no haber asumido sus responsabilidades públicas de ayuda social a estas mujeres, una de las cuales podría ser separada de sus hijos si resulta desahuciada, "con la misma intensidad que deberían garantizar al resto de ciudadanos españoles".

El Sindic reprocha al Estado haber promovido un programa de ayudas "sin ningún tipo de previsión", que agotó las ayudas el primer año, y que ha llevado a las disidentes a una situación de "extrema vulnerabilidad".

Para paliar la situación de estas mujeres, el Síndic recomienda al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y al Ayuntamiento de Alicante que concedan de forma urgente una vivienda social a las familias de estas mujeres y diseñen un Plan de intervención social para atender sus necesidades antes de que puedan desplazarse a Miami, como es su deseo.

A Cáritas Diocesana, el Sindic le pide que "asuma la especial responsabilidad que la Iglesia Católica tiene" al haber mediado en el proceso de entrada de las disidentes, aportándoles la ayuda humanitaria necesaria para evitar su exclusión social.

Además, considera que la Consellera de Bienestar Social debería elaborar un informe de situación y adoptar las medidas que le correspondan para atender y promover la inserción de estas mujeres.

Las mujeres llegaron a España en 2011 en el marco de un programa por el que España acogió a 120 disidentes políticos cubanos y a cientos de familiares suyos, la mayor parte de ellos fuera de Madrid.

Durante el primer año, el Gobierno central cubrió sus necesidades básicas a través de un programa de asistencia financiado íntegramente por el Ministerio con el Fondo Social para refugiados, que ha sido desarrollado mediante acuerdos con Cruz Roja, y que les ha ofrecido un alquiler, subsidios mensuales, ropa y material escolar.

A partir de 2012, las disidentes que se han dirigido al Síndic solo han recibido ayudas de emergencia y puntuales del Ayuntamiento de Alicante, Cáritas y Cruz Roja.

La crisis económica en España ha convertido en "materialmente imposible" que estas mujeres encuentren un trabajo, situación agravada por la reducción de prestaciones sociales en España, lamenta el Síndic.

Ante la amenaza de desahucio solicitaron viajar a Miami, donde se han instalado otros compatriotas acogidos al mismo programa, gracias a un programa especial de visados estadounidense.

Al conocer su situación, el Síndic ha intentado mediar para evitar el desahucio de las mujeres cubanas, dirigiéndose en primer lugar a la Subdelegación del Gobierno para que pidiera al Ministerio de Asuntos Exteriores que cubriera los costes y los visados para viajar a Miami, sobre lo que el Estado no ha respondido todavía.

Al no recibir contestación, el Sindic pidió ayuda a Cáritas, que el pasado abril le comunicó que solo podía ofrecer "ayudas puntuales de comida, ropa y pequeños gastos", y en ningún caso podía ofrecerle una vivienda, ya que hay lista de espera.

Desde el Ayuntamiento de Alicante se le informó de que solo puede ofrecer el centro de acogida municipal, de modo que, finalmente, el desahucio de una de ellas fue ejecutado el pasado 7 de mayo.

El Sindic lamenta que el acuerdo del Gobierno español "no fue realizado con la suficiente previsión", algo que a su juicio "contrasta llamativamente con el gran despliegue mediático que acompañó la entrada de los ciudadanos cubanos".

Además, ha criticado que "ninguna administración local, autonómica o estatal ha establecido un plan complementario", convencido de que se han marcado "diferencias" en los apoyos prestados a estas familias respecto a otras españolas.

Ximo Puig asegura que con "menos de 200.000 euros" se habrían parado durante 2012 los desahucios en la provincia de Alicante

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que con "menos de 200.000 euros" se habrían parado los 2.800 desahucios registrados en la provincia de Alicante durante 2012, "si se hubieran aplicado" las medidas propuestas por los socialistas valencianos en una proposición de ley de carácter preventivo contra los lanzamientos registrada en las Corts Valencianes.

   Puig se ha expresado en estos términos en la capital alicantina, donde este martes ha presentado esta ley junto a la portavoz de Vivienda del PSPV en la cámara autonómica, María José Salvador, y al secretario general de la agrupación local socialista en la ciudad, Gabriel Echávarri. Así, ha recalcado que con este planteamiento su formación política "quiere atender a la prevención, desde el momento en que una persona empieza a tener dificultades para pagar el alquiler".

   Durante su intervención, ha explicado que la "pionera" normativa de su partido plantea como "principal medida" que la Generalitat valenciana "se convierta en agente de intermediación preventiva" entre el ciudadano y la entidad financiera para evitar los procedimientos de desahucio.

   Asimismo, ha destacado como una de las novedades de su proposición la firma de un contrato de alquiler con derecho a compra "a tres bandas", entre el Gobierno valenciano, el banco y el propietario del piso, al tiempo que ha agregado que el Consell "debe ser un agente activo y no seguir de brazos cruzados ante un problema de miles de valencianos que están abocados a la exclusión".

   En este sentido, ha propuesto que para reducir "considerablemente" el alquiler de los pisos se "trate" a la ciudadanía "como al 'banco malo', con una quita" del 50 por ciento sobre el precio de la vivienda en aplicación del Real Decreto Ley 2/2012, del 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

   El líder de los socialistas valencianos ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía en número de desahucios durante el pasado año, con un total de 7.048 procedimientos ejecutados, por lo que ha incidido en que a través de las propuestas del PSPV "un 60 por ciento" de los citados lanzamientos "se habrían evitado con un presupuesto de 700.000 euros anuales".

   "El Estatuto de Autonomía es un buen instrumento que en la parte social está totalmente abandonado por parte del Gobierno valenciano, pero debe cumplir con sus obligaciones. Siguiendo el desarrollo de sus artículos 14 y 15 estamos planteando esta Ley de Función social de la Vivienda", ha manifestado.

   Igualmente, ha considerado que el texto desarrollado por los socialistas es "pionero", ya que plantea actuar desde el Ejecutivo regional antes del desahucio, y ha resaltado que "todos los planteamientos que se habían anunciado partían de una situación" posterior al lanzamiento.

   "Pretendemos que la Generalitat se convierta en un agente de intermediación preventiva para evitarlo --el desahucio-- a través de la firma de un contrato entre el Gobierno, el banco y el ciudadano para que este último pueda mantenerse en su casa", ha explicado, de la misma manera que ha matizado que "lo que se propone es una expropiación de usufructo a tres años", por la que "la entidad se quede con la propiedad, pero ostentándola el ciudadano y su familia".

Los dos detenidos en el intento de parar un desahucio quedan en libertad

ALICANTE.- Las dos personas que este martes han sido detenidas en Alicante durante el intento por frenar un desalojo, acusadas de resistencia y atentado contra los agentes de Policía cuando éstos han abierto paso entre los manifestantes de Stop Desahucios que bloqueaban el acceso a la vivienda, han sido puestas en libertad y citadas este próximo miércoles a un juicio rápido, según han informado fuentes policiales y del colectivo ciudadano.

   La convocatoria para detener el lanzamiento también se ha saldado con otras cuatro personas lesionadas, entre ellas la hija de 15 años de la pareja afectada, que ha sufrido una ataque de ansiedad.

   Los arrestados son una mujer, --madre de otra familia que tiene señalado su lanzamiento para el próximo 26 de mayo--, y un joven, ambos cubanos disidentes del régimen castrista, quienes, al igual que la familia desahuciada, llegaron en 2011 de acuerdo con un convenio entre la Iglesia y el Gobierno español.

   Así, las fuentes consultadas han explicado que ambos han sido puestos en libertad "tras los trámites oportunos", al tiempo que se les ha citado para un juicio rápido que tendrá lugar este próximo miércoles por los hechos de los que se les acusa.

   El desahucio de la familia, de origen cubano y con tres hijos --dos de ellos menores--, estaba fijado para las 10.30 horas de este martes, en una vivienda de la calle Colombia de la capital alicantina, lugar en el que cerca de 80 miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios se han concentrado desde una hora antes para intentar evitar el desalojo.

   La comisión judicial ha llegado puntual, si bien al percatarse de la protesta ha permanecido a la espera de que el juzgado le confirmara la orden de desahucio por impago de alquiler. Tras recibir la orden afirmativa, los efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar se han abierto paso entre los manifestantes para que la comisión pudiera acceder al interior del inmueble.

   Para ello, sin embargo, los agentes han tenido que apartar a los participantes, que han ofrecido una "fuerte" resistencia, lo que ha llevado a la policía a detener a dos de ellos acusados de atentado a agente y resistencia a la autoridad.

   Durante el forcejeo con la policía, una de las hijas de la familia afectada, de 15 años, ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido trasladada al Hospital General de Alicante en una ambulancia.

   Al respecto, la madre de la familia, Ismara Sánchez, ha declarado que un agente "ha cogido del cuello" a la menor, y ha lamentado que no tiene ningún familiar ni allegado que pueda darles alojamiento a partir de ahora, por lo que ha asegurado que no sabe dónde pasarán esta noche.

Un intento por frenar un desahucio se salda en Alicante con dos detenidos por resistencia a la Policía y cuatro heridos leves

ALICANTE.- El intento de Stop Desahucios Alicante por frenar el desalojo de una familia se ha saldado este martes con la detención de dos personas acusadas de resistencia y atentado contra los agentes de Policía que han abierto paso entre los manifestantes que bloqueaban el acceso a la vivienda, y con otras cuatro personas más lesionadas, entre ellas la hija de 15 años de la pareja afectada, que ha sufrido un ataque de ansiedad, según han informado fuentes policiales y de la plataforma ciudadana.

   El desahucio de la familia, de origen cubano y con tres hijos --dos de ellos menores--, estaba fijado para las 10.30 horas de este martes, en una vivienda de la calle Colombia, de Alicante, lugar en el que cerca de 80 miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios se han concentrado desde las 9.30 horas para intentar evitar el lanzamiento.

   La comisión judicial ha llegado puntual, si bien al percatarse de la protesta ha permanecido a la espera de que el juzgado le confirmara la orden de desahucio por impago de alquiler. Tras recibir la orden afirmativa, los efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar se han abierto paso entre los manifestantes para que la comisión pudiera acceder al interior del inmueble.

   Para ello, sin embargo, los agentes han tenido que apartar a los participantes, que han ofrecido una "fuerte" resistencia, lo que ha llevado a la policía a detener a dos de ellos acusados de atentado a agente y resistencia a la autoridad.

   Los detenidos son una mujer, --madre de otra familia que tiene señalado su desahucio para el próximo 26 de mayo--, y un joven, ambos cubanos disidentes del régimen castrista, quienes, al igual que la familia desahuciada este martes, llegaron en 2011 de acuerdo con un convenio entre la Iglesia y el Gobierno español.

   Durante el forcejeo con la policía, una de las hijas de la familia afectada, de 15 años, ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido trasladada al Hospital General de Alicante en una ambulancia.

   En este sentido, la madre de la familia, Ismara Sánchez, ha declarado que un agente "ha cogido del cuello" a la menor, y por ello acudirá este mismo martes a denunciar los hechos en cuanto tenga el parte de lesiones.

   Ismara Sánchez ha lamentado que no tiene ningún familiar ni allegado que pueda darles alojamiento a partir de ahora, por lo que ha asegurado que no sabe dónde pasarán esta noche. Además, ha recordado que el pasado viernes los responsables del Patronato Municipal de la Vivienda les dijeron que "alguien de Cáritas" les llamaría, y este martes, que ya se encuentran "en la calle" aún no han "tenido ninguna noticia".

   La intervención policial además ha causado diversas magulladuras y lesiones leves a otras tres personas, entre ellas, la mujer de origen marroquí que el pasado viernes también solicitó la ayuda del Patronato de la Vivienda, porque "en breve" se enfrentará por segunda vez a un proceso de desahucio.

La Junta de Jueces paraliza los desahucios 30 días para que los afectados puedan demostrar cláusulas abusivas

ALICANTE.- La Junta Sectorial de Jueces de primera instancia, mercantil y registro civil del partido judicial de Alicante han acordado paralizar los desahucios pendientes en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) durante 30 días, con el objetivo de que los afectados puedan demostrar la existencia de cláusulas abusivas, según el escrito del acuerdo judicial, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   La reunión, celebrada este pasado martes, tenía por objeto estudiar un criterio común sobre las resoluciones a adoptar en materia de ejecución hipotecaria, tras la directiva 93/13/CEE y su jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) en materia de protección del consumidor.

   Así, la junta sectorial de jueces alicantinos ha decidido facilitar al demandado en el procedimiento hipotecario la obtención de un pronunciamiento judicial efectivo de nulidad de cláusula abusiva por quebrantamiento de los derechos del consumidor.

   Igualmente, el órgano judicial ha considerado que "debe informarse" al afectado de su derecho "a fin de que pueda solicitar la suspensión" del procedimiento de ejecución hipotecario, "acreditando la existencia" de un proceso declarativo "que pueda resultar necesario para garantizar la plena eficacia de la decisión final" a adoptar.

   De este modo, ha valorado que el plazo a conceder a las personas implicadas en desahucios para hacer valer el citado derecho "no podrá exceder de 30 días", y ha acordado la paralización de los lanzamientos pendientes en el SCNE "a fin de que cada juzgado lleve a cabo el contenido" de la resolución, cuyo objetivo es "evitar que el demandado no sufra un perjuicio irreparable".

Posponen en Torrevieja el desahucio a un jubilado británico por la incomparecencia de la comitiva judicial

TORREVIEJA.- El desahucio de un jubilado británico de 70 años previsto para este jueves ha quedado pospuesto tras la incomparecencia de la comitiva judicial en la vivienda del afectado, en la urbanización El Chaparral, de Torrevieja, donde una veintena de miembros de Stop Desahucios se han concentrado durante toda la mañana para tratar de impedir el desalojo, según ha explicado la portavoz de esta plataforma, Desiré Montero.

   El afectado es un ciudadano británico residente en Torrevieja desde hace nueve años, que contrajo una deuda de 54.000 euros con una entidad bancaria, por la que tenía que pagar 500 euros al mes. No obstante, y dado que su pensión es de 300 euros mensuales, en el año 2009 dejó de cumplir con los pagos, lo que motivó la presentación de una demanda por impago.

   La plataforma Stop Desahucios Torrevieja tuvo conocimiento hace dos días de que el desahucio estaba señalado para este jueves, y movilizó a sus simpatizantes para realizar una concentración a las puertas de la vivienda.

   Los manifestantes han acudido a las 9.30 horas, han desplegado una pancarta de este colectivo, y han permanecido concentrados contra el desalojo hasta las 14.15 horas, en que, "sorprendidos" por que la comitiva judicial no se ha personado, han dado el lanzamiento por aplazado.

   Al respecto, Desiré Montero ha explicado que la ley obliga a notificar al interesado el desahucio, trámite que no se ha producido esta mañana, por lo que la ausencia de la comitiva deja aplazada "automáticamente" la convocatoria.

Interior da instrucciones a las delegaciones del gobierno para actuar ante 'escraches'

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado instrucciones a las delegaciones en todo el país para actuar ante los 'escraches'.

   De hecho, Bascuñana ha confirmado que ya ha mantenido algunas reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   En este sentido, ha pedido a la sociedad que impere el "sentido común" y que exprese sus protestas en los foros "adecuados". Así, ha dicho entender que la gente lleve a cabo estas protestas, pero no el "acoso", y ha pedido que no se realicen en los domicilios de los políticos.

   "Entiendo que vengan a la Delegación las personas que, en un momento determinado, quieren expresar cualquier idea que sea contraria a decisiones que haya podido tomar el Gobierno. Es lógico y natural", ha afirmado el delegado.

   Sin embargo, considera que "no se puede acosar" en el domicilio particular de "alguien que ha decidido en un momento determinado estar en una vocación de servicio, como puede ser cualquier político y cualquier diputado nacional"

   "Porque yo no voy a entrar en otros términos, si no es el de acoso", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "todos tenemos familiares que no tienen por qué estar en esa situación".

Stop Desahucios repite el escrache frente a la sede del PP para pedir la moratoria de los lanzamientos

ALICANTE.- Varias decenas de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)-Stop Desahucios de Alicante han repetido el escrache ante la sede del PP durante la tarde de este martes, tras celebrar una protesta similar por la mañana, para solicitar la moratoria en los procesos de lanzamiento, la dación en pago y el establecimiento de un régimen de alquiler social.

   Así, cerca de 40 personas se han concentrado frente a la sede 'popular' provincial y han mostrado pancartas con "botones" verdes y rojos en los que se podía leer el mensaje 'Sí se puede, pero no quieren', al tiempo que algunos de ellos han vestido camisetas con el lema 'Sí se puede #primaveraverde'.

  Uno de los portavoces del colectivo, Jesús Naranjo, ha incidido en que esta segunda protesta de la jornada se ha llevado a cabo para dar la oportunidad a quien no ha podido movilizarse por la mañana de exigir al PP "lo que estamos reivindicando", la dación en pago con efecto retroactivo, la condonación de la deuda, la paralización de los desahucios, y la creación de un fondo de viviendas a disposición de la gente con los "cinco millones" de pisos vacíos de la banca.

   Naranjo, preguntado sobre si son optimistas con respecto al resultado de sus manifestaciones, ha subrayado que Stop Desahucios ha paralizado todos los lanzamientos en los que ha intervenido en la ciudad de Alicante, aunque ha admitido que "es una gota en el océano", ya que, tal y como ha agregado, en la provincia se producen 24 desalojos diarios. "Hacemos una mínima parte", ha añadido.

   No obstante, ha indicado que en cada decreto que hace el PP, "aunque ni de lejos sea" lo que solicita la plataforma, "se avanza mínimamente, ya que hay gente que puede agarrarse a esos resquicios". "Cada vez vamos raspando un poco más, es una carrera de fondo", ha enfatizado.

   Por otra parte, la (PAH) también ha llevado a cabo escraches informativos ante las sedes 'populares' de las localidades alicantinas de Elda y Elche. En la ciudad ilicitana, cerca de un centenar de personas se han concentrado ante las oficinas del PP ilicitano y han estampado en la fachada pegatinas con fotos de afectados por desahucios.

   Una portavoz del colectivo ciudadano ha explicado que "nadie" del partido ha acudido "a escuchar" sus reivindicaciones, y ha expuesto que el objetivo de mostrar imágenes de personas que se han visto implicados en procesos de alzamiento ha sido "demostrar que los afectados tienen cara".

   Igualmente, ha señalado que a lo largo de la movilización se han relatado algunos de los cerca de 250 testimonios de casos que la plataforma gestiona en la localidad, al tiempo que han pedido al diputado Santiago Martínez que "no se escude en la disciplina de voto del partido, y ayude al pueblo".

   En cuanto a la movilización "pacífica" desarrollada en Elda, los participantes han leído un manifiesto en el que han pedido ser "escuchados" por los "militantes y votantes" 'populares'. "Sobre todo sus representantes en el Congreso de los diputados y en el Gobierno, porque tienen en sus manos la solución, pues es cuestión de voluntad política detener este drama social que estamos padeciendo miles de familias en todo el país", han expresado.

   Además, el portavoz de la PAH en la población alicantina, Sergio Cremades, ha añadido que a través del documento han enfatizado que "es a los afectados por desahucios a quien se niega un futuro", al tiempo que se les "excluye, se criminaliza y culpabiliza".

   "Somos los que sufrimos el miedo, la vergüenza, la impotencia, el estrés y la ansiedad al vernos privados de nuestro hogar. Somos acosados y agobiados por las entidades financieras y las administraciones públicas", han recalcado, y han denunciado la "gran violencia" con la que se ejecutan determinados lanzamientos.

   Así, han subrayado que "no van a callar", ya que consideran que tiene la razón de su lado. "Hemos dejado de ser víctimas, pues hemos descubierto que juntos podemos. Apelamos a la dignidad, la dignidad que se nos tenía secuestrada y que participando en la PAH, y con victorias parciales, estamos recuperando", han expresado.

Por la mañana

Decenas de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios han participado este martes por la mañana en un escrache informativo realizado ante la sede del PP de Alicante, en el que han solicitado que se paralicen los lanzamientos, que se autorice la dación en pago y que se establezca un régimen de alquileres sociales.
   Así, cerca de medio centenar de ciudadanos han mostrado pancartas con "botones" verdes y rojos en los que se podía leer el mensaje 'Sí se puede, pero no quieren', al tiempo que han hecho sonar bocinas, silbatos y cacerolas, y han lanzado gritos como "el pueblo unido, jamás será vencido" o "no son suicidios, son asesinatos".
   Igualmente, han colocado dos pancartas de gran tamaño en una verja situada ante la sede de los 'populares' alicantinos, una de ellas con los logotipos de Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y otra en la que han pintado el texto 'Estáis al servicio de la banca. Criminales, banqueros y PP'.
   En declaraciones a los medios de comunicación, Rafael Campillo, como portavoz del colectivo, ha explicado que la acción ha tenido por objetivo "informar" a la gente, "enseñar" las pancartas y "animar" a que se unan a ellos, "para que no nos digan terroristas", ha añadido.
   Además, ha confirmado que la Policía Nacional ha identificado a los integrantes de la protesta, si bien Campillo ha resaltado que en Alicante los agentes "tratan bien" al colectivo. "No tenemos ningún problema con ellos", ha agregado al respecto.
   Por lo que respecta a la actividad de Stop Desahucios en la capital alicantina, ha asegurado que trabajan con cerca de 300 afectados, aunque ha resaltado que "cada día hay más". "Los casos no van a parar, los políticos están para servir a los bancos, jamás, ni cuando se equivocan, hacen algo que favorezca al pueblo", ha enfatizado.
   En el mismo sentido, ha alertado de que la gente acude al colectivo "desesperada", y ha concretado que "generalmente" son las mujeres las que exponen los problemas de las familias. "Vienen llorando, angustiadas, sin ayudas. Estamos en una situación de emergencia, en todo el territorio español. Hay gente que pasa hambre, y algunos ya lo dicen, parecía que tenían vergüenza", ha manifestado.
   Durante la exposición de los motivos de la movilización, Campillo ha señalado que los "encadenamientos" en el interior de oficinas bancarias "son la única forma de conseguir" que las entidades "accedan a negociar".
 "A veces negocian hasta el mismo día", ha añadido, si bien ha considerado que "cada vez hay más agresividad por parte de los bancos, parece que se les escapa su parte del pastel".
   Finalmente, y preguntado sobre las viviendas sociales que ofrecen algunas entidades, ha opinado que son técnicas para "lavarse la imagen".
 "Tenemos que poner en evidencia que algunas entidades ponen a disposición pisos en los que es imposible vivir, que se los quieren quitar de encima. No solucionan ningún problema, ni ellos, ni los servicios sociales, ni Alcaldía, ni el IVVSA, nadie soluciona nada", ha sentenciado.
   Por otra parte, durante el transcurso de la protesta, varias personas han tomado la palabra a través de un micrófono abierto. Así, una mujer cuyo desahucio fue paralizado la pasada semana en la ciudad, ha indicado que "es triste tener que salir a la calle" para que se paren los lanzamientos, ha incidido en que las entidades "negocian para no verse en los medios de comunicación", y ha hecho hincapié en que si no se condona la deuda "las personas no pueden emprender una nueva vida".
   De la misma manera, otra mujer, madre de tres hijas menores de edad, ha intervenido para explicar que este mismo martes ha firmado con un banco la no persecución de su deuda, mientras que un hombre ha indicado que le quieren "quitar" su vivienda por una deuda de 8.000 euros contraída tras solicitar 15.000 euros "para ayudar" a un hijo suyo.

Una entidad paraliza el desahucio de dos hermanos que adeudan 70.000 euros y accede a negociar la condonación

ALICANTE.- Una entidad financiera ha paralizado en Alicante el desahucio de su vivienda a dos hermanos que mantienen una deuda de 70.000 euros con una de sus sucursales, al tiempo que ha accedido a negociar la condonación de la misma, después de que ambos, a pesar de tener trabajo, dejaran de pagar ante la subida de sus cuotas mensuales.

   La medida la ha explicado a los periodistas un portavoz de Stop Desahucios, José María Copete, durante una concentración llevada a cabo frente a la vivienda de los afectados, donde se han dado cita cerca de 200 personas con la intención de detener el proceso de lanzamiento, fijado para este miércoles.

   Copete ha indicado que la entidad ha contactado con la plataforma para comunicar que habían paralizado el alzamiento y que accedían a negociar, si bien varios miembros del colectivo han acudido a los juzgados de la capital alicantina para obtener "algún" documento acreditativo, tal y como ha apuntado.

   En este sentido, ha subrayado que el banco "ha empezado a responder" después de que la pasada semana seis integrantes de Stop Desahucios se ataran en el interior de una de sus oficinas, situada en el paseo de la Explanada de España, con la intención de conseguir un interlocutor a través del que negociar cerca de una treintena de procesos gestionados por la propia entidad.

   Así, además de detener el lanzamiento programado para este miércoles, Copete ha indicado que "están dispuestos a conceder la condonación de la deuda" de otra de las familias, cuyos integrantes participaron en la referida protesta. Es el caso de una mujer desempleada, madre de tres hijas, de 10, dos y un año; cuyo marido trabaja, pero que adeuda 18.000 euros.

   Por lo que respecta a los hermanos, son una mujer y un hombre, actualmente con trabajo, aunque han pasado una temporada en el paro, que compraron un piso en 2006 solicitando 130.000 euros, además de otros 10.000 que aportaron ellos. La afectada ha señalado que tras hacerle un tipo de préstamo creciente empezaron a pagar 500 euros, si bien "cada seis meses" la cuota subía 100 euros, "luego 200", "hasta que llegó casi a los 1.000", momento en el que contactó con el banco para comunicar que no podía abonar esa cantidad.

   Así, ha añadido que tras solicitar que le quitaran la cláusula de préstamo creciente, el banco hizo una refinanciación, aunque "a raíz de arreglarlo, fue cuando la cosa vino mal", ha agregado. "Pensamos que en lugar de tirar el dinero en un alquiler era mejor meternos en una hipoteca. Las cosas nos iban bien, pensábamos que podíamos pagar, y luego no pudimos", ha manifestado.

   En cuanto al proceso de desahucio, el primero al que se enfrenta, ha expuesto que "de momento" lo han paralizado "sin fecha".

 "Me han dicho que el banco quiere negociar para condonar la deuda, estoy por la labor de entregar las llaves, pero mientras no condonen la deuda no me muevo, si hace falta vuelvo a llamar a la gente. Que me dejen tranquila, quiero empezar una nueva vida", ha enfatizado.

   La afectada, al ser preguntada por sus sentimientos durante todo el proceso, ha recalcado que "es como una pesadilla".

 "Te hacen coger manía a tu casa, ves que en tu piso no quieres estar pero tampoco en la calle. He llegado un punto en que le he cogido manía a mi casa, estoy dentro y me ahogo", ha asegurado, tras lo que ha incidido en que esta pasada noche no ha podido dormir a causa de los nervios.

   Igualmente, ha expresado su "alegría" por la detención del lanzamiento, y ha incidido en que es una "lucha" suya y de "todos" sus "compañeros" de Stop Desahucios, con quienes colabora desde el pasado noviembre. "Mucha gente cree que los desahucios están paralizados, pero siguen. Deberíamos ser todos valientes, movernos y ponernos en la puerta de los bancos, y si hay que atarnos hacerlo, hacer lo que sea", ha resaltado.

   Además, ha considerado que "no hay que tener vergüenza", ya que ella no ha "robado" ni "matado, simplemente" lo que no ha "podido hacer es pagar". 

"No creo que haya hecho nada malo", ha apuntado al respecto. Finalmente, ha señalado que una vez se condone su deuda y entregue el piso "mirará" una "habitación o lo que sea", de la misma manera que ha afirmado que si es necesario se irá a Ciudad Real con sus padres.

   Por su parte, Copete ha destacado que la entidad "se ha comportado de una manera bastante inflexible, porque fue capaz de esperar" a que varios miembros del colectivo permanecieran 75 días acampados en la puerta de una de sus sucursales de la capital alicantina "hasta que accedió a negociar".

 "A pesar de haber sido rescatada con dinero público, es de las más duras con las familias", ha añadido.

   Además, ha subrayado que la plataforma, que actualmente trabaja en 218 casos en Alicante, ha paralizado "todos" los alzamientos en los que ha intervenido. "El tiempo ahora corre a nuestro favor, estamos empezando a negociar prácticamente todo. Es un clamor popular que nadie va a parar", ha enfatizado.

   El portavoz de Stop Desahucios ha asegurado que en la capital alicantina hay familias con niños que viven sin electricidad, que no tienen recursos para comer, al tiempo que ha advertido de que los bancos de alimentos están "desbordados".

 "Tenemos evidencias de que hay hambre en la ciudad, hay que llamarlo por su nombre", ha incidido.

   "Es el momento de una movilización masiva, de toda la ciudadanía, puesto que las instituciones no hacen nada. Se ha acabado el tiempo en que los bancos podían hacer algo, es el momento del pueblo, de conseguir cuestiones de mínimos como la dación en pago, un parque público de viviendas, que no lo hay, y alquileres sociales", ha sentenciado.

   Tras la concentración desarrollada frente a la vivienda, situada en la Avenida de Alcoy de la ciudad, las cerca de 200 personas que han participado en la acción han protagonizado una manifestación improvisada por varias calles del centro de la capital alicantina, la cual ha transcurrido hasta la oficina que acogió la acampada a finales del pasado año.

   La marcha ha finalizado frente a la sede del PP provincial de Alicante, frente a la estación de trenes de la ciudad, donde los integrantes de la movilización han realizado una protesta contra las políticas sociales y económicas de la formación política. Además, han estampado "alguna" pegatina en las inmediaciones con el mensaje 'Sí se puede, pero no quieren', aunque no se ha registrado ningún incidente.

Miembros de Stop Desahucios se atan en una entidad para pedir un interlocutor y negociar 30 casos

ALICANTE.- Una veintena de miembros del colectivo Stop Desahucios han accedido este miércoles a una oficina bancaria de Alicante, en la que varios de ellos se han atado con una cuerda a una columna interior y a un elemento de mobiliario, para reclamar un interlocutor "válido" a través del que negociar cerca de 30 casos de lanzamiento relacionados con la entidad, cuatro de ellos "urgentes".

   La acción se ha iniciado sobre las 9.45 horas en el Portal de Elche de la ciudad, desde donde varias decenas de integrantes de la plataforma han desplegado una pancarta de color rojo con el lema 'Sin acciones no hay soluciones', y han marchado hasta una sucursal situada en el paseo de la Explanada de España, donde cerca de 20 de ellos han accedido a su interior mientras un hombre se ataba con una cuerda en la entrada.

   Paralelamente, dentro de la oficina varios de sus compañeros han hecho lo propio en una columna y en un mueble de la entidad, al tiempo que otra decena de miembros del colectivo han permanecido junto a ellos gritando mensajes como "sí se puede", "no son suicidios, son asesinatos", o "este desahucio lo vamos a parar".

   Finalmente, varios agentes de la Policía Nacional se han personado en el lugar, y tras desatar al varón que se encontraba en la puerta han entrado a la oficina. Así, tras aproximadamente 20 minutos, el resto de participantes en la protesta han abandonado la sucursal de manera escalonada y sin incidentes.

   A su salida, el portavoz de Stop Desahucios, José María Copete, ha explicado a los periodistas que la acción ha tenido por objetivo solicitar un interlocutor "válido" a través del cual negociar cerca de 30 casos de lanzamiento gestionados por la plataforma y relacionados con la entidad, de los que cuatro los ha calificado de "urgentes". 

"Nos han dicho que van a trasladar nuestra petición, y si no hacen caso, ahora somos más fuertes y capaces, y seguiremos luchando", ha agregado.

   Copete, que ha cifrado en cerca de 200 los afectados por desahucios en la ciudad, ha recordado que tras permanecer 75 días acampados frente a otra oficina de Alicante de esta misma entidad a finales del pasado año, acordaron una figura negociadora "que no ha funcionado".

 "Se han reído de nosotros, una entidad corrupta, incompetente, antisocial y antihumanitaria, que ha sido rescatada con dinero público para seguir con actividad irresponsable", ha enfatizado.

   Por otra parte, otro de los integrantes del colectivo ha tomado la palabra para denunciar una "campaña de criminalización" contra las plataformas que apoyan a los afectados por desahucios. "Es una insensatez, son calumnias, intentan desprestigiarnos, decir que somos violentos no tiene sentido", ha agregado.

   Además, Copete, preguntado sobre las medidas que el Gobierno está tomando en relación a la legislación contra los lanzamientos, ha subrayado que reciben "con mucho escepticismo cualquier medida que PP y PSOE" puedan tomar en este ámbito, ya que, a su juicio, "irán orientadas a proteger los intereses privados y de la banca, y no a los ciudadanos".

   "La condonación de la deuda y la dación en pago son políticas de mínimos", ha incidido, y ha solicitado la creación de un régimen de alquileres sociales. "No pensamos que el Gobierno vaya a hacer nada, pero nuestras manifestaciones tienen cada vez más fuerza, recibimos mayor apoyo de la gente. Es el momento de la ciudadanía, el poder de los bancos se va a acabar", ha afirmado.

   Por último, ha presentado los casos de dos mujeres cuyos lanzamientos se han fijado para los próximos 3 y 19 de abril. Una de ellas es una ciudadana española de 32 años, sin hijos, que solicita la condonación de una deuda de unos 70.000 euros, "que va subiendo", y que actualmente se encuentra trabajando, aunque compró la vivienda con un hermano suyo que sí que está desempleado. "Nos están ahogando, vamos a estar atados a ellos de por vida, que nos dejen vivir", ha expresado.

   La segunda afectada, que se ha mostrado bajo un evidente estado de nerviosismo, es madre de tres hijas, de 10, dos y un año. Está en paro y con su marido trabajando, y adeuda un importe aproximado de 18.000 euros. Igualmente, ha explicado que Stop Desahucios consiguió paralizar un primer desalojo tras "hablar con un juez", si bien se ha fijado una nueva fecha para el próximo 19 de abril.

Stop Desahucios Torrevieja ocupa un banco para pedir la dación en pago para un vecino enfermo de cáncer

TORREVIEJA.-   Alrededor de medio centenar de miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios de Torrevieja han ocupado pacíficamente una oficina bancaria este jueves, donde han permanecido durante media hora hasta que han conseguido el compromiso de la entidad de estudiar la solicitud de dación en pago con alquiler social para el propietario, un ciudadano alemán enfermo de cáncer y su mujer.

   La protesta se ha iniciado a las 10.30 horas de este jueves en una sucursal bancaria situada en la calle Villa Madrid, de Torrevieja, donde medio centenar de manifestantes han accedido portando dos grandes pancartas de las plataformas de Stop Desahucios de Torrevieja y Guardamar del Segura.

   El personal de la oficina ha pedido a los ocupantes que abandonaran las dependencias, si bien los manifestantes se han negado a desalojarlas y han permanecido allí mientras el director de la entidad se reunía con la portavoz del colectivo ciudadano y la pareja de afectados.

   Tras media hora de negociación, a su salida, la portavoz de Stop Desahucios ha explicado que la entidad se ha comprometido a estudiar la solicitud de dación en pago de la vivienda y tramitar en este mismo domicilio un alquiler social.

   Los propietarios de la vivienda son un ciudadano alemán de 53 años al que en 2011 le fue diagnosticado un cáncer, y a su mujer, ambos en paro, según han recordado las mismas fuentes.

   Hasta este jueves, la entidad "únicamente" les proponía "endeudarles más", si bien "la Dación en Pago con Alquiler social es lo más beneficioso" para este matrimonio, que en su día firmó unas escrituras que contenían una cláusula considerada "abusiva" por el tribunal europeo.

La Junta de Personal del Consorcio de Bomberos de Alicante se niega a colaborar en los desahucios

ALICANTE.- La Junta de Personal del Consorcio Provincial de Alicante ha manifestado su disposición de negarse a colaborar en la ejecución de desahucios, por considerar que estas actuaciones están "fuera de sus funciones profesionales", y ha defendido que los bomberos están "para ayudar al ciudadano, no para contribuir a la expansión del problema", según recoge en un comunicado la citada Junta de Personal.

   En un escrito a la dirección del Consorcio Provincial, el presidente de la Junta de Personal, Juan Penalva, subraya que, como "servicio público", su trabajo es el "salvamento de personas y bienes, la extinción de incendios y la prevención y actuación en cualquier siniestro o situación en que la protección civil haga precisa su colaboración".

   Por ello, adelanta la disposición de los bomberos de negarse desde este mismo momento a colaborar en la ejecución del "drama de los desahucios", actuaciones éstas que consideran "fuera de sus funciones profesionales".  

   La Junta asegura no obstante que seguirá "cumpliendo con su función", de acuerdo con el artículo 30 de los estatutos del Consorcio que viene recogida en el artículo 7.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio "cuando implique riesgo para personas o cosas".

   Por ello, solicita que la dirección del Consorcio que se pronuncie y se posicione a "la mayor brevedad" al respecto, y emita una nota técnica a todas las jefaturas informando de cuáles son las competencias profesionales en este tipo de servicios, "para así evitar que la negativa a realizarlas por cualquiera de los trabajadores de este Consorcio provoque un conflicto innecesario".

   Juan Penalva, además, ha trasladado, en nombre de la Junta de Personal, su solidaridad con el bombero de La Coruña que recientemente se negó a participar en una apertura de puerta para que se procediese al desahucio de una mujer octogenaria.

   Así mismo, Penalva ha trasladado su apoyo también a los efectivos del cuerpo de bomberos de Salamanca expedientados por una acción reivindicativa realizada el pasado 13 de febrero para reclamar "más educación, sanidad y seguridad".