VALENCIA.- Compromís ha denunciado los «impagos generalizados» del Consell durante el último año en educación,
sanidad, vivienda o servicios sociales, entre otros ámbitos, y ha
advertido de que la Comunitat Valenciana tiene el periodo de pago a
proveedores «más alto de toda España», con 43 días de media --a nivel
nacional se sitúa en 27--, con lo que se está «incumpliendo claramente
la ley».
De esta manera lo han expuesto este lunes en rueda de prensa el
síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y el diputado de la
coalición Carles Esteve, que han presentado una campaña bajo el lema
'Mazón no paga' con la que animan a empresas, autónomos y particulares a
denunciar de la forma «más anónima posible» mediante un formulario
on line si sufren impagos por parte de la Administración pública.
Por un lado, Baldoví ha criticado las «dos realidades» del
'president' de la Generalitat. Por un lado, ha dicho, una «virtual» que
dibuja una realidad de «un país de fantasía» y, por otra, el «país real
del día de día» donde las familias, profesores o sanitarios sufren las
consecuencias de estos impagos.
El síndic de la coalición ha censurado que esta práctica impuesta por
el ejecutivo autonómico desde hace un año afecta «gravemente» a los
proveedores de servicios públicos y pone en riesgo «el bienestar de
miles y miles de valencianos».
«Mientras con una mano hacen promesas
vacías, dejan nuestras escuelas y hospitales sin recursos y recortan a
las familias más vulnerables que están siendo desatendidas», ha
lamentado.
Frente a ello, Baldoví ha denunciado de manera «clara, diáfana y
contundente» la «irresponsabilidad» del Consell liderado por Carlos
Mazón, a quien ha advertido sobre las consecuencias de estos «recortes».
«No son números, son personas, familias, empresas y vidas que se están
viendo afectadas por la gestión negligente de un gobierno absolutamente
desconectado de la realidad».
Así, ha subrayado que estos impagos afectan especialmente a pequeñas y
medianas empresas que, en gran medida, dependen de los contratos con la
administración pública.
«Están en riesgo de cierre porque no pueden
hacerlos frente con recursos propios», ha señalado, al tiempo que ha
advertido de la consiguiente «pérdida de puestos de trabajo».
En este contexto, ha lamentado que la Comunitat Valenciana esté
«volviendo a aquellos años de maneras de gobernar que acaban generando
desafección» en la política.
«Es lo peor que le puede pasar a nuestra
democracia», ha incidido. Ante esta situación, Compromís ha presentado
una batería de peticiones de documentación al Consell para conocer hasta
dónde llegan estos impagos.
«Lo que conocemos es solo la punta del
iceberg, hay mucho más», ha avisado Baldoví.
Por su parte, el diputado Carles Esteve ha incidido en que Mazón es
el dirigente autonómico que «más tarda en pagar a los proveedores», con
una media de 43 días, «dos semanas por encima de lo que manda la ley»
.
Frente a ello, ha defendido que el gobierno del Botànic dejó esta cifra
en 23 días, mientras que el pasado enero, ya con Mazón como 'president',
alcanzó los 54 días, lo que «nos recuerda a la peor cifra del anterior
gobierno del PP en marzo de 2015, cuando llegó a los 99».
Esteve ha advertido de las consecuencias de estos impagos en las
pequeñas empresas, «una sensación que nos recuerda al PP de Zaplana y
Camps, que no tenían problema con la morosidad».
Por ello, ha
considerado que los 'populares' ahora «parecen seguir la misma senda» al
«incumplir la ley de estabilidad presupuestaria».
En materia de servicios sociales, el diputado de Compromís ha cifrado
en cinco millones de euros la cantidad que el Consell «no está pagando»
en dependencia con la revisión de los grados, como tampoco paga otros
50 millones para el aumento de los salarios a trabajadoras para
«equipararlos con la sanidad».
En educación, ha censurado que el Gobierno valenciano no paga 22
millones de euros del Plan Edificant, otros 9 millones de los tribunales
de las oposiciones y tampoco a las 'escoletes' de 0 a 3 años. «El
viernes anunció que empezaría a pagar, pero a día de hoy lo están
avanzando las empresas», ha lamentado.
Respecto a la vivienda, Esteve ha criticado que el Consell haya
«dejado fuera» de las ayudas al alquiler de 2023 a 4.000 personas y a
otros 1.500 jóvenes del Bono Alquiler. Además, sobre las ayudas al
alquiler de 2024, ha subrayado que llegan «tarde».
«Las personas que
tienen problemas para acceder a una vivienda tienen que esperar un año
para las ayudas», ha denunciado.
En sanidad, ha sostenido que la Generalitat no paga las
intervenciones por la tarde, como tampoco las 35 horas, mientras sí que
«enriquece a empresas que generan una respuesta desde la privatización».
Por todo ello, ha reprochado al PP de Mazón que esté siendo «muy
parecido, si no igual» al de los expresidentes Eduardo Zaplana o
Francisco Camps, con «una política de no pagar que supone problemas al
tejido industrial valenciano», conformado mayoritariamente por pequeñas y
medianas empresas que generan empleo «de calidad».
Así, ha acusado al jefe del Consell de «abandonar la economía
valenciana real» para «dedicarse a los grandes eventos y proyectos de
marketing para mejorar su imagen», algo que «recuerda mucho a un PP más
corrupto».
Finalmente, ha animado a empresas y autónomos a denunciar si sufren
impagos por parte de la Generalitat mediante la campaña puesta en marcha
por Compromís, aunque ha lamentado que en «muchos casos» es algo que
«está costando mucho» porque las compañías que dependen de contratos
públicos tienen «miedo a que haya represalias».