VALENCIA.- Otra bomba de relojería puede estallar en la Comunidad Valenciana en las próximas semanas. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR),
un instrumento concebido en principio para respaldar financieramente la
actividad de pequeñas y medianas empresas, sigue sin encontrar el
camino de salida a la quiebra técnica en que se encuentra, según avanza www.elconfidencial.com
La SGR
acumula una deuda de más de 400 millones con las entidades financieras y con la Generalitat valenciana
que es incapaz de devolver si no logra recuperar su actividad, muy
mermada porque la banca acreedora se niega a abrirle el grifo de la
financiación por temor a incrementar sus deudas.
Los problemas de esta suerte de entidad avalista, supervisada y controlada por el Banco de España,
comenzaron en paralelo al estallido de la burbuja inmobiliaria. No solo
porque muchas empresas avaladas entraron en barrena, sino porque la SGR
se embarcó en operaciones de aseguramiento de corte inmobiliario, algunas de ellas vinculadas a sus propios consejeros. La Generalitat
soporta el 40% del capital, mientras que las entidades protectoras
(bancos, cooperativas de crédito, etc.) asumen el resto junto con los
propios avalados, que se convierten en socios y aportan una cuota por el
mero hecho de convertirse en 'clientes'. Hay cerca de 8.000 empresas valencianas que participan en la SGR, porque recurrieron a ella como garantía para obtener financiación.
A partir de 2011, el Banco de España detectó un importante volumen de fallidos que obligó a poner en marcha un primer plan de reestructuración, que aumentó el riesgo de la Generalitat en 58 millones. En 2013, el supervisor detectó de nuevo insolvencias y forzó al Instituto Valenciano de Finanzas a
poner en marcha una operación de salvamento de 200 millones de euros
con un aval a una aportación de fondos de la banca, principalmente
Sabadell, Bankia y BBVA. Como consecuencia de esa insolvencia, multó a
los consejeros de la época, en su mayor parte representantes
empresariales, que han decidido recurrir la sanción. Entre los afectados
están el expresidente José Roca y el director general José Manuel García Puchol.
Al riesgo nuevo de 200 millones de la Generalitat hay que sumar algo más de 150 millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dirigido por Manuel Illueca,
puede verse obligado a afrontar por operaciones fallidas. De momento,
las cuentas de 2014 ya reflejan que el IVF ha tenido que hacerse cargo
de 109 millones de euros. Se trata de dinero por préstamos concedidos
por entidades financieras que contaban con el reaval público y que ni
las pymes ni la propia SGR han podido afrontar.
Las tensiones entre todas las partes se han incrementado en las últimas semanas porque la Intervención General de la Generalitat
ha advertido al IVF de que no puede afrontar el riesgo de operaciones
que no estén suficientemente acreditadas. Y la percepción es que muchos
de los avales concedidos durante los años de los excesos de la burbuja inmobiliaria
están lejos ubicarse en la lógica de la buena gestión económica.
Illueca declaró el pasado otoño en las Cortes Valencianas que el IVF no
tiene previsto hacerse cargo de las operaciones sin racionalidad
económica. Sus declaraciones sentaron como una bomba en las entidades financieras,
que, como en su día las pymes, confiaron en que si las cosas iban mal
dadas, 'mamá Generalitat' pagaría la cuenta. La realidad es que del
análisis de algunas operaciones de la SGR se desprenden incluso indicios de mala praxis que podrían derivar en acciones penales.
La Generalitat y la Conselleria de Hacienda son partidarias de elevar
estos casos a la Fiscalía para su estudio. Según las fuentes consultadas
por El Confidencial, hay, al menos, tres operaciones claramente fraudulentas ligadas a proyectos inmobiliarios.
En estos momentos, solo se barajan dos alternativas. Una es proceder a una liquidación ordenada de la SGR,
lo que implica para bancos y Generalitat compartir los riesgos. La otra
es tratar de poner en el mercado la ingente cartera de activos
adjudicados y obtener recursos para reducir riesgo. Esa segunda salida
no excluye la posibilidad de proceder después a una liquidación.
Dependerá de si las entidades financieras siguen dispuestas a participar
en operaciones avaladas por la SGR o no. De no ser así, en la
Administración autonómica que preside Ximo Puig no ven sentido a la permanencia de la sociedad.
Máximo Buch, 'conseller' de Economía de Fabra, encargó a la consultora N+1 y a la inmobiliaria Avanza Urbana la puesta en marcha del Proyecto Citrus,
un plan de búsqueda de fondos de inversión para colocar la cartera de
activos. Según este plan, a cuyo documento base ha tenido acceso El
Confidencial, la SGR podría colocar activos por valor de entre 113 a 185 millones. De todas formas, no sería una entrada total de efectivo. Se barajan
distintos escenarios. Uno, menos probable, es que el inversor aporte
todo el dinero en efectivo. En el extremo contrario está que la
aportación sea a crédito. El IVF ha cerrado ya un acuerdo de
exclusividad con un fondo de inversión cuya identidad mantiene en
secreto.
El Instituto cree que, si finalmente prospera la operación, será con
una aportación de capital de unos 100 millones y el resto a crédito.
Para canalizar la venta, se baraja crear una suerte de banco malo, una Sareb valenciana, a la que se traspasarían los activos,
tanto los créditos como los activos inmobiliarios. El Proyecto Citrus
es el plan A. Si sale bien, parte del dinero devuelto a los bancos
acreedores debería retornar a la SGR para que pueda recuperar su
actividad. El plan B es proceder a la liquidación, con el consiguiente impacto sobre los balances de todos los acreedores, incluidas pymes socias, entidades financieras y la Generalitat.
El
nuevo equipo económico de Ximo Puig no tiene presencia en el consejo de
la SGR. Uno de sus objetivos para poder avanzar en la solución Citrus
es acceder a los órganos de gobierno para poder participar en la toma
directa de decisiones. En esto está trabajando el equipo de la
Conselleria de Hacienda.
