BRUSELAS.- La Comisión Europea anunció hoy el lanzamiento de una investigación formal para averiguar si son legales o no las ayudas públicas concedidas para reflotar los bancos alemanes IKB y Sachsen LB, que se vieron gravemente afectados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.
Durante el verano de 2007, el banco público alemán KfW acordó una garantía de crédito de 9.000 millones de euros a IKB, y un grupo de bancos regionales concedió una línea de crédito de alrededor de 17.000 millones a Sachsen LB. Sin estas medidas, los bancos no hubieran podido continuar sus actividades.
Alemania notificó estas medidas a Bruselas en enero de 2008 y ahora el Ejecutivo comunitario debe examinar si constituyen ayudas de Estado y, en caso afirmativo, si son compatibles con la legislación comunitaria. Las autoridades alemanas aseguran que estas ayudas se han dado en las mismas condiciones en las que actuaría un inversor normal en una economía de mercado y por tanto no constituyen subvenciones públicas.
Sin embargo, la Comisión no comparte este análisis y considera que podría haber "elementos de ayuda de Estado", según explicó el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
La comisaria Neelie Kroes indicó por su parte que la investigación se centrará en averiguar si el plan de reestructuración de estos bancos que acompaña a las ayudas garantizará su viabilidad a largo plazo y si las subvenciones se han limitado al "mínimo necesario". Bruselas también analizará si se han tomado las medidas compensatorias adecuadas para minimizar las distorsiones a la competencia.
El Ejecutivo comunitario destacó que la apertura de una investigación dará a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus observaciones y no prejuzga cuál será el resultado del procedimiento.
Kroes admitió que las autoridades públicas tienen derecho a reaccionar frente a las amenazas a la estabilidad de los mercados financieros pero dejó claro que la Comisión debe garantizar que estas actuaciones no distorsionen la competencia.
"Si no lo hacemos, los ciudadanos europeos no podrían comprender por qué ellos deben sufrir las consecuencias de la ralentización de la actividad económica porque el dinero de los contribuyentes se inyecta en bancos que eran rentables, que han tomado riesgos excesivos, y que podrían escapar de las consecuencias de estas estrategias", resaltó Kroes.
Durante el verano de 2007, el banco público alemán KfW acordó una garantía de crédito de 9.000 millones de euros a IKB, y un grupo de bancos regionales concedió una línea de crédito de alrededor de 17.000 millones a Sachsen LB. Sin estas medidas, los bancos no hubieran podido continuar sus actividades.
Alemania notificó estas medidas a Bruselas en enero de 2008 y ahora el Ejecutivo comunitario debe examinar si constituyen ayudas de Estado y, en caso afirmativo, si son compatibles con la legislación comunitaria. Las autoridades alemanas aseguran que estas ayudas se han dado en las mismas condiciones en las que actuaría un inversor normal en una economía de mercado y por tanto no constituyen subvenciones públicas.
Sin embargo, la Comisión no comparte este análisis y considera que podría haber "elementos de ayuda de Estado", según explicó el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
La comisaria Neelie Kroes indicó por su parte que la investigación se centrará en averiguar si el plan de reestructuración de estos bancos que acompaña a las ayudas garantizará su viabilidad a largo plazo y si las subvenciones se han limitado al "mínimo necesario". Bruselas también analizará si se han tomado las medidas compensatorias adecuadas para minimizar las distorsiones a la competencia.
El Ejecutivo comunitario destacó que la apertura de una investigación dará a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus observaciones y no prejuzga cuál será el resultado del procedimiento.
Kroes admitió que las autoridades públicas tienen derecho a reaccionar frente a las amenazas a la estabilidad de los mercados financieros pero dejó claro que la Comisión debe garantizar que estas actuaciones no distorsionen la competencia.
"Si no lo hacemos, los ciudadanos europeos no podrían comprender por qué ellos deben sufrir las consecuencias de la ralentización de la actividad económica porque el dinero de los contribuyentes se inyecta en bancos que eran rentables, que han tomado riesgos excesivos, y que podrían escapar de las consecuencias de estas estrategias", resaltó Kroes.
