VALENCIA.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, Joaquim Puig, destacó hoy que si la Generalitat fuera una empresa "estaría en fase concursal" debido, en su opinión, al "despilfarro" del Gobierno valenciano y a que "ha priorizado lo que no tenía que priorizar". Asimismo, criticó que el presidente del Consell, Francisco Camps, "está situado en la huida hacia adelante".
Puig realizó estas declaraciones en la rueda de prensa en la que compareció junto al representante socialista en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Miguel Mazón, y al responsable de Grandes Proyectos del PSPV, José Camarasa, para hacer una valoración sobre las cuentas generales de la Generalitat.
El portavoz socialista lamentó que la Generalitat está "endeudada hasta las cejas" por lo que "debe acudir al crédito hasta para pagar los gastos corrientes". En esta línea, criticó que el Gobierno valenciano se encuentra "sin rumbo" ya que tiene "prioridades equivocadas" y cuenta cada vez "con menos inversión".
Joaquim Puig subrayó que el futuro de la Comunitat Valenciana está "hipotecado" puesto que esta autonomía tendrá que pagar "5.407 millones de euros en los próximos años, sólo en concepto de intereses". Al respecto, incidió en que la Comunitat "está peor que otras comunidades autónomas para afrontar una salida de la crisis con garantías".
"La crisis es internacional pero tiene una singularidad valenciana", resaltó Puig, quien precisó que "está relacionada con el modelo de crecimiento que ha tenido desde 1995 la Comunitat". Así, consideró que el PP y Francisco Camps tienen "una responsabilidad absolutamente directa" para afrontar la actual situación económica.
En su opinión, "Camps sólo mira a Madrid" cuando, sin embargo, "la respuesta no está en Madrid, sino en su ineficacia e incapacidad" ya que, tal y como recordó, la competencias de los sectores productivos y de las políticas de empleo las tiene la Comunitat, por lo que "la Generalitat es la que debe dar respuesta a los ciudadanos".
No obstante, Puig lamentó que la Generalitat "no tiene capacidad de maniobra" porque "ha situado a la Comunitat Valenciana en la más endeudada de España" una circunstancia que se debe a que el Consell ha centrado su política "en el sector inmobiliario". Asimismo, sentenció que las cuentas generales hechas públicas por la Generalitat "no reflejan toda la realidad" puesto que "la realidad es peor".
Por su parte, Miguel Mazón criticó que las cifras referentes a los acreedores suponen "otra de las grandes trampas" del Gobierno valenciano, ya que "los datos del balance no coinciden con los del Banco de España".
A su juicio, "si la contabilidad no refleja la realidad de la Generalitat en un tema tan importante como la deuda pública es que algo pasa". Además, remarcó que si él "tuviera responsabilidades económicas" en el Consell "saldría a desmentir y a ponerme en evidencia". "Sería el primero en rectificar", apostilló
Al respecto, Mazón se mostró "muy preocupado" y resaltó que la deuda a corto y largo plazo a 31 de diciembre de 2007 hecha pública por la Generalitat "está infravalorada en más de 3.000 millones de euros", puesto que, según datos del Banco de España referentes a finales del año pasado, la Comunitat Valenciana "tiene un endeudamiento de 11.550 millones de euros".
El consejero socialista en RTVV aseguró que, según las cuentas generales de la Generalitat, los acreedores a corto plazo ascienden a 6.282 millones de euros, cuando el activo circulante --la cantidad que tiene para hacer frente a esos acreedores-- es de 1.972 millones de euros.
Por otro lado, hizo referencia a que "por fin" se han hecho públicas "algunas facturas de cajón de la Conselleria de Sanidad". Sobre este asunto, señaló que "de repente, aparecen facturas por valor de 1.254 millones de euros que no sabemos de dónde ni por qué y que no están en el presupuesto como acreedores".
Asimismo, apuntó que "de los 1.200 millones, sólo explican lo referente a 847" que se refieren a facturas de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. En esta línea, pidió que salgan a la luz "las facturas, los motivos de las facturas y, sobre todo, los 400 millones de euros que faltan".
Miguel Mazón también se refirió a las inversiones de los fondos europeos y precisó que la Generalitat ha dejado de cobrar casi 300 millones de euros en subvenciones "porque no ha justificado" los gastos. Del mismo modo, consideró que los gastos de personal, de compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento y de gastos financieros "siguen desbocados".
En su intervención, José Camarasa se refirió a la deuda de las empresas y fundaciones públicas vinculadas a los grandes proyectos de la Generalitat que, según precisó, asciende a un total de 184.084.308 euros "un 27 por ciento más que el año pasado", manifestó.
Camarasa reconoció que "determinadas empresa públicas vinculadas a los grandes proyectos no sólo deben de ser evaluadas desde el punto de vista del rendimiento económico, sino también hay un rendimiento social que conocemos y reconocemos", pero criticó que existan "crecimientos de más de dos dígitos" en la deuda de algunas de las empresas y fundaciones públicas.
En esta línea, instó a Francisco Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps, a "ponerle freno" a "la hemorragia de recursos" que, a su juicio, tienen determinadas empresas, una circunstancia que, a su entender, "responde a la situación de despilfarro, descontrol y de ineficiencia en los directivos de las empresas".
El diputado autonómico citó la situación de Ciudad de la Luz que acumula pérdidas por valor de más de 22,7 millones de euros, una cifra que "no llega a cubrir la quinta parte de los gastos de personal", resaltó.
