
ALICANTE.- Dos de los proyectos que más polémica han generado durante este mandato que ahora termina - el plan parcial de Rabasa y la construcción de una planta de biodiésel en el Puerto de Alicante - no cuentan con el apoyo popular mayoritario para llevarlos a cabo tal y como están planteados, según los datos de la encuesta de Grup Marest para el diario "Información".
En el caso del plan de Rabasa, más de la mitad de los consultados se pronuncian abiertamente por la paralización de la macrourbanización hasta que sea incluida en el nuevo Plan General de Alicante (PGOU). Concretamente, el 50,8% de los ciudadanos cree que ese proyecto debe estar contemplado dentro de los parámetros más globales que establece un PGOU, mientras que sólo el 36,9% apoya la iniciativa del grupo popular de aprobarlo definitivamente sin esperar a que se concluya el nuevo PGOU de Alicante. La postura del PP contó inicialmente con el apoyo del grupo socialista, que posteriormente abjuró de esta decisión.
Es de reseñar que un muy amplio espectro de la población - el 73,2% - conoce este proyecto que contempla la urbanización de más de cuatro millones de metros cuadrados junto a las lagunas de Rabasa y la edificación de unas 15.000 viviendas. La actuación fue adjudicada al empresario Enrique Ortiz. Sólo un 26,8% admite no tener noticias de este asunto, según refleja Grup Marest en la encuesta confeccionada para este diario.
Más claro y contundente es el rechazo que inspira a los ciudadanos de Alicante la pretensión de construir en el la zona de Poniente del puerto una planta para fabricar biocombustibles. Tres de cada cuatro de los preguntados por esta cuestión se oponen a la idea de que el puerto acoja este tipo de instalaciones.
A la cifra del 73,8% de rechazo sólo se contrapone un 24,2% de los consultados, que se muestra partidario de dar cabida a este tipo de industrias en la zona portuaria de la capital de la provincia, según los datos de la encuesta confeccionada por Grup Marest.
El proyecto de planta de biodiésel también ha generado contestación vecinal, que incluso se ha manifestado y organizado como plataforma contraria. En vísperas de la precampaña electoral, el Ayuntamiento rectificó su inicial defensa de la planta y acabó por denegar la licencia.
Por otro lado, dos de cada tres ciudadanos de Castellón consideran que el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, debería haber dimitido de sus cargos tras ser imputado en la investigación que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules abrió contra él por presuntos delitos relacionados con el tráfico de influencias y corrupción, así como por fraude fiscal, según la encuesta que el Grup Marest ha realizado para "Información".
La Justicia investiga al líder provincial del PP desde que el empresario Vicente Vilar le acusara de aceptar sobornos a cambio de favores políticos y de que Hacienda hallara ingresos no declarados por importe de 600.000 euros, la mayoría sin justificar, en su declaración de la renta de 1999.
El sondeo constata que para los ciudadanos el «caso Fabra» tiene gran relevancia política y puede afectar a la credibilidad de su partido de cara a las próximas elecciones, en las que el líder provincial del PP ocupa el número 3 en la lista municipal de Castellón. Así, un 77,8% de los encuestados considera que Fabra no debería volverse a presentar para repetir en el cargo, No obstante, el 20,5% sí es partidario de que se presente de nuevo, como ha hecho, mientras que un 1,7% no sabe o no contesta la pregunta.
A la pregunta sobre si Carlos Fabra debería haber dimitido sus cargos al ser imputado por la juez de Nules, el 65,8% contesta afirmativamente, mientras que el 31,2% piensa lo contrario y aprueba que siga en política, y sólo un 3% no sabe o no quiere contestar.
La encuesta desvela también que un 60,2% considera que será perjudicial para el actual alcalde de Castellón que su presidente provincial forme parte de su lista.
En el caso del plan de Rabasa, más de la mitad de los consultados se pronuncian abiertamente por la paralización de la macrourbanización hasta que sea incluida en el nuevo Plan General de Alicante (PGOU). Concretamente, el 50,8% de los ciudadanos cree que ese proyecto debe estar contemplado dentro de los parámetros más globales que establece un PGOU, mientras que sólo el 36,9% apoya la iniciativa del grupo popular de aprobarlo definitivamente sin esperar a que se concluya el nuevo PGOU de Alicante. La postura del PP contó inicialmente con el apoyo del grupo socialista, que posteriormente abjuró de esta decisión.
Es de reseñar que un muy amplio espectro de la población - el 73,2% - conoce este proyecto que contempla la urbanización de más de cuatro millones de metros cuadrados junto a las lagunas de Rabasa y la edificación de unas 15.000 viviendas. La actuación fue adjudicada al empresario Enrique Ortiz. Sólo un 26,8% admite no tener noticias de este asunto, según refleja Grup Marest en la encuesta confeccionada para este diario.
Más claro y contundente es el rechazo que inspira a los ciudadanos de Alicante la pretensión de construir en el la zona de Poniente del puerto una planta para fabricar biocombustibles. Tres de cada cuatro de los preguntados por esta cuestión se oponen a la idea de que el puerto acoja este tipo de instalaciones.
A la cifra del 73,8% de rechazo sólo se contrapone un 24,2% de los consultados, que se muestra partidario de dar cabida a este tipo de industrias en la zona portuaria de la capital de la provincia, según los datos de la encuesta confeccionada por Grup Marest.
El proyecto de planta de biodiésel también ha generado contestación vecinal, que incluso se ha manifestado y organizado como plataforma contraria. En vísperas de la precampaña electoral, el Ayuntamiento rectificó su inicial defensa de la planta y acabó por denegar la licencia.
Por otro lado, dos de cada tres ciudadanos de Castellón consideran que el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, debería haber dimitido de sus cargos tras ser imputado en la investigación que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules abrió contra él por presuntos delitos relacionados con el tráfico de influencias y corrupción, así como por fraude fiscal, según la encuesta que el Grup Marest ha realizado para "Información".
La Justicia investiga al líder provincial del PP desde que el empresario Vicente Vilar le acusara de aceptar sobornos a cambio de favores políticos y de que Hacienda hallara ingresos no declarados por importe de 600.000 euros, la mayoría sin justificar, en su declaración de la renta de 1999.
El sondeo constata que para los ciudadanos el «caso Fabra» tiene gran relevancia política y puede afectar a la credibilidad de su partido de cara a las próximas elecciones, en las que el líder provincial del PP ocupa el número 3 en la lista municipal de Castellón. Así, un 77,8% de los encuestados considera que Fabra no debería volverse a presentar para repetir en el cargo, No obstante, el 20,5% sí es partidario de que se presente de nuevo, como ha hecho, mientras que un 1,7% no sabe o no contesta la pregunta.
A la pregunta sobre si Carlos Fabra debería haber dimitido sus cargos al ser imputado por la juez de Nules, el 65,8% contesta afirmativamente, mientras que el 31,2% piensa lo contrario y aprueba que siga en política, y sólo un 3% no sabe o no quiere contestar.
La encuesta desvela también que un 60,2% considera que será perjudicial para el actual alcalde de Castellón que su presidente provincial forme parte de su lista.














